Por tanto, el Derecho de Familia comprende la regulación del matrimonio, la filiación, la patria potestad y la tutela. Ahora bien, para comprender el concepto de Derecho de Familia es necesario definir previamente la palabra familia. El Concepto de familia






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títuloPor tanto, el Derecho de Familia comprende la regulación del matrimonio, la filiación, la patria potestad y la tutela. Ahora bien, para comprender el concepto de Derecho de Familia es necesario definir previamente la palabra familia. El Concepto de familia
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TEMA 85 CIVIL: El derecho de familia: Evolución de su concepto.- El matrimonio: concepto y naturaleza jca.- Sistema matrimonial vigente en el derecho español.- Efectos civiles de los matrimonios religiosos.- La unión y separación de hecho.

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EL DERECHO DE FAMILIA: EVOLUCIÓN DE SU CONCEPTO


En un sentido general, podemos definir el Derecho de Familia como el conjunto de normas que regulan las relaciones personales y patrimoniales que se dan en el seno de la familia entre sus miembros y frente a terceros.
Por tanto, el Derecho de Familia comprende la regulación del matrimonio, la filiación, la patria potestad y la tutela.

Ahora bien, para comprender el concepto de Derecho de Familia es necesario definir previamente la palabra familia.

El CONCEPTO DE FAMILIA ha ido variando según la época, abarcando desde una concepción amplia que comprende a todos los que viven bajo un mismo techo, hasta un sentido jurídico estricto, en que se entiende por familia el grupo formado por los cónyuges y por los padres e hijos, con exclusión de los demás parientes.
Incluso en la actualidad, y tomando como base la regulación contenida en los arts. 240-1y ss. de la Ley 29 Julio 2010 de Libro II CC Cataluña que se refiere a las relaciones convivenciales de ayuda mutua, algunos autores hablan de una “FAMILIA DE HECHO”, entendiendo por tal el grupo formado por las personas que conviven en una misma vivienda habitual.


La vigente CE´78 no contiene un concepto de familia, aunque se refiere a ella en numerosos preceptos, como:
- Art. 18. Que garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar.
- Art. 35. Que garantiza el derecho de todos los españoles a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia

- Art. 39. "Los poderes publicos aseguran la proteccion social, económica y juridica de la familia.”
- Art. 50. Hace referencia a las obligaciones familiares al garantizar el derecho a las pensiones


Por otro lado, cabe destacar que el ámbito de DERECHO CIVIL, y como señala Lacruz Berdejo, no puede darse un concepto unitario de familia porque el grupo familiar tiene hoy diversa amplitud según los diversos aspectos en que sea considerado. Así, no es igual la familia a efectos de deudas de alimentos, sucesión intestada, legítimas, etc...

La REGULACIÓN DEL DERECHO DE FAMILIA EN EL CODIGO CIVIL aparece desdoblada entre el Libro I y el Libro IV, al regularse en éste último -a partir del art. 1315- el régimen económico matrimonial.

Esta regulación ha sufrido importantes REFORMAS, entre las cuales podemos destacar:


  • LEY 24 ABRIL 1958 que, entre otras cuestiones;




  1. Reconoce la capacidad de obrar de la mujer,

  2. Modifica el régimen de celebración del matrimonio para adaptarlo al Concordato con la Santa Sede 27 Agosto 1953,

  3. Regula exhaustivamente el régimen de separación de bienes y modifica, en algunos puntos, el régimen de gananciales.

  4. Modifica el régimen de la adopción, distinguiendo la plena de la menos plena.

  5. Y en materia de sucesiones, reconoce derechos a los hijos adoptivos y amplía la legítima del cónyuge viudo.



- LEY 4 JULIO 1970, que modifica de nuevo el régimen de la adopción, distinguiendo la plena de la simple.
- LEY 2 MAYO 1975, que introduce el principio de igualdad en las relaciones personales entre los cónyuges, reconoce que el matrimonio no altera la capacidad de obrar de ninguno de ellos y permite modificar el régimen económico durante el matrimonio a través del otorgamiento de capitulaciones.

Pero es, sobre todo, a partir de la CE´78 cuando se producen las más importantes reformas en el Derecho de Familia. Inspirándose especialmente en el art. 14, que prohíbe toda discriminación por razón de nacimiento, sexo, religión, etc, podemos destacar las siguientes:
- LEY 13 MAYO 1981, que afecta a la filiación, la patria potestad y el régimen económico matrimonial.
- LEY 7 JULIO 1981, que modifica la regulación del matrimonio y determina el procedimiento a seguir en los casos de nulidad matrimonial, separación y divorcio, introduciéndose éste último como novedad.
- LEY 24 OCTUBRE 1983, sobre incapacitación y tutela.
- LEY 11 NOVIEMBRE 1987, sobre filiación adoptiva, que suprime la adopción simple e introduce nuevas figuras de protección del menor: guarda legal y acogimiento.
- LEY 15 OCTUBRE 1990, que tiene por objeto eliminar las discriminaciones por razón de sexo.
- LEY 23 DICIEMBRE 1994, sobre matrimonio civil ante alcalde.
- L.O. 15 ENERO 1996, de protección jurídica del menor.
- LEY 18 MAYO 1999, de modificación del art. 9.5 CC.
- LEY 5 NOVIEMBRE 1999, sobre nombre y apellidos y orden de los mismos; que da una nueva redacción al art. 109 CC.
- L.O. 10 DICIEMBRE 2002, sobre sustracción de menores; dando una nueva redacción a los

Arts. 103 y 158 CC.
- LEY 18 NOVIEMBRE 2003 de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, que ha

modificado numerosos arts. del CC para ampliar la protección de los discapacitados.

- LEY 1 JULIO 2005 de modificación del CC en materia de derecho a contraer matrimonio, que permite que el matrimonio sea celebrado entre personas del mismo sexo con iguales requisitos, derechos y obligaciones que los que se aplican a las personas de diferente sexo.
- LEY 8 JULIO 2005 que modifica el CC y la LEC en materia de separación y divorcio, eliminando la necesidad de causa para solicitarlos y configurándolos como dos opciones independientes.

- LEY 28 DICIEMBRE 2007 sobre Adopción Internacional, que modifica de nuevo el art. 9.5 CC.
- LEY REGISTRO CIVIL 21 JULIO 2011 que ha modificado el art. 30 CC.

Todo ello sin olvidar que la DD Única LEC 7 ENERO 2000, derogó, en materia de filiación, los arts. 127 – 130, 134.2 y 135 CC.


El Derecho de familia presenta una serie de caracteres especiales que se derivan de las NOTAS muy bien destacadas por Ruggiero:
1.- El fondo ético de sus instituciones, es decir, el carácter más bien moral que jurídico de sus normas.
2.- El predominio de las relaciones estrictamente personales sobre las patrimoniales, y la consiguiente subordinación de éstas a aquéllas.
3.- La primacía del interés social sobre el individual, que impone fuertes limitaciones al principio de autonomía de la voluntad del art. 1255 CC.


De estas notas se derivan los siguientes CARACTERES del Derecho de Familia:

a) Las RELACIONES JURÍDICO-FAMILIARES no son, en general, relaciones de igualdad -como las patrimoniales- sino que son en general relaciones de superioridad y relativa dependencia. De ahí que existan institutos como la patria potestad y la autoridad tutelar.
b) Las NORMAS que regulan estas relaciones tienen, por lo general, la consideración de normas de orden público, y como tales son imperativas e inderogables.
c) Los DERECHOS derivados de estas normas se caracterizan:
- Por ser, exceptuando los de patria potestad, de carácter recíproco.
- Por ser a la vez derechos y deberes, ya que como regla general el derecho se concibe como un medio para cumplir un deber.
- Los derechos de familia son en sí y por regla general, inalienables, irrenunciables e imprescriptibles.
- Las relaciones familiares no se pueden sujetar a condición o a término, y en ellas difícilmente encaja la figura de la representación voluntaria, aunque por excepción el art. 55 CC regula el matrimonio por poder.


Por último es necesario hacer una breve referencia a la NATURALEZA del Derecho de Familia, por cuanto si tradicionalmente se venía incluyendo en el ámbito del Derecho privado, ha tenido cierta resonancia la doctrina de Antonio Cicu, que en 1914 llegó a la conclusión de que la relación jurídico-familiar presentaba importantes similitudes con las relaciones de derecho publico.
Propugna, en consecuencia, una sistematización del derecho de familia sobre bases autónomas, con perfecta separación del Derecho Privado y con una construcción más afín al Derecho Publico.
Sin embargo, esta doctrina no ha tenido gran aceptación en España y el propio Cicu la abandona en 1955, al entender que falta, en el Derecho de Familia, un elemento clave del Derecho Público, como es la soberanía.
Como apunta Castán, hay que restar importancia a la inclusión del Derecho de Familia en el ámbito del Derecho Público o Privado, habida cuenta de la crisis que sufre hoy en día esta distinción, y de que no son esferas independientes, sino recíprocamente relacionadas.
Lo que sí podemos destacar es que en la actualidad viene actuando sobre el Derecho de Familia una doble tendencia:


  1. Una tendencia iuspublicista, que se manifiesta a través de un creciente intervencionismo de los poderes públicos en la vida familiar




  1. Y, en sentido contrario, una corriente iusprivatista, que se traduce en una progresiva democratización de las relaciones familiares. Así, por ejemplo, los poderes paterno y materno dejan de ser autocráticos para ser democráticos y compartidos.


EL MATRIMONIO: CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA


EL TÉRMINO MATRIMONIO TIENE DOS ACEPCIONES:
1) Matrimonio como vínculo o estado conyugal.

2) Matrimonio como acto que da lugar a ese vínculo.


Centrándonos ahora en el matrimonio como VÍNCULO, se debe señalar que aparecía ya definido en el Derecho Romano como la unión de un hombre y una mujer ordenada a la plena comunidad de vida y reconocido por la ley humana y por la divina.
Como tantas otras instituciones del Derecho de Familia, el matrimonio no es una creación técnica del Derecho, sino que se trata de una INSTITUCIÓN NATURAL que el Derecho Positivo se limita a contemplar, reconocer y regular.
Como institución natural, el matrimonio presenta unos fines naturales, como son la procreación, educación de la prole y el mutuo auxilio; y unos caracteres, como la unidad y la indisolubilidad, aunque los derechos modernos se apartan de éstos últimos, sobre todo en lo tocante a la indisolubilidad, al regular el divorcio.


En las CONCEPCIONES MODERNAS del matrimonio se enfrentan fórmulas de diverso tipo:
- JURÍDICO-FORMALES, que atienden a que el matrimonio es una unión consagrada por la ley.

- TELEOLÓGICAS, que atienden a que es una unión ordenada a una plena comunidad de vida.

- SOCIOLÓGICAS, que atienden al aspecto de su permanencia.

Como dice Castán, todas estas notas son ideas parciales del matrimonio, que este autor define como "la unión legal de un hombre y una mujer para la plena comunidad de existencia."


En este punto conviene hacer una referencia a la HETEROSEXUALIDAD DE LA PAREJA CASADA:

La regulación del matrimonio en el Ordenamiento Jurídico Español se ha basado siempre en considerarlo como la unión entre un hombre y una mujer. Así, el CC 1889 –que innegablemente toma como modelo el CC Francés 1804- configura el matrimonio como una relación jurídica que sólo puede establecerse entre personas de diferente sexo.

Del mismo presupuesto parte la C.E. 1978, que señala en su art. 32.1 que “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”.
Sin embargo, basándose en la ausencia de una prohibición constitucional y en el propio texto de la Constitución (en arts. como el 10.1, que consagra el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad; o el art. 14, que consagra el principio de igualdad) el legislador ha elaborado la Ley 1 Julio 2005 de modificación del CC en materia de derecho a contraer matrimonio que, como hemos visto, ha producido un cambio trascendental en el Derecho de Familia, al permitir que el matrimonio sea celebrado entre personas del mismo o diferente sexo con igualdad de derechos y obligaciones, cualquiera que sea su composición.

Por lo que respecta a la NATURALEZA JCA del matrimonio, podemos afirmar que entre los juristas de los siglos XVII a XIX -y frente a la consideración tradicional del matrimonio como una institución natural- predominó la consideración del matrimonio desde un punto de vista jurídico, como un contrato, basándose en que deriva de la voluntad acorde de los esposos.

Sin embargo, la doctrina moderna le niega ese carácter alegando:
1) Que no es suficiente un acuerdo de voluntades para que se pueda hablar sin más de un contrato, pues en el matrimonio las partes no pueden disciplinar la relación conyugal de un modo contrario al establecido por la ley.
2) Que no pueden ser objeto de contrato las relaciones personales y familiares, que son precisamente la materia objeto del matrimonio.
3) Que muchas de las normas de los contratos no son aplicables al matrimonio.

Entre las variadísimas posiciones que la doctrina ha adoptado para justificar la naturaleza del matrimonio, podemos destacar las siguientes:
a) Los que, para matizar las diferencias que existen entre el matrimonio y los contratos en general, hablan de un contrato 'sui generis' personal y social, como hace Cimbali.
b) Los que le dan el carácter de convención jurídica y no de contrato, como hace Sánchez Román.
c) Los que consideran el matrimonio como un acto del Estado, siendo el consentimiento de las partes un presupuesto de dicho acto, como opina Cicu.
d) Los que consideran el matrimonio como un acto complejo, al que concurren tres voluntades diversas: las de los contrayentes y la del Estado, como hace Ruggiero.
e) Quienes califican el matrimonio como un negocio jurídico, pero no como un contrato pues carece de contenido patrimonial. En este sentido se manifiesta Diez Picazo.
f) Las tesis que configuran el matrimonio como una institución, estatal o divina, con un conjunto de reglas y a la que las partes sólo tienen la facultad de adherirse, con efectos automáticos.
g) Y finalmente, la TESIS DOMINANTE, que configura el matrimonio como una institución que tiene como trasfondo un contrato pues el hecho de que las consecuencias del matrimonio estén reguladas de forma inderogable por la ley no le priva de su naturaleza contractual, en cuanto existe un consentimiento libre y autónomo.


SISTEMA MATRIMONIAL VIGENTE EN EL DERECHO ESPAÑOL

Para abordar el estudio de esta materia es preciso hacer una breve referencia histórica.

La Ley de Matrimonio Civil de 17 Junio 1870 implantó en España por primera vez el MATRIMONIO CIVIL OBLIGATORIO, de manera que el Estado sólo reconocía validez y eficacia al matrimonio contraído de acuerdo con su legislación, pero sin impedir la celebración religiosa anterior, posterior o simultánea a la del matrimonio civil, siendo éste último perpetuo e indisoluble.

Este sistema fue abolido por el Decreto 1875 que introduce un sistema de MATRIMONIO CIVIL SUBSIDIARIO, que es el que pasará al Código Civil, que en su antiguo art. 42 establecía:
" La ley reconoce dos formas de matrimonio:
1. El canónico, que deben contraer los que profesen la religión católica.

2. El civil, que se celebrará del modo que determine este Código."

Exceptuando el período de la II Republica, en que se instaura de nuevo el matrimonio civil obligatorio, el sistema de matrimonio civil subsidiario es el que está vigente en España, al menos "de iure" hasta la publicación de la Constitución 1978.
La Constitución Española 1978 sienta las bases del nuevo sistema matrimonial en varios preceptos, entre ellos:
Art. 14, prohibe toda discriminación por razón de religión.
Art. 16, garantiza la libertad ideológica, religiosos y de culto, y establece el principio de aconfesionalidad del Estado.
Art. 32: "El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos."
Art. 149.1,8. Atribuye al estado competencia exclusiva en la regulación de las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas del matrimonio.

Con todos estos preceptos a la vista no cabe hablar más que de un SISTEMA FACULTATIVO, pues como puso de manifiesto la Instruccion DGRN 26 Diciembre 1978, no es posible exigir declaración sobre creencias religiosas, ni puede depender la regulación del matrimonio de que se profese o no una determinada religión.

A tenor de lo dispuesto en la CE:


- ART. 6 Acuerdo del Estado Español con la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos, de 3 Enero 1979:
" El Estado reconoce los efectos civiles del matrimonio celebrado según las normas del Derecho canónico.
Los efectos civiles del matrimonio canónico se producen desde su celebración.
Para el pleno reconocimiento de los mismos será precisa su inscripción en el Registro Civil, que se practicará con la simple presentación de certificación eclesiástica de su existencia."


- ART. 7 Acuerdos del Estado español de 10 Noviembre 1992:
- Con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España.

- Con la Federación de Comunidades Israelitas de España.

- Con la Comisión Islámica de España.
reconoce efectos civiles a los matrimonios celebrados según los ritos de estas religiones, si bien para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria también su inscripción en el RC y -a diferencia de lo que ocurre con el matrimonio canónico- requieren para su autorización la tramitación del expediente a que se refiere el art. 56 CC.


- ART. 49 CC, tras la Ley 23 Diciembre 1994, dispone:

Art. 49 " Cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España:
1.- Ante el Juez, Alcalde o funcionario señalado por este Código.

2.- En la forma religiosa legalmente prevista.
También podrá contraer matrimonio fuera de España con arreglo a la forma establecida por la Ley del lugar de celebración”.

Teniendo en cuenta lo expuesto, puede afirmarse que en nuestro derecho rige un SISTEMA FACULTATIVO DE TIPO LATINO ya que se reconocen diversas clases de matrimonio:


  • El celebrado en forma civil, que a su vez, como veremos, puede ser en forma ordinaria o extraordinaria.




  • El celebrado en forma religiosa, dentro del cual, a su vez, cabe distinguir entre:


- matrimonio celebrado según las normas del Derecho Canónico.

- y el celebrado en la forma prevista por una confesión religiosa inscrita

No obstante y para terminar, cabe destacar que esta cuestión es sumamente discutida por la doctrina, sin que se haya llegado todavía a una solución pacífica.
EFECTOS CIVILES DE LOS MATRIMONIOS RELIGIOSOS


El CC, al regular la FORMA DE CELEBRACIÓN del matrimonio, dedica una Sección a los celebrados en forma religiosa:
Art. 59. "El consentimiento matrimonial podrá prestarse en la forma prevista por una confesión religiosa inscrita, en los términos acordados con el Estado o, en su defecto, autorizados por la legislación de éste."
Art. 60. " El matrimonio celebrado según las normas del Derecho Canónico o en cualquiera de las formas religiosas previstas en el articulo anterior, produce efectos civiles.
Para el pleno reconocimiento de los mismos se estará a lo dispuesto en el capítulo siguiente."


El Capítulo siguiente es el dedicado a la INSCRIPCIÓN, y a los efectos que aquí nos interesan, conviene citar los arts 61 y 63, que establecen respectivamente:
Art. 61. " El matrimonio produce efectos civiles desde su celebración.
Para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria su inscripción en el Registro civil.
El matrimonio no inscrito no perjudicará los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas.”
Art. 63. " La inscripción del matrimonio celebrado en España en forma religiosa se practicará con la simple presentación de la certificación de la Iglesia o confesión respectiva, que habrá de expresar las circunstancias exigidas por la legislación del Registro civil.
Se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los asientos del Registro conste que el matrimonio no reúne los requisitos que para su validez se exigen en este Título."

De lo dispuesto en ambos preceptos se desprende que el matrimonio religioso, tanto el celebrado según las normas del derecho canónico como el celebrado en la forma prevista por una confesión religiosa inscrita, produce efectos civiles desde su celebración, aunque para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria su inscripción en el Registro Civil. Una vez inscrito, el matrimonio religioso produce siempre los mismos efectos que el civil, efectos que la doctrina suele clasificar en personales y patrimoniales, siguiendo la distinción que en su día hiciera Savigny entre el Derecho de Familia puro y aplicado a los bienes.
Estos efectos se estudian profundamente en los siguientes temas del programa, por lo que sólo indicaremos que los personales se regulan fundamentalmente en los arts. 66 ss CC, y los patrimoniales a partir del art. 1315, que regula todo lo relativo al régimen económico matrimonial.


EFECTOS CIVILES DE LAS SENTENCIAS CANÓNICAS DE NULIDAD Y DE LAS DECISIONES PONTIFICIAS SOBRE MATRIMONIO RATO Y NO CONSUMADO: Sobre esta cuestión y completando la formula del art. VI del Acuerdo del Estado Español con la Santa Sede de 1979, el art. 80 Cc dispone:
" Las resoluciones dictadas por los Tribunales eclesiásticos sobre nulidad del matrimonio canónico, o las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado, tendrán eficacia en el orden civil, a solicitud de cualquiera de las partes, si se declaran ajustadas al Derecho del Estado en resolución dictada por el Juez Civil competente, conforme a las condiciones a las que se refiere el art. 954 de la Lec."
( Preceptos que están transitoriamente en vigor hasta la vigencia de la Ley sobre Cooperación Jca Internacional, a tenor de DD Única LEC 7 Enero 2000)


LA UNIÓN Y SEPARACIÓN DE HECHO


LA UNIÓN DE HECHO

DESDE EL PUNTO DE VISTA DOCTRINAL se entiende por unión de hecho, la que forman dos personas del mismo o distinto sexo que conviven como marido y mujer sin estar casadas entre sí.
Por tanto, son REQUISITOS necesarios para que pueda hablarse de unión de hecho:


  1. Convivencia “more uxorio” o análoga a la conyugal




  1. Ausencia de toda formalidad en la unión




  1. Comunidad de vida estable y duradera


4. Relación monógama y de contenido sexual

ENTRANDO EN EL TERRENO POSITIVO:



  1. CE no prevé las uniones de hecho pero el TC ha señalado que tampoco las prohíbe o rechaza expresamente, ya que el art. 39 CE se proyecta a la protección de la familia en forma genérica, es decir, como núcleo creado tanto por el matrimonio como por la unión de hecho, y en este sentido el TC considera tales uniones de hecho como una manifestación del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad que consagra el art. 10 CE.


No obstante, tanto la jurisprudencia del TC como la del TS sostienen que no se puede equiparar la unión de hecho con el matrimonio a efectos del régimen económico matrimonial; y ello no vulnera el art. 14 CE pues no estamos en presencia de supuestos de hecho idénticos que requieran, por tanto, un tratamiento jco. unitario.
Para solucionar los problemas que pueden plantearse a la ruptura de la pareja, el TS acude a los pactos expresos o tácitos existentes entre los conviventes, aplicando las normas de la comunidad de bienes o de la sociedad irregular, según los casos.



  1. En el ámbito del DERECHO CIVIL sí se reconocen ciertos efectos a las uniones de hecho. Así:




  1. La DA 3ª Ley 11 Noviembre 1987 permitía adoptar a las uniones de hecho estables heterosexuales.




  1. El art. 16 LAU 24 Noviembre 1994 va mucho más allá al equiparar, a efectos de la subrogación arrendaticia, al cónyuge del arrendatario con la persona que hubiera venido conviviendo con él en análoga relación de afectividad y con independencia de su orientación sexual durante al menos los 2 años anteriores a su fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia.



  1. También en el ámbito del DERECHO PENAL, SS Y DERECHO PROCESAL PENAL se reconocen ciertos efectos a las uniones de hecho.

Sin embargo, A NIVEL ESTATAL NO EXISTE UNA REGULACIÓN GENERAL de las uniones de hecho, aunque sí la encontramos en el ÁMBITO AUTONÓMICO:
Cataluña: LEY 8 ABRIL 2005, adelantándose a la normativa estatal, equiparó a las personas homosexuales que conviven “more uxorio” con los convivientes heterosexuales, reconociéndoles por tanto el derecho a adoptar. Esta ley ha sido derogada por la LEY 29 JULIO 2010 de Aprobación del Libro II CC Cataluña que pone fin al tratamiento separado que el derecho catalán había dado a las parejas de hecho, según fueran heterosexuales u homosexuales, y amplía su ámbito de aplicación al señalar que comprenderá también a las parejas estables formadas por personas que no puedan casarse por permanecer alguna de ellas casada con otra persona.

Además, permite que las parejas de hecho realicen adquisiciones onerosas con pacto de supervivencia.
Aragón: LEY DE PAREJAS ESTABLES NO CASADAS 26 MARZO 1999 ha quedado derogada por la LEY 22 MARZO 2011 por la que se aprueba el CÓDIGO DE DERECHO FORAL DE ARAGÓN.
Navarra: LEY 3 JULIO 2000, para la igualdad jca de las parejas estables.
Valencia: LEY 6 ABRIL 2001 de UNIONES DE HECHO.
Madrid: LEY 19 DICIEMBRE 2001, de UNIONES DE HECHO.
Baleares: LEY 19 DICIEMBRE 2001, PAREJAS ESTABLES.
Asturias: LEY 23 MAYO 2002, de PAREJAS ESTABLES.
LA SEPARACIÓN DE HECHO


Tras la reforma 7 JULIO 1981, la SEPARACIÓN DE HECHO ya no es una situación desconocida por el ordenamiento jco español, que reconoce efectos, incluso retroactivos, a la separación de puro hecho en relación con diversas instituciones, sin tacharla de situación antijurídica. Asi:

1.- En relación con el MATRIMONIO:
- Era tenida en cuenta para apoyar en ella las causas de separación y divorcio en los términos que establecían los arts. 82 y 86 CC respectivamente. Sin embargo, tras la reforma operada por la Ley 8 Julio 2005, basta con que uno de los esposos no desee la continuación del matrimonio para que pueda solicitar la separación o el divorcio, desapareciendo los listados de causas que recogían los arts. 82 y 86.
- Si la separación de hecho es por mutuo acuerdo o por abandono de hogar y ha durado más de 1 año, es causa que permite pedir la disolución judicial de la sociedad de gananciales (art. 1393) o del régimen de participación (art. 1415)
- Hace cesar la presunción semi-muciana que para el régimen de separación establece el art 1442.


2.- En relación con la FILIACIÓN, la separación de hecho hace cesar la presunción de paternidad a la que se refiere el art. 116.

3.- En relación con la PATRIA POTESTAD, la separación de hecho determina que sea ejercida por el cónyuge que conviva con los hijos. (art. 156)

4.- En relación con la TUTELA, el art. 234 da preferencia como tutor al cónyuge que conviva con el menor o incapacitado.

5.- En el régimen de la AUSENCIA, el cónyuge separado de hecho no puede ser representante legal del declarado ausente. (art. 184)

6.- En la SUCESIÓN, el art. 945 CC señalaba que no tendría lugar el llamamiento al cónyuge en la sucesión “ab intestato” de su consorte si estuviesen separados por sentencia firme o de hecho por mutuo acuerdo que constase fehacientemente. Sin embargo, la Ley 8 Julio 2005 extiende esta privación a todo tipo de separación de hecho, y no sólo a las que se dan por mutuo acuerdo.


(OJO: HACER REFERENCIA A LA FUTURA POSIBILIDAD DE QUE EL MATRIMONIO, LA SEPARACIÓN Y EL DIVORCIO –SIN HIJOS MENORES- SE TRAMITEN ANTE NOTARIO. EN EL CASO DE QUE LLEGUE A LEGISLARSE EN TAL SENTIDO, HABRÁ QUE MODIFICAR ESTE TEMA Y LOS SIGUIENTES)


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