Condición de homosexual no sea motivo de discriminación en lo familiar, social, moral, religioso, laboral, ni de ninguna otra índole; querían promover el






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títuloCondición de homosexual no sea motivo de discriminación en lo familiar, social, moral, religioso, laboral, ni de ninguna otra índole; querían promover el
fecha de publicación06.09.2015
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CHA

ALIT

SWINGERS

HECHOS

En el año 1991 la Comunidad Homosexual Argentina, solicita ante la I.G.J., el reconocimiento de la personería jurídica, el objeto de la misma era que la condición de homosexual no sea motivo de discriminación en lo familiar, social, moral, religioso, laboral, ni de ninguna otra índole; querían promover el entendimiento de la problemática sexual

"Su objeto es: a) Bregar por que la condición de homosexual no sea motivo de discriminación en lo familiar, social, moral, religioso, laboral, ni en ninguna otra índole; b) Generar ámbitos de reflexión y estudios multidisciplinarios sobre la problemática sexual y difundirlos; c) Luchar por la plena vigencia de los Derechos Humanos en todo el territorio de la República Argentina. Para el logro de estos fines, la Comunidad adoptará medios pacíficos y democráticos".

La recurrente se agravia de que la sentencia ratifique, en forma arbitraria, una interpretación inconstitucional del art. 33 del Código Civil por resultar contraria a la libertad de asociarse con fines útiles y a las garantías de igualdad ante la ley, de trato y de oportunidades consagradas por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales alterando con ello la jerarquía normativa establecida en el art. 31 de la Ley Suprema.



Pedido de reconocimiento de la personería jurídica de la Asociación Argentina de Swingers, en el año 2003, cuyo objeto era fomentar el estilo de vida swinger, definido como una “propuesta alternativa en materia sexual y cultural en la estructura matrimonial y de parejas”, sosteniendo, que el mismo adhiere “a una visión progresista y pluralista de los vínculos afectivos e íntimos, fomentando el intercambio responsable de experiencias, entre ellas las sexuales” y determinándolo como una “opción para la pareja, priorizando los valores familiares”.


HOLDING (Voto de la mayoría)

No se advertía que la organización contribuya al bien común ya que se presenta como primordial el bien de sus propios integrantes, que parecen querer entablar su propia defensa contra una supuesta discriminación. Independientemente del juicio moral que pueda merecer una desviación del instinto sexual

Una minoría tolerada requiere siempre una mayoría tolerante. Pero se podría llegar a una situación en la cual tantas minorías reclamasen en tolerancia que ya no pueda haber mayoría ninguna. La democracia requiere un sustrato de valores comunes. Y la desintegración de esos valores puede conducir a erosionar la cohesión de la sociedad indispensable para su gobierno mismo.

Los objetivos expuestos por los recurrentes no se vinculan con ese propósito, sino que representan sólo una utilidad particular para los componentes de la asociación y –por extensión– para aquellos que participan de sus ideas. Para ello, el tribunal sostuvo que el bien común se satisface cuando el objeto de la asociación es socialmente útil.

Concluyó que la misma no se proyecta en beneficio positivo alguno para la sociedad por lo que, en consecuencia, predicó que luchar para que el Estado y la sociedad no discriminen el travestismo como una identidad propia, asegurarle una mejor calidad de vida, implementar campañas exigiendo su derecho a la salud, educación, trabajo y vivienda y demás beneficios sociales, propiciar espacios de reflexión, campañas de divulgación y asesoramiento en materia de derechos sexuales y antidiscriminación, son objetivos que no tienden al bien común sino sólo persiguen beneficios personales para los integrantes del grupo.

Se descartó también que se hubiera demostrado que la resolución administrativa que se cuestiona incurra en "calificaciones sospechosas"

"En consecuencia, la limitación del ejercicio de tal derecho conlleva el riesgo de apartar a grupos sociales, especialmente a aquellos que manifiestan dificultades para su efectiva integración comunitaria..."

Todo derecho de asociarse es constitucionalmente útil, en la medida en que acrecienta el respeto por las ideas ajenas. En síntesis, "cuando la Constitución alude a asociarse con fines útiles, esa utilidad significa que la finalidad social sea lícita, no perjudicial o dañina. Pero nada más". El "bien común" no es una abstracción independiente de las personas o un espíritu colectivo diferente de éstas y menos aún lo que la mayoría considere "común" excluyendo a las minorías, sino que simple y sencillamente es el bien de todas las personas, las que suelen agruparse según intereses dispares, contando con que toda sociedad contemporánea es necesariamente plural.

Resulta prácticamente imposible negar propósitos de bien común a una asociación que procura rescatar de la marginalidad social a un grupo de personas y fomentar la elevación de su calidad de vida. El Estado no puede negar arbitrariamente la personería jurídica a una asociación, sino sólo en base a pautas objetivas claras y acordes con la Ley Suprema, y es deber de todos los jueces competentes velar por su observancia

Se analizo al bien común teniendo en cuenta la idea de igualdad. No tendría sentido el derecho a ser iguales si nos obligan primero a estar igualados. Eso seria respetar la moral de la mayoría y no se estarían respetando las diferencias y a las minorías. La cámara dice “esto no hace al bien común de los convivientes” esto indica o que son perfeccionistas (suponiendo que ellos no saben tomar elecciones propias-violación del art 19) o que excluye a los travestis de los habitantes.

Se hace referencia al art 19 diciendo que es un fin útil todo aquello que no afecte a terceros. Y mientras los objetivos no violen el art 19, entonces esta asociación tiene fines útiles.

Se dice que ya el simple hecho de que existan asociaciones, ya fomentan al bien común (es útil per se). La asociación promueve la democracia, promueve la pluralidad

La Inspección consideró que yacen en el hecho de que es necesario el requisito que impone el art. 33, 2da parte, inc. 1 del Cód. Civil, a fin de constituirse en asociación civil: tener como principal objeto el bien común; y a los ojos de la I.G.J., dicho requisito no se da, dado el objeto social que la agrupación exhibía, que es estilo de vida swinger, choca con el deber de fidelidad que media entre los cónyuges, impuesto en el art. 198 del Código Civil que presupone exclusividad del débito conyugal respecto del otro cónyuge. El matrimonio es una relación jurídico-familiar, por la que cada uno de los cónyuges obtiene sobre el otro un derecho personal absoluto

No existe el "bien común", porque claramente el objeto de la "pretensa" asociación contradice no sólo las normas citadas sino también la prohibición más amplia del art. 953 del Cód. Civil, como asimismo la del art. 1071, segunda parte, del mismo ordenamiento y aun del art. 14 bis de la Constitución Nacional en tanto el Estado debe tender a "la protección integral de la familia"

Invocar que "el intercambio de parejas no es un delito" no puede conducir a incluirlo dentro de la noción de "bien común" que exige el artículo 33

Ademas, no se podría permitir la formación de una asociación que incite a violar normas o la misma constitución.

PARTE DISPOSITIVA

Que la Comunidad Homosexual no cumple con las condiciones exigidas por la ley para el otorgamiento de la personería jurídica, no en razón de la homosexualidad que se atribuye a los miembros de la asociación, sino en la descalificación del objeto, en tanto incluye la pública defensa de la homosexualidad.

La autorización del art. 33 CC, es de interés predominantemente estatal, por lo cual su no otorgamiento no agravia derechos constitucionales, ni puede importar discriminación alguna; no puede ser invocado un derecho subjetivo a la calidad social que representa la autorización del art. 33 CC., pues su otorgamiento es discrecional por parte de la autoridad administrativa, en la medida que refleje razonablemente la escala de valores de la sociedad.

La preservación de ésta asegura el amparo de las valoraciones, creencias y estándares éticos compartidos por conjuntos de personas, aun minoritarios, cuya protección interesa a la comunidad para su convivencia armónica.



La sala A de la Cámara Nacional de Apelación en lo Civil de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, rechazo el recurso interpuesto por la asociación, por entender que “el deber de fidelidad contenido en el art. 198 del Código Civil presupone exclusividad del débito conyugal respecto del otro cónyuge.

Ello no significa, como bien pone de resalto la Inspección General de Justicia, que se atente contra el derecho constitucional de asociarse libremente, pues en todo caso los peticionarios cuentan con otras figuras para su propósito, que no dependen de la requerida autorización estatal.-


HOLDING (Voto de la minoría)

Pettracchi: Los fines perseguidos por la recurrente, según parecen formulados en su Estatuto, no son incompatibles con los fines del derecho constitucional a asociarse. La limitación del ejercicio de tal derecho conlleva al riesgo de apartar a grupos sociales, especialmente a aquellos que manifiestan dificultades para su efectiva integración comunitaria.

El estado esta tomando una postura ética paternalista, cuyo presupuesto de legitimidad se constituye a partir de la afirmación acrítica de que, si bien son los individuos los que deben elegir lo que es bueno para ellos, no todas sus decisiones son tomadas con un grado de conciencia que les permita a aquellos considerar que les conviene hacer, a partir de una evaluación racional de sus momentos futuros. Conforme a esta postura, el Estado estaría siempre tentado y habilitado a interferir frente a decisiones por las que un individuo construye su propio proyecto de vida, bajo el argumento de que dichas decisiones conducen a producir un daño a quién las adopta, dando por supuesto que ese individuo se encuentra imposibilitado de hacer lo que resultaría conveniente para el, mas allá de su propio juicio. El Estado no tiene porque "proteger de si mismo" al individuo capaz que se comporta de una determinada manera ni al que recibe la información de ese comportamiento.

al no existir en nuestro ordenamiento jurídico una obligación legal de construir una familia - al igual de lo que ocurre con la de viudo o de soltero- no justifica la restricción del derecho de asociación que esta aquí en juego.







MINISTROS

Pettracchi, Boggiano, Belluscio




HUGO MOLTENI - JORGE ESCUTI PIZARRO - ANA MARÍA LUACES

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