En la Ciudad de Mendoza a seis días del mes de setiembre del año dos mil cinco, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Primera Cámara Civil de Apelaciones, Dra






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En la Ciudad de Mendoza a seis días del mes de setiembre del año dos mil cinco, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Primera Cámara Civil de Apelaciones, Dra. Ana María Viotti, Dr. Ricardo Catapano y Dr. Alfonso Boulin trajeron a delibe-ración para resolver en definitiva los autos Nº 37.773/146.204 caratulados “Vi-dela, Fernanda Amalia Sara c/Chiapinotto, Juan H. y ots. p/Ejecución de honorarios”, originarios del Noveno Juzgado Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, venido al Tribunal en virtud del recurso de ape-lación planteado a fojas 36 y en contra de la sentencia de fojas 34/35.

De conformidad con lo ordenado en el art. 160 de la Constitución Provincial, planteáronse las siguientes cuestiones a resolver:

1ª Cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?

2ª Cuestión: Costas.

Practicado el sorteo de ley arrojó el siguiente orden de votación: Dres. Catapano Mosso, Viotti y Boulin

Sobre la primera cuestión el Dr. Ricardo Catapano Mosso dijo:

I.- Que, en oportunidad de fundar recurso, a fojas 49/50 el Dr. Juan Raúl Montoya, por Konex S.A.C.I.F., sostiene que, conforme al art. 38 del C.P.C., en el caso de condena en costas, los profesionales y demás auxiliares que tengan honorarios o gastos incluidos en dicha condena, tendrán opción a cobrar-los del condenado en costas o del litigante a quien representaron o patrocinaron, o que motivó la actuación, el servicio o el gasto; que la actora no puede demandar simultáneamente a quien solicitó el servicio y al condenado en costas.

Agrega que el desistimiento formulado por la actora contra el con-denado en costas en el proceso en el que se prestó el servicio profesional, cuyos honorarios aquí se ejecutan, es posterior a la presentación de las defensas esgri-midas por Konex S.A.C.I.F.

Indica que la opción prevista por el art. 38 del C.P.C. significa ga-rantizar al profesional o auxiliar de la justicia el cobro de su crédito, pero no que pueda demandar simultáneamente a las dos partes, ya que en ambos casos, la obligación nace de distintos títulos; en el caso del condenado en costas, como un accesorio del principal y en el caso del propio cliente, como consecuencia del contrato de locación de servicios que lo vincula; que ello conduce a que, efectua-do el reclamo contra uno de los obligados, no podrá iniciarlo contra el otro hasta tanto desista del proceso o de la acción o no demuestre la insolvencia.

Estima que, atento a que el desistimiento de la actora se realizó luego de que la excepción de fojas 26/27 fuera articulada, la demanda debe ser rechazada con costas.

II.- Que a fojas 51 la Cámara ordena correr traslado de la funda-mentación del recurso a la contraria y por el plazo de ley (art. 142 del C.P.C.), providencia que se notifica a fojas 51 in fine.

La actora, por intermedio de apoderado, contesta el traslado confe-rido a fojas 52/53, solicitando, por las razones allí esgrimidas, el rechazo del re-curso de apelación.

III.- Que a fojas 57 se llama autos para sentencia, practicándose a fojas 58 el pertinente sorteo de la causa.

El art. 38 del C.P.C. de la Provincia de Mendoza establece textual-mente: “Derecho a las costas. En el caso de condena en costas, los profesionales y demás auxiliares que tengan honorarios o gastos incluidos en dicha condena, tendrán opción a cobrarlos del condenado en costas o del litigante a quien repre-sentaron o patrocinaron o que motivó la actuación, el servicio o el gasto. En este último caso, el vencedor puede repetir lo pagado e incluido en la condena, del obligado por ella conforme al artículo precedente”.

Podetti afirmaba que el profesional puede ejecutar, a su elección, a su cliente (mandante o patrocinado) o al condenado en costas; pero la elección de una vía no puede entenderse que cierra definitivamente la otra. Si en la ejecución contra el obligado al pago de las costas, no obtuviera el pago total de los honora-rios regulados, podrá ejecutar por el saldo a su cliente y viceversa, pero no podría ejecutar a ambos a la vez, ni iniciar una ejecución sin que hubiera terminado la otra. La parte vencedora, que abonó los honorarios a los profesionales que la re-presentaron o patrocinaron queda subrogada legalmente en los derechos de éstos y puede reclamar al vencido el pago realizado, pero quien no pagó los honorarios de aquellos carece de acción para demandar el pago de los respectivos honorarios a la parte vencida y condenada con costas. (Podetti, Ramiro, “Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral. Tratado de las Ejecuciones”, Tomo VII-B, Buenos Aires, Ediar, 1.968, pág. 319)

La jurisprudencia ha dicho que “el derecho de los peritos al cobro de sus honorarios contra cualquiera de las partes encuentra su justificación en el carácter de auxiliares de la justicia, que impone el deber de proteger su emolu-mento con independencia de la imposición de costas y con el objeto de desvincu-larlo del resultado del juicio, preservando así su imparcialidad. Estas razones obligan a efectuar una interpretación estricta de cualquier hipótesis que conlleve la posibilidad de frustración en sus derechos”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala II, 1991/11/26, “Cominseg Cía. de seguros”, LL 1992-B, 18 - DJ, 1992-1-746; en el mismo sentido: Cámara Nacional de Ape-laciones en lo Civil y Comercial Federal, sala II, 1997/11/27, “Dos Reis, Joaquín y otros c. Empresa Fluvial y Comercial Vilas y Cía. S.A.”, LL 1998-B, 346 - DJ, 1998-2-769; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D, 1990/11/24, “M. c. S. de M.”, LL 1992-A, 439)

Asimismo, se ha agregado que “el perito está habilitado para dirigir su ejecución contra cualquiera de las partes y al margen de la imposición de cos-tas, precisamente porque él se ha desempeñado en calidad de auxiliar de la justi-cia, cuya consagración ha sido aspiración común de los litigantes. Esta es una circunstancia independiente de la responsabilidad final por las costas, reflejada en la condena respectiva y que se hará efectiva, en su caso, por vía de la acción de reembolso. Pero la posibilidad del recupero no cercena el derecho del perito de dirigir su pretensión de cobro contra cualquiera de las partes intervinientes en el pleito”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D, 1985/04/25, “Gow-da Ramachandra, B. c. Antín, Manuel y otros”, LL 1985-D, 517 - ED, 114-400) y que “la circunstancia de que las costas hayan sido impuestas al demandado, no obsta a que tanto los ex letrados de la actora como los peritos puedan perseguir el cobro de sus honorarios contra esa parte, dado que a los abogados ese derecho les es concedido por el art. 48 de la ley 21.839 al cesar en su actuación; en el caso de los peritos halla su fundamento en pacífica jurisprudencia que les reconoce la posibilidad de obtener el cobro de sus emolumentos tanto de la actora como de la demandada, con prescindencia de la forma en que hubieran sido impuestas las costas”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Fe-deral, sala IV, 1994/08/02, “Rolón, Marciano J. c. Estado Nacional -Estado Ma-yor General de la Armada-.”, LL1995-B, 128. - DJ, 1995-1-926).

IV.- Que cabe indagar la naturaleza jurídica de la obligación pre-vista por el art. 38 del C.P.C., debiendo analizarse, en primer término, la posibili-dad de que dicha obligación encuadre dentro de las denominadas obligaciones disyuntivas.

Estas obligaciones se establecen a favor de un acreedor indetermi-nado entre varios sujetos determinados, o a cargo de un deudor indeterminado entre varios sujetos, también determinados; esta clase de obligaciones surge de la aplicación de la idea de alternatividad a los múltiples sujetos, activos o pasivos, de la obligación.

La obligación disyuntiva es un crédito o una deuda, subordinado a la condición resolutoria de que reciba el pago “otro acreedor”, o satisfaga el obje-to debido “otro deudor”; llegado ese evento se consolida el título de la obligación a favor del acreedor que fue desinteresado, por fracaso de la condición resolutoria que lo amenazaba, así como se desvanecen los créditos de los otros acreedores por cumplimiento de la condición resolutoria que podía aniquilarlos. Igualmente, pagada la deuda por uno de los deudores, se extingue con relación a él por el efecto cancelatorio del pago y se esfuma con respecto a los demás deudores por el cumplimiento de la condición resolutoria que aniquila retroactivamente la exis-tencia de la deuda de ellos.

Cuando son varios los deudores en alternativa, no pueden ser todos ellos demandados conjuntamente ni subsidiariamente, pues, ello sería contradic-torio del título de la obligación que liga al acreedor con un solo deudor, el que él elija, cuya elección hace decaer el título a cobrar a los demás deudores.

Al tiempo de demandar, el acreedor tiene que pronunciarse y efec-tuar la elección: la demanda contra uno implica la elección del demandado, como deudor, y ello libera a los demás. No se justificaría que en esa contingencia pre-tendiera reservar el acreedor su derecho contra los demás, pues esa posibilidad excedería la virtualidad de su título que no se refiere a una obligación conjunta. (Llambías, Jorge Joaquín, “Tratado de Derecho Civil. Obligaciones”, Buenos Aires, Editorial Perrot, 1.970, Tomo II, pág. 391 y sgtes.)

En este tipo de obligaciones, no hay reintegro de lo pagado ni dis-tribución de lo recibido, lo que excluye el encuadre de la obligación analizada en el presente caso, en esta categoría jurídica, atento a la expresa previsión normati-va del art. 38 del C.P.C..

V.- Tampoco resulta normativamente acertado encuadrar la obliga-ción aquí analizada en el supuesto de obligación solidaria, definidas en el art. 699 del Código Civil, en estos términos: “la obligación mancomunada es solidaria, cuando la totalidad de objeto de ella puede, en virtud del título constitutivo o de una disposición de la ley, ser demandada por cualquiera de los acreedores o a cualquiera de los deudores.”

La estructura de la obligación solidaria hace surgir un frente común de acreedores o deudores; lo típico de esta clase de obligaciones es que cada in-dividuo de ese frente, en principio, goza de los derechos pertenecientes a un acreedor singular, o está sujeto a los mismos deberes que pesan sobre un deudor singular, con respecto a la totalidad del objeto debido.

En la obligación solidaria hay pluralidad de vínculos que relacio-nan a los deudores con los acreedores que hubiere, lo que se fundamenta en el interés común que ha presidido la constitución de la obligación a favor o a cargo de varias personas y que ha llevado a aglutinar los distintos vínculos personales para el mejor servicio de aquel interés.

Básicamente, la obligación prevista en el art. 38 del C.P.C. no es solidaria porque la solidaridad emana de la voluntad de las partes que han consti-tuido la obligación con esa característica concentrada, o de la ley, lo que, en el supuesto analizado, no ocurre. (Llambías, Jorge Joaquín, op. cit., Tomo II, pág. 478 y sgtes.)

VI.- Cabe establecer si se está frente a un supuesto de las denomi-nadas obligaciones concurrentes, que tienen un mismo acreedor e identidad de objeto, aunque diversidad de causa y de deudor, categoría que no se encuentra regulada en forma sistemática en el régimen del Código Civil.

A diferencia de la obligación solidaria que es una sola, aunque por su índole asociativa está constituida por varios vínculos que ligan interdependien-temente a cada deudor con cada acreedor, las obligaciones concurrentes son va-rias conjugadas entre sí por tener el mismo objeto y existir a favor del mismo acreedor.

En las obligaciones solidarias hay relaciones internas de los deudo-res entre sí, que se gobiernan por el principio de contribución, según el cual el solvens podrá recuperar parcialmente su desembolso mediante las acciones de regreso contra los demás obligados. En cambio, en las obligaciones concurrentes no juega el principio de contribución, y quien pague la deuda tendrá que soportar el peso de ella si fue el culpable de la constitución de la deuda, o bien, si así no fuere podrá volverse contra otro deudor para que éste lo reintegre la totalidad de su desembolso.

En las obligaciones solidarias la prescripción actúa con el efecto masivo con respecto a cualquier acreedor o deudor, salvo en lo referente a la sus-pensión; en cambio, en las obligaciones concurrentes, la prescripción actúa inde-pendientemente para cada deudor: la interrupción de la prescripción contra un deudor no afecta a los demás obligados.

Mientras la extinción de la deuda con respecto a un deudor implica la liberación de los demás deudores solidarios frente al acreedor, en el caso de las obligaciones concurrentes, la extinción de la deuda en principio no influye sobre las demás, pero si el pago agota el derecho del acreedor, ello puede dejar sin cau-sa a las otras deudas concurrentes: el acreedor no podría aprovechar un pago do-ble. (Llambías, Jorge Joaquín, op. cit., Tomo II, pág. 594 y sgtes.)

La jurisprudencia nacional ha dicho que “la facultad que tiene el perito oficial de perseguir sus honorarios de cualquiera de las partes, con prescin-dencia de la distribución de las costas generadas por su actuación cuando la mis-ma ha sido útil para ambas partes, no constituye un supuesto de obligaciones so-lidarias sino concurrentes, por lo que quien afronta el crédito del experto no pue-de invocar las reglas del pago por subrogación -art. 768 inc. 2°, Cód. Civil-, con-tando con una "actio in rem verso" contra el resto de los condenados en costas”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A, 2003/05/27, “M., S. A. c. P. de M., Z.”, LL 2003-D, 240); en términos semejantes, se ha resuelto que “el perito designado de oficio puede cobrar sus honorarios contra cualquiera de las partes, inclusive la vencedora en costas, sin perjuicio del derecho de ésta a repetir de la contraparte lo que hubiere abonado en exceso, por el criterio de la imposi-ción de las costas. Pero ello no importa una obligación solidaria, desde que la solidaridad no resulta de la ley. Es un supuesto de las llamadas obligaciones "concurrentes", que son las que tienen un mismo acreedor e identidad de objeto, aunque diversidad de causa y deudor”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala C, 1991/04/23, “Pallasá, Manuel c. Lucius de Mazzeo”, LL 1992-A, 168 - DJ, 1992-1-599 - JA, 1991-IV-134; en idéntico sentido: Cámara Nacio-nal de Apelaciones en lo Civil, sala A, 1997/06/03, “Centro de Suboficiales del Ejército y Aeronáutica c. Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Armadas”, LL 1997-E, 673 - DJ, 1997-3-1132).

También se ha sostenido que “las obligaciones del cliente y del condenado en costas hacia el abogado, no son solidarias, sino concurrentes, "in solidum" o convergentes, donde hay un mismo acreedor, identidad de objeto, diversidad de causa y de deudores, y en las que -a diferencia de la solidaridad- la vida de la prescripción no se propaga en la obligación convergente“ (del voto en disidencia del doctor Coviello) (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Conten-ciosoadministrativo Federal, sala I, 2001/10/30, “Inti Huasi S.A. c. La Nación y Puntual S.R.L.”, RCyS, 2001-VI, 50 - RCyS, 2001, 505)

VII.- Por último, se ha indicado que, conforme a los arts. 49 y 50 de la Ley 21.839, la obligación del cliente es accesoria, porque su razón de ser está dada por la existencia de la otra obligación principal, a cargo de la condena-da en costas, de la cual depende y a cuya suerte, como regla y salvo disposición expresa en contrario, está ligada. (art. 523 del Código Civil)

Una obligación es principal cuando su existencia, eficacia, validez, estructura externa y desenvolvimiento funcional, resultan absolutamente inde-pendientes de cualquier otro vínculo obligacional. En cambio, es accesoria aque-lla en que cualquiera de las facetas indicadas está indefectiblemente subordinada a otra obligación.

En materia de obligaciones plurales o múltiples, la regla o principio general es la independencia entre ellas. Las obligaciones principales y accesorias, son una excepción, ya que se da una interdependencia por accesoriedad.

De esa interdependencia deriva el principio “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”.

La accesoriedad puede ser tanto de origen voluntario como legal.

Mientras el art. 49 de la ley 21.839 dispone que “todo honorarios regulado judicialmente deberá pagarse por la parte condenada en costas dentro de los 30 días de notificado el auto regulatorio firme… en el supuesto de que dicho pago no se efectuare, el profesional podrá reclamar el pago al cliente”, el art. 50 establece que “en el caso del último párrafo del artículo precedente, el cliente no condenado en costas deberá pagar los honorarios dentro de los 30 días contados a partir de la notificación del reclamo del profesional”.

La obligación del cliente tendría por objeto asegurar el cumpli-miento de la obligación principal, y que es una especie de garantía para el pago de la retribución del profesional, establecida por la ley.

La sola circunstancia de que no se pueda invocar el beneficio de excusión tampoco altera su calidad de obligación accesoria; no transforma al cliente en deudor principal (art. 2.004).

Existen, por el contrario, dos obligaciones a favor del mismo acreedor y con un mismo objeto, y hay concurrencia de obligaciones, pero éstas son interdependientes, por ser la segunda accesoria de la primera. Esa interde-pendencia determina la propagación de efectos, desde la obligación principal hacia la obligación accesoria y no a la inversa.

Desde esta postura se sostiene que en la relación profesional-cliente, éste no es un obligado directo y autónomo; esta obligación no surge en forma directa e inmediata de la ley, sino que se encuentra sujeta a un requisito: la no efectivización del pago por el condenado en costas y la intimación del pago al cliente por los 30 días que prevé el art. 50 de la ley de aranceles, aunque para tener por cumplido el requisito no sea necesaria la previa excusión de los bienes del vencido o la demostración de su insolvencia.

Esa falta de autonomía de ambos vínculos se observa en el hecho de no ser posible para el acreedor ignorar la existencia del otro vínculo y dirigirse directamente contra su cliente, o aún más optar por perseguir únicamente al clien-te o al mismo tiempo a cliente y vencido, como sí le sería posible si se tratare de obligaciones concurrentes. Las obligaciones concurrentes nacen al mismo tiempo frente al acreedor y son totalmente independientes entre sí. (Silvestre, Norma Olga, “Las obligaciones del condenado en costas y del cliente frente al profesio-nal que representó a este último ¿obligación concurrente u obligación acceso-ria?”, en “Revista de Responsabilidad Civil y Seguros”, Buenos Aires, La Ley, 2.001, pág. 502 y sgtes.)

VIII.- Que más allá de lo expuesto anteriormente, en ocasiones, la jurisprudencia no ha podido soslayar que “resulta notoriamente injusto que con-vocado un perito a un juicio en el cual cumple íntegramente sus tareas, su dere-cho al cobro de honorarios resulte condicionado por la distribución de costas -que, en el caso, tendría lugar en otro proceso distinto-, pues ésta sólo debe tener fuerza vinculante para quienes fueron parte de él, sin que sea aceptable ni con-corde con las exigencias de la justicia que el régimen de los accesorios perjudi-que a un tercero, como lo es el experto”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala II, 1999/02/18, “Y.P.F.”, LL 2000-C, 387 - DJ, 2000-1-1054)

En la Provincia de Santa Fe, se ha resuelto que “la imposición de costas es indiferente para hacer nacer el derecho del perito a la regulación y al cobro de sus honorarios, en tanto puede exigirlo contra cualquiera de las partes o contra ambas y por la totalidad del monto justipreciado, salvo que concurra el supuesto legislado en el art. 198 del Cód. Procesal de Santa Fe”. (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, sala I, 1998/06/24, “D., A. R. c. Rodríguez Castelao, Alejandro”, LLLitoral, 199928, con nota de Eduardo J. A. Pagnacco)

IX.- Que, en el presente caso, no se discute la dificultad de encua-drar la previsión del art. 38 del C.P.C. dentro del cuadro clasificatorio de las obli-gaciones; si bien está claro que no se da en el caso ni una obligación disyuntiva ni una obligación solidaria, no puede soslayarse la duda que produce el encuadre de la situación analizada como una obligación concurrente o como una obliga-ción principal junto a una obligación accesoria, con los alcances precisados en los apartados anteriores.

Las dificultades interpretativas se agudizan si se tiene presente que el art. 282 ap. II del C.P.C. dispone, textualmente, que “la ejecución en contra del patrocinado, mandante o persona que propuso la medida que dio lugar al trabajo, o bien del condenado en costas, si el honorario estuviere incluido en dicha con-dena y en la proporción allí establecida a opción del ejecutante. Si el honorario fuera sólo parcialmente a cargo del condenado en costas, podrá ejecutarse a am-bos, en la proporción establecida en la sentencia o auto regulatorio.”

La nota a ese artículo reza: “El titular activo del crédito por honora-rios puede elegir entre el sujeto pasivo al cual se refieren los tres primeros enun-ciados y el último, es decir, entre el obligado civilmente y el obligado procesal-mente. Si ejecutara al obligado civilmente, éste podrá repetir en contra del con-denado en costas. Cuando la sentencia establece una condena en costas propor-cional, podrá ejecutar al condenado, por la parte a su cargo y al obligado civil-mente por lo demás. Cuando la condena es solidaria (art. 37), podrá ejecutar a cualquiera de los condenados o a todos (art. 705 Cód. civil)”

La Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Mi-nas de la Provincia ha dicho categóricamente: “La ejecución conjunta sólo la ad-mite la ley al finalizar el primer párrafo del inc. II del art.282 cuando señala que "si el honorario fuera sólo parcialmente a cargo del condenado en costas, podrá ejecutarse a ambos, en la proporción establecida en la sentencia o auto regulato-rio".” (Fallo del 14-06-2001, expediente Nº 27266 – “Montano, Sergio Antonio c/Atuel Fideicomisos S.A. p/Ejecución de honorarios”, LS 098-284)

De la interpretación literal de los arts. 38 y 282 del C.P.C., surge con claridad que el legislador quiso que el ejecutante dirigiera su acción en contra de uno de los obligados y no contra todos, en cuanto se hace referencia a una op-ción que debe practicar el acreedor.

Ahora bien, cabe preguntarse qué ocurre si, como en el caso, el acreedor dirige su pretensión en contra del que propuso la medida y contra el condenado en costas y ante el planteo por el proponente de la medida de una falta de legitimación sustancial pasiva, el actor desiste de la pretensión en contra del condenado en costas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “la excep-ción de falta de legitimación sólo puede oponerse cuando alguna de las partes no es titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión, con prescindencia de la fundabilidad de ésta.” (CSJN, 17/11/1.994, “P., D.D. c/Provincia de Buenos Aires p/Daños y Perjuicios”, ED163-815, con nota de Pe-dro Edgardo Margonari, “La legitimación procesal ante las obligaciones in soli-dum”)

De considerarse que en el caso existe una obligación concurrente, , es muy discutible, incluso, la validez constitucional de la previsión del art. 38 del C.P.C. y la necesidad de optar por uno u otro de los deudores por parte del acree-dor, cuestión que no ha sido planteada por las partes.

Además de lo expuesto, y sin ingresar a analizar la justicia o injus-ticia del régimen legal imperante, y menos pensar en el dispendio jurisdiccional a la que lleva la norma en cuestión, contrariando el principio de economía procesal, expresamente consagrado en el art. 46 inc. 3° del C.P.C., está claro que el de-mandado proponente de la medida carece de interés jurídico a los términos del art. 41 del C.P.C., pues no tiene de qué quejarse.

En definitiva, lejos de perjudicar al demandado la situación plan-teada en autos, lo beneficia; se agrega un deudor más a quien reclamarle el cobro del crédito.

Al dirigirse la acción contra los dos legitimados pasivos, ninguno de ellos estaría habilitado para deducir una falta de legitimación pasiva; piénsese que, a pesar de que no se haya ejercido la opción prevista por el art. 38 del C.P.C., ninguno de ellos podría deducir esa defensa, porque no podrían negar que son deudores de la obligación.

Por último, cabe aclarar que, habiéndose planteado una excepción de inhabilidad de título, ésta es, igualmente, improcedente, pues del título surge obligación exigible a los términos de lo dispuesto por el art. 282 del C.P.C., y no se comprueba falta de legitimación activa o pasiva entre las partes del proceso.

X.- En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto a fojas 36, debiendo confirmarse en todas sus partes el auto de fojas 34/35.

Sobre la primera cuestión, los Dres. Boulin y Viotti adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión el Dr. Ricardo Catapano Mosso dijo:

Las costas deben imponerse a la parte recurrente que resulta venci-da. (Arts. 35 y 36 C.P.C.). Así voto.

Sobre la segunda cuestión los Dres. Boulin y Viotti ad-hieren al voto precedente.

Con lo que se dio por concluido el presente acuerdo dictándose sentencia, la que en su parte resolutiva dice así:

SENTENCIA:

Mendoza, 6 de setiembre de 2.005.

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal

RESUELVE:

I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fojas 36, y en consecuencia, confirmar en todas sus partes el auto de fojas 34/35.

II.- Imponer las costas de alzada a la parte recurrente que resulta vencida. (Arts. 35 y 36 del C.P.C.)

III.- Regular los honorarios profesionales de los Dres. DIEGO G. RODRÍGUEZ AGÜERO en la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS CON 80/100 ($ 52,80), JUAN RAÚL MONTOYA en la suma de PESOS NUEVE CON 24/100 ($ 9,24) y GRACIELA M. F. DE GUERSI en la suma de PESOS TREINTA Y SEIS CON 96/100 ($ 36,96). (Arts. 2, 3, 15, 31 y concs. de la ley 3.641)

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