Sede Académica, San José Hatillo






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¿Qué dice la Ley No. 8508?



 ARTÍCULO 1.- 

1) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establecida en el artículo 49 de la Constitución Política, tiene por objeto tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al Derecho administrativo, así como conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico-administrativa. 

2) Los motivos de ilegalidad comprenden cualquier infracción, por acción u omisión, al ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.  

3) Para los fines de la presente Ley, se entenderá por Administración Pública:  

a) La Administración central. 

b) Los Poderes Legislativo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando realicen funciones administrativas. 

c) La Administración descentralizada, institucional y territorial, y las demás entidades de Derecho público.

Como vemos aquí, los legisladores tomaron el mismo concepto establecido en la ley 3667 en forma exacta, sin realizar ninguna modificación notoria en cuanto a su objetividad.

Sin embargo, la novedad de la norma vigente radica en un cambio en el paradigma referente al formado de aplicación de la administración de justicia. El Código Procesal Contencioso – Administrativo introduce una serie de figuras novedosas desde el punto de vista del Derecho Administrativo, con el propósito de asegurar una justicia administrativa célere, expedita, transparente, democrática y sencilla, con un acortamiento de los plazos para la realización de los diferentes actos procesales, entre muchos otros.

Con fundamento en lo anteriormente planteado, haremos un brevísimo extracto de ideas plasmadas por el Licenciado Ernesto Jinesta L. respecto al tema de la oralidad en los procesos contenciosos - administrativos


Breve Explicación del proceso oral en lo Contencioso - Administrativo



Para realizar este tema, nos basaremos en el trabajo realizado por el Licenciado Ernesto Jinesta L, propiamente en el documento denominado “La Oralidad en el nuevo proceso contencioso-administrativo de Costa Rica.

Al respecto, indica el Licenciado Jinesta que “la oralidad constituye la fuente de inspiración para emprender una serie de reformas legislativas que incluyan un sistema de admisión y valoración libre y crítica de la prueba, la inmediación entre el acervo probatorio y el juez decisor y la introducción de una o varias audiencias para sustanciar la causa”.

Comento también que “la oralidad contribuye a la democratización de la justicia y del derecho, puesto que, se requiere un juez que además de un rol activo, dirija, ordene y agilice el proceso, asuma un papel asistencial interactuando con las partes para determinar y delimitar el objeto del proceso, los hechos controvertidos y la prueba admisible y pertinente, colaborando en la búsqueda de la verdad real y asegurando una igualdad real entre las partes, de tal manera que la parte victoriosa sea la que probablemente tiene la razón y no la que posee más medios económicos para pagar a un representante hábil que complique el proceso en aras de los intereses de su representado y resista la lentitud del proceso”.

La oralidad propicia y conduce a la humanización del proceso, por cuanto, respeta la dignidad humana, la actualiza, lo acerca al ser humano y mejora la comunicación procesal haciéndola más flexible y expedita.

Todo proceso debe ser escrito en su fase inicial, introductoria o preparatoria y oral en la etapa de sustanciación, por lo que el problema radica en la coordinación de sendos elementos y no en la exclusión radical de uno de ellos.

Ambos elementos tienen virtudes, así el escrito, ocasionalmente, ofrece precisión, preparación y reflexión. No obstante, también ofrece graves desventajas, puesto que, en la mayoría de los litigios los escritos extensos, desordenados y redundantes contribuyen a complicarle a las partes y al órgano jurisdiccional el entendimiento de cuestiones básicas y elementales. El proceso escrito contribuye a prolongar patológicamente la ya de por sí lentitud fisiológica del proceso, además de socavar las finanzas, paciencia, valor, esperanza, y confianza de la parte que probablemente tiene la razón.

De su parte el elemento oral brinda las ventajas dela elocuencia muda del cuerpo (gestos, ademanes, muecas y actitudes corporales) y de la palabra viva, persuasiva y simple, que le permite al juez determinar los puntos medulares de la discusión.

La parte escrita se encuentra plenamente aceptada para la fase preparatoria de todo proceso, en aras de precisión, seriedad y seguridad, deben constar por escrito, así como los argumentos jurídicos que requieren de un estudio profundo y reflexivo de la legislación, doctrina y jurisprudencia para evitar la superficialidad, improvisación y olvido inherentes a la retórica.

En cambio, la oralidad cumple un papel fundamental en la recepción de la prueba, de ahí que la oralidad conlleva una serie de principios, como los son:

  • Inmediación

  • Identidad física de los jueces.

  • Concentración

  • Publicidad

  • Celeridad, sencillez y economía.

En base al anterior extracto del documento del Licenciado Jinesta, podemos tener un panorama un poco más amplio del concepto de oralidad y así dejar la inquietud de la lectura para con el documento anexado.

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