Algunas consideraciones sobre la ley de la mayoría de edad






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Algunas consideraciones sobre la ley de la mayoría de edad

Ley 26579

Habrán escuchado en la conferencia del Dr. Rivera, qué con esta ley se introducen reformas a la legislación civil y comercial, relativas a la edad, por la cual se baja el limite etario a 18 y con ello se clausura la dicotomía que se producía entre las disposiciones de la constitución nacional del 94(art.75.inc.22, CDN:”convención internacional sobre los derechos del niño” y el código civil. Uno de los fundamentos de su sanción consiste en la adecuación de la legislación de fondo a los postulados de la CDN y a la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes (ley 26061).

La CDN entiende por niño todo ser humano menor de 18. Y esto tenía rango constitucional con lo cual era de aplicación obligatoria. El código civil por su lado, fijaba la mayoría de edad a los 21, hablando de menores adultos a los de 18 hasta los 21.

Se introduce aquí el concepto de autonomía progresiva en el ejercicio de los derechos, qué tienen las personas menores de edad que le permiten por ej. Pedir l’emancipación para obtener la plena capacidad. Piensen uds. en la patria potestad,mejor llamada responsabilidad parental, en donde los padres creen que pueden ejercer sobre los hijos menores de edad una subordinación sin limites. Se sostiene que existe una suerte de colisión entre la patria potestad y el derecho de los niños a ser titulares y a ejercer los derechos fundamentales que le son inherente; esta tensión podría atenuarse si la orientación de los padres se halla encaminada a lograr la autonomía del niño y se le otorga genuina participación en su proceso de desarrollo, teniendo en cuenta la evolución de sus facultades (art. 5 de la CIDN). Esto ha sido denominado como “principio de la autonomía progresiva”.

En otro orden de ideas, diversos y destacados estudios de la psicología evolutiva sostienen que la minoría de edad es un proceso durante el cual la psicología del niño va evolucionando en una constante autoafirmación y autodeterminación de la personalidad y, con ello, de una voluntad autónoma .

No obstante ello, se considera que el niño, a pesar de no haber llegado a la edad adulta, tiene necesidades propias y una determinada autonomía que hay que promover.

En primer lugar, diremos que no se trata de un ejercicio progresivo de derechos (no se puede ejercer progresivamente el derecho a la vida, por ejemplo) sino de una autonomización progresiva en el ejercicio de los derechos, de acuerdo a la etapa vital en la que se encuentra.

El niño constituye una totalidad, al igual que sus derechos y necesidades, esa totalidad es completa de acuerdo a su etapa vital. Sin lugar a dudas existen diferencias entre las necesidades y subjetividad de un niño(a), un adolescente y un adulto, pero éstas no son progresivas sino diferentes.

Esta gradual evolución del joven que lo vuelve más autónomo, implica asimismo la pérdida de ciertas facultades que tenían los padres sobre sus hijos. O sea que cuanto mayor sea el ámbito de autodeterminación del niño, menor será la posibilidad de injerencia por parte de sus padres.

En general, suelen encontrarse serias resistencias frente a la posibilidad de que el niño adquiera autonomía e independencia de sus padres. Esto puede observarse tanto en la práctica cotidiana de quienes ejercen la patria potestad, como de aquellos que en ejercicio de algún poder del Estado tienen como misión la salvaguarda de los derechos de los niños, basando su argumentación en la necesidad de protección que todo niño tiene. Así, se ha dicho que “...proteger, no implica sólo quitar responsabilidades y derechos, pues restringir la capacidad de decidir o de ser competentes, afecta negativamente a la persona toda, incluida su salud física, y no sólo la esfera jurídica”

La creencia básica de que el menor es un incapaz, frágil e inconsciente y por lo tanto que es necesario protegerlo contra si mismo o contra los actos del otro, es lo que lleva muchas veces a limitaciones abusivas en el seno de la familia.

Lentamente, en el derecho interno de algunos países, el concepto de autonomía progresiva ha sido recogido. A título de ejemplo señalamos, el art. 1626.2 del Código Civil Alemán que dice que “Los padres observarán en el ejercicio del cuidado, la creciente capacidad y necesidad de la independencia del hijo en cuanto a su actuación consciente y responsable” La posibilidad de ejercicio autónomo de derechos constituye la finalidad esencial a la que debe estar dirigida la responsabilidad parental, razón por la cual la incumbencia de este instituto debe disminuir en la medida en que el campo de autodeterminación sea mayor. Es decir que existe una relación de proporcionalidad inversa entre la capacidad de autodeterminación del joven y la legitimidad de las medidas de intervención que puedan tomar los padres, como representantes de sus hijos.


Progresivamente, la legislación comparada y la jurisprudencia han comenzado a reconocer la capacidad de ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los jóvenes, especialmente en lo atinente al derecho a elegir una religión diferente a la de sus padres (Caso M.C.O.A. de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, transcripto en "Justicia y Derechos del Niño", 1999, ps. 119/133), derecho al cuidado de su propio cuerpo (En Francia, por ejemplo, los médicos están autorizados a atender a los niños en la consulta sin la presencia de sus padres, sin ningún límite de edad, estando obligados al secreto profesional; y para determinadas operaciones se exige su consentimiento), derecho a la salud sexual y reproductiva (aquí deben citarse el reconocido Gillick, de Inglaterra, y el reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires de Argentina), inviolabilidad de sus papeles privados, libertad de expresión, de conciencia, de asociación y reunión, derecho a la educación (En Filipinas, el Acta para el Bienestar del Niño y el Joven, establece que un niño tiene derecho a elegir su carrera; los padres pueden aconsejar pero no decidir. Algo similar ocurre en Noruega. Ver Children´s Rights Office, 1997).

A esto podría agregarse la posibilidad de denunciar frente a la amenaza o vulneración de los derechos de los niños y adolescentes, el derecho a contar con patrocinio letrado que lo asista en sus reclamos y que represente fielmente sus intereses, derecho a ser oído en tales circunstancias….etc….

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