Partido político artículo 108 constitucional: alcance. Vigencia del Acto Legislativo 1° de 2003 / acto legislativo 1° de 2003 Vigencia. Partido Político: reconocimiento, conservación, obtención y pérdida de personería jurídica






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títuloPartido político artículo 108 constitucional: alcance. Vigencia del Acto Legislativo 1° de 2003 / acto legislativo 1° de 2003 Vigencia. Partido Político: reconocimiento, conservación, obtención y pérdida de personería jurídica
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SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO


Consejero ponente: DARÍO QUIÑONES PINILLA



Bogotá, D. C., dieciocho (18) de mayo de dos mil cuatro (2004)
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

Nulidad del artículo de la Resolución 4150 de 2003.


La Constitución no señala una norma general que regule el momento en que debe entrar a regir una reforma constitucional, por lo que es lógico deducir que cada uno de los Actos Reformatorios de la Carta puede determinarlo. El artículo 380 de la Carta Política de 1991 dispuso, de un lado, la derogatoria de la Constitución vigente hasta el momento de su expedición con todas sus reformas (la de 1886), y, de otro, que la nueva Constitución regía a partir de su promulgación. Pero, esa norma no señala el momento de vigencia de los actos reformatorios de la nueva Carta. 

 


Ahora bien, el artículo 18 del Acto Legislativo número 1 de 2003 señaló con claridad que éste rige a partir de su promulgación, esto es, desde el 3 de julio de 2003, fecha en que fue publicado el acto reformatorio en el Diario Oficial número 45237. Entonces, salvo que se difiera su vigencia, las disposiciones constitucionales contenidas en esa reforma constitucional entran en vigor desde el momento en que fueran promulgadas y rigen hacia el futuro.

 

En conclusión, por expresa disposición constitucional el Acto Legislativo número 1 de 2003 entró a producir efectos jurídicos a partir de su promulgación.

 

En este orden de ideas, para el asunto objeto de estudio, lo expuesto significaría que el artículo 108 de la Constitución entró a producir efectos jurídicos desde el 3 de julio de 2003, con lo cual el Consejo Nacional Electoral sólo reconocería personería jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que hubieren obtenido una votación no inferior al 2% de los votos emitidos válidamente en las elecciones de Cámara de Representantes o Senado y, quienes no lo hubieren conseguido, la perderían. En otras palabras, el efecto inmediato y vinculante de la reforma constitucional exigiría que, a partir de su vigencia, todas las autoridades y los particulares se sometieran a su imperio y, por lo tanto, rijan sus conductas a lo previsto en esa disposición.

 

Sin embargo, el propio artículo 108 superior contiene dos normas transitorias que difieren la vigencia de la regla prescrita en la norma permanente. Así, de un lado, regula la situación para los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y representación en el Congreso al momento de entrar en rigor la norma constitucional, en el sentido de aplazar los efectos de la reforma hasta las siguientes elecciones de Congreso que se realicen con posterioridad a la promulgación del acto legislativo (parágrafo transitorio 1º). De otro lado, autoriza a un número plural de Senadores y Representantes a la Cámara que obtuvieron más del 2% de los votos válidos emitidos en las elecciones anteriores a la vigencia de la norma, a solicitar el reconocimiento de la personería jurídica de partido o movimiento político, pero sólo dentro de los 3 meses siguientes a la promulgación del acto (parágrafo transitorio 2º).

 

Lo anterior muestra dos aspectos. El primero, que las normas transitorias tienen permanencia precaria, puesto que, mientras la vigencia del parágrafo transitorio 1º sólo se extiende hasta las siguientes elecciones de Congreso, la del parágrafo transitorio 2º, solamente alcanzó los 3 meses siguientes a la promulgación del Acto Legislativo número 1 de 2003. El segundo, que la finalidad de las normas transitorias es aplazar los efectos de la nueva regla constitucional de carácter permanente que, no sólo vincula, sino que se producen en forma inmediata a partir de la promulgación del acto reformatorio.

 

Así las cosas, resulta claro que el parágrafo transitorio 1º defirió sus propios efectos de manera parcial, pues debe aplicarse en las elecciones de Senado de la República y Cámara de Representantes en el año 2006 sólo para quienes tienen representación en el Congreso, pero para quienes no la tienen se aplica de manera inmediata, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Acto Legislativo número 1 de 2003. En tal virtud, la Sala desestima el argumento expuesto por el Consejo Nacional Electoral para no aplicar lo dispuesto en el parágrafo transitorio 1º del artículo 108 de la Constitución.

 

En cuanto al planteamiento relacionado con la ausencia de precisión en la norma constitucional de la pérdida de personería jurídica de los partidos y movimientos políticos que actualmente la tienen reconocida, pero carecen de representación en el Congreso, se tiene lo siguiente:

 

Evidentemente el artículo 2º del Acto Legislativo número 1 de 2003 no se refirió de manera expresa a los partidos y movimientos políticos que actualmente tienen personería jurídica pero no representación en el Congreso. Sin embargo, la lectura literal del parágrafo transitorio 1º de esa norma permite deducirlo fácilmente, pues al referirse a la conservación de la personería jurídica para quienes la tienen actualmente reconocida y tienen representación en el Congreso es obvio concluir que, contrario sensu, pierden la actual personería jurídica quienes no tienen representación en el Congreso. En otras palabras, si sólo conservan la personería jurídica los partidos y movimientos políticos que la tuvieren actualmente reconocida en cuanto tengan representación en el Congreso, aplicando el principio de interpretación contrario sensu se tiene que es obvio que la pierden quienes no tienen representación en el Congreso. Por consiguiente, el planteamiento de la autoridad que expidió el acto administrativo impugnado debe desestimarse.

 

En relación con el planteamiento del Consejo Nacional Electoral, según el cual, al momento de expedir el artículo 5º de la Resolución número 4150 de 2003, el reconocimiento y pérdida de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos se regía por lo dispuesto en los artículos 3º y 4º de la Ley estatutaria 130 de 1994, ocurre lo siguiente:


 

 

Los artículos 3º y 4º de la Ley 130 de 1994, disponen:


 

Artículo 3º.- "Reconocimiento de personería jurídica. El Consejo Nacional Electoral reconocerá y otorgará personería jurídica a los partidos y movimientos políticos previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

 

1. Solicitud presentada por sus directivas;

 

2. Copia de los estatutos;

 

3. Probar su existencia con no menos de cincuenta mil firmas o con la obtención en la elección anterior, de por lo menos la misma cantidad de votos o de representación en el Congreso de la República; y

 

4. Presentar un documento que contenga la plataforma política del partido o movimiento, expresando su filosofía y principios, así como los programas y aspiraciones que lo identifiquen.

 

Para efectos de este artículo no podrán sumarse los votos obtenidos en circunscripción nacional con los obtenidos en circunscripciones territoriales o especiales, ni los de éstas con los de aquéllas.

 

El Consejo Nacional Electoral no demorará más de treinta (30) días hábiles en estudiar una solicitud de obtención de personería jurídica".

 

Artículo 4º. "Pérdida de la personería jurídica. Los partidos y movimientos políticos perderán su personería jurídica cuando se encuentren incursos en una de las siguientes causas:

 

1.- Cuando en una elección no obtengan a través de sus candidatos por lo menos 50.000 votos o no alcancen, o mantengan, representación en el Congreso, conforme al artículo anterior;

 

2.- Cuando, de acuerdo con sus estatutos, proceda su disolución; y

 

3.- Cuando el Consejo Nacional Electoral así lo declare, en los casos previstos por la presente ley".




 

 Las normas objeto de trascripción señalan requisitos y condiciones para el reconocimiento y pérdida de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos, al igual que lo hace el artículo 108 de la Constitución. En efecto, esta última norma jurídica establece reglas para i) que los grupos políticos puedan obtener por primera vez la personería jurídica, ii) puedan conservarla y, iii) la pierdan. De hecho, cuando los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos no puedan conservar la personería jurídica reconocida, obviamente la pierden.

 

Ahora, ocurre que el artículo 3º, numeral 3º, de la Ley 130 de 1994 señala como requisito para reconocer la personería jurídica que el partido o movimiento político pruebe "su existencia con no menos de cincuenta mil firmas o con la obtención en la elección anterior, de por lo menos la misma cantidad de votos o de representación en el Congreso de la República". Y, el artículo 4º, numeral 1º, de esa misma normativa dispone que se perderá la personería jurídica cuando sus titulares "en una elección no obtengan a través de sus candidatos por lo menos 50.000 votos o no alcancen, o mantengan, representación en el Congreso, conforme al artículo anterior". Por el contrario, el parágrafo transitorio 1º del artículo 108 de la Constitución que, como se vio en precedencia, entró a producir efectos jurídicos el 3 de julio de 2003, preceptúa que "los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida actualmente y con representación en el Congreso, conservarán tal personería hasta las siguientes elecciones del Congreso...".

 

Eso significa que el texto normativo constitucional es más estricto que la ley en señalar las exigencias para reconocer y conservar la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos, pues mientras la ley permitía que se obtuvieran firmas para respaldar la fundación de un partido o movimiento político, la Constitución regula como condición indispensable para el reconocimiento de la personería jurídica el hecho de que exista un porcentaje mínimo de votos en las elecciones para Congreso de la República (2%) o que transitoriamente la conserven los partidos y movimientos políticos con representación en el Congreso, mientras se hacen elecciones para esas Corporaciones con posterioridad a la vigencia del Acto Legislativo número 1 de 2003. En otras palabras, por expresa voluntad constituyente, esa personería jurídica sólo se obtiene mediante el voto válido efectivamente depositado -voluntad expresada en las urnas- y no, el señalado en la ley, por medio de la voluntad expresada en firmas de ciudadanos. Entonces, para la Sala es evidente que existe una clara contradicción entre, de un lado, los artículos 3º, numeral 3º, y 4º, numeral 1º, de la Ley 130 de 1994 y, de otro, el parágrafo transitorio 1º del artículo 108 de la Constitución, la cual resulta irreconciliable porque si se aplica la ley se desconoce la Carta. Por lo tanto, por disposición del artículo 4º de la Constitución, las disposiciones constitucionales deben aplicarse de manera preferente en caso de incompatibilidad con la ley o cualquier otra norma jurídica, de ahí que deba entenderse que esas disposiciones legales fueron modificadas por la nueva norma superior y, por consiguiente, las normas legales no podían ser aplicadas por el Consejo Nacional Electoral. En consecuencia, también se desestima ese argumento expuesto por dicha autoridad.


 

Finalmente, en cuanto a la competencia del Consejo Nacional Electoral se tiene lo siguiente:

 
Al tenor de lo dispuesto en los artículos 108, 265, numerales 5º y 8º, de la Constitución, 3º y 4º de la Ley 130 de 1994, es cierto que el Consejo Nacional Electoral tiene la atribución de reconocer y cancelar la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos. Sin embargo, también es cierto que esa facultad no le autoriza a modificar ni a contradecir la Constitución, puesto que la Carta es norma de normas y su fuerza vinculante superior se impone en forma obligatoria a los particulares y a todas las autoridades públicas (artículos 4º y 6º superiores). Luego, el hecho de que el Consejo Nacional Electoral sea competente para reconocer y cancelar la personería jurídica de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos no es suficiente para justificar la validez de las medidas que adopte, pues los principios de legalidad y constitucionalidad imponen su observancia. De consiguiente, el argumento no prospera.

 

Con base en todo lo expuesto, se concluye que prospera la pretensión de nulidad del artículo 5º de la Resolución número 4150 de 2003, por cuanto esa disposición vulneró el parágrafo transitorio 1­º del artículo 108 de la Constitución, tal y como fue modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo número 1 de 2003.

 

En consecuencia, de acuerdo con el Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado, se accederá a la solicitud de nulidad del artículo 5º de la Resolución número 4150 de 2003 del Consejo Nacional Electoral.
Radicación número: 11001-03-28-000-2003-0026-02(IJ-3138)
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