Tema La Constitución Española de 1978: Significado, estructura y contenido. Principios Generales, derechos y deberes. Las Cortes Generales. El Poder Judicial






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OPOSICION ADMINISTRATIVO LOCAL

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Significado, estructura y contenido. Principios Generales, derechos y deberes. Las Cortes Generales. El Poder Judicial.

Tema 2. Organización de la Administración del Estado. Organización Central. Organización Periférica.

Tema 3. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. La Generalitat Valenciana y sus órganos de gobierno.

Tema 4. El régimen local español: evolución histórica. La Administración Local en la Constitución de 1978. El Principio de Autonomía local, su significado y alcance.

Tema 5. El Acto Administrativo: Principios Generales y fases del procedimiento administrativo general.

Tema 6. Hacienda pública: principios constitucionales. Recursos: clases y elementos. Gestión. Recaudación e inspección de tributos. Órganos de la Administración Tributaría del Estado y de la Generalitat Valenciana.

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Significado, estructura y contenido. Principios Generales, derechos y deberes. Las Cortes Generales. El Poder Judicial.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO.

La Constitución aprobada por las Cámaras el 31 de octubre, ratificado por referéndum de 6 de diciembre y promulgado el 29 de diciembre de 1978, responde al que se ha llamado contenido mínimo de la Constitución.

La doctrina española, al abordar su contenido lo hace estructuralmente, atendiendo al siguiente esquema:

  • La Constitución se inicia con un buen preámbulo que enumera una serie de valores y principios luego desarrollados en el texto y contiene una definición del poder constitucional.

  • El Título Preliminar contiene los principios, caracteres y valores fundamentales de la Constitución. Se reafirma la soberanía nacional, se garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, se define la Monarquía Parlamentaria, los partidos políticos y los sindicatos y organizaciones de empresarios y la función de las Fuerzas Armadas. También figura la definición del castellano como lengua oficial del Estado, la bandera y la fijación de la capital en la villa de Madrid.

  • El Título Primero está dedicado a los derechos y deberes fundamentales, subdividido en cinco capítulos. El primero “de los españoles y los extranjeros”, el segundo “de los derechos y libertades”, el tercero “de los principios rectores de la política social y económica”, el cuarto “de las garantías de las libertades y derechos fundamentales” y el quinto “de la suspensión de los derechos y libertades”.

  • Los Títulos II a VI comprenden la definición de los órganos de poder (Corona, Cortes, Gobierno, relaciones Cortes-Gobierno, Poder Judicial).

  • El Título VII engloba preceptos que afectan a la relación de los órganos de poder y algunos preceptos referentes al orden económico y social.

  • El Título VIII es el de la organización territorial del Estado, con tres capítulos: Principios generales, de la Administración Local, de las Comunidades Autónomas.

  • El Título IX aborda el Tribunal Constitucional.

  • El Título X trata sobre la reforma constitucional.

  • Las Disposiciones Adicionales y Transitorias en su mayor parte están dedicadas a problemas de la ordenación territorial. Sólo las disposiciones transitorias octava y novena tienen verdaderamente en cuenta la transición del régimen establecido por la Ley de Reforma Política al nuevo régimen constitucional.

  • La Disposición Derogatoria no sólo lo hace respecto de las anteriores Leyes Fundamentales, sino que en su apartado tercero considera asimismo “quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente Constitución”. Según García de Enterría esto significa que alcanza la derogación a las leyes preconstitucionales que efectúan la regulación de aquellas materias a las que la Constitución ha querido dar aplicación inmediata y directa. Toda otra posible contradicción con la legislación preconstitucional no será causa de derogación formal, sino que dará lugar al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

  • La Disposición Final previene su vigencia inmediata y ordena la publicación de la Constitución en las demás lenguas españolas.

PRINCIPIOS GENERALES.

Los principios y valores se concretan en general en el Título Preliminar, siendo después desarrollados a lo largo de todo el texto en sus diferentes apartados.

VALORES DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978.

Nuestro texto constitucional señala en su Art. 1.1 “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.”

PRINCIPIOS DEL NUEVO RÉGIMEN CONSTITUCIONAL.

La importancia de los valores que acabamos de examinar no se basa únicamente en su carácter de ser supra constitucionales sino también en que dan lugar a los cinco principios inspiradores del régimen constitucional que funda la Constitución de 1978.

Estado democrático: Así lo señala el Art. 1.1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Nuestra Constitución sitúa la soberanía en el pueblo, reconoce el pluralismo político y social, al mismo tiempo que establece una serie de instancias para que el pueblo participe en las decisiones que le afectan.

Estado de Derecho: La Constitución de 1978 quiere poner en práctica en lo que respecta al Estado a que da lugar la primacía de la Ley como fundamento de la sociedad moderna, a la que todo el texto se orienta. Se han puesto las bases para la existencia de un auténtico Estado de Derecho, basado en la defensa y el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona.

Estado Social: Cabe afirmar que el Estado Social que se propugna en el Art. 1 es un Estado decididamente intervencionista, un Estado activo. Especialmente en el Capítulo 3º del Título I donde se contienen los principios rectores de la política social y económica del nuevo Estado donde los poderes políticos se comprometen a actuar en los ámbitos familiar, social, laboral, cultural y económico, a efectos de lograr ese naturaleza del Estado intervencionista que se pretende instalar en el futuro.

MONARQUÍA PARLAMENTARIA.

El Art. 1.3 señala que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”.

La monarquía adoptada por la Constitución ha adquirido ya la legitimidad democrática desde el momento que ha sido refrendada por la voluntad del pueblo. Se trata de una auténtica monarquía arbitral en la que los poderes del Rey son más simbólicos y moderadores que efectivos. Además el régimen político definido en la fórmula del Art. 1.3 se basa en una estructura de gobierno derivada de la colaboración entre los poderes ejecutivo y legislativo.

ESTADO AUTONOMISTA.

El último principio que caracteriza al Estado configurado por la Constitución de 1978, esto es, su carácter de poder descentralizado, aparece también como una respuesta, en forma de contrapunto, al Estado franquista anterior. Sin embargo, el espíritu del Estado descentralizado no es algo nuevo en el constitucionalismo español, el precedente de las dos Repúblicas españolas ha pesado enormemente en el momento de adoptar dicho modelo.

VALOR NORMATIVO.

Dos son los enfoques fundamentales para la conceptuación de la Constitución como norma jurídica:

Desde una perspectiva material: Se entiende por Constitución la norma que regula la composición, organización y funciones de los principales órganos del Estado, sus relaciones mutuas, así como las relaciones que éstos mantienen con los grupos políticos y sociales y con los ciudadanos en general.

Desde una perspectiva formal: No toda norma que regula los principios fundamentales de la convivencia política es una Constitución. Para serlo, debe cumplir unos requisitos formales, éstos derivan de la característica más esencial de toda Constitución: Su supremacía. Para garantizar el carácter supremo de la Constitución, debe asegurarse que no va a ser modificada por otras normas. Para lograr esa garantía los requisitos formales que suelen exigirse a toda Constitución son: primero, debe tratarse de una norma emanada a través de un procedimiento más complejo que el utilizado para dictar las demás normas jurídicas, y segundo, el texto constitucional debe poseer una cierta rigidez, o sea, para su modificación o reforma deben cumplirse una serie de requisitos más complicados que los exigidos para la modificación de las leyes ordinarias.

Actualmente, la doctrina señala que la Constitución es la plasmación del dogma de la soberanía popular y que se caracteriza por las dos siguientes notas:

    • Establecer un orden político determinado definido en su estructura básica y en su función.

    • A la vez, en esa estructura ha de participar de manera predominante el propio pueblo.

La Constitución se caracteriza por su preeminencia sobre el resto del ordenamiento jurídico, ocupando la cúspide de la jerarquía normativa teniendo un carácter supremo. Es decir, que es la norma de las normas, la norma suprema y fundamental de todo el ordenamiento jurídico, y por tanto, a ella deben someterse, no sólo los ciudadanos, sino todos los órganos del Estado y todas las normas que de ellos emanan (las leyes del Parlamento, los decretos del Gobierno, las órdenes ministeriales, los bandos de los alcaldes, etc.).

La preeminencia de la Constitución deriva del Art. 9.1 que determina que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN.

INICIATIVA DE LA REFORMA.

El Art. 166 de la CE dispone que la iniciativa de reforma Constitucional se ejerza en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87, que establece que la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras y 2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

Es indudable que, al identificarse en lo esencial la iniciativa de reforma con la iniciativa legislativa ordinaria, destaca la preponderancia del Congreso sobre el Senado. En efecto, éste, una vez tomada la iniciativa (la de 50 senadores que no pertenecen a un mismo grupo parlamentario), habrá de enviarla al Congreso, cuyo Reglamento exige, por otra parte una mayor calificación en la presentación de proposiciones de modificación. Si la iniciativa parte del Congreso, éstas habrán de ir suscritas por al menos dos grupos parlamentarios o por una quinta parte de los Diputados.

Por lo que se refiere al gobierno, es clara la supremacía sobre los demás respecto de la iniciativa de la reforma. Ésta requiere el acuerdo del Consejo de Ministros y el envío del texto con una Exposición de Motivos y de los antecedentes necesarios.

PROCEDIMIENTOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL.

En función de la materia objeto de modificación existen dos tipos de reforma:

La revisión constitucional: cuando se quiere una reforma completa del texto constitucional, o una reforma parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo Segundo del Título I, o al Título II. Se seguirá el procedimiento gravosísimo del Art. 168.

La reforma constitucional propiamente dicha: cuando se quiere una modificación parcial de algún otro contenido de la Constitución. Se seguirá el procedimiento menos complejo establecido en el Art. 167.

Procedimiento general del Art. 167: Distinguimos:

  • Aprobación por las Cámaras: Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras (se trata de una mayoría suficientemente cualificada como para impedir que una sola fuerza política, coyunturalmente mayoritaria, reforme por sí sola el Texto Constitucional). Si no hubiera acuerdo entre ambas Cámaras, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado nuevamente y por idéntica mayoría por el Congreso y el Senado. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento antes citado, y siempre que el proyecto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso por mayoría de 2/3 podrá aprobar la reforma (en caso contrario, el procedimiento de reforma habrá llegado a su fin).

  • Posible ratificación por referéndum: Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometido a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. La aprobación por referéndum sigue las reglas generales previstas en la Ley Orgánica de 18 de febrero de 1980: así, las Cortes Generales, comunicarán al Presidente del Gobierno el proyecto de reforma aprobado y la solicitud para que el referéndum se convoque. Éste se convocará en el plazo de 30 días, y su celebración tendrá lugar dentro de los 60 siguientes, lo que supone un plazo de celebración más corto que en los demás supuestos.

  • Procedimiento especial del Art. 168: Con él nuestra Constitución adquiere un carácter muy rígido y casi irreformable. El procedimiento es el siguiente:

    • Se ha de proceder a la aprobación de la necesidad de la revisión de la Constitución por una mayoría de 2/3 de ambas Cámaras.

    • Las Cámaras quedan automáticamente disueltas, procediéndose a convocar elecciones generales.

    • Las Cámaras recién elegidas deben ratificar la decisión acerca de la necesidad de la revisión.

    • Tomando el acuerdo arriba indicado, las Cámaras procederán al estudio del nuevo Texto Constitucional, el cual deberá ser aprobado por mayoría de 2/3 en ambas Cámaras.

    • Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Las leyes de reforma o de revisión aprobadas según los procedimientos de los Art. 167 y 168 pasan inmediatamente a convertirse en Constitución a todos los efectos y a ocupar, en consecuencia, el lugar correspondiente en el ordenamiento jurídico.

LÍMITES DE LA REFORMA.

Nuestra Constitución sólo se refiere expresamente a un tipo concreto de límite, y éste es de carácter temporal. Así, el Art. 169 dispone que no podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116 (alarma, excepción y sitio).

Título I. De los derechos y deberes fundamentales 03

Artículo 10.

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por España.

Capítulo I. De los españoles y los extranjeros.

Artículo 11.

1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Ver más

2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.

3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.

Artículo 12.

Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.

Artículo 13

1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.

2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.

3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de una ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

Capítulo II. Derechos y libertades.

Artículo 14.

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Sección I. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.

Artículo 15.

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

Artículo 16.

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Artículo 17.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales, en los términos que la ley establezca.

4. La ley regulará un procedimiento de "habeas corpus" para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

Artículo 18.

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Artículo 19.

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.

Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

Artículo 20.

1. Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c) A la libertad de cátedra.

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Artículo 21.

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará de autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Artículo 22.

1. Se reconoce el derecho de asociación.

2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.

3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.

4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.

5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

Artículo 23.

1. Los ciudadanos tiene el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Artículo 24.

1. Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia al letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Artículo 25.

1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.

2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

Artículo 26.

Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.

Artículo 27.

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.

Artículo 28.

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a formar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 29.

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

Sección II. De los derechos y deberes de los ciudadanos.

Artículo 30.

1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.

2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.

3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.

4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Artículo 31.

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

Artículo 32.

1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.

2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

Artículo 33.

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Artículo 34.

1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley.

2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.

Artículo 35.

1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

Artículo 36.

La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

Artículo 37.

1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.

2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 38.

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

Capítulo III: De los principios rectores de la política social y económica.

Artículo 39.

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.

2. Los poderes públicos aseguran asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.

3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en los que legalmente proceda.

4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

Artículo 40.

1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.

2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales, velaran por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.

Artículo 41.

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

Artículo 42.

El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.

Artículo 43.

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.

Artículo 44.

1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.

2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

Artículo 45.

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Artículo 46.

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.

Artículo 47.

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Artículo 48.

Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Artículo 49.

Los poderes públicos realizaran una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.

Artículo 50.

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Artículo 51.

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca

3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

Artículo 52.

La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Capítulo IV: De las garantías de las libertades y derechos fundamentales.

Artículo 53.

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a)

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Artículo 54.

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

Capítulo V: De la suspensión de los derechos y libertades.

Artículo 55.

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.

2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.
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