Codigo procesal civil y comercial ~ texto ordenado






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Art. 27.- Trámite de la recusación de los jueces de primera instancia.- Pasados los antecedentes, si la recusación se hubiese deducido en tiempo y con causa legal, el Tribunal de alzada, siempre que del informe elevado por el juez resultare la exactitud de los hechos, lo tendrá por separado de la causa.

 

 

Si los negare, el Tribunal de Alzada podrá recibir el incidente a prueba, y se observará el procedimiento establecido en los artículos 24 y 25.

 

 

Art. 28.- Efectos.- Si la recusación fuese desechada, se hará saber la resolución al juez subrogante a fin de que devuelva los autos al juez recusado.

 

 

Si fuese admitida, el expediente quedará radicado ante el juez subrogante con noticia al juez recusado aún cuando con posterioridad desaparecieren las causas que la originaron.

 

 

Cuando el recusado fuese uno de los jueces de la Corte de Justicia o de las cámaras de apelaciones, seguirán conociendo la causa él o los integrantes o sustitutos legales que hubiesen resuelto el incidente de recusación.

 

 

Art. 29.- Recusación maliciosa.- Desestimada una recusación con causa, se aplicarán las costas y una multa de hasta el monto máximo del sueldo básico de un juez de primera instancia para cada recusación, si ésta fuere calificada de maliciosa por la resolución desestimatoria. El importe de la multa será dividido por mitades a favor de la otra parte y de la jurisdicción.

 

 

Art. 30.- Excusación.- Todo juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo podrá hacerlo cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza.

 

 

No será nunca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en cumplimiento de sus deberes.

 

 

Art. 31.- Oposición y efectos.- las partes no podrán oponerse a la excusación ni dispensar las causales invocadas. Si el juez que sigue en el orden del turno entiende que la excusación no procede, se formará incidente que será remitido sin más trámite al tribunal de alzada, sin que por ello se paralice la sustanciación de la causa.

 

 

Aceptada la excusación, el expediente quedará radicado en el juzgado que corresponda, aun cuando con posterioridad desaparecieren las causales que la originaron.

 

 

Art. 32.- Falta de excusación.- Incurrirá en la causal de "mal desempeño", en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, el juez a quien se probare que estaba impedido de entender en el asunto y a sabiendas haya dictado en él resolución que no sea de mero trámite.

 

 

Art. 33.- Ministerio público.- Los funcionarios del ministerio público no podrán ser recusados. Si tuviesen algún motivo legítimo de excusación, deberán manifestarlo al juez o tribunal y éstos podrán separarlos de la causa, dando intervención a quien deba subrogarlos.

 

 

CAPITULO IV - Deberes y facultades de los jueces

 

 

Art. 34.- Deberes.- Son deberes de los jueces:

 

 

1° Asistir a las audiencias de prueba, bajo pena de nulidad, cuando cualquiera de las partes lo pidiere con anticipación no menor a dos días de su celebración, y realizar personalmente las demás diligencias que este Código u otras leyes ponen a su cargo, con excepción de aquéllas en las que la delegación estuviere autorizada.

 

 

En los juicios de divorcio, de separación personal y de nulidad de matrimonio, en la providencia que ordena el traslado de la demanda se fijará una audiencia a la que deberán comparecer personalmente las partes y el representante del ministerio público, en su caso. En ella, el juez tratará de reconciliar a las partes y de avenirlas sobre las cuestiones relacionadas con la tenencia de hijos, régimen de visitas y atribución del hogar conyugal.

 

 

2° Decidir las causas, en lo posible, de acuerdo con el orden en que hayan quedado en estado, salvo las preferencias establecidas por leyes y reglamentos especiales.

 

 

3° Dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos:

 

 

a) Las providencias simples, dentro de los tres días de presentadas las peticiones por las partes o del vencimiento del plazo, conforme a lo prescripto en el artículo 36 inciso 1°, e inmediatamente, si debieran ser dictadas en una audiencia o revistieran carácter urgente;

 

 

b) Las sentencias interlocutorias y las homologatorias, salvo disposición en contrario, dentro de los diez o quince días de quedar el expediente a despacho, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado;

 

 

c) Las sentencias definitivas en el juicio ordinario, salvo disposición en contrario, dentro de los cuarenta o sesenta días, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado. El plazo se computará, en el primer caso, desde que el llamamiento de autos para sentencia quede firme y, en el segundo, desde la fecha del sorteo del expediente;

 

 

d) Las sentencias definitivas en el juicio sumarísimo, dentro de los veinte o treinta días de quedar el expediente a despacho, según se trate de juez unipersonal o tribunal colegiado. Cuando se tratare de procesos de amparo, el plazo será de diez y quince días, respectivamente.

 

 

En todos los supuestos, si se ordenase prueba de oficio no se computarán los días que requiriera su cumplimiento.

 

 

4° Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia.

 

 

5° Dirigir el procedimiento debiendo, dentro de los límites expresamente establecidos en este Código:

 

 

a) Concentrar, en lo posible, en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sean menester realizar;

 

 

b) Señalar antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije, y disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar o sanear nulidades;

 

 

c) Mantener la igualdad de las partes en el proceso;

 

 

d) Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe;

 

 

e) Vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal.

 

 

6° Declarar, en oportunidad de dictar las sentencias definitivas, la temeridad o malicia en que hubieren incurrido los litigantes o profesionales intervinientes.

 

 

Art. 35.- Potestades disciplinarias.- Para mantener el buen orden y decoro en los juicios, los jueces y tribunales deberán:

 

 

1° Mandar que se teste toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos, salvo que alguna de las partes o tercero interesado, previo al testado, solicite copia debidamente certificada.

 

 

2° Excluir de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso.

 

 

3° Aplicar las correcciones disciplinarias autorizadas por este Código y la ley orgánica del Poder Judicial. El importe de las multas que no tuviese destino especial establecido en este Código, se aplicará al que le fije la Corte de Justicia. Hasta tanto dicho tribunal determine quiénes serán los funcionarios que deberán promover la ejecución de las multas, esa atribución corresponderá a los representantes del ministerio público fiscal ante las respectivas jurisdicciones. La falta de ejecución dentro de los treinta días de quedar firme la resolución que las impuso, el retardo en el trámite o el abandono injustificado de éste, será considerado falta grave.

 

 

Art. 36.- Deberes y facultades ordenatorias e instructorias.- Aun sin requerimiento de parte, los jueces y tribunales deberán:

 

 

1° Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. A tal efecto, vencido un plazo, cuando se haya ejercido la facultad que corresponda, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiendo de oficio las medidas necesarias.

 

 

2° Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes.

 

 

3° Corregir algún error material o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones deducidas en el litigio, siempre que la enmienda o agregado no altere lo sustancial de la decisión.

 

 

4° Disponer, en cualquier momento, la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación o requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito. La mera proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento.

 

 

5° Decidir en cualquier momento la comparecencia de los peritos, de los consultores técnicos y de los testigos para interrogarlos acerca de todo aquello que creyeren necesario.

 

 

6° Mandar, con las formalidades prescriptas en este Código, que se agreguen documentos existentes en poder de las partes o de los terceros, en los términos de los artículos 387 a 389.

 

 

7° Impulsar de oficio el trámite cuando existan fondos inactivos de menores o incapaces, a fin de que los representantes legales o el asesor de menores efectúen las propuestas que estimen más convenientes en interés del menor o incapaz, sin perjuicio de los deberes propios de dichos funcionarios con igual objeto.

 

 

Art. 37.- Sanciones conminatorias.- Los jueces y tribunales podrán imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento.

 

 

Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto, o ser objeto de reajuste, si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.

 

 

CAPITULO V - Secretarios y Jefes de Despacho

 

 

Art. 38.- Deberes.- Sin perjuicio de los deberes que en otras disposiciones de este Código y en las leyes de organización judicial se imponen a los secretarios, éstos deberán cumplir las siguientes funciones:

 

 

1° Comunicar a las partes y a los terceros las decisiones judiciales, mediante la firma de oficios, mandamientos, cédulas y edictos, sin perjuicio de las facultades que se acuerdan a los letrados respecto de las cédulas y oficios y de lo que establezcan los convenios sobre comunicaciones entre magistrados de distintas jurisdicciones.

 

 

Las comunicaciones dirigidas al Presidente de la Nación, Gobernador, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo y magistrados judiciales, serán firmadas por el juez;

 

 

2° Extender certificados, testimonios y copias de actas.

 

 

3° Conferir vistas y traslados.

 

 

4° Firmar, sin perjuicio de las facultades que se confieren al jefe de despacho, las providencias de mero trámite, observando en cuanto al plazo, lo dispuesto en el artículo 34 inciso 3° a). En la etapa probatoria firmará todas las providencias simples que no impliquen pronunciarse sobre la admisibilidad o caducidad de la prueba.

 

 

5° Dirigir en forma personal las audiencias testimoniales que tomare por delegación del juez, en forma inexcusable.

 

 

6° Devolver los escritos presentados fuera de plazo y/o sin copias.

 

 

Art. 38 bis.- Los jefes de despacho o quienes desempeñen cargo equivalente deberán cumplir las siguientes funciones, además de los deberes que en otras disposiciones de este Código y en las leyes de organización judicial se les impone:

 

 

1° Firmar las providencias simples que dispongan:

 

 

a) Agregar partidas, exhortos, pericias, oficios, inventarios, tasaciones, división o partición de herencia, rendiciones de cuentas y, en general, documentos y actuaciones similares;

 

 

b) Remitir las causas a los ministerios públicos, representantes del fisco y demás funcionarios que intervengan como parte.

 

 

2° Dar vista de liquidaciones.

 

 

Art. 38 ter.- Dentro del plazo de tres días, las partes podrán pedir al juez que deje sin efecto lo dispuesto por el secretario o el jefe de despacho. Este pedido se resolverá sin sustanciación. La resolución será inapelable.

 

 

Art. 39.- Recusación.- Los secretarios de primera instancia únicamente podrán ser recusados por las causas previstas en el artículo 17.

 

 

Deducida la recusación, el juez se informará sumariamente sobre el hecho en que se funde, y sin más trámite dictará resolución que será inapelable.

 

 

Los secretarios de la Corte de Justicia y los de las cámaras de apelaciones no serán recusables; pero deberán manifestar toda causa de impedimento que tuvieren a fin de que el tribunal lo considere y resuelva lo que juzgare procedente.

 

 

En todos los casos serán aplicables, en lo pertinente, las reglas establecidas para la recusación y excusación de los jueces.

 

 

TITULO II - Partes

 

 

CAPITULO I - Reglas Generales

 

 

Art. 40.- Domicilio.- Toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de tercero deberá constituir domicilio legal dentro del radio fijado en la ciudad que sea asiento del respectivo juzgado o tribunal.

 

 

Ese requisito se cumplirá en el primer escrito que presente o audiencia a que concurra, si es ésta la primera diligencia en que interviene. En las mismas oportunidades deberá denunciarse el domicilio real de la persona representada.

 

 

Se diligenciarán en el domicilio legal todas las notificaciones a domicilio que no deban serlo en el real.

 

 

El domicilio contractual constituido en el de la parte contraria no es eficaz para las notificaciones que deban ser realizadas en el domicilio del constituyente.

 

 

Art. 41.- Falta de constitución y denuncia de domicilio.- Si no cumpliere con lo establecido en la primera parte del artículo anterior, o no compareciere quien haya sido debidamente citado, quedará automáticamente constituido el domicilio legal en los estrados del juzgado o tribunal, salvo el caso del segundo párrafo del artículo 59. Allí se practicarán las notificaciones de los actos procesales que correspondan, en la forma y oportunidad determinadas por el artículo 133.

 

 

Si no se denunciare el domicilio real, o su cambio, las resoluciones que deban notificarse en dicho domicilio se notificarán en el lugar que se hubiere constituido y, en defecto también de éste, se observará lo dispuesto en el párrafo anterior.

 
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