Aguas. Limitaciones del dominio público hidráulico. Puertos






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DERECHO CIVIL

TEMA 45

AGUAS. LIMITACIONES DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO. PUERTOS

A propósito de las aguas surgen dos cuestiones: si son susceptibles de propiedad, y, en caso afirmativo, si son objeto de prop. pública o de prop. privada.

El agua corriente, al renovarse constantemente, parece no ser susceptible de posesión y, por tanto, tampoco de dominio. Pero así como el agua en sí misma considerada es distinta y pasajera en cada momento, sin embargo, el caudal, masa o volumen que integra cada rio o curso de agua es perenne y puede ser objeto de una relación de propiedad.

En cuanto al carácter de la propiedad de las aguas, la regla general es el dominio público y sólo excepcionalmente son de propiedad privada. Es evidente el valor social de las aguas. Prestan éstas multitud de servicios colectivos, como condición necesaria para la salud pública (limpieza, lavado, alimentación); para la agricultura (riegos); para los trabajos industriales (fuerza motriz) y para las comunicaciones (navegación y transporte). La naturaleza de estos servicios exige una regulación del uso y aprovechamiento de las aguas que les da el carácter de propiedad pública. Sin embargo, hay excepciones a este dominio del Estado, dada la necesidad de armonizar la propiedad de las aguas con la del suelo que atraviesan.

REGULACION. La materia se halla regulada en la actualidad por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 julio, el cual aprobó el Texto refundido de legislación de aguas, refundiendo la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985 y la ley de 13 de diciembre de 1999.

COMPETENCIAS. Según el art. 149.1.22 de nuestra Constitución, el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma. Y según el art. 148.1.10 de la Constitución, las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en materia de proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma.

FUNCIONES. En relación con el dominio público hidráulico, corresponden al Estado las siguientes funciones, previstas en el art. 17 del TR:

- la planificación hidrológica

- la adopción de las medidas precisas para el cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales en materia de aguas

- el otorgamiento de concesiones en las cuencas intercomunitarias

- el otorgamiento de autorizaciones en las mismas cuencas, si bien la tramitación puede ser encomendada a las CCAA.

El ejercicio de estas funciones estatales se rige por los siguientes principios recogidos en el art. 14 del TR:

  1. Unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y participación de usuarios.

  2. Respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico.

  3. Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, conservación del medio ambiente y restauración de la naturaleza.


La intervención administrativa en el régimen jurídico de las aguas se manifiesta, entre otros extremos, en la planificación hidrológica a través del Plan Hidrológico Nacional y los Planes Hidrológicos de los Organismos de Cuenca. Entendiéndose por cuenca hidrográfica el territorio en que las aguas fluyen al mar a través de cauces secundarios que confluyen en un cauce principal único (art. 16 TR ). Existen Organismos de Cuenca en las cuencas hidrográficas que excedan del ámbito territorial de una CA, y reciben la denominación de Confederaciones Hidrográficas. Son éstas organismos autónomos adscritos, a efectos administrativos, al Ministerio de Medio Ambiente y encargadas, entre otras funciones, del otorgamiento de autorizaciones y concesiones referentes al dominio público hidráulico (art. 24). También se atribuyen funciones administrativas a las comunidades de usuarios de aguas, que, cuando el destino de las agua es el riego, se denominan comunidades de regantes (art. 81). Se trata de Corporaciones de Derecho Público adscritas al Organismo de Cuenca correspondiente y sus funciones son de policía, distribución y administración de las aguas que tienen asignadas. Por último, señalar que la Ley de Aguas de 1985 creó el Consejo Nacional de Aguas como órgano consultivo superior en la materia, regulado en el art. 19 del actual TR del 2001.

AGUAS PUBLICAS

Dice el art. 1 TR del 2001 que las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables, integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico.

La calificación del agua como recurso unitario produce la consecuencia de ampliar al dominio público de la misma. Las aguas subterráneas pertenecen al mismo ciclo hidrológico que las superficiales y han de ostentar idéntica titularidad. La intervención del interés general atribuye al Estado, no a las CCAA ni a las Corporaciones Locales, la titularidad de las aguas.

Según el art. 2 TR, constituyen el dominio público hidráulico:

- las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables, con independencia del tiempo de renovación.

- los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.

- los lechos de lagos, lagunas y embalses superficiales en cauces públicos.

- los acuíferos a efectos de actos de disposición o afección de recursos hidráulicos.

- las aguas procedentes de la desalación de agua de mar.

EXCEPCIONES. AGUAS PRIVADAS

Según el TR del 2001, se consideran de propiedad privada:

1-los cauces por los que ocasionalmente discurren aguas pluviales en tanto atraviesen, desde su origen, únicamente, fincas de dominio particular; si bien los propietarios de tales fincas no pueden hacer en ellas labores ni construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas o alterar su calidad en perjuicio del interés público o de terceros, o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas pueda causar daños a personas o a cosas (art.5).

2-las charcas situadas en predios de propiedad privada, que se considerarán como parte integrante de los mismos siempre que se destinen al servicio exclusivo de tales predios y sin perjuicio de la aplicación de la legislación ambiental correspondiente (art. 10).

3-los lagos, lagunas y charcas que, antes de entrar en vigor la ley de 1985, fueren privadas y estuvieren inscritas expresamente como tales en el RP (DA 1ª).

REGIMEN DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS

El Título IV del TR del 2001 regula la utilización del dominio público hidráulico.

Los arts. 47 al 49 tratan de las servidumbres legales en esta materia: la que impone a los predios inferiores la obligación de recibir las aguas que, naturalmente y sin obra del hombre, descienden de los predios superiores; y la servidumbre de acueducto.

A continuación, el TR distingue entre el uso común general de las aguas, el uso especial sujeto a autorización y el uso privativo otorgado por la ley o por concesión administrativa.

Según el art. 50, todos pueden, sin necesidad de autorización administrativa y de conformidad con lo dispuesto en las leyes y reglamentos, usar de las aguas superficiales mientras discurran por sus cauces naturales para beber, bañarse y otros usos domésticos, incluso para abrevar el ganado. Estos usos comunes deben llevarse a cabo de forma que no se produzca alteración en la calidad y el caudal de las aguas, y si circulan por cauces artificiales, con las limitaciones derivadas de la protección del acueducto. En ningún caso las aguas pueden ser desviadas de sus cauces o lechos, debiendo respetarse el régimen normal de aprovechamiento.

Según el art. 51, están sujetos a autorización administrativa ( tras la reforma por la ley 25/2009 de 22 de diciembre, el precepto dice declaración responsable) los siguientes usos especiales:

- la navegación y flotación

- el establecimiento de barcas de paso y sus embarcaderos

- cualquier otro uso no incluido entre los comunes generales, que no excluya la utilización del recurso por terceros.

Según el art. 52, el derecho al uso privativo del dominio público hidráulico se adquiere por disposición de la ley o por concesión administrativa, pero no por prescripción. Un ej. de uso privativo por disposición legal resulta del art. 54 según el cual el propietario de una finca puede aprovechar las aguas pluviales que discurran por ella y las estancadas dentro de sus linderos sin más limitaciones que las derivadas del respeto a los derechos de terceros y de la prohibición del abuso del derecho. Igualmente se admite la utilización privativa en un predio de las aguas procedentes de manantiales situados en su interior y de las aguas subterráneas, siempre que el volumen anual no supere los 7000 metros cuadrados.

Fuera de los supuestos que acabamos de exponer, todo uso privativo de las aguas públicas requiere la correspondiente concesión administrativa, cuyo régimen jurídico está previsto en los arts. 59 y ss.:



  1. la concesión se otorga teniendo en cuenta la explotación racional conjunta de los recursos superficiales y subterráneos, de acuerdo con las previsiones del correspondiente Plan Hidrológico y con carácter temporal por plazo no superior a 75 años.

  2. la concesión se entiende siempre hecha sin perjuicio de tercero.

  3. la modificación de las concesiones requiere autorización del órgano otorgante.

  4. las concesiones pueden ser revisadas: a) cuando se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento; b) en casos de fuerza mayor, a petición del concesionario; c) cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos.

  5. Los concesionarios o titulares de algún derecho al uso privativo de las aguas pueden ceder, con carácter temporal, a otro concesionario o titular de derecho de igual o mayor rango según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente o, en su defecto, en la propia ley, previa autorización administrativa, la totalidad o parte de los derechos de uso que le correspondan. El volumen anual susceptible de cesión no puede superar al realmente utilizado por el cedente. Los contratos de cesión deben formalizarse por escrito y ponerse en conocimiento del organismo de cuenca y de las comunidades de usuarios a que pertenezcan el cedente y el cesionario. Los organismos de cuenca inscribirán los contratos de cesiones de derechos de uso del agua en el Rº de Aguas previsto en la ley.

APROVECHAMIENTOS DE AGUAS ADQUIRIDOS SEGÚN LA LEGISLACION ANTERIOR A LA LEY DE 1985

La ley de 2 de agosto de 1985 regula en sus disposiciones transitorias los derechos de aprovechamiento del agua adquiridos al amparo de la legislación que deroga, sujetándolos en todo caso a la inscripción en el Rº de Aguas que crea y estableciendo una duración máxima de 75 años para los aprovechamientos existentes sobre aguas públicas en virtud de concesión administrativa; y de 50 años para los de aguas privadas según la legislación anterior, procedentes de manantiales, de pozos o de galerías en explotación; transcurrido este último plazo, el agua pasa a ser de dominio público y el antiguo propietario tiene derecho preferente para la obtención de la correspondiente concesión administrativa.

LIMITACIONES DEL DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE

Conforme a la Ley de Costas de 28 de julio de 1988 modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral:

Artículo 3. Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución:

1. La ribera del mar y de las rías, que incluye:

a) La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan reglamentariamente, o cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas.

Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, las partes de los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar.

No obstante, no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no fueran de dominio público.

b) Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, estas últimas se incluirán hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa.

2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y regulados por su legislación específica.

3. Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, definidos y regulados por su legislación específica.

4. A los efectos de esta Ley se entiende por:

    • Albufera: cuerpos de aguas costeras que quedan físicamente separados del océano, en mayor o menor extensión por una franja de tierra.

    • Berma: parte casi horizontal de la playa, interior al escarpe o talud de fuerte pendiente causada por el oleaje.

    • Dunas: depósitos sedimentarios, constituidos por montículos de arena tengan o no vegetación que se alimenten de la arena transportada por la acción del mar, del viento marino o por otras causas.

    • Escarpe: escalón vertical en la playa formado por la erosión de la berma.

    • Estero: caños en una marisma.

    • Marisma: terreno muy llano y bajo que se inunda periódicamente como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas o de la filtración del agua del mar.

    • Marjal: terreno bajo cubierto por un manto de agua que da soporte a abundante vegetación.

Artículo 4. Pertenecen asimismo al dominio público marítimo-terrestre estatal:

1. Las accesiones a la ribera del mar por depósito de materiales o por retirada del mar, cualesquiera que sean las causas.

2. Los terrenos ganados al mar como consecuencia directa o indirecta de obras, y los desecados en su ribera.

3. Los terrenos cuya superficie sea invadida por el mar por causas distintas a las previstas en el último párrafo del artículo 3.1, letra a), y en todo caso tendrán esta consideración los terrenos inundados que sean navegables.

4. Los acantilados sensiblemente verticales, que estén en contacto con el mar o con espacios de dominio público marítimo-terrestre, hasta su coronación.

5. Los terrenos deslindados como dominio público que por cualquier causa han perdido sus características naturales de playa, acantilado, o zona marítimo-terrestre, salvo lo previsto en el artículo 18.

6. Los islotes en aguas interiores y mar territorial.

7. Los terrenos incorporados por los concesionarios para completar la superficie de una concesión de dominio público marítimo-terrestre que les haya sido otorgada, cuando así se establezca en las cláusulas de la concesión.

8. Los terrenos colindantes con la ribera del mar que se adquieran para su incorporación al dominio público marítimo-terrestre.

9. Las obras e instalaciones construidas por el Estado en dicho dominio.

10. Las obras e instalaciones de iluminación de costas y señalización marítima, construidas por el Estado cualquiera que sea su localización, así como los terrenos afectados al servicio de las mismas, salvo lo previsto en el artículo 18.

11. Los puertos e instalaciones portuarias de titularidad estatal, que se regularán por su legislación específica.

Artículo 5. Son también de dominio público estatal las islas que estén formadas o se formen por causas naturales, en el mar territorial o en aguas interiores o en los ríos hasta donde se hagan sensibles las mareas, salvo las que sean de propiedad privada de particulares o entidades públicas o proceden de la desmembración de ésta, en cuyo caso serán de dominio público en su zona marítimo-terrestre, playas y demás bienes que tengan este carácter, conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 4.

Artículo 6. 1. Los propietarios de los terrenos amenazados por la invasión del mar o de las arenas de las playas, por causas naturales o artificiales, podrán construir obras de defensa, previa autorización o concesión, siempre que no perjudiquen a la playa ni a la zona marítimo-terrestre, ni menoscaben las limitaciones y servidumbres legales correspondientes. 2. En otro caso, los terrenos invadidos pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre, según resulte del correspondiente deslinde. 3. Todo ello se entiende sin perjuicio de la aplicación del artículo 13 bis, cuando proceda.

Las limitaciones que afectan al dominio público marítimo terrestre son fundamentalmente las siguientes:

Servidumbre de protección (art. 23. 24. 25 y 26)

La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar. La extensión de esta zona podrá ser ampliada por la Administración del Estado, de acuerdo con la de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento correspondiente, hasta un máximo de otros 100 metros, cuando sea necesario para asegurar la efectividad de la servidumbre, en atención a las peculiaridades del tramo de costa de que se trate. En las márgenes de los ríos hasta donde sean sensibles las mareas la extensión de esta zona podrá reducirse por la Administración del Estado, de acuerdo con la Comunidad Autónoma y Ayuntamiento correspondiente, hasta un mínimo de 20 metros, en atención a las características geomorfológicas, a sus ambientes de vegetación, y a su distancia respecto de la desembocadura, conforme a lo que reglamentariamente se disponga. En los terrenos comprendidos en esta zona se podrán realizar sin necesidad de autorización cultivos y plantaciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27.

En los primeros 20 metros de esta zona se podrán depositar temporalmente objetos o materiales arrojados por el mar y realizar operaciones de salvamento marítimo; no podrán llevarse a cabo cerramientos, salvo en las condiciones que se determinen reglamentariamente. Los daños que se ocasionen por las ocupaciones serán objeto de indemnización según lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa.

En la zona de servidumbre de protección estarán prohibidos:

a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación.

b) La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas y las de intensidad de tráfico superior a la que se determine reglamentariamente, así como de sus áreas de servicio.

c) Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos naturales o no consolidados, entendiéndose por tales los lugares donde existen acumulaciones de materiales detríticos tipo arenas o gravas.

d) El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión.

e) El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración.

f) La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales.

Con carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente para garantizar la protección del dominio público.

Excepcionalmente y por razones de utilidad pública debidamente acreditadas, el Consejo de Ministros podrá autorizar las actividades e instalaciones referidas siempre que concurran determinadas circunstancias.

Los usos permitidos en la zona de servidumbre de protección estarán sujetos a autorización de la Administración del Estado, que se otorgará con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley, y en las normas que se dicten, en su caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 22, pudiéndose establecer las condiciones que se estimen necesarias para la protección del dominio público. (Número 1 del artículo 26 declarado inconstitucional por Sentencia del Tribunal Constitucional 149/1991, 4 julio («B.O.E.» 29 julio). Si la actividad solicitada estuviera vinculada directamente a la utilización del dominio público marítimo-terrestre será necesario, en su caso, disponer previamente del correspondiente título administrativo otorgado conforme a esta Ley.

Servidumbre de tránsito (art. 27)

Recae sobre una franja de terreno de 6 metros de anchura, que puede extenderse hasta 20 metros, medidos desde el límite interior de la ribera del mar. Esta franja queda permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento.

Servidumbre de acceso al mar (art. 28)

Recae sobre los terrenos colindantes al dominio público marítimo terrestre en la longitud y anchura que demanden las circunstancias. No se permiten obras que interrum pan el acceso al mar sin que se proponga por los interesados una solución alternativa.

Zona de influencia (art. 30)

Se trata de una franja como mínimo de 500 metros desde el límite interior de la ribera del mar, que se establecerá en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Sus reglas básicas son: a) reserva de suelo para aparcamiento de vehículos; b) las construcciones han de adaptarse a los límites de la legislación urbanística; c) el otorgamiento de la licencia de obras que impliquen realización de vertidos exige previa autorización del vertido por el Servicio Periférico de Costas.

PUERTOS

De acuerdo con el art. 148.1.6 de nuestra Constitución, las CCAA pueden asumir competencias en materia de puertos de refugio y los deportivos y los que no desarrollen actividades comerciales, mientras que, según el art. 149.1.20 de la misma, son competencia del Eº los puertos de interés general.

El RD Legislativo 2/2011 de, 5 de septiembre aprueba el TR Ley de Puertos del Eº y de la Marina Mercante, refundiendo la ley 27/1992, de 24 de noviembre de Puertos del Eº y Marina Mercante y la ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general. Según el TR 2011, puerto marítimo es el conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas e instalaciones que, situados en la ribera del mar o de las rías, reúne condiciones físicas y de organización para realizar operaciones de tráfico portuario y autorizado para estas actividades por la Administración competente (art.2).

Son puertos de interés general y, por tanto, de competencia estatal:

- aquéllos en que se efectúen actividades comerciales marítimas internacionales.

- los que su zona de influencia comercial afecte a más de 1 CA.

- los que sirvan a la industria o establecimientos de gran importancia estratégica para la economía nacional.

- que el volumen anual de sus actividades comerciales revista especial relevancia.

- que por sus condiciones técnicas o geográficas constituyan elementos esenciales para la seguridad del tráfico marítimo (art.4).

La pérdida de la condición de interés general, acordada mediante Real Decreto del Gobierno, comporta el cambio de la titularidad del puerto a favor de la CA en cuyo territorio se ubique, siempre que ésta haya asumido las competencias necesarias para ostentar dicha titularidad. En los puertos de competencia autonómica, la realización de operaciones comerciales debe contar con informe favorable de los Ministerios de Economía y Hacienda, Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Sanidad, Política Social e Igualdad y de Trabajo (arts.3 y 4).

SISTEMA PORTUARIO DE TITULARIDAD ESTATAL

La organización y gestión de los puertos de competencia estatal corresponde al Ministerio de Fomento a través del Ente Público denominado Puertos del Eº y de las Autoridades Portuarias. A Puertos del Eº le corresponde la coordinación y el control y a las Autoridades Portuarias les corresponde la gestión de los indicados puertos (arts.11 y ss.).

Las Autoridades Portuarias son organismos públicos con personalidad jca. propia y plena capacidad de obrar que dependen del Ministerio de Fomento, a través del Ente Público Puertos del Eº. Se rigen por la presente ley, la ley General de Presupuestos correspondiente y, supletoriamente, por la ley 6/1997 de 14 abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Eº. Actúan con sujeción al ordenamiento jurídico privado en las adquisiciones patrimoniales y de contratación, sal vo en el ejercicio de funciones de poder público que el ordenamiento les atribuya. En cuanto al régimen patrimonial, se rigen por su ley especial, y en lo no previsto en ella, por la legislación de patrimonio de las Administraciones Públicas. (art. 24).

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OPOSICIÓN

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