Resumen la presente investigación se aborda desde una perspectiva cualitativa con la finalidad de analizar la legalidad de la normatividad fiscal que establece la obligación en México de realizar pagos provisionales de Impuesto Sobre la Renta a las personas morales.






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fecha de publicación05.09.2015
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tipoResumen
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LA LEGALIDAD DE LOS PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES EN MÉXICO.


RESUMEN
La presente investigación se aborda desde una perspectiva cualitativa con la finalidad de analizar la legalidad de la normatividad fiscal que establece la obligación en México de realizar pagos provisionales de Impuesto Sobre la Renta a las personas morales. Esta investigación es de tipo descriptivo documental, se analizan leyes fiscales y algunas resoluciones de los tribunales federales que han conocido y resuelto controversias sobre este tema. La Ley del Impuesto Sobre la Renta, establece el procedimiento para determinar y presenten los pagos provisionales de impuesto. Sin embargo existe inconformidad en los contribuyentes, respecto del procedimiento establecido en la ley respectiva, consideran que dicho procedimiento no corresponde a la realidad de las actividades realizadas por la empresa, al incluir elementos subjetivos que dañan la capacidad económica y patrimonio de la empresa. El resultado de la investigación será de gran utilidad para las sociedades mercantiles, quienes podrán contar con información confiable, que les sirva de base para tomar decisiones en cuanto a la forma de determinar y presentar sus pagos provisionales de Impuesto Sobre la Renta. Además permitirá hacer conclusiones y recomendaciones con base en las resoluciones de los tribunales federales, que permitan al empresario maximizar sus recursos financieros y su patrimonio.
Palabras clave: normatividad fiscal, legalidad, pagos provisionales, Impuesto Sobre la Renta.

Eje temático. Fiscal.
INTRODUCCIÓN
La persona moral o sociedad mercantil, en una empresa de gran importancia en la economía mexicana, es generadora de empleos, proveedora de bienes y servicios, consumidora de los mismos y un contribuyente fuerte, características que en su conjunto hacen de la persona moral el principal ente económico, mismo que debe ser regulado debido a su importancia.

En nuestro derecho funcionan como personas morales jurídicas las sociedades mercantiles, asociaciones y sociedades civiles, sociedades cooperativas, sindicatos y el propio estado mexicano. El Servicio de Administración Tributaria (2011), informó que en México los inscritos al registro federal de causantes son 33,468,711 de contribuyentes, de los cuales el 1,315,529 son personas morales incluidos 14,245 grandes contribuyentes y 32,153,182 son personas físicas incluidos 20,580,970 de asalariados.

De acuerdo a la Ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012 se proyectó según el Artículo 1ro. de la ley de ingresos para la federación percibir ingresos del gobierno federal $ 2,179,289.6 (cifras en millones), de estos se estima ingresar por concepto de impuesto sobre la renta $ 747,986.1 (cifras en millones). Por lo tanto, estos ingresos ya están estimados por la federación que están destinadas al gasto público.
Conforme a ley, las personas morales para contribuir al gasto público hacen pagos provisionales mensuales como pago anticipado al impuesto sobre la renta (ISR), anual. De acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), el pago provisional se calcula con un coeficiente de utilidad del ejercicio anterior o ejercicios anteriores.
Las personas morales consideran que en la (LISR) hay una injusticia en el procedimiento para calcular el pago provisional, pues se determina un coeficiente de utilidad pero tomando como base la información de un ejercicio inmediato anterior o de los cinco ejercicios inmediatos anteriores.





Por lo antes expuesto es necesario obtener información confiable sobre la legalidad del pago provisional de impuesto sobre la renta, que permita contestar si ¿El pago provisional de impuesto sobre la renta que realizan las personas morales en México se apega a los principios generales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?
En este estudio se pretende comprobar que las disposiciones de ley que regulan la determinación de los pagos provisionales de impuesto sobre la renta que realizan las personas morales en México, son legales, solo si, cumplen los principios generales establecidos en la constitución política de los estados unidos Mexicanos.

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Por consiguiente, el objetivo general de esta investigación es determinar si el pago provisional de Impuesto Sobre la Renta que realizan las personas morales en México, cumple con los principios legales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
REVISIÓN LITERARIA.
Las disposiciones fiscales de cualquier país sirven para regular la carga fiscal a que están sujetos sus habitantes. Proporcionan facultad a las autoridades para exigir el tributo correspondiente, de esta manera recaudan los ingresos necesarios para llevar a cabo el desarrollo del gasto público. En esta relación tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo, deberán apegarse a lo establecido por las leyes correspondientes.
El artículo 31 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, vigente en 2012), en la fracción IV establece que son obligaciones de los mexicanos: “Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o el Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. A continuación analizaremos algunos principios constitucionales en materia fiscal.
El principio de constitucionalidad implica la sumisión de cualquier ley a las características esenciales del orden jurídico. Debe existir una evidente subordinación de la norma fiscal hacia la norma constitucional que demuestre que se ha dado cumplimiento al expedir la primera, a las reglas que derivan de la jerarquía normativa.
Por su parte el principio de generalidad establece que una ley es general cuando se aplica sin excepción, a todas las personas que se coloquen en las diversas hipótesis normativas que la misma establezca, por eso se afirma que la leyes van dirigidas a “una pluralidad innominada de sujetos”, todos aquellos que realicen un supuesto normativo.
El principio de obligatoriedad se vincula al principio de generalidad, el cual establece que toda persona que se ubique en alguna de las hipótesis normativas previstas en una ley tributaria expedida por el Estado Mexicano, automáticamente adquiere la obligación de cubrir el correspondiente tributo, dentro del plazo que la misma ley establezca.
En el mismo sentido, el principio de vinculación con el gasto público, establece que los ingresos tributarios tienen como finalidad costear los servicios públicos que el estado presta. Nuestra carta magna impone a los gobernantes el deber de destinar las contribuciones exclusivamente a la satisfacción de los gastos públicos.
El principio de proporcionalidad establece que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de sus respectivas capacidades económicas, aportando a la Hacienda Pública una parte justa y adecuada de sus ingresos.
Por su parte el principio de equidad significa la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo; los que en tales condiciones, deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a la hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pagos. Es decir las normas jurídico-tributaria no deben establecer distinciones.

Por último el principio de legalidad que establece que todo tributo debe estar previamente establecido en una ley, por consiguiente no puede existir tributo válido sin una ley que le dé origen.
Por otra parte el Código Fiscal de la Federación (CFF, vigente en 2012), establece en su artículo 1ro., la obligación tanto a las personas físicas como a las personas morales a contribuir al gasto público conforme lo establezcan las leyes respectivas, para cubrir el gasto público del Estado Mexicano.
También la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR, vigente en 2012), en su artículo 1ro. establece la obligación de pagar este impuesto a las personas físicas y morales que residan en México por sus ingresos sin importar la ubicación de la fuente de donde provengan; los que residan en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, por los ingresos de ese establecimiento, cuando no lo tengan por los ingresos que perciban de fuente ubicada en territorio nacional.
La LISR establece la obligación de las personas morales de presentar pagos provisionales de (ISR) de acuerdo a lo siguiente. Los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la tasa establecida en la fracción 1ra. del artículo 10 de la LISR, a la utilidad fiscal que resulte de multiplicar el coeficiente de utilidad por los ingresos nominales del periodo. Contra el impuesto a pagar se podrán acreditar los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad.
La utilidad fiscal para el pago provisional mensual en el presente ejercicio, se determinará multiplicando el coeficiente de utilidad, por los ingresos nominales correspondientes al periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el pago. (Bastian 1989)
A la utilidad fiscal determinada conforme a esta fracción se le restará, en su caso, la perdida fiscal de ejercicios anteriores pendiente de aplicar contra las utilidades fiscales, sin perjuicio de disminuir dicha perdida de la utilidad fiscal del ejercicio.
METODOLOGÍA
La presente investigación se realiza a través de una perspectiva cualitativa, de corte descriptivo documental. Se revisó en primera instancia la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la obligación fiscal de todos los mexicanos, también se revisaron los principios constitucionales en materia fiscal; el Código Fiscal de la Federación; la Ley del Impuesto Sobre la Renta; también se revisaron libros especializados en la materia fiscal y revistas fiscales especializadas. Se revisaron resoluciones emitidas por los tribunales fiscales, a través de las cuales se han pronunciado sobre la legalidad de los pagos provisionales. Se revisó y analizó la información recabada con la finalidad de emitir conclusiones. En el desarrollo de esta investigación no fue posible encontrar bibliografía en libros, revistas u otras fuentes.

RESULTADOS

En este capítulo se presentan a continuación los resultados obtenidos en esta investigación. Se presenta resoluciones de los tribunales federales sobre la observación de los principios constitucionales, mismas que pueden relacionarse con la obligación de determinar y enterar pagos provisionales de Impuesto Sobre la Renta de las personas morales para verificar su legalidad.

Análisis de principios constitucionales.

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal establece el principio de proporcionalidad de los tributos. Éste radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada. Para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción. (Lopez 2009). Apéndice 1917-1995, Tomo I, Primera Parte, tesis 274, página 255.

La tesis 274 analiza el principio de proporcionalidad en el pago de contribuciones, mismo que es aplicable para el caso de esta investigación.

IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCION FEDERAL. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y está, además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el período que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan solo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del Estado, está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles. (Lopez 2009)
Séptima Época: Amparo en revisión 5332/75. Blanca Meyerberg de González. 3 de agosto de 1976. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 5464/75. Ignacio Rodríguez Treviño. 3 de agosto de 1976. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 5888/75. Inmobiliaria Havre, S. A. 3 de agosto de 1976. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 331/76. María de los Ángeles Prendes de Vera. 3 de agosto de 1976. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 1008/76. Antonio Hernández Abarca. 3 de agosto de 1976. Unanimidad de quince votos. Novena Época, Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: X, agosto de 1999, Tesis: P./J. 77/99 , Página: 20
La tesis P./J. 77/99 examina de manera minuciosa el principio de legalidad tributaria, cuya resolución puede ser aplicada en el desarrollo de la presente investigación.

LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL EXAMEN DE ESTA GARANTÍA EN EL JUICIO DE

LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY ES DE CARÁCTER RELATIVO Y SÓLO ES APLICABLE TRATÁNDOSE DE LOS ELEMENTOS QUE DEFINEN A LA CUANTÍA DE LA CONTRIBUCIÓN. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en materia de legalidad tributaria la reserva de ley es de carácter relativo, toda vez que dicha materia no debe ser regulada en su totalidad por una ley formal y materialmente legislativa, sino que es suficiente que los elementos esenciales de la contribución se describan en ella, para que puedan ser desarrollados en otros ordenamientos de menor jerarquía, ya que la presencia del acto normativo primario marca un límite de contenido para las normas secundarias posteriores, las cuales nunca podrán contravenir la norma primaria, además de que tal remisión debe constituir un complemento de la regulación legal que sea indispensable por motivos técnicos o para el debido cumplimiento de la finalidad recaudatoria. En congruencia con tal criterio, se concluye que el principio tributario de reserva de ley es de carácter relativo y aplica únicamente tratándose de los elementos cuantitativos del tributo, como son la tasa o la base, porque en muchas ocasiones, para cifrar el hecho imponible es indispensable realizar operaciones o acudir a aspectos técnicos, lo que no sucede en relación con los elementos cualitativos de las contribuciones, como son los sujetos y el objeto, los cuales no pueden ser desarrollados en un reglamento, sino que deben preverse exclusivamente en una ley. (Lopez 2009)
Amparo en revisión 1209/2005. Angélica María Soler Torres y coag. 2 de marzo de 2006. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Gustavo Ruiz Padilla. Amparo en revisión 1272/2005. Francisco Javier Argüello García y coags. 2 de marzo de 2006. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Gustavo Ruiz Padilla. El Tribunal Pleno, el dieciocho de abril en curso, aprobó, con el número XLII/2006, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de abril de dos mil seis.

La tesis aislada XLII/2006 hace un análisis del principio de legalidad tributaria, cuyos argumentos son de utilidad para alcanzar el objetivo de esta investigación.
LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO EN RELACIÓN CON EL GRADO DE DEFINICIÓN QUE DEBEN TENER LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL IMPUESTO. El principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea el legislador, y no las autoridades administrativas, quien establezca los elementos constitutivos de las contribuciones, con un grado de claridad y concreción razonable, a fin de que los gobernados tengan certeza sobre la forma en que deben atender sus obligaciones tributarias, máxime que su cumplimiento defectuoso tiende a generar actos de molestia y, en su caso, a la emisión de sanciones que afectan su esfera jurídica. Por ende, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de la definición de alguno de los componentes del tributo, ha declarado violatorios del principio de legalidad tributaria aquellos conceptos confusos o indeterminables para definir los elementos de los impuestos; de ahí que el legislador no pueda prever fórmulas que representen, prácticamente, la indefinición absoluta de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ellos se dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas las que generen la configuración de los tributos y que se produzca el deber de pagar impuestos imprevisibles, o bien que se origine el cobro de impuestos a título particular o que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que debe contribuir al gasto público. (Lopez 2009). El Tribunal Pleno, el tres de octubre en curso, aprobó, con el número 106/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de octubre de dos mil seis.
La tesis 106-2006 analiza el principio de legalidad con relación a los elementos constitutivos del impuesto. Aplica también a los elementos del coeficiente de utilidad.
Resoluciones de los tribunales federales en materia fiscal
Se realizó una búsqueda de jurisprudencias y tesis a favor o en contra del pago provisional de impuesto sobre la renta de las personas morales, y estas se dan a conocer como opciones a los contribuyentes para su aplicación.
TESIS DE JURISPRUDENCIA: RENTA. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003, QUE PREVÉ EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE UTILIDAD, VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. “El citado precepto, al prever que para determinar el coeficiente de utilidad para realizar los pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto, deberán considerarse “los conceptos de deducción o acumulación que tenga un efecto fiscal distinto al que tenían en el ejercicio al que corresponda al coeficiente de que se trate”, viola el principio de legalidad tributaria consignado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual los elementos del impuesto deben estar establecidos en la ley. Lo anterior es así en virtud de que el artículo 14, fracción I, último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta es ambiguo y genera inseguridad jurídica a los contribuyentes, al impedirles tener conocimientos cierto de los elementos que incidirán en el cálculo de los pagos provisionales del impuesto, pues no se encuentran establecidos en forma clara y precisa las partidas a considerar para realizar el referido cálculo que tengan un efecto fiscal distinto al que tuvieron en el ejercicio al que corresponda el coeficiente de que se trate, sino que por virtud de la mecánica prevista en el referido numeral, se deja a la apreciación y determinación de los contribuyentes definir esos conceptos “. (Aparo en revisión 268/2004. Ponente: Genaro Davis Góngora Pimentel. Aparo en revisión 379/2004. Ponente: Juan Díaz Romero. Aparo en revisión 2008/2003. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Aparo en revisión 2591/2003. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Aparo en revisión 625/2004. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Novena Época. Segunda sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX. Noviembre de 2004. Tesis 2ª./J. 149/2004. Página 98).

La tesis 2ª./J. 149/2004 revisa los elementos que deben considerarse para determinar el pago provisional de ISR que realizan las personas morales. Este análisis proporciona elementos que apoyan el desarrollo de esta investigación.

Análisis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
Se analizó la LISR para determinar la legalidad jurídica del procedimiento que establece en su artículo 14 fracción 1ra. para determinar los pagos provisionales de impuesto.
La LISR establece en su artículo 14 la obligación de las personas morales de realizar pagos provisionales mensuales de ISR, los pagos realizados son a cuenta del impuesto que se cauce durante el ejercicio fiscal, los pagos de este impuesto deberán ser realizados a más tardar el día 17 de mes inmediato posterior a aquel que corresponda el pago. Para determinar el monto del pago provisional de ISR, se debe calcular el coeficiente de utilidad del ejercicio, mismo que resultará de dividir la utilidad fiscal del ejercicio inmediato anterior entre el total de ingresos nominales correspondientes también al ejercicio fiscal anterior. El producto obtenido es el coeficiente de utilidad, mismo que deberá multiplicarse por los ingresos del periodo por el cual se calcula el pago, el resultado será la utilidad fiscal estimada, misma que será multiplicada por la tasa de impuesto establecida en el artículo 10 de la propia ley, el resultado es el impuesto causado del periodo. En caso de que en el último ejercicio no haya habido utilidad fiscal, se tomará para calcular el coeficiente, la utilidad fiscal del ejercicio más reciente en el que la haya habido dentro de los cinco años anteriores.

CONCLUSIONES

Primera. Conforme a la resolución de los tribunales federales en la tesis 274/95, puede interpretarse que el procedimiento para determinar el pago provisional de ISR de las personas morales, no cumple con el principio de proporcionalidad, pues, no atiende la capacidad contributiva de la empresa, en virtud de que el coeficiente de utilidad que se aplica para el cálculo del impuesto, está integrado con operaciones anteriores que guardan una realidad económica distinta a las operaciones del presente ejercicio fiscal por el cual se calcula, por consiguiente, el pago determinado no corresponde a la capacidad contributiva actual del contribuyente.

Segunda. De acuerdo con la resolución de la tesis P./J. 77/99, sobre el principio de legalidad. Se determina que es necesario que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal manera que el sujeto pasivo pueda conocer la forma cierta de contribuir y se elimine la imprevisibilidad en las cargas tributarias que no tengan un claro apoyo legal. Con apego a esta resolución el procedimiento establecido en el artículo 14 fracción 1ra. de la LISR, no cumple con el principio de legalidad, pues es imprevisible el monto de la contribución ya que depende de un coeficiente ajeno a las operaciones actuales de la empresa.

Tercera. De acuerdo con la tesis aislada XLII/2006, en la cual se analiza el principio de legalidad tributaria, en cuanto al principio de reserva de ley el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en materia de legalidad tributaria la reserva de ley es de carácter relativo y aplica únicamente tratándose de los elementos cuantitativos del tributo, como son la tasa o la base. Por consiguiente el artículo 14 frac. 1ra. no cumple con este principio constitucional, pues establece el procedimiento para determinar un coeficiente de utilidad, mismo que influye de manera directa como elemento cuantitativo del impuesto contraviniendo este principio constitucional de legalidad.

Cuarta. En la tesis jurisprudencial 106/2006 se revisa el principio de legalidad tributaria, el cual exige que sea el legislador, y no las autoridades administrativas, quien establezca los elementos constitutivos de las contribuciones, a fin de que los gobernados tengan certeza sobre la forma en que deben atender sus obligaciones tributarias, Por ende, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de la definición de alguno de los componentes del tributo, ha declarado violatorios del principio de legalidad tributaria aquellos conceptos confusos o indeterminables para definir los elementos de los impuestos. En consecuencia y con base en las declaraciones de la corte se puede asegurar que la aplicación del coeficiente de utilidad que establece la LISR, para determinar los pagos provisionales de ISR, son violatorios de principio de legalidad tributaria.

Quinta. Con base en la resolución de jurisprudencia 2da./J. 149/2004, tomo 20 página 98, que determinó que el artículo 14, fracción I, último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta es ambiguo y genera inseguridad jurídica a los contribuyentes, al impedirles tener conocimientos cierto de los elementos que incidirán en el cálculo de los pagos provisionales del impuesto, pues no se encuentran establecidos en forma clara y precisa las partidas a considerar para realizar el referido cálculo que tengan un efecto fiscal distinto al que tuvieron en el ejercicio al que corresponda el coeficiente de que se trate, sino que por virtud de la mecánica prevista en el referido numeral, se deja a la apreciación y determinación de los contribuyentes definir esos conceptos. Por consiguiente, se concluye que efectivamente sí violenta los derechos de los contribuyentes el artículo 14 fracción 1ra. de la LISR al establecer elementos con un efecto fiscal distinto al del presente ejercicio, para calcular el coeficiente de utilidad, pues genera inseguridad jurídica a los contribuyentes.

RECOMENDACIONES

Una vez revisados algunos análisis que realiza el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre algunos principios constitucionales en materia fiscal y algunas jurisprudencias de los Tribunales Fiscales Federales respecto de la legalidad del artículo 14 fracción 1ra. se concluye este artículo y fracción si violentan los derechos de los contribuyentes. Por tanto, dado que el procedimiento está establecido en una ley común de observancia general, en caso de que el contribuyente opte por determinar sus pagos provisionales utilizando un procedimiento distinto al mencionado en el artículo 14 de la LISR, debe tener presente desde un principio, que en caso de revisión por parte de las autoridades fiscales, tendrá que recurrir a los tribunales federales, para solicitar el amparo de la justicia federal.

FUENTES CONSULTADAS

Leyes:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917). Diario Oficial de la Federación (1917, Febrero). Rescatado de:

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/legislacion/52_22066.html

Código Fiscal de la Federación (1981). Diario Oficial de la Federación (1981, Diciembre). Rescatado de:

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/legislacion/52_22066.html

Ley del Impuesto Sobre la Renta (2012). Diario Oficial de la Federación (2002, Enero). Recuperado de:

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/legislacion/52_22066.html

Autores:

Jean Pierre Bastian. (1989). Los Disidentes: Sociedades Protestantes y Revolución en México 1872-1911. Fondo de Cultura Económica. DF. México.

Páginas web:

Servicio de Administración Tributaria (2011, Septiembre). Padrón de contribuyentes. Recuperado de: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/transparencia/51_20648.html

Ley de Ingresos de la Federación 2012. (2012, Noviembre) Diario Oficial de la Federación. Recuperado de: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5219961&fecha=16/11/2011

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