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fecha de publicación09.09.2015
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Juzg.11, Sec.22, causa N°6787/12 “N.N. s/ delito de acción pública”
Señor Juez:

Se corre vista de conformidad con lo normado en el artículo 180 del C.P.P.N.

I

El objeto de la denuncia realizada por Pedro Enrique López Sánchez, apoderado de la Sociedad “Cunard S.A.” a cargo de la administración de la Estación Terminal de Plaza Constitución del servicio de transporte público ferroviario de la ex línea General Roca, causa cierta perplejidad. Acude a la justicia penal para que adopte las medidas de seguridad necesarias “(…) a los fines de desalojar la significativa cantidad de personas que diariamente residen ilegalmente y pernoctan en la Estación (…) y la cantidad significativa de personas que diariamente y principalmente desde hace tres meses practican la venta ambulante de diversa mercadería y en forma ilegal en los pasillos y acceso a la estación terminal de Plaza Constitución dificultando el ingreso y egreso de pasajeros (…)”. Para ello, adjunta fotografías de la situación descripta.

Tal es el objeto. El motivo, según los términos del propio denunciante, es, por un lado, que esta situación ocasiona “peligros”1 a los pasajeros que utilizan el servicio de trenes y de la línea de Subte “C” y en épocas invernales generan “riesgo de incendio”2; por el otro, evitar multas y reclamos. En este sentido, subraya que su mandante recibe constantes denuncias de los pasajeros y de la Administradora de Infraestructura Ferroviaria para adoptar medidas para desalojar a esas personas, con amenazas de multas.

Agrega, por último, que el personal de seguridad privada contratado por la empresa carece de facultades para adoptar medidas para retirar por la fuerza a esas personas y que, al ser la fuerza pública monopolio del Estado, su representada ya ha pedido la intervención de la División Roca de la PFA mediante una nota de fecha 2 de noviembre de 2011, sin haber obtenido una respuesta.
II

Como se puede apreciar, la denuncia remite, en verdad, a un profundo problema social y económico que la justicia penal no puede (ni debe) resolver. Los grupos que son su foco, se encuentran excluídos del mínimo nivel de existencia comunitaria por estar privados de los recursos humanos básicos. Esta plataforma coloca a estos sujetos –que incluye niños y niñas, como se observa en las fotos- en una situación de desamparo y vulnerabilidad que los conduce a buscar una solución frente a la emergencia habitacional bajo un techo público: la Estación Constitución. La situación, por lo demás, no hace más que revelar una alarmante situación que acecha actualmente a nuestra fragmentada sociedad.

Por tanto, el contexto en el que se inserta el problema objeto de la denuncia nos exige analizar en cada caso concreto si es factible aprehender desde la esfera penal comportamientos imbricados en esa complejidad, porque, insistimos, nos encontramos frente una situación peculiar: protagonistas que sufren la afectación de derechos de primera jerarquía, amparados por nuestra Constitución Nacional.

En este caso puntual, la respuesta es clara porque la denuncia, en rigor, lo único que pretende es convertir a la justicia penal en un órgano administrativo que actúe de oficio mediante la utilización de la fuerza pública para desalojar a las personas que habitan y a quienes ejercen el comercio ambulante en la Estación Terminal de Plaza Constitución que la sociedad CUNARD S.A administra y explota –con el afán de evitar, dicho sea de paso, multas y reclamos-. Pero más allá de la pretendida instrumentalización, para nada queda en claro de los términos de la denuncia cuál es el delito o los delitos que motivarían la intervención penal. No se observa de sus términos ninguna acción susceptible de reproche penal, atalaya sobre el que se monta el derecho penal constitucional basado en el principio penal de acto.

Antes bien, como ya fue objeto de análisis, se pone en escena un grave problema social como posible disparador de un riesgo remoto de ciertos daños, sin siquiera aclararse cómo esa situación podría producir algún tipo de daño con relevancia penal.

Si bien en la actualidad somos espectadores de un movimiento que pretende rediseñar la pretensión punitiva como respuesta a riesgos eventuales, lo cierto es que la denuncia siquiera se afianza sobre alguna infracción penal imbricada en esa perspectiva. Varios autores han señalado que el afán de evitar peligros eventuales futuros se ha constituído en promotor de un cambio de paradigma del derecho penal, en el sentido que ha virado su objeto: pasó de punir exclusivamente infracciones que miran hacia el pasado para incorporar tipos penales que pretenden prevenir acciones que se consideran riesgosas, aunque el riesgo real sufrido siquiera se encuentre verificado (lo que en derecho penal se conoce como “delitos de peligro abstracto”). Es lo que algunos denominan “Derecho penal preventor de peligros futuros”3.

Sin embargo, como hemos remarcado una y otra vez, este caso es llamativo porque siquiera ingresa en alguna de las infracciones penales previstas por este paradigma. Vivir en la calle o en un espacio público y ejercer la venta ambulante no constituye una infracción penal. Por tanto, causa perplejidad el objeto de la denuncia, sobre todo teniendo en cuenta que el derecho penal es la herramienta más coactiva del estado y por tanto debe ser interpretado como la “última ratio” de la política social y no cómo la única y principal herramienta tendiente a solucionar cualquier conflicto social. La aseveración, por lo demás, no es caprichosa sino que surge de la construcción constitucional y así ha sido entendida por nuestra Corte Suprema de Justicia en el fallo “Acosta”4.

En definitiva, la Fiscalía entiende que no es la justicia penal la que debe intervenir para determinar si corresponde o no que una “significativa cantidad” de personas, en condiciones de indigencia, habite dentro de la estación de trenes y si corresponde su desalojo. En todo caso, el denunciante deberá acudir al campo idóneo para hacer valer su pretensión.

En cuanto a los comerciantes ambulantes que ejercen allí su trabajo, la cuestión también excede al campo penal. Al respecto, será la justicia de la ciudad de Buenos Aires la que deberá dirimir si esas actividades constituyen o no contravenciones.

Por tanto, al exceder la pretensión contenida en la denuncia el campo penal por no constituir la situación denunciada delito, solicitamos a VS. que se declare incompetente en razón de la materia y remita las actuaciones a la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que sortee el Juzgado Contravencional que deberá proseguir con la investigación.

Sin perjuicio de ello, solicitamos también a V.S que se ponga en conocimiento a la oficina del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que corresponda, sobre la situación de calle de las familias que están viviendo dentro de la Estación Terminal de Plaza Constitución.

Fiscalía Federal n°6, 30 de julio 2012 (Fnet. 73033/12).

1 Las comillas nos pertenecen.

2 Idem.

3 Maier, Julio B. J., “La privación de la libertad durante el procedimiento penal. El encarcelamiento preventivo hoy”, en Anitua, Gabriel I. y Tedesco, Ignacio F. (comps.), La cultura penal. Homenaje al Profesor Edmundo S. Hendler, Editores del Puerto, Buenos Aires, pp. 409-410.

4 CSJN, “Acosta, Alejandro Esteban s/infracción art. 14, primer párrafo de la ley 23.737 –causa nº28/05”, rta. el 23/04/08.






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