Sede Académica, San José Hatillo






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¿Qué dice nuestra Constitución Política?



“ARTICULO 49.- Establécese la jurisdicción contenciosos-administrativa como atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público.

La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos administrativos.

La ley protegerá al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados. (Así reformado por ley No. 3124 de 25 de junio de 1963). “

Como podemos observar, lo primero que establecieron los distinguidos señores Constitucionalistas fue la de adherir al Poder Judicial las facultades del tribunal contencioso administrativo. Luego fundamentó su objetivo principal, cual es el de garantizar la legalidad de la función administrativo del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público, esto es, las instituciones autónomas, semiautónomas, centralizadas y descentralizadas, en fin, todas aquellas instituciones que tengan relación directa con los administrados.

Establece también que la desviación de poder será motivo para impugnar sus actos, es decir, que limita la actividad de los órganos del Estado a lo que está establecido en el ordenamiento jurídico únicamente, y cualquier abuso en su de aplicación, es motivo para la impugnación.

Con el paso del tiempo, se emiten diversas leyes para reglamentar la idea plasmada en nuestra Constitución y dentro de este ámbito, el 01 de Marzo de 1966 se emite la Ley número 3667 denominada Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo.

¿Qué decía la Ley 3667?



ARTÍCULO 1.-

1) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establecida en el artículo 49 de la Constitución Política, tiene por objeto tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al Derecho administrativo, así como conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico-administrativa. 

2) Los motivos de ilegalidad comprenden cualquier infracción, por acción u omisión, al ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.  

3) Para los fines de la presente Ley, se entenderá por Administración Pública:  

a) La Administración central. 

b) Los Poderes Legislativo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando realicen funciones administrativas. 

c) La Administración descentralizada, institucional y territorial, y las demás entidades de Derecho público”

En esta Ley se amplía la definición de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa y define que el objeto de está es tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al Derecho Administrativo, así como conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico – administrativa.

Haciendo una comparación entre el texto de la Constitución Política y lo normado en la Ley 3667, vemos que los señores constituyentes establecieron como idea la de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público, y con base en esta idea, los señores legisladores de la época lo amplían al establecer como objetivo de la función contenciosa – administrativa la tesis de tutelar, garantizar o restablecer la legalidad de los actos ejecutados por la Administración en contra de los Administrados.

Este concepto se mantuvo por cuarenta años, en los cuales, según los comentarios a “vox populi”, eran procesos extremadamente largos y agotadores para los administrados y en los cuales casi nunca se llegaba a alguna solución real en favor de los administrados. Por este motivo y otros que no ahondaremos, se promulga el 24 de Abril del 2006 la Ley número 8508, denominada Código Procesal Contencioso – Administrativo, que vino a darle un giro de 180 grados a la concepción de la administración de la justicia en el tanto que con la ley 3667 el proceso contencioso administrativo era objetivo o meramente anulatorio que se enfocaba en la fiscalización de la actividad formal de las administraciones públicas y que además eran establecidas por escrito previo.
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