Son los preacuerdos entre fiscal y acusado verdaderos mecanismos de política criminal?






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SON LOS PREACUERDOS ENTRE FISCAL Y ACUSADO VERDADEROS MECANISMOS DE POLÍTICA CRIMINAL?
Margarita Rosa Cortés Velasco1

INTRODUCCIÓN
La expedición de la Constitución Política de Colombia de 1991 bajo el modelo de un Estado Social de Derecho impuso la imperiosa necesidad de establecer un sistema procesal penal que se alejara de los parámetros inquisidores y estuviera más a tono con las fuertes tendencias garantistas propias de un modelo acusatorio, que reclaman los regímenes democráticos.
En consecuencia, en el año 2002 se produjo el Acto Legislativo número 003 que abrió las puertas al SISTEMA PENAL ACUSATORIO y bajo ese marco constitucional se expidió la Ley 906 de 2004 – actual código de procedimiento penal – normatividad que orienta su articulado a través de unos principios rectores inherentes al modelo acusatorio, tales como, oralidad, contradicción, concentración, inmediación, publicidad, etc., principios igualmente consagrados en el capítulo inicial del nuevo código procesal penal de la república del Ecuador y de la mayor parte de los códigos procesales de Latinoamérica.
Se constituyó como aspecto novedoso del procesamiento criminal, el establecimiento de un modelo adversarial, caracterizado por el reconocimiento de dos partes enfrentadas y debidamente identificadas, es decir, de un fiscal como el sujeto activo de la pretensión punitiva y de un acusado asistido por su defensor, como sujeto resistente a esa pretensión, para que finalmente el juez como un sujeto supra ordenado e imparcial, sea quien defina el conflicto. .
Ese nuevo proceso penal tiene como escenario principal el JUICIO ORAL, soportado en una acusación en la que se formula un pliego de cargos contra el acusado, etapa precedida de una investigación adelantada por la fiscalía con el apoyo de la policía judicial, durante la cual se preparan las evidencias y medios materiales de prueba sobre los cuales se debatirá la responsabilidad del acusado.
Pero no siempre la definición del proceso se produce en el juicio oral, pues el legislador colombiano estableció además, la figura denominada “Preacuerdos y negociaciones con el imputado”, que con algunas variaciones, equivale al proceso SIMPLIFICADO que consagra en nuevo proceso penal ecuatoriano y a la terminación anticipada del proceso de otros estatutos como el peruano.
Esta modalidad se adoptó como una medida de política criminal con la que se pretende dar agilidad al proceso penal, pues la congestión en este sector de la justicia venía presentando características dramáticas, que asociada con la impunidad, había sido causa de una verdadera alarma social.
Desde un principio y aún hoy, esta forma de terminación anticipada del proceso ha generado serias controversias y aunque las Cortes Constitucional y Suprema de Justicia colombianas han hecho una verdadera pedagogía a través de sus sentencias, aún la figura no produce los efectos esperados, pues por una parte, algunos consideran que se trata de un proceso recortado que no puede arrojar como resultado la verdad y la justicia que aún algunos esperan del proceso judicial. Y por otra, muchos no tienen aún la suficiente confianza en el manejo adecuado que el fiscal pueda dar a esa discrecionalidad para la cual no se encontraba preparado.
Alrededor de este tema he querido hacer algunas reflexiones , las que por la brevedad del tiempo puntualizaré en los siguientes aspectos: (i) Ubicación procesal de los preacuerdos. (ii) Fines de política criminal que se persiguen con los mismos. (iii) Algunos problemas relevantes y sus posibles soluciones.
(i) UBICACIÓN PROCESAL DE LA FIGURA

Ya es universalmente aceptado el criterio según el cual, “el proceso es el único instrumento conocido universalmente por la civilización para la resolución de los conflictos que le son propios” y éste se inicia a través de una pretensión, que en el caso penal corresponde a la acusación, cuyo pretensor es el mismo Estado a través de la Fiscalía General de la Nación.
En el proceso penal surge una variante muy interesante en lo que respecta al pretensor, pues en este caso no es el titular del derecho conculcado con el delito quien inicia la persecución penal, sino que el Estado por medio de sus fiscales, despoja a la víctima de su natural condición de pretensor para ocuparse de mover la jurisdicción en busca de una condena para el autor de la ofensa.
Lo anterior se entiende, si se recuerda que se está frente al conflicto social de mayor trascendencia llamado delito, ante el cual, el Estado como garante de la convivencia pacífica y de la paz social no puede esperar que sea la víctima quien se apersone de la persecución penal, sino que él a través de su fiscal, se encarga de buscar el control del criminal y la reparación del daño. Esta situación permite que la debilidad de la víctima no sea obstáculo para el éxito de la pretensión y además, evita la justicia privada del ofendido, quien no puede estar legitimado para ejercer su propia venganza.
El proceso termina, en su forma normal, con una sentencia después de cumplidos todos los pasos y actos articulados que permiten un recorrido lógico y coherente desde la presentación de la pretensión hasta el fallo definitivo. Pero es aquí donde se entra a considerar la posibilidad de encontrar otras formas de finiquitar el proceso, sin necesidad de transitar por la totalidad del camino.
Se han ideado variedad de mecanismos que permitan esa terminación anormal, unos son de heterocomposición porque requieren la intervención de terceros, como son la mediación y la conciliación, consagrados en casi la totalidad de los códigos expedidos en los últimos años en nuestros países latinoamericanos..
Otros son mecanismos de autocomposición porque dependen de la voluntad de las partes, en algunos casos son unilaterales y otros bilaterales; entre los primeros se encuentra el principio de oportunidad actualizado por voluntad del fiscal, quien en algunas circunstancias y frente a causales señaladas por la ley - nuestro principio de oportunidad es reglado - puede renunciar a la persecución penal; en esta categoría unilateral también se encuentra el allanamiento a cargos, que depende del imputado, quien a partir de la audiencia de imputación puede aceptarla, sin controversia alguna. Los bilaterales, requieren del concurso de las dos partes, fiscal e imputado, característica propia de las negociaciones o preacuerdos.
Los preacuerdos o negociaciones tienen sus antecedentes más cercanos en los institutos del “Plea Bargaining” de los norteamericanos y del “Patteggiamiento” de los italianos, figuras que, en su acepción más simple, corresponden a una negociación entre acusador y acusado con su defensor, quienes llegan a un acuerdo por el cual el último, necesariamente, se declara culpable y renuncia a su derecho a un juicio contradictorio, con la contraprestación ofrecida por el acusador, de buscar una sentencia más favorable.

Esta justicia consensuada se ha convertido en el instrumento necesario para superar la congestión judicial y obtener una justicia rápida, sin la cual no puede hablarse de una tutela judicial efectiva. De ahí la importancia que ha cobrado en los últimos tiempos el modelo norteamericano, sistema en el que se dice que más del 90 % de los procesos terminan anticipadamente por negociaciones entre fiscalía y acusado
No se censura que se tomen los modelos foráneos a la hora de definir nuevas rutas procesales, pues como señala Ernesto García, esas utopías de la imaginación se van concretando un tanto a ciegas con la ayuda de quienes ya tienen unas técnicas depuradas por la experiencia. Pero el funcionamiento de los nuevos institutos debe estar en todo momento a tono con la compleja realidad del país donde se va a producir su aplicación.
El profesor NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA señala que “ (…) Una cosa es tomar en cuenta las instituciones y las experiencias extranjeras y otra muy distinta es el afán de imitar o de copiar todo cuanto sucede en otros países, sobre todo si se consideran doctrinariamente más adelantados. El mimetismo existe en la doctrina y en la legislación y su consecuencia no puede ser otra que el empobrecimiento de nuestro derecho procesal”2. Es cierto que estamos en épocas de globalización del derecho y que se aboga por una justicia universal, pero tratándose del derecho penal es imposible desconocer la realidad que vive cada uno de nuestros pueblos.
Lamentablemente en este sentido apunta una de las críticas que se hacen al actual sistema procesal penal colombiano, porque por una parte, existe una tradición jurídico - penal heredada de los modelos romano- germánicos, pero por otra parte, opera un afán desmedido por adoptar el pragmatismo propio del derecho anglonorteamericano y es así como encontramos en nuestra ley ingredientes de ambas tendencias, se detectan además, elementos finalistas, funcionalistas, garantistas, etc, sin que se pueda realmente identificar una escuela del pensamiento.
Es cierto que en un proceso adversarial el juez es un espectador de la discusión procesal entre dos partes enfrentadas en igualdad de condiciones, pero aunque se trata de dar a cada parte su oportunidad3, el juez tiene que velar porque esa facultad dispositiva de las partes no afecte aspectos sustanciales tan caros a nuestra cultura jurídica como la presunción de inocencia o tan reclamados por nuestra sociedad como la protección del derecho de las víctimas.
(ii) FINES DE POLÍTICA CRIMINAL

Si los preacuerdos son mecanismos de política criminal con los cuales se pretende cumplir con los loables fines consagrados por la misma ley procesal penal, es evidente que deben ser acogidos, porque quedan incorporados a los fines del Estado Social de Derecho, en el que la política criminal no puede limitarse a buscar un castigo para el autor de un delito, sino que, coherente con la compleja sociedad que lo rodea, trata de armonizar los fines de la pena implementando elementos que le permitan atender a una prevención general orientada a los asociados y a una prevención especial dirigida hacia el individuo, con procesos garantistas y ágiles .
El Legislador colombiano ha consagrado como fines de los preacuerdos o negociaciones con el imputado, los siguientes:

  • La humanización de la actuación procesal y de la pena,

  • La obtención de una pronta y cumplida justicia.

  • La solución de los conflictos sociales que genera el delito.

  • La reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto

  • Y, la participación del imputado en la definición de su caso.

Veamos brevemente esos fines de política criminal:

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  • La humanización de la actuación procesal y de la pena debe ser el primer soporte de un sistema penal en el Estado Social de Derecho, en el que la dignidad humana y el respeto por los derechos fundamentales deben ser el eje sobre el cual giran todas sus instituciones.




  • La justicia pronta y efectiva dirigida hacia una rápida definición de los conflictos sociales que genera el delito, contrasta con la sobrecarga laboral que afecta a la jurisdicción penal y que genera esa impunidad que despierta alarma social. Por ello, como lo reconoció la Corte Constitucional colombiana, apoyada en los informes de gestión del Consejo Superior de la Judicatura, una de las expectativas de la nueva normativa procesal penal era reducir el número de casos que lleguen a juicio, Infortunadamente, llevamos cuatro año de vigencia del nuevo sistema en algunas regiones del país (Bogotá y el Eje Cafetero) y aunque la congestión ha tenido un ligero alivio, aún no se cumplen las expectativas iníciales.




  • Por otra parte, en el diseño de la política criminal, la víctima se constituye en parte importante de su regulación, porque ella debe gozar de la prerrogativa, no solamente de acceso a la justicia, sino también a un trato justo que le permita hacer efectivos sus derechos de verdad, justicia y reparación En este aspecto es oportuno resaltar que el nuevo código de procedimiento penal ecuatoriano, da especial importancia a la victima del delito.




  • Y como última finalidad de los preacuerdos, destaca la ley colombiana, la participación del imputado en la definición del caso, lo que constituye un importante avance criminológico, superando el etiquetamiento del desviado, quien pasa de ser un objeto de manipulación durante el proceso, a convertirse en una parte activa que propone formas alternativas para el control de su propia criminalidad4.



El Estado debe hacer frente a su problema de criminalidad, en eso consiste su política criminal, y si los anteriores son los fines propuestos al instituir los preacuerdos, deben ser aceptados porque se tienen como estrategias útiles para el diseño de la política criminal, infortunadamente estos fines ni siquiera se mencionan en la justificación de los preacuerdos.
(iii) ALGUNOS PROBLEMAS RELEVANTES Y SUS POSIBLES SOLUCIONES:

Se ha detectado a través de la experiencia de estos cuatro años de aplicación del estatuto procesal penal en Colombia, que la práctica de los preacuerdos suele afectar tres pilares fundamentales del sistema penal como son: los derechos del imputado o acusado, los derechos de la víctima y los derechos de la sociedad, problemas a los que afortunadamente han hecho frente las altas Cortes de nuestro país y a través de una loable labor pedagógica, están intentando, a través de la jurisprudencia, concientizar a los señores jueces, fiscales y defensores, sobre la correcta aplicación de este mecanismo..


  • En primero lugar, se han violado los derechos del imputado o acusado. porque no se le ilustraba de manera clara sobre la real situación probatoria.


Debe reconocerse que es causa determinante de este problema, que los preacuerdos se celebran después de la imputación y en la mayoría de los casos, antes de la acusación, cuando la Fiscalía no ha revelado los cargos contra el imputado y por lo tanto éste aún no puede medir el alcance de su contradicción.
Si es presupuesto esencial de los preacuerdos que estos lleven a una sentencia condenatoria, puede asegurarse que una gran mayoría de las transacciones tienen incidencia en la pena 5y dada la naturaleza de la pena y su trascendencia, existe el principio de reserva judicial, según el cual, solamente el juez está autorizado para imponerla.
Si el juez es el único legitimado para imponer penas, no puede desconocer las bases constitucionales de la misma y por ello, el respeto por la dignidad humana, la legalidad y la necesidad de la pena, son factores que no puede pasar por alto, ni siquiera cuando se trata de una sentencia preacordada.
Pese a lo prematuro que pueda resultar el momento a partir del cual la ley permite la negociación, debe tenerse en cuenta que ésta solamente procede respecto a personas imputables, porque a los inimputables no se les aplica pena, ya que no pueden ser objeto de reprobabilidad penal por ausencia de culpabilidad, sino medida de seguridad, sobre la cual, dada su finalidad de curación, tutela y rehabilitación, no es posible una negociación. Además, se requiere que el imputado, protagonista principal del acuerdo, tenga pleno conocimiento y voluntad sobre el alcance de la transacción que siempre conlleva algún sacrificio.

En algunos casos en los que el sujeto activo del delito es juzgado como imputable dadas sus facultades cognitivas y volitivas en el momento de los hechos, si durante la investigación sobreviene alguna causa que altere su siquismo, tal situación afecta la posibilidad de un preacuerdo porque se convierte en un sujeto incapaz de negociar, máxime cuando esta transacción implica renuncia de algunos derechos.
Para salvar esta situación e impedir que se atente contra tales derechos, se insiste en que jueces y fiscales adopten las claras directrices fijadas por las instancias superiores, para proteger ese presupuesto para la validez del preacuerdo.
Personalmente considero que para proteger las garantías procesales, la fiscalía debe revelar tanto al imputado con su defensor como al juez, todas las evidencias que tenga hasta el momento y que sean relevantes para la negociación, pues de ellas, sin duda alguna, va a depender la decisión del imputado sobre su aceptación de culpabilidad.
No se considera prudente que el fiscal se precipite en la propuesta o aceptación de preacuerdos cuando advierte que pueden variar las condiciones fácticas hacia el futuro, como cuando la víctima de una tentativa de homicidio se encuentra en un estado preagónico; o cuando la prueba pericial no ha arrojado un resultado más o menos definitivo sobre la gravedad y secuelas de las lesiones personales, casos en los cuales, de producirse una consecuencia más lesiva contra el bien jurídico que se trata de proteger, atentaría no solamente contra los derechos de la víctima, sino contra la misma sociedad.
No podemos concluir este punto sin lamentar que Infortunadamente en la práctica judicial colombiana, la dificultad o complejidad que presenta el caso, ha sido el motor para que algunos fiscales busquen los preacuerdos, pero esto no resiste la mejor presentación desde el punto de vista de las garantías procesales, pues si los cargos son tan débiles, lo que debe primar es el principio de la presunción de inocencia y por ello la fiscalía no puede buscar la condena de acusados inocentes a quienes se les induce a una declaración de culpabilidad.
Ni siquiera en los sistemas en que existe mayor amplitud en la facultad discrecional del llamado Ministerio Público, se avala la práctica que en la búsqueda de buenas estadística condenatorias y de dar una aparente imagen de eficiencia, se sacrifique la justicia de las sentencias, pues el fiscal es un servidor del Estado y tiene un compromiso social de gran trascendencia.
Pero no es solamente al fiscal a quien le corresponde garantizar los derechos del acusado, sino también a su defensor, porque para que el preacuerdo sea válido se requiere que exista la defensa técnica, es decir, la permanente asistencia del profesional del derecho durante todo el proceso de negociaciones, exigencia que en el sistema colombiano tiene un carácter absoluto y de la cual no se puede prescindir porque su ausencia genera la invalidez de la actuación.
Pero sobre todo es el juez quien tiene un papel muy importante en la protección de los derechos del acusado en estos casos, porque a él le corresponde cerciorarse que el imputado es capaz de la negociación y para ello debe formularle un adecuado interrogatorio con el fin de verificar no solamente su sanidad mental, sino también el grado de inteligencia que le permita entender todas las circunstancias que rodean esa negociación.
No basta con la simple pregunta sobre la comprensión o no del acuerdo, sino que debería dirigir el interrogatorio hacia los hechos, para inferir si conoce la naturaleza de los cargos sobre los cuales está aceptando su responsabilidad.
Si durante su intervención ante el juez, el imputado o acusado hace manifestaciones de inocencia, el acuerdo debe ser rechazado porque tales manifestaciones desvirtúan su voluntad de aceptar culpabilidad.


  • Otro de los problemas que han preocupado en torno a la aplicación de los preacuerdos es el que se relaciona con los derechos de las victimas.


El derecho de las víctimas tiene rango de garantía internacional y por lo tanto corresponde al Estado velar por su protección en el proceso penal. Así lo disponen, no solamente nuestra Constitución Política, sino también los distintos instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos ratificados por Colombia y por lo tanto integrantes del llamado bloque de constitucionalidad.

Son, de manera concurrente, tres los derechos de la víctima en el proceso penal, a saber, derecho a la verdad, derecho a la justicia y derecho a la reparación: (i) El derecho a la verdad, es el derecho a conocer la realidad de lo ocurrido, (ii) El derecho a la justicia para evitar la impunidad por la lesión al bien jurídico y (iii) el derecho a la reparación por la necesidad de compensar económicamente el daño producido.
Es necesario que dentro de todos los mecanismos establecidos por la ley para controlar el delito, se deba, no solamente facilitar el acceso de la víctima o perjudicado, sino además, que se diseñen instrumentos que permitan hacer efectivos esos derechos, por ello, institutos como los preacuerdos y otras expresiones del principio de oportunidad, si bien desarrollan la facultad dispositiva de la pretensión penal por parte del fiscal, tienen como límite los derechos de las víctimas6.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia colombiana, ha llamado reiteradamente la atención a los jueces y fiscales, por la desatención hacia la víctima ya que la fiscalía ofrece o acepta concesiones sin contemplar las necesidades de los ofendidos o perjudicados con el delito, sin pensar que así sea de manera informal se adelanten también con ellos conversaciones para conocer sus necesidades respecto a la definición del conflicto.
Algunos consideran que la intervención de la víctima haría perder la agilidad que se busca en los procesos y que condicionaría a los imputados o acusados para abstenerse de preacordar ante la molestia que les produciría ser confrontados con ellas, pero tal preocupación carece de sentido, si el fiscal mantiene su condición de negociador sereno pero dispuesto a proteger de manera racional los intereses del más débil.
Se debe destacar entonces, que si el sistema dispositivo le permite al fiscal acudir a una justicia consensuada, es obligación de este funcionario velar por la protección de los derechos de las víctimas y por ello, en el momento de justificar el preacuerdo debe explicarle al juez porqué esa negociación no afecta los intereses del ofendido o perjudicado. En caso contrario el juez debería rechazarlo por violación a los derechos fundamentales de la dignidad humana y de una tutela judicial efectiva.


  • Finalmente es preocupante que al aplicar la modalidad de los preacuerdos, se desconozca el principio de legalidad, al conceder atenuantes sin soporte probatorio y desconocer agravantes debidamente probados.



De acuerdo con nuestra ley procesal penal, la iniciativa del preacuerdo o negociación puede partir del fiscal o del acusado con su defensor y el momento para hablar jurídicamente de la figura es a partir de la audiencia de formulación de imputación, aunque suelen adelantarse conversaciones previas, pero el preacuerdo solamente se lleva al conocimiento del juez a partir de la mencionada audiencia preliminar.
Resulta prudente que tanto fiscal como imputado esperen el momento oportuno porque , por una parte, el fiscal debe tener en su poder unos elementos materiales de prueba, evidencias físicas o información legalmente obtenida que comprometa la presunción de inocencia del imputado, y éste, a su vez, debe estar seguro que le conviene esa transacción.
Es cierto que el fiscal tiene el monopolio de la acusación, pero su discrecionalidad no es absoluta en cuanto a la formulación de los cargos, pues éstos deben tener un respaldo fáctico y una adecuada ubicación jurídica, por ello ya la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre obligación que tiene el ente acusador de respetar el principio de reserva legal y adecuar los hechos a la norma jurídica que corresponda, sin crear nuevas figuras que violaría el principio de tipicidad o de taxatividad.7
Surge entonces otro problema de derecho sustancial que no puede desconocerse, como es el de la tipicidad y resulta claro que no se puede hacer abstracción de las categorías penales para ocuparse solamente del aspecto procesal, como si los dos no estuvieran íntimamente conectados y como si el desconocimiento del uno no tuviera incidencia en el proceso.
La tipicidad corresponde, no solamente a una de las categorías esenciales del delito, pues junto con la antijuridicidad y la culpabilidad permite que una conducta sea calificada como punible, sino que además está consagrada como norma rectora de la ley penal y por lo tanto es de prevalente aplicación dentro del ordenamiento jurídico.
La potestad con figurativa la tiene el legislador, quien al elaborar la ley penal, selecciona entre una amplia gama de comportamientos antijurídicos aquellos que afectan de manera más grave aquellos bienes jurídicos de mayor relevancia y describe el supuesto de hecho junto con la consecuencia que de éste se deriva. Tales funciones tienen carácter constitucional y por ello, el fiscal carece de facultad para crear tipos penales o de adecuar las conductas a descripciones típicas diferentes a los actualizados por el infractor8.
Resulta claro y así lo destacó la Corte Constitucional colombiana en su sentencia C- 1260 de 2005, que la facultad otorgada al fiscal en el artículo 350 del código de procedimiento penal le permite imputaciones menos gravosas para el imputado o acusado, pero no seleccionadas en una forma absolutamente libre, sino siempre soportada en la situación fáctica que le presente el proceso, bajo cuyos parámetros se declaró la exequibilidad de la norma9


( iv) CONCLUSIONES:
Dentro de muchos problemas que se advierten en la práctica, y que han impedido que los preacuerdos tengan la eficacia esperada, se han destacado:


  • Que no se ilustra su justificación con las razones de política criminal que los respaldan




    • Que no existe una debida verificación sobre la conciencia y la voluntad del imputado o acusado sobre el alcance de la negociación o acuerdo.




    • Que hay cierta indiferencia por la protección de los derechos de las víctimas.




    • Que se presenta extralimitación de la fiscalía en cuanto a la variación de la tipicidad.


Para superar tales inconvenientes, como se ha dicho, no es necesaria una reforma legal a nuestro sistema, basta continuar con la labor pedagógica que están adelantando nuestras altas cortes de justicia, quienes apoyadas en dogmática constitucional colombiana y en los instrumentos internacionales que integran el llamado bloque de constitucionalidad, a través de muchas de sus sentencias están dando las directrices necesarias para que el mecanismo cumpla con las expectativas esperadas, queda entonces la voluntad de los jueces, fiscales y abogados tomen conciencia de la importancia de esta herramienta procesal y hagan de ella el uso adecuado.
BIBLIOGRAFÍA

ARCINIEGAS, Martínez Germán, Investigación y Juzgamiento en el Sistema acusatorio. Ediciones Nueva Jurídica.
ARIAS DUQUE. Juan Carlos y Otros. El Proceso Penal Acusatorio Colombiano. Tomo I y II. Ediciones Jurídicas Andrés Morales. Bogotá. D. C. 2005.
ARCINIEGAS MARTÍNEZ. Guillermo Augusto. Investigación y Juzgamiento en el Sistema Penal Acusatorio. 1ª ed. Ediciones Nueva Jurídica. Bogotá. 2005.
ARROYAVE DÍAZ. Rafael y Otro. Reforma a la Fiscalía y Sistema Acusatorio. 1ª ed. Librería Jurídica Sánchez. Medellín. Año 2003.
BAZZANI Montoya Darío. La Terminación Anticipada del Proceso Por Consenso.. Consejo Superior de la Judicatura. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Bogotá. 2004.
BERNAL CUELLAR. Jaime y Otro. EL PROCESO PENAL. Fundamentos Constitucionales del Nuevo Sistema Acusatorio. Tomo I. 5ª ed. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2004.
CAMARGO. Pedro Pablo. Manual de Enjuiciamiento Penal Colombiano: Sistema Acusatorio y Juicio Oral Público. Editorial Leyer. Bogotá. 2004.
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Reflexiones sobre el Nuevo Sistema Procesal Penal. Los grandes desafíos del Juez Penal Colombiano. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Bogotá. 2004.
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias C-228/ 02- C-1194/05, C-1260/05, T-091/06
Corte Interamericana de Derechos Humanos Opinión consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Seria A. N° 9.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA de Colombia. Sala de Casación Penal. Sentencias 24052 (14-03-06), 24531 (04-05-06), 24529 (29-06-06), - 27759 (12-09-07) , 29979 (27-10-08) , 29639 (04-02-09), 30978 (17-03-09),31863 (08-07-09), Auto 29002 /12-09-07), Tutela ( 07-12-05)
CHIESA APONTE, Ernesto L. Derecho Procesal Penal de Puerto Rico Estados Unidos. V. I, II, III. Editorial Forum. Tercer mundo editores. Bogotá. 1992.
Diccionario Enciclopédico Espasa. Espasa - Calpe S.A. Madrid, 1.985, cuarta edición. ISBN 84-239-5913-9.
Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Manuel Osorio, Editorial Heliasta S .R .L., Buenos Aires, 1.981.
GÓMEZ LÓPEZ. Jesús Orlando. Teoría del Delito. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 1ª ed. Bogotá. 2003.
GUÍA INTRODUCTORIA al Sistema Penal Acusatorio Colombiano. Fiscalía General de la Nación. Versión Preliminar. Bogotá. 2004.
Ley 906 de 2004. Código de Procedimiento Penal. Editorial Leyer. Bogotá. 2005.
JARAMILLO DÍAZ, Juan Guillermo. La Pretensión Punitiva en el Proceso Penal. Tribunal Superior de Medellín. Auto de abril 4 de 2000.
JIMÉNEZ VARGAS. Nancy y Otro. 215 preguntas claves sobre el Sistema Penal Acusatorio. Ediciones Doctrina y Ley. Ltda. Bogotá. 2005.
NACIONES UNIDAS. Resolución número 4034 del 29 de noviembre de 1985.numeral 5.Naciones Unidas. Declaración de los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abusos de poder.

POLÉMICA PROCESAL. Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Capítulo Antioquia. Año 2. Nº 3. L. Vieco e Hijas Ltda. Medellín. 2005.
PEREZ PINZÓN ÁLVARO ORLANDO .Curso de criminología. Ediciones Librería del Profesional.
RAMÍREZ Bastidas, Yesid. Sistema Acusatorio Colombiano. Ediciones Doctrina y Ley. Año 2005.
RODRÍGUEZ GARCÍA NICOLÁS. La Justicia penal negociada: Experiencias de Derecho Comparado. Ediciones Universidad de Salamanca. 1997.
SANPEDRO ARRUBLA, Julio Andrés. La construcción criminológica del proceso penal. Los derechos humanos de las víctimas del delito. Estudios Penales. Universidad Javeriana. 2004

SINTURA Varela Francisco José y otros. Sistema Penal Acusatorio. Editorial Dike. 2005.
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. Sistema Penal Acusatorio. Francisco Bernate Ochoa… Bogotá. Centro Editorial Universidad del Rosario, 2005. Biblioteca Jurídica Diké. 2005.
VARGAS VARGAS. Pedro Pablo y Otro. Doce temas fundamentales en el Nuevo Procedimiento Penal. Ediciones Doctrina y Ley. Ltda. Bogotá. 2005.
VELÁSQUEZ, VELÁSQUEZ, Fernando. Manual de Derecho Penal.Parte General. Temis 2002. P
VENGAS GONZÁLEZ. David. El Sistema Acusatorio: estructura del proceso penal. 1ª ed. Biblioteca Jurídica Dike. 2003. Medellín.






1 Abogada especializada en Derecho Penal y Criinología, Magíster en Derecho Procesal, Jefe del Area de Derecho Penal de la Universidad Libre de Colombia, Seccional Pereira.

2 RODRÍGUEZ GARCÍA, Nicolás. La justicia penal negociada. Experiencias de Derecho Comparado. Ediciones Universidad de Salamanca 1997. Pág.24

3


 RODRÍGUEZ, Ob. cit. pag.30.

4


 PÉREZ PINZÓN ÁLVARO ORLANDO, Curso de criminología. Ediciones Librería del Profesional. Pág.171.


5 La pena consiste en “la privación o restricción de bienes jurídicos impuesta por el órgano jurisdiccional competente a la persona que ha realizado una conducta punible, acorde con las pautas legales correspondientes” (Velásquez V. Fernando. Manual de Derecho Penal. Parte General. Temis 2002. Pág 486) .


6


 A juicio de la Corte Constitucional, son cuatro las cuestiones que interesan a propósito de este tema, a saber: (i) La posibilidad de intervención de las víctimas y los perjudicados, en el proceso penal.(ii)La posibilidad que las víctimas y los perjudicados impulsen el proceso penal ante la omisión del Estado; (iii)La finalidad de la intervención de la víctima y los perjudicados dentro del proceso penal: (iv) el ámbito de protección de los derechos de la víctima y de los perjudicados dentro del proceso penal y (v) los mecanismos a través de los cuales se puede garantizar la reparación integral. (Corte Constitucional. Sentencia C-228 de 2002. M. P. José Manuel Cepeda y Eduardo Montealegre L.


7


 En el presente caso, el numeral 2 del artículo 350 cuestionado, refiere expresamente a que el Fiscal y el imputado, a través de su defensor, podrán adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo, en el cual el imputado se declarará culpable del delito imputado, o de uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal, entre otro, tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena. Una interpretación sistemática de la norma en su conjunto permite concluir que no se trata de entregarle al Fiscal la facultad de crear tipos penales nuevos, es decir, por fuera de los establecidos en el Código Penal, con el fin de llegar a un preacuerdo con el imputado, desconociéndose de esta manera el principio de reserva legal, así como el de taxatividad penal. (Corte Constitucional. Sentencia C-1260 /05)


8“Así mismo, en torno al entendimiento que debe darse a los principios de reserva legal y de tipicidad o taxatividad de la pena en cuanto a la garantía constitucional del debido proceso, se ha indicado por la Corte que el principio de legalidad penal tiene dentro de sus dimensiones y alcances la más natural como es la reserva legal consistente en que la definición de las conductas sancionables compete al legislador y no a los jueces ni a la administración en virtud de que se persigue que la imposición de penas provenga de criterios establecidos por los representantes del pueblo “y no de la voluntad individual y de la apreciación personal de los jueces o del poder ejecutivo”. (Corte Constitucional. Sentencia C-1260 /05)



9 “La Corte reafirma que la facultad otorgada al fiscal de tipificar la conducta con miras a disminuir la pena es una simple labor de adecuación y no de construcción del tipo penal por el mismo. Las normas positivas deben consagrar previamente las conductas punibles y concretar igualmente las sanciones que serán objeto de aplicación por el fiscal. Por ende, se cumple a cabalidad con el principio de legalidad penal cuando se interpreta en correspondencia con el de tipicidad plena o taxatividad en la medida que la labor, en este caso del fiscal, se limita a verificar si una determinada conducta se enmarca en la descripción típica legal previamente establecida por el legislador o en una relacionada de pena menor(..)” (Corte Constitucional. Sentencia C-1260 /05)..











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