Derecho social facultad de Derecho y Ciencias Sociales De la Universidad Nacional de Tucumán Bolilla N° 6: “remuneración del del trabajador”






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Cuota de embargabilidad de las remuneraciones:
El principio general en lo relativo al sueldo mínimo vital y móvil, está  contenido en el art. 120 de la L.C.T. que dispone que el salario mínimo vital es inembargable en la proporción que establezca la reglamentación, salvo por deudas alimentarias.-

El sueldo mínimo vital y móvil es totalmente inembargable, salvo en la cuota alimentaria originada en un divorcio o en un deber de asistencia impuesta por una sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada.-

La reglamentación fué dictada el 29/07/87 mediante el decreto N° 484 que establece que las remuneraciones de los trabajadores son inembargables hasta una suma equivalente al importe del salario mínimo vital. Las remuneraciones superiores a ese importe ser n embargables en la siguiente proporción:

1) Remuneraciones no superiores al doble del salario mínimo vital mensual, hasta el 10 % (diez por ciento) del importe que excediere de este último.-

2) Retribuciones superiores al doble del salario mínimo vital mensual, hasta el 20 % (veinte por ciento).-

A los efectos de la determinación de los importes sujetos a embargos sólo se tendrán en cuenta las remuneraciones en dinero por su importe bruto, con independencia de lo dispuesto en el art. 133 de la L.C.T..-
Cesión de salarios:
El carácter alimentario del salario, la búsqueda de que la remuneración tenga como único destinatario al trabajador, generó una corriente que criticó la eventual posibilidad de ceder los derechos sobre las remuneraciones y otros créditos originados en el contrato de trabajo.-

La L.C.T. en su art. 148 dispone que las remuneraciones que deba percibir el trabajador, las asignaciones familiares y cualquier otro rubro que configuren créditos emergentes de la relación laboral, incluyéndose las indemnizaciones que le fuesen debidas con motivo del contrato o relación de trabajo o su extinción, no podrá n ser cedidas ni afectadas a terceros por derecho o título alguno.-

Esta norma implica que el empleador debe pagar el salario únicamente al trabajador, o cuando este se halle imposibilitado lo hará  a un familiar o a otro trabajador debidamente autorizado por escrito y con certificación de firmas (tal los supuestos legales).-

Si el empleador pagare a un tercero todo o parte del salario, por el título de cualquier naturaleza que este le exhiba, ser  responsable por su pago integral al trabajador, y siendo una cesión prohibida podrá  repetir contra el tercero que percibió el salario.-

Finalmente, la cesión está  prohibida con carácter absoluto, y ello implica la existencia de tres sujetos: el empleador, el trabajador cedente y el tercero cesionario. Si tal cesión es formalizada por el trabajador por cualquier causa, el acto mismo de la cesión es nulo, y por lo tanto, como lo ha pregonado J. J. Llambías, es un acto inexistente.-

Habría una forma de burlar la disposición precitada, cuando el trabajador percibe su remuneración mediante cheque a su nombre y lo endosa en favor de un tercero.-

Sin embargo, se trataría de un caso de cesión directa por endoso, y en principo aún cuando la L.C.T. no lo dice expresamente, lo que se pretende cubrir es la hipótesis en la cual el dependiente que formalizó la cesión se viera impedido de interponerse en la operación, ya que el cesionario podría teóricamente reclamar los montos del deudor (que en este caso es el empleador).-
Privilegios según la L.C.T. y la ley de quiebras:

Estas leyes en su parte específica, referida a los privilegios de los créditos laborales, protegen el salario del trabajador frente a los acreedores del empleador fallido.-

Es la protección que procura garantizar la percepción de las deudas por créditos laborales con preferencia a otros acreedores mediante el sistema de privilegios o con otros mecanismos suplementarios.-

El principio general está  contenido en el art. 261 de la L.C.T. que dice: "El trabajador tendrá  derecho a ser pagado, con preferencia a otros acreedores del empleador, por los créditos que resulten del contrato de trabajo, conforme a lo que se dispone en el presente título.-

En casos de insolvencia del empleador el dependiente se constituye en un acreedor más dentro de aquellos que pretenden cobrar de la masa las deudas exigibles.-

La ley da tratamiento especial al tema por tres razones:

a) La primera, propia del derecho laboral, consiste en la necesidad de amparar al trabajador para quien la remuneración reviste esencialmente el carácter de una prestación alimentaria, y no de un intercambio negocial.-

b) La segunda, que el derecho comercial se ha regido siempre, con su lógica y pretendida autonomía, por pautas propias que en general no tienen en cuenta los valores en juego que se refieren al amparo laboral.-

c) En tercer lugar, y con especial referencia al punto anterior, siempre existió entre estos puntos de contacto un notorio y sintomático antagonismo entre laboralistas y comercialistas sobre la forma, métodos y medios para solucionar y controlar el problema del orden y la forma para cobrar de los trabajadores frente a la empresa en crisis.-

Es de destacar que ante de la sanción de la L.C.T. el Código Civil contenía algunas disposiciones referidas a los privilegios laborales: as¡ el art. 3.875 enuncia la existencia del privilegio; el art. 3.931 concede prioridad a albañiles y obreros de la construcción el cobro preferencial de sus haberes.-

En la derogada ley de quiebras N° 19.551 enunciaba los privilegios a partir del artículo 263. El art. 265 inc. 4 otorgaba privilegio especial a los salarios de hasta seis meses anteriores al concurso.-

La nueva ley de concursos y quiebras N° 24.522 sancionada el 20 de Julio de 1.995 y publicada el 09 de Agosto del mismo año, establece en el Título IV - Capítulo I, bajo el epígrafe de "privilegios" en el artículo 241 inciso 2 que tienen privilegio especial sobre el producido de los bienes que en cada caso se indica: ... Los créditos por remuneraciones debidas al trabajador por seis meses y los provenientes por indemnizaciones por accidentes de trabajo, antigüedad o despido, falta de preaviso y fondo de desempleo, ....-

Posteriormente, en el artículo 242 se establece que se hace extensible este privilegio especial a los intereses generados por la mora en el pago de los créditos laborales.-

El art. 246 de la nueva ley de concursos y quiebras otorga "carácter de privilegio general a los créditos por remuneraciones y subsidios familiares debidos al trabajador por seis meses y los provenientes por indemnizaciones de accidente de trabajo, por antigüedad o despido y por falta de preaviso, vacaciones y S.A.C:, los importes por fondo de desempleo y cualquier otro derivado de la relación laboral. Se incluyen los intereses por el plazo de dos años contados a partir de la mora...".-

Pronto pago:
El art. 16 segundo párrafo de esta ley 24.522 establece el "pronto pago de los créditos laborales", previa comprobación de sus importes por parte del síndico, los que deber n ser satisfechos prioritariamente con el resultado de la explotación. Para que proceda el pronto pago no es necesaria la verificación del crédito ni sentencia en juicio laboral previo.-
Prescripción y caducidad:

La prescripción es una institución jurídica ligada al transcurso del tiempo, que opera para la creación o extinción de derechos y obligaciones. La prescripción liberatoria extingue el derecho por el transcurso de un tiempo determinado, ante la inactividad del acreedor y para promover la seguridad seguridad jurídica en los negocios. En principio este instituto se rige por las normas generales del derecho común, sin embargo en materia laboral la L.C.T. ha recogido el criterio de reglamentar algunos de sus aspectos. En consecuencia, la prescripción liberatoria se ha de regir, en primer término por las normas específicas consagradas en la ley de contrato de trabajo, y en los aspectos no reglamentados, se aplicar n con carácter complementario y subsidiario, las normas del derecho civil, siempre que no resulten incompatibles con los principios generales que rigen al derecho laboral.-

El art. 256 de la L.C.T. bajo el epígrafe de "plazo común" establece que "Prescriben a los dos años las acciones relativas a créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo y, en general, de disposiciones de convenios colectivos, laudos con eficacia de convenios colectivos y disposiciones legales o reglamentarias del Derecho del Trabajo. Esta norma tiene carácter de orden público y el plazo no puede ser modificado por convenciones individuales o colectivas.-

Asimismo, y a los efectos del cómputo del término aludido el art. 257 prescribe que "Sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas del Código Civil, la reclamación ante la autoridad administrativa del trabajo interrumpir  el curso de la prescripción durante el trámite pero en ningún caso por un lapso mayor de seis meses.

También la ley establece que las acciones provenientes de la responsabilidad por accidente de trabajo y enfermedades profesionales prescribir n a los dos años, a contar desde la determinación de la incapacidad o el fallecimiento de la víctima (art. 258).-

La caducidad es la extinción de un derecho por el solo transcurso del tiempo legal, y la inactividad del acreedor en su transcurso. Puede advertirse la gran similitud que existe entre la caducidad y la prescripción, de ahí que haya incluso una corriente que considere que la caducidad es una forma especial de prescripción, negándole autonomía. La caducidad y la prescripción no operan en el mismo  ámbito jurídico, sino que es un campo mucho m s amplio el de la caducidad, ya que recae o tiene por objeto toda clase de derechos sin excepción, dotados de acción potestativa, expectante, etc.; en cambio sólo los derechos dotados de acción son susceptibles de prescripción.-

Finalmente el art. 259 establece que no hay otros modos de caducidad que los que resultan de esta ley.-
Pago insuficiente:
Esta modalidad de pago está  contenida en el art. 260 de la L.C.T., y considera al pago insuficiente como entrega a cuenta del total adeudado, aunque se reciba sin reservas y quedar  expedita al trabajador la acción para reclamar el pago de la diferencia que correspondiere por todo el tiempo de la prescripción.-
Pacto de cuota litis:
El último artículo de la L.C.T. (277) en la última parte del primer párrafo establece la prohibición del pacto de cuota litis que exceda del veinte por ciento del monto de la condena, exigiéndose ad solemnitatem la ratificación personal del trabajador y su posterior homologación judicial.-

El tercer párrafo de este artículo establece la penalidad por inobservancia de las formas legales, y dice que el pacto de cuota litis no ratificado y homologado judicialmente es nulo de pleno derecho.-

Dr. Carlos A. Frascarolo

Tucumán – 2011
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