"Cada Cámara podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno "






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título"Cada Cámara podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno "
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Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra comisión de Asuntos Constitucionales ha considerado los expedientes S. 12/03, "Ibarra: proyecto de resolución excluyendo de la Cámara al Senador Barrionuevo por aplicación del artículo 66 de la Constitución Nacional", S. 33/03, "Curletti y Passo: proyecto de resolución excluyendo de la Cámara al senador Barrionuevo por aplicación del artículo 66 de la Constitución Nacional", S. 74/03, "Passo: solicita incorporar su firma al proyecto de resolución de la senadora Curletti por el cual se excluye de la Cámara al senador Barrionuevo por aplicación del artículo 66 de la Constitución Nacional", S. 83/03, "Gómez Diez y otros: proyecto de resolución excluyendo al senador Barrionuevo del cuerpo de conformidad con el artículo 66 de la Constitución Nacional", S. 92/03, "Colombo y otro: proyecto de resolución excluyendo al senador Barrionuevo del cuerpo en virtud del artículo 66 de la Constitución Nacional", S. 98/03, "Morales: solicita incluir su firma en el proyecto de la senadora Colombo sobre exclusión de este H. Cuerpo del senador por Catamarca José Luis Barrionuevo", y
VISTOS

Que mediante la resolución DR-05/03 del 7 de marzo de 2003 se encomendó a la comisión de Asuntos Constitucionales el examen de la actuación del señor senador Don José Luis Barrionuevo en ocasión de la frustrada elección provincial en Catamarca, el 2 de marzo de 2003, a fin de determinar si se encuentran reunidos los supuestos previstos en el artículo 66 de la Constitución Nacional para la exclusión del mencionado senador de este H. Senado, y
CONSIDERANDO
I- Que el artículo 66 de la Constitución Nacional en su parte pertinente establece que "Cada Cámara ... podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno..."
II- Que esta facultad se encuentra inserta dentro de los llamados privilegios parlamentarios que conforme lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación "son para asegurar no sólo la independencia de los poderes públicos entre sí, sino la existencia misma de las autoridades creadas por la Constitución" (Conf. T. 54, p. 461, en curso de Derecho Constitucional, Joaquín V. González, pág. 350).

Asimismo, estas potestades disciplinarias establecidas en el artículo 66 de la Constitución Nacional constituyen "elementales facultades inherentes a toda asamblea legislativa que en conjunto integran un privilegio colectivo esencial para el mantenimiento celoso de la dignidad y el honor del cuerpo" (Conf. Segundo Linares Quintana, en Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional, pág. 336)
III- Que la exclusión importa una sanción que puede imponer el cuerpo a uno de sus miembros, pudiendo quedar librada la determinación de su causal a la discrecionalidad de aquél.

Como explica Cushing "el poder de expulsar a un miembro es, naturalmente incidental a toda corporación conjunta, y especialmente a todos los cuerpos legislativos; los que sin ese poder no podrán existir honorablemente ni llenar el objeto de su creación. Es discrecional en su propia naturaleza; esto es, imposible especificar previamente todos los casos en los cuales un miembro debe ser expulsado" (Conf. Luther Cushing, "Ley Parlamentaria Americana", cit. T. 1, 625, p. 277, en Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional, Segundo V. Linares Quintana, pág. 337)

Asimismo, según Bidegain a diferencia de los casos de corrección y remoción, los de exclusión no están referidos a una causa más o menos definida. Es la medida disciplinaria más grave y así lo destaca la propia norma cuando dice que puede hasta excluirse de su seno. Debe haber razonablemente una correspondencia entre la gravedad de la sanción y la conducta involucrada, pero su apreciación queda librada al criterio de la Cámara, sin otra limitación que la mayoría especial de los dos tercios que requiere su aplicación (Conf. Dip. Jorge Vanossi, Diario de Sesiones, H. Cámara de Diputados de la Nación, pág. 5556).
IV- Que la exclusión comporta consecuencias gravísimas de orden institucional, al privar a un sector del pueblo de la Nación de un representante elegido mediante su voto, por lo que ha de entenderse que la exclusión únicamente corresponde en los casos extremos en que, real, efectiva y verdaderamente, la conducta de un miembro haya comprometido gravemente el prestigio y decoro del cuerpo, y luego de acreditarse debidamente los hechos y de respetarse ampliamente el derecho de defensa del legislador acusado (Conf. Segundo Linares Quintana, op. cit. pág. 337. En igual sentido respecto del debido derecho de defensa del legislador acusado se expresa Germán Bidart Campos, Tratado de Derecho Constitucional, Tomo II, pág. 133).
V- Que dada la trascendencia de la potestad que tiene este cuerpo, es necesario que ésta se ejerza con firmeza, porque no sólo se encuentra en juego la credibilidad del pueblo en las instituciones, sino también la confiabilidad de la sociedad en esta Cámara en particular.

"El compromiso democrático pesa sobre todos los ciudadanos, pero sobre el Poder Legislativo gravita de una manera especial. Los miembros de este poder han sido elegidos por el soberano para la gestión y defensa de sus intereses, de manera que sobre ellos se potencia la responsabilidad en la defensa de los principios e instituciones democráticas" (Conf. O.D 50/02 H. Cámara de Diputados, pág. 5, informe dictamen de mayoría recomendando la exclusión de la Dip. Norma Ancarani de Godoy).
VI- Que resulta necesario aclarar, tal cual lo expresó la senadora Cristina Fernández de Kirchner durante la reunión que esta comisión celebró el 11 de marzo del corriente, "que estamos ante una de las facultades disciplinarias del poder sobre sus propios miembros" (Conf. versión taquigráfica de fs. 1053).

Por lo tanto, es importante señalar que la comisión de Asuntos Constitucionales ha tenido bien claro que no se trataba del ejercicio de una actividad jurisdiccional, que no debía dilucidar un proceso penal, sino un procedimiento para poner en funcionamiento la competencia que le confiere al cuerpo el artículo 66 de la Constitución Nacional. "Si existen o no delitos, debe ser la justicia la encargada de obrar y discernir en consecuencia". (Conf. O.D 542/02 H. Cámara de Diputados de la Nación, pág. 1, informe dictamen de mayoría recomendando la exclusión del Dip. Julio Moisés).

"Aquí no hay acusación; aquí no hay defensa penal, tampoco prueba penal, aquí no hay sentencia de juez ni hay tampoco un juicio en lo penal... Estamos en materia disciplinaria". (Conf. Dip. Jorge Vanossi, Diario de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, pág. 5552)

Consecuentemente, "esta comisión no está obligada ni debe formular ningún cargo. Los hechos y acontecimientos que tiene bajo su juzgamiento constituyen una serie de actos del orden de los que corresponden al juzgamiento como juicio de valor de una conducta humana; son hechos ostensibles, públicos y notorios, y la comisión no celebra ni un acto equivalente a un juicio político de los magistrados que prevé la Constitución ni es una comisión investigadora" (Conf. Senador Raúl Baglini, reunión de comisión de fecha 11 de marzo de 2003, fs.1054)
VII- Que corresponde entonces en ejercicio de las facultades disciplinarias que la Constitución Nacional le confiere a esta Cámara y en virtud de la resolución DR- 05/03, abocarse a la tarea de examinar si la conducta pública del senador José Luis Barrionuevo en ocasión de la frustrada elección provincial en Catamarca, del día domingo 2 de marzo de 2003, reúne los requisitos previstos en el artículo 66 de nuestra ley fundamental para excluirlo de este cuerpo.

VIII- Que a fin de sustanciar el tratamiento de esta cuestión, la comisión de Asuntos Constitucionales estableció un procedimiento que posibilitó reunir elementos de convicción que permitieron analizar la conducta del senador Barrionuevo y garantizar también su debido derecho de defensa.

Al respecto, resulta importante señalar que el procedimiento establecido por los miembros de la comisión tuvo un propósito meramente organizativo, con el objeto de permitir desarrollar ordenadamente la tarea encomendada. No se fijaron plazos perentorios y el criterio para producir y recepcionar la prueba fue amplio. En este sentido la señora senadora Cristina Fernández de Kirchner ha dicho que "esta presidencia entiende que hay únicamente dos plazos improrrogables, que son el martes 25 para reunirse la comisión y emitir dictamen y el del 26 en el que los setenta senadores deberán estar sentados en sus bancas para emitir opinión". (Conf. versión taquigráfica del 18 de marzo de 2003 de fs. 1491).

Como consecuencia de lo resuelto, en primer término se fijó hasta el día viernes 14 de marzo de 2003 a las 12:00 horas para que los señores senadores realicen el ofrecimiento de toda la prueba que estimen conducente y para que la comisión pueda proceder a la recepción de las mismas.

El descargo del senador Barrionuevo se estableció para el día martes 18 de marzo de 2003, a las 17:00 horas. Asimismo, se le hizo saber que podía realizarlo en forma verbal mediante su comparecencia a la reunión de comisión fijada para esa fecha, o por escrito haciéndolo llegar a la Presidencia de la comisión en igual término (Ver constancia de fs. 961)

Por último, se fijó el día martes 25 de marzo del corriente, a las 16:00 horas para la consideración y firma del dictamen de comisión.

Asimismo, el día 11 de marzo del 2003, luego de la reunión de comisión, se le envió al senador Barrionuevo una notificación haciéndole saber que se encontraba a su disposición en la secretaría de esta comisión la totalidad de la documentación obrante en la misma relacionada con el tema en análisis y que podía concurrir de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 19:30 horas (Ver constancia de fs. 947)
IX- Que "La publicidad es necesaria como freno a un poder del que es muy fácil abusar" (Conf. Jeremy Bentham, "Tratado de pruebas judiciales", T. I, pág. 143)

De esta manera como garantía de la transparencia de este procedimiento es esencial señalar que la comisión ha actuado en forma pública, cumpliendo acabadamente lo normado en el artículo 98, segundo párrafo del reglamento de esta H. Cámara, garantizando el ingreso no sólo de los senadores que quisieron participar sino también de todas las personas interesadas en presenciar sus deliberaciones, como asimismo del propio senador Barrionuevo que fue notificado de todas las reuniones (Conf. constancia de fs. 1230, 1369 y 1695).

En igual sentido, la senadora Ibarra señaló: "Respecto de la transparencia quiero decir que ésta la determina la publicidad en la cual estamos procediendo en forma abierta. Esto es público, aquí tenemos acceso no sólo los senadores, los medios de prensa, también el propio senador que se encuentra involucrado y requerido por los pedidos de exclusión que tiene" (Conf. versión taquigráfica reunión de comisión de fecha 11 de marzo de 2003, fs. 1059)
X- Que en función del procedimiento indicado en el considerando VIII se ha recibido la siguiente prueba documental: Antecedentes, seguimiento y repercusiones de los comicios de Catamarca publicados en medios periodísticos gráficos, televisivos y radiales remitidos por la Dirección de Prensa de esta Cámara (Fs. 41/599), copia de las distintas actuaciones judiciales vinculadas a la impugnación de la candidatura a gobernador del senador Barrionuevo, oficialización de listas, acción declarativa de certeza y amparo (justicia local y federal), videos aportados por la senadora Marita Colombo, Amércia TV, Canal 13 TN, Telefe, Canal 7 y por el Programa Kaos, artículos periodísticos de diarios de Catamarca, informe del Tribunal Electoral de Catamarca sobre las urnas utilizadas en las elecciones del día 2 de marzo de 2003, urna y fajas de seguridad utilizadas en los comicios del día 2 de marzo de 2003 enviadas también por el Tribunal Electoral de Catamarca (Fs. 1122/25), informe producido por la Secretaría de Seguridad de Catamarca sobre los detenidos y hechos producidos el 2 de marzo de 2003 (Fs.1193/99), y dictamen del Procurador General de la Nación relacionado con la cuestión de competencia elevada por la justicia de Catamarca a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fs. 1096/1101).

Asimismo, a solicitud del señor senador Barrionuevo (Fs. 1190) se invitó para que concurran a la reunión de comisión fijada para el día 18 de marzo del corriente al Dr. Aldo Nieva y al Sr. Abel Frutos, y para la reunión prevista para el día 19 de marzo del corriente al Dr. Hugo Argerich, al Dr. Rubén Manzi y al Señor Ministro del Interior Dr. Jorge Matzkin (Fs. 1190). También solicitaron la presencia del señor Ministro del Interior los senadores Escudero, Menem y Negre de Alonso (Conf. constancias de fs. 1069, 1074 y 1490)

Además a solicitud de la senadora Colombo fue invitada a la reunión de comisión celebrada el día 18 de marzo del corriente la periodista del Programa Kaos, María Julia Oliván y remitidos diversos oficios a la justicia de Catamarca.

También, a pedido del senador Barrionuevo (Fs. 1190) se remitieron oficios a todos los Juzgados y Fiscalías con competencia penal de Catamarca a fin de que informen la existencia de causas en trámite relacionadas con los incidentes ocurridos durante los comicios del día domingo dos de marzo del corriente y que en tal caso, remitan número de expediente, carátula, nombre, profesión y domicilio de las personas que se encontraron o se encuentran detenidas actualmente como consecuencia de dichos hechos (Ver constancias de fs. 1209/17, 1220, 1243/45, 1246/47, 1249/58, 1262, 1266/68)
XI- Que en este marco, resulta importante señalar que el señor senador Barrionuevo ejerció plenamente su derecho de defensa retirando copia de las actuaciones y videos existentes (Ver constancias de fs. 964, 1087, 1207, 1228, 1229 y 1293) solicitando la citación de personas (Ver constancias de fojas 1190, 1277, 1298 y 1370), aportando documentación (Ver constancias de fojas 1417/19, 1421, 1424/25, 1579/1648, 1653/54, 1655/1668), no sólo en los días y horas previos al horario fijado para la celebración de las reuniones sino también durante el desarrollo de éstas, acompañando pliegos de preguntas para los testigos y formulando impugnaciones sobre las distintas pruebas existentes en el expediente (Ver constancias de fs. 1321). Además, a los testigos se les permitió aportar toda aquella documentación que considerasen necesaria para consolidar los dichos sostenidos en sus declaraciones (Ver constancias de fs. 1335/1365, 1377/1393, 1397/11416) .

Asimismo, hizo uso de la facultad de presentar su descargo por escrito el día martes 18 de marzo de 2003, acompañando dos escritos, diecisiete anexos documentales y un video con imagen y audio, que fueron entregados por el Dr. Jorge Moreno, quien se presentó públicamente como vicepresidente del Partido Justicialista de la Provincia de Catamarca y asesor del senador Barrionuevo. Además, acompañó dos urnas que fueron usadas en distintas elecciones internas del Partido Justicialista y un informe detallando las características de cada una de ellas y estableciendo las diferencias con las urnas utilizadas para la elección del día 2 de marzo de 2003 (Fs. 1417/20).

En este orden de cosas y con el objetivo de no poner limitación alguna al derecho de defensa del senador Barrionuevo, durante la reunión de comisión de fecha 19 del corriente, se le permitió a su asesor, Dr. Jorge Moreno, participar conjuntamente con el resto de los senadores de la reunión, teniendo la posibilidad de formular preguntas a las personas convocadas para esa fecha.
XII- Que el resto de los senadores integrantes de esta comisión como así también los demás integrantes del cuerpo, han podido tomar vista de todas las actuaciones, sacar fotocopias, obtener copia de los distintos videos, en forma personal o por intermedio de sus asesores. (Conf. constancias de fs. 967, 1092, 1093, 1094, 1710/11/12 y 1713)

Asimismo, también han podido ver por el circuito cerrado de esta Cámara los videos aportados tanto por el senador Barrionuevo, como por la senadora Colombo y los enviados por los distintos medios, y a solicitud de distintos asesores, fueron además exhibidos en el seno de esta comisión los videos precedentemente indicados.
XIII- Que en su descargo presentado por escrito el día 18 de marzo de 2003, el senador Barrionuevo afirmó que hubo proscripción del Frente Justicialista con fundamento en la elaboración de un plan electoral definido por el frente gobernante que incluía el beneplácito de la Justicia Electoral y una campaña de desprestigio en contra de los referentes del Justicialismo; y que la reacción popular y protesta cívica del día 2 de marzo de 2003 fue una derivación "espontánea" (SIC) de la mencionada proscripción.
XIV- Que en orden a este planteo defensivo, corresponde que la comisión se expedida al respecto.
XV- Que con relación al argumento esgrimido por el senador Barrionuevo acerca de la existencia de proscripción del Frente Justicialista mediante el beneplácito de la justicia, resulta necesario, a fin de analizar la cuestión, hacer una reseña de todas las actuaciones judiciales. De la prueba instrumental obrante en la comisión surge que:

Con fecha 30 de enero de 2003, los apoderados del Partido Justicialista distrito electoral de Catamarca, dedujeron acción declarativa de certeza ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la provincia de Catamarca, a fin de obtener la declaración de certeza acerca de si el Sr. José Luis Barrionuevo se encontraba habilitado para ser elegido Gobernador conforme al artículo 131 de la Constitución Provincial. Cuestionaron la validez del inciso 5° de dicho artículo y solicitaron que se declare su inconstitucionalidad por considerarlo violatorio de los artículos 1, 5, 8, 16, 31, 33, 75 inciso 32, 90 y 128 de la Constitución Nacional, de los artículos 1, 2, 23, 24, 25, 27 y 28 del Pacto de San José de Costa Rica -ley 23.054- y de los artículos 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Dos días después, el 1 de febrero de 2003, el Partido Socialista Democrático, el Partido Socialista Popular y el Partido Unidad Catamarqueña, por intermedio de sus apoderados, se presentaron ante el Juzgado Electoral y de Minas de Catamarca e impugnaron la candidatura a Gobernador de la Provincia del senador nacional José Luis Barrionuevo postulado por la Alianza Frente Justicialista, en las elecciones convocadas para el 2 de marzo de 2003. Fundaron la impugnación en el hecho de que el senador Barrionuevo no reunía el requisito de residencia de cuatro años en la provincia establecido por el artículo 131 inciso 5° de la Constitución local. (Expediente Nº 42/03, “Sres. Lucía Martínez, Alejandro Galíndez y Oscar del Valle Carrizo s/impugnación a la candidatura a Gobernador del Senador Nacional José Luis Barrionuevo”). (Fs. 609/15)

El juez electoral resolvió, con fecha 10 de febrero de 2003, hacer lugar a la impugnación planteada en contra de la candidatura a Gobernador de la Provincia, del Sr. José Luis Barrionuevo, postulado por la Alianza Frente Justicialista por no reunir el requisito dispuesto por el artículo 131 inciso 5° de la citada norma fundamental provincial. Asimismo, dispuso que en el término de 48 horas, la Alianza Frente Justicialista postule otro candidato que reúna las condiciones del artículo mencionado. (Fs. 763/67)

Por otro lado y casi simultáneamente con las acciones hasta acá indicadas, entre el 10 y el 14 de febrero de 2003, el candidato impugnado promovió acción de amparo, en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional y de la ley 16.986 ante el Juzgado Federal con competencia electoral de Catamarca, con fundamento en que la sentencia del juez provincial lesionaba y restringía, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos que le reconocen y garantizan la Constitución Nacional y los pactos de San José de Costa Rica e Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En tal sentido, requirió que se declare la inconstitucionalidad del inciso 5° del artículo 131 de la Constitución Provincial a fin de evitar proscripciones que impliquen una discriminación en su contra y solicitó, a la vez, la concesión de una medida cautelar de no innovar.

Mientras tanto, con fecha 13 de febrero de 2003 los apoderados del Partido Justicialista distrito electoral de Catamarca, apelaron el fallo de primera instancia por considerarlo arbitrario en la valoración de la prueba aportada y porque entendieron que efectuaba una interpretación restrictiva de la ley que lo descalifica como acto jurisdiccional válido. (Ver fs. 773)

A su vez y en esa misma fecha, en el expediente Nº39/03, “Alianza Frente Justicialista s/oficialización de listas”, se emitió la primer sentencia de oficialización de lista con excepción de la categoría de gobernador (toda vez que el Sr. José Luis Barrionuevo fue impugnado por Resolución de fecha 10-02-03 en autos Expte. Nº42/03). (Ver fs. 838)

Con fecha 14 de febrero de 2003, el Juez Federal de Catamarca, en contra del dictamen del Fiscal1, hizo lugar a la medida precautoria y ordenó, tanto al magistrado electoral provincial como al Tribunal Electoral de la Provincia, que se abstengan de dar ejecutoriedad al fallo de primera instancia hasta tanto se resuelva el fondo del asunto. (Ver fs. 1168). Notificado dicho pronunciamiento al Tribunal Electoral de Catamarca, con fecha 15 de febrero de 2003 éste rechazó la resolución del Juez Federal por ser un acto judicial manifiestamente inconstitucional e inoponible a la Provincia de Catamarca, considerando que se extralimitó en el ejercicio de su competencia e invadió una cuestión propia de los jueces locales. Ratificó la perfecta y plena facultad de la Junta Electoral de la Provincia de Catamarca y del Sr. Juez Electoral de grado, como única autoridad, respecto del contralor de las elecciones convocadas por el gobierno de la Provincia para el día dos de marzo de 2003 y resolvió elevar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (Ver fs. 797)

Entre tanto, en esa misma fecha, 15 de febrero de 2003, el Frente Justicialista solicitó que se oficialice la boleta como se encontraba presentada (esto es con la inclusión del Sr. Barrionuevo) aduciendo que la sentencia que hizo lugar a la impugnación de la candidatura del Sr. Barrionuevo se encontraba apelada, habiendo sido concedido el recurso con efecto suspensivo, y que con fecha 14-02-03 el Juzgado Federal Electoral dictó una medida cautelar ordenando al Tribunal Electoral que oficialice la mentada candidatura. (Ver fs. 846)

El Tribunal Electoral con fecha 17 de febrero de 2003, no hizo lugar a lo solicitado toda vez que "la boleta presentada no puede ser oficializada, habida cuenta de que el postulante al cargo de gobernador no ha sido oficializado como tal y que siendo el proceso electoral una concatenación de actos coherentes no puede oficializarse si el acto precedente -oficialización de candidaturas- no fue realizado con respecto al Sr. Barrionuevo, por lo que no hay candidato oficializado para la categoría de gobernador". Consecuentemente, el Tribunal tuvo por oficializada la boleta acompañada en las restantes categorías de candidatos postulados. Es decir, oficializó parcialmente la boleta de la Alianza Frente Justicialista, exceptuando la categoría de candidato a gobernador propuesto. (Ver fs. 848)

Por su parte, ese mismo día, el Tribunal Electoral de Catamarca, de conformidad con el dictamen del Procurador General de la Corte local de fecha 14-02-03, rechazó el recurso interpuesto y confirmó in integrum el fallo de grado. Concluyó que el recurso de apelación interpuesto "no puede acogerse favorablemente porque ni aún en el mejor de los supuestos interpretando la prueba a favor del impugnado, se encuentra desvirtuada la presunción legal que genera el domicilio electoral del candidato a Gobernador, Sr. Barrionuevo, por lo que debe concluirse que reside en la provincia de Catamarca desde el 22-02-02 (fecha en la que formalizó el cambio de domicilio), no reuniendo entonces el requisito exigido por el inciso 5° del artículo 131 de la Constitución Provincial". (Ver fs. 788)

Con fecha 18 de febrero de 2003, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró incompetente para conocer en la acción declarativa de certeza incoada por los apoderados del Partido Justicialista distrito electoral de Catamarca, por entender que la materia del pleito versaba sobre cuestiones propias del derecho provincial. (Ver fs. 1148)

El 19 de febrero de 2003, el Frente Justicialista interpuso recurso extraordinario federal contra la sentencia del Tribunal Electoral que rechazó la apelación. (Ver fs. 799)

Con fecha 22 de febrero de 2003, el Tribunal Electoral de la Provincia rechazó in límine la presentación de los apoderados de la Alianza Frente Justicialista por la cual solicitaron suspensión, prórroga y fijación de nueva fecha para los comicios del próximo 02-03-03. Ello, "por cuanto conforme al artículo 144 de la Constitución Provincial, el Poder Ejecutivo es quien convoca a elecciones en el término que la ley determine y, en caso de que no cumpliera con esta obligación, recién hará esta convocatoria el Tribunal Electoral en concordancia con lo dispuesto por los artículos 28 y 29 de la Ley Electoral provincial Nº 4628". (Ver fs. 915)

El Tribunal Electoral de la provincia con fecha 26 de febrero de 2003 declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto, de conformidad con lo dictaminado por el Representante del Ministerio Público el 24 de febrero de 2003. (Ver fs. 880 y 887)

Con fecha 27 de febrero de 2003, el Tribunal Electoral de la provincia en los autos Expte. Nº 39/2003, “Alianza Frente Justicialista s/Oficialización de listas de candidatos” por sentencia interlocutoria Nº4, intimó a la Alianza Frente Justicialista en plazo perentorio (que vencía a las 22 horas de ese mismo día) para que presenten las boletas respectivas en forma, bajo apercibimiento de tener por decaído el derecho que le asiste conforme el artículo 45 inciso 4° de la Ley Electoral. El Tribunal señaló que "la constante prórroga, a solicitud de la Alianza Frente Justicialista, de los plazos para presentar las boletas en legal forma para su aprobación que se ha postergado sucesivamente desde el día 24-02-03, causa un perjuicio al electorado en cuanto crea incertidumbre respecto de la aprobación de la boleta de sufragio en relación a los candidatos oficializados". Agregó que "se encuentra imposibilitado de aprobar, a los fines del comicio, los modelos de ejemplares impresos de boleta de sufragio presentados por la Alianza Frente Justicialista respecto de los candidatos oficializados, toda vez que se incorpora en los mismos al Sr. Barrionuevo, cuya candidatura no se encuentra oficializada por Resolución de fecha 17-02-03". Expresó asimismo que "la Alianza Frente Justicialista tiene la posibilidad de reemplazar el candidato impugnado y a la vez, el Tribunal, de saber si ese candidato reúne los requisitos de la Ley Electoral", por lo que procede a la intimación ut-supra mencionada. (Ver fs. 921)

Esta intimación es rechazada por los apoderados del Frente Justicialista (por presentación obrante en expediente: “Nº39/03, “Alianza Frente Justicialista s/Oficialización de listas de candidatos"") -(Ver fs. 852)- y el Tribunal Electoral de Catamarca resolvió entonces rechazar en todas sus partes dicho planteo por ser manifiestamente improcedente. El Tribunal dijo que "las boletas de sufragio de los presentantes, en las que se encuentra incluido el Sr. Barrionuevo, no pueden aprobarse ni ser incluidas en las urnas, conforme a lo establecido por el artículo 43 de la ley electoral provincial, en razón de que en las mismas se consigna al candidato impugnado". Agrega que "la boleta que fuera oportunamente presentada por la Alianza Frente Justicialista fue parcialmente oficializada con excepción de la categoría de candidato a gobernador, notificada el 18 de febrero de 2003 (Ver fs. 848 vta.) y al no haber sido objeto de recurso alguno, se encuentra firme y consentida". El Tribunal dijo también que respecto al planteo sobre una supuesta medida de no innovar dictada por el Juez Federal con competencia electoral, "nada cabe agregar a lo ya dicho por este Tribunal en autos caratulados “Notificación remitida por el Sr. Juez Federal con competencia electoral en autos Expte. Nº42/03 caratulados “José Luis Barrionuevo c/Juez Electoral y de Minas de la Provincia”" en concordancia con el pronunciamiento del Máximo Tribunal de la Nación del 18/02/03" (en el que se declaró incompetente para conocer en la acción declarativa de certeza). Por último, el Tribunal dijo que "el Juez Federal Electoral creó un conflicto de poderes, lo que hace inoponible la cautelar intentada" y en consecuencia ratificó “que las únicas autoridades de contralor en las elecciones de carácter local son el Juez de grado y este Tribunal Electoral Provincial”. (Ver fs. 855)

A su vez, el 28 de febrero de 2003, el Juez Ad-Hoc del Juzgado Federal de Catamarca, Dr. Ricardo Antonio Moreno2, notificó al Tribunal Electoral de Catamarca la resolución de fecha 14/02/03 e intimó (de conformidad con lo dispuesto por el artículo 193 del CPCCN) al Juzgado Electoral de Minas de Catamarca y al Tribunal Electoral de Catamarca, para que "en el término de 24 horas de notificado, dé cumplimiento con la medida cautelar dictada por este Tribunal mediante la resolución mencionada y bajo apercibimiento de aplicar el artículo 239 del Código Penal".

Ante esta intimación, el Tribunal Electoral en auto interlocutorio Nº06/03 del 28 de febrero de 2003, consideró que el Juez Federal subrogante con competencia electoral reiteró una medida que había sido declarada inoponible al Tribunal Electoral Provincial, creando un conflicto de poderes que fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para su resolución y que los efectos de esa inoponibilidad se mantenían vigentes hasta el momento. Resolvió entonces devolver el oficio y, ante el avasallamiento a la autonomía provincial, hacer saber al Sr. Presidente de la Nación, al Sr. Ministro del Interior y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (Ver fs. 1184)

El mismo 28 de febrero de 2003, los apoderados del Frente Justicialista interpusieron recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Electoral de Catamarca de fecha 17-02-03 (que rechazó el recurso de apelación planteado contra la sentencia de primera instancia del juez electoral, confirmándola in integrum).

Entre tanto y con fecha 28 de febrero de 2003, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la queja deducida contra la denegación del recurso extraordinario. La Corte dijo que "el Tribunal que dictó la sentencia contra la que se dirigió el recurso extraordinario no es el Tribunal Superior de la causa según el artículo 14 de la ley 48".

Con fecha 2 de marzo de 2003, el Tribunal Electoral de la Provincia resolvió suspender el acto eleccionario de ese día. Consideró para ello la solicitud del Sr. Gobernador de la Provincia y de algunos de los Partidos Políticos intervinientes en los comicios de suspender el desarrollo de los mismos, con fundamento en la situación de inseguridad creada por dirigentes y militantes del Frente Alianza Peronista, “piquetes” armados, destrozos de establecimientos educacionales, urnas, actas, documentación y demás útiles, lesiones y agresiones a autoridades electorales y sufragantes, que ponen en serio riesgo la integridad de la población y de los bienes públicos, alterando la paz social por tales hechos de dominio público. Agregó, que "no obstante encontrarse habilitadas aproximadamente un sesenta (60%) de las urnas en el territorio de la provincia, resultaba aconsejable suspender los comicios hasta tanto se arbitraran las medidas conducentes para garantizar la seguridad del acto electoral y la reposición del material destruido" (Ver fs. 924)

El 11 de marzo de 2003, el Procurador General de la Nación emitió dictamen entendiendo que "la justicia provincial de Catamarca es la que resulta competente" en el caso en cuestión. Adujo que el amparo iniciado ante la Justicia Federal con competencia electoral "no corresponde a la competencia de ese fuero de excepción, toda vez que la nuda violación de garantías constitucionales provenientes de autoridades de provincia no sujeta por sí sola las causas que de ella surjan al fuero federal, salvo cuando se invoque violación de garantías constitucionales por o contra autoridad nacional, no dándose esta circunstancia en la causa en análisis ya que la pretensión de amparo se dirige contra un acto de autoridad provincial, la sentencia del Juzgado Electoral y de Minas de Catamarca, lo que excluye la competencia de la Justicia Federal" (Ver fs.1096/1101).

Con fecha 21 de marzo de 2003, la Corte de Justicia de Catamarca rechazó el recurso de casación interpuesto por los apoderados del Frente Justicialista con fecha 28-02-03. La Corte dijo, entre otras cosas, que no estaba configurada en autos la gravedad institucional invocada por los recurrentes en tanto no se “demuestra cómo y por qué, el trámite regular y normal de impugnación del candidato de un partido pudiera vulnerar de alguna manera el funcionamiento, vigencia o participación efectiva de tal representación política en una compulsa electoral, y mucho menos, cómo la inhabilitación legal de un candidato de los muchos propuestos en un proceso electoral, pudiera poner en cuestión instituciones fundamentales del régimen republicano o los intereses comunitarios en general; tal déficit lleva a considerar que por el contrario la cuestión no excede el mero interés de parte [...] que la habilitación del recurso de casación por vía de arbitrariedad para la revisión de cuestiones de hecho y prueba sólo es posible por vía de excepción cuando el judicante ha incurrido en absurdo” [...]. Agrega que ello no se configura en la sentencia recurrida por cuanto “la labor valorativa del tribunal de grado aparece como una actuación regular, integral y coordinada de los distintos elementos incorporados en autos dentro del límite del prudente arbitrio otorgado a los jueces de grado por ley [...] mostrando entonces los agravios de parte que se analizan una mera discrepancia subjetiva en relación a la valoración y conclusiones a las que arriba el tribunal de grado”[...] que lo resuelto por el juez de grado “trae aparejado únicamente el cambio de candidato de un cargo electivo perfectamente sustituible y que ello no tiene ninguna implicancia en el resto de la lista de candidatos y, menos aún, incidencia alguna en la participación del partido en las elecciones”.
XVI- Que de las diversas actuaciones judiciales reseñadas precedentemente, no surge que el senador Barrionuevo ni que los demás candidatos del Frente Justicialista hayan sido víctimas de proscripción por parte de una justicia "complaciente" con el gobierno de Catamarca, ya que:
a- No puede hablarse de proscripción cuando no se cumplen los requisitos que la Constitución Provincial de Catamarca establece para ser elegido gobernador o vicegobernador, en tanto esos requisitos se refieren a edad y residencia; y más aún, cuando a su vez están estipulados también en doce constituciones provinciales más. Distinto sería el caso, si se tratara de la exigencia de requisitos vinculados al credo, raza o religión de los candidatos, que de acuerdo a lo previsto en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales con rango constitucional incorporados a nuestra legislación, podrían ser considerados discriminatorios.
b- El artículo 36 de la Ley Electoral provincial establece que los partidos registrarán ante el juez electoral la lista de candidatos públicamente proclamados, quienes deberán reunir las condiciones propias para el cargo para el cual se postulan y no estar comprendidos en ninguna de las inhabilidades legales.

c- Surge claramente que se oficializaron todas las candidaturas del Frente Justicialista, excepto la correspondiente al cargo de gobernador; que la justicia electoral otorgó a los apoderados del Partido Justicialista la posibilidad de reemplazar al candidato no oficializado; que pese a ello, el Frente Justicialista insistió en seguir presentando como candidato a gobernador a quien había resultado inhabilitado conforme las normas legales que rigen la materia; que en consecuencia la justicia electoral oficializó la boleta en forma parcial y otorgó sucesivas prórrogas para que el defecto fuera subsanado; que la sentencia que oficializó parcialmente la boleta quedó firme al no haber sido presentado recurso alguno en su contra y que las boletas nunca fueron presentadas en legal forma.
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