I. referencias constitucionales y estatutarias a la participación ciudadana






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I.- REFERENCIAS CONSTITUCIONALES Y ESTATUTARIAS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

1.1.- Referencias constitucionales
En el marco de la Constitución Española y en su Título Preliminar, concretamente en su artículo 9.2 , encontramos la primera y principal referencia a la participación ciudadana, entendida en términos de obligación o mandato impuesto a los poderes públicos:
CORRESPONDE A LOS PODERES PÚBLICOS promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS CIUDADANOS EN LA VIDA POLÍTICA, ECONÓMICA, CULTURAL Y SOCIAL.

El mandato impuesto a los poderes públicos/administraciones se concreta, posteriormente, en el ámbito de su Título I, de los derechos y libertades fundamentales, en la enumeración de derechos fundamentales tales como:


  • A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción (art.21)

  • El derecho de asociación (art. 22)

  • Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal (art.23)

Como principios rectores de la política económica y social, podemos citar otras manifestaciones, íntimamente relacionadas con ámbitos de actuación de la participación ciudadana tales como:

  • el medio ambiente y su protección,

  • patrimonio histórico artístico,

  • participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social económico y cultural o

  • la defensa de consumidores y usuarios

Por último y ya en su título IV, del Gobierno y la Administración, la Constitución Española establece principios de actuación de las Administraciones Públicas (y lo hago en plural, porque no existe una única Administración, sino varias) en sus Art. 103 y 105, en los términos siguientes:

  • La administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.

  • La ley regulará:

    1. la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.

    2. el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

    3. el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.

1.2.- La participación ciudadana en el Estatuto de Autonomía de Aragón (LO 5/2007, de 20 de abril).

En semejantes términos y a la hora de enunciar en su Título I, los derechos y principios rectores, su artículo 15 reconoce el derecho de participación como

1. Los aragoneses tienen derecho a participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos, en los términos que establecen la Constitución, este estatuto y las leyes.

2. Los aragoneses tienen derecho a presentar iniciativas legislativas ante las Cortes de Aragón, así como a participar en el proceso de elaboración de las leyes, de acuerdo con lo que establezcan la ley y el reglamento de las cortes.

3. Los poderes públicos aragoneses promoverán la participación social en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas, así como la participación individual y colectiva en los ámbitos cívico, político, cultural y económico.



E igualmente, configura el medio ambiente como un derecho, garantizando el derecho a acceder a la información medioambiental de que disponen los poderes públicos, en los términos que establecen las Leyes.

También, la protección de consumidores y usuarios al objeto de la protección de su salud y seguridad, así como la información y los procedimientos de participación en las cuestiones que puedan afectarles.

Y, al igual que la Constitución, se proclama, en el ámbito de competencias de los poderes públicos, promover las condiciones adecuadas para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos los aragoneses en la vida política, económica, cultural y social.



Por último, la Comunidad Autónoma ostenta con carácter exclusivo su competencia en materia de consultas populares, que en todo caso, comprende:

El establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la Comunidad Autónoma o por los entes locales en el ámbito de sus competencias de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con excepción de la regulación del referéndum y de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución. (Autorización para las consultas populares- LO 2/1980, de 18 de enero, reguladora de las distintas modalidades de Referéndum)

II.- LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ARAGÓN Y SU INCIDENCIA EN EL ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Aragón estructura su organización territorial en municipios, comarcas y provincias. En este sentido, la Ley de Administración Local de Aragón reconoce la condición de entidades locales de la Comunidad Autónoma a:
-El municipio, entidad local básica de Aragón, dotada de personalidad jurídica, naturaleza territorial y autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

-La provincia

-La comarca

-Las mancomunidades de municipios

-Otras entidades, como la entidad metropolitana de Zaragoza y las entidades locales menores.

A vueltas con la PLANTA LOCAL:
A nadie se le escapa que Aragón es un territorio extenso (47.719 kilómetros cuadrados) aquejado por el fenómeno de la “atomización municipal”. Me explicaré: en la actualidad, la planta municipal aragonesa se halla integrada por 732 municipios, con una tipología clara: pequeños municipios que, en su mayoría cuenta con una población no superior a 1.000 habitantes sin que exista una red de municipios o ciudades intermedias, entendiendo por éstas aquellas que superen los 5.000 habitantes.
A esta “panorámica” (si me dejan utilizar el término) se suma el hecho de que más de la mitad de la población total de Aragón se concentra en Zaragoza con los consiguientes desequilibrios económicos y sociales que pudieran derivarse de este dato.
En cifras, la población total de Aragón a 1 de enero de 2007 es de 1.296.725 personas.
Por provincias, Zaragoza presentaba una población total de 932.502 personas (superando Zaragoza los 700.000 habitantes)
La provincia de Huesca registró 220.046 personas (correspondiendo a Huesca capital alrededor de 50.000 habitantes)
Y, por último, en la provincia de Teruel había 144.046 personas censadas, correspondiendo a Teruel 35.000 habitantes)

A pesar de estos datos, son competencias de ejercicio obligatorio, cuya responsabilidad corresponde al municipio, constituyendo, a su vez, UN DERECHO DE LOS VECINOS:


  1. En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas.

  2. En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos.

  3. En los municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.

  4. En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente.


A ello debemos sumar el ámbito competencial de los mismos, en los términos que establezca la legislación sectorial correspondiente, estatal o autonómica, en materia de:

a. Seguridad en lugares públicos.

b. Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.

c. Protección civil, prevención y extinción de incendios.

d. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales.

e. Patrimonio histórico-artístico.

f. Protección del medio ambiente.

g. Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores.

h. Protección de la salubridad pública.

i. Participación en la gestión de la atención primaria de la salud.

j. Cementerios y servicios funerarios.

k. Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.

l. Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

ll. Transporte público de viajeros.

m. Actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo.

n. Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.

No obstante, al no tratarse este de un espacio de reivindicación competencial local (al que habría que añadir otras competencias complementarias con otras Administraciones -educación, cultura, promoción de la mujer, vivienda, sanidad, y también las denominadas impropias, como los servicios sociales, consecuencia de la cercanía, proximidad y, por qué no, de la sensibilidad a la problemática de los vecinos), sino de reconocimiento (legal) de espacios de participación ciudadana, debemos, en este momento, vincular LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA AL CATÁLOGO DE DERECHOS DE LOS VECINOS:


  1. Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral.

  2. Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y, en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y administración municipal.

  3. Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales, y acceder a los aprovechamientos comunales, conforme a las normas aplicables.

  4. Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias municipales.

  5. Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución.

  6. Pedir la consulta popular en los términos previstos en la Ley.

  7. Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio.

  8. Ejercer la iniciativa popular

  9. Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las leyes.


III.- EL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO REPRESENTATIVO: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL GOBIERNO LOCAL.

1.- El concepto de autonomía local y la democracia participativa
La autonomía local es el derecho de los municipios a participar, a través de órganos propios, en el gobierno y administración de cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que procedan en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión del municipio
En la actualidad, el gobierno municipal actúa bajo el principio democrático representativo, ya que, como reconoce expresamente la Constitución Española, en su artículo 140:
“Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la Ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La Ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.”
A ello debemos añadir el concepto de municipio como cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades.

Esa manifestación de democracia directa va a determinar que la legislación en materia de régimen local establezca previsiones en materia de participación ciudadana que pasaré a continuación a enumerar.
No obstante, es preciso en este momento, advertir que el principio democrático representativo conlleva, por principio, el reconocimiento de una potestad como la reglamentaria o normativa, manifestada en la posibilidad de que los municipios puedan dotarse de disposiciones de carácter general, de naturaleza reglamentaria, que regulan aspectos, no sólo organizativos y de funcionamiento interno, sino también de alcance general en materias de su competencia (las ordenanzas).
En este sentido, los Ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local, tanto en el

ámbito del municipio en su conjunto como en el de los distritos, en el supuesto de que existan en el municipio dichas divisiones territoriales.

A nivel comarcal, en la actualidad, los mecanismos de participación ciudadana son limitados a pesar de ejercer competencias tales como acción social.

En el ámbito provincial, existen iniciativas relacionadas con las competencias atribuidas a las diputaciones provinciales en materia de cooperación en el fomento del desarrollo económico y social, la planificación en el territorio provincial o en materia de fomento y la administración de los intereses peculiares de la provincia.

2.- Información y participación ciudadanas
El artículo 155 de la Ley de Administración Local de Aragón señala un elenco de cauces de participación ciudadana:

  1. Remisión a los medios de comunicación social de la localidad de las convocatorias y órdenes del día de las sesiones;

  2. Difusión adecuada y suficiente de las exposiciones públicas de actuaciones y proyectos de interés y repercusión social, y

  3. Oficinas de información al ciudadano e implantación de medios tecnológicos que la faciliten.


A ello debemos añadir un conjunto de previsiones que tienen como finalidad garantizar la información ciudadana en los asuntos públicos, tales como:
a) La obligación de facilitar la más amplia información sobre su actividad
La legislación en materia de régimen local reconoce expresamente esta obligación, garantizando la participación de todos los ciudadanos en la vida local.

Serán los reglamentos y las ordenanzas locales los instrumentos que canalicen el citado mandato, a través del reconocimiento y la articulación de formas y procedimientos de participación ciudadana con un límite: la imposibilidad de menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos regulados por la Ley.

b) La publicidad de las sesiones y de las Ordenanzas

Las sesiones del Pleno de las Corporaciones Locales son públicas; no obstante podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución (honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen) cuando así se acuerde por mayoría absoluta.

La Ley de Administración Local de Aragón incluye, en este apartado, una novedad: la publicidad de las sesiones de Junta de Gobierno en el debate y votación de los asuntos en los que actúe por delegación del Pleno.

Tratándose de las sesiones de la Junta de Gobierno Local y de las Comisiones informativas podrá convocarse, a los solos efectos de escuchar su parecer o recibir su informe respecto de un tema concreto, a representantes de las asociaciones vecinales o entidades de defensa de intereses sectoriales.

A las sesiones podrán tener acceso los medios de comunicación para el ejercicio de su función, en las condiciones que fije el Reglamento orgánico o, en su defecto, la Alcaldía.

Además se impone una obligación de publicidad en relación a reglamentos y ordenanzas locales, incluidos el articulado de las normas de los planes urbanísticos (a estos efectos, las Administraciones públicas con competencias urbanísticas deberán tener, a disposición de los ciudadanos que lo soliciten, copias completas del planeamiento vigente en su ámbito territorial), pudiendo ser consultados en cualquier momento por todos los ciudadanos.

c) Acceso a archivos y registros

Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros.

La denegación o limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada.

d) La iniciativa popular

Una de las modificaciones operadas en la Ley de bases de régimen local en el año 2003 determinó la regulación de la iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal, en los siguientes términos:

  • Podrán suscribirlas los vecinos gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales

  • Dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por el siguiente porcentaje de vecinos del municipio:

  • Hasta 5.000 habitantes, el 20 %.

  • De 5.001 a 20.000 habitantes, el 15 %.

  • A partir de 20.001 habitantes, el 10 %.

  • Deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno

  • Pueden llevar incorporada una propuesta de consulta popular local, que será tramitada en tal caso por el procedimiento y con los requisitos previstos en la legislación de régimen local.

e) Información urbanística

Las Administraciones públicas con competencias de ordenación territorial y urbanística deberán tener a disposición de los ciudadanos o ciudadanas que lo soliciten, copias completas de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística vigentes en su ámbito territorial, de los documentos de gestión y de los convenios urbanísticos.

f) La consulta popular

En el caso de Aragón y una vez reconocida la competencia en esta materia en su Estatuto de Autonomía, los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local.

Desde la promulgación de la Ley de Administración Local de Aragón, en 1999, se regula en su artículo 157 los requisitos necesarios para su tramitación.

Corresponde al Alcalde someter al Pleno las solicitudes de consulta popular cuando se suscriban por un número de vecinos que, como mínimo,

  1. El 26 % de los habitantes en poblaciones de menos de 5.000 habitantes.

  2. 1.000 habitantes más el 10 % de los habitantes que excedan de los 5.000, en las poblaciones de 5.000 a 100.000 habitantes.

  3. 10.000 habitantes más el 5 % de los habitantes que excedan de los 100.000, en poblaciones de más de 100.000 habitantes.



En todo caso, la autorización de la convocatoria de consulta popular se ajustará a las siguientes reglas:

  1. La Corporación local remitirá a la Diputación General de Aragón una copia literal del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, la cual contendrá los términos exactos de la consulta:

  2. El Gobierno de Aragón enviará la solicitud municipal al Gobierno del Estado, a la que adjuntará, en su caso, un informe sobre la conveniencia de efectuar la consulta, a la vista del interés general, y

  3. Corresponderá al Gobierno del Estado autorizar la consulta.

Una vez concedida la autorización, el Ayuntamiento convocará la consulta popular. La convocatoria contendrá el texto íntegro de la disposición o decisión objeto de consulta y expresará claramente la pregunta o preguntas que deba responder el cuerpo electoral. Asimismo, fijará la fecha de la consulta, que habrá de celebrarse entre los treinta y los sesenta días posteriores a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón. El Ayuntamiento procederá, igualmente, a su difusión a través de los medios de comunicación local, adoptando las medidas necesarias para garantizar el derecho de participación de todos los electores y la transparencia de la consulta.

Independientemente de lo hasta ahora expuesto y considerando el perfil de los asistentes a esta jornada, cabe hacer una referencia expresa a las asociaciones vecinales.

Así, se señala la obligación a las Corporaciones locales de:

  • favorecer el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos,

  • facilitarles la más amplia información sobre sus actividades

  • dentro de sus posibilidades, facilitarles, igualmente, el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas económicas para la realización de sus actividades

  • impulsar su participación en la gestión de la Corporación en los términos previstos en sus normas de organización y funcionamiento. A tales efectos pueden ser declaradas de utilidad pública.

La Ley de Administración Local de Aragón (art. 156) va más allá y las define como entidades de participación ciudadana, siempre que estén inscritas en el Registro municipal de asociaciones municipales.

Este registro tiene por objeto permitir al Ayuntamiento conocer el número de entidades existentes en el municipio, sus fines y su representatividad, a los efectos de posibilitar una correcta política municipal de fomento del asociacionismo vecinal. Podrán obtener la inscripción en el registro municipal, las asociaciones de un barrio o distrito, las de padres de alumnos, las entidades culturales, deportivas, recreativas, juveniles y cualesquiera otras similares.

Con carácter necesario las asociaciones interesadas habrán de adoptar, entre otros datos, los estatutos de la asociación

En relación con el municipio, las asociaciones podrán:

  1. Recabar información directa de los asuntos que sean de su interés:

  2. Elevar propuestas de actuación en el ámbito de las materias de competencia municipal, y

  3. Formar parte de los órganos de participación e intervenir en las sesiones del Pleno y de las comisiones de estudio, informe o consulta, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento orgánico.

En ausencia de Reglamento Orgánico, con carácter supletorio, el Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales del Estado de 1986, posibilita la intervención de las asociaciones vecinales al objeto de realizar exposiciones públicas ante el Pleno en relación con algún punto del orden del día en cuya previa tramitación administrativa hubiese intervenido como interesado.

En este caso, se deberá solicitar al Alcalde antes de comenzar la sesión y con la autorización de éste y a través de un único representante, la asociación vecinal podrá exponer su parecer durante el tiempo que señale el Alcalde, con anterioridad a la lectura, debate y votación de la propuesta incluida en el orden del día.

Por último, terminada la sesión del Pleno, el Alcalde puede establecer un turno de ruegos y preguntas por el público asistente sobre temas concretos de interés municipal, correspondiendo al Alcalde ordenar y cerrar este turno.

Otras previsiones en orden a favorecer la función de las asociaciones vecinales, y en la medida que lo permitan los recursos presupuestarios del Ayuntamiento, tienen que ver con el acceso a medios públicos locales, especialmente locales y medios de comunicación, previa solicitud a la Corporación Local.
3.- Órganos de gestión desconcentrada
Junto a la organización básica (necesaria) y complementaria (determinada por la propia Corporación a través de la adopción de acuerdo plenario o en el correspondiente Reglamento Orgánico), la Ley de Administración Local de Aragón, bajo la denominación de órgano de gestión desconcentrada, regula:
3.1.- Los Alcaldes de barrio.

Como representantes del Alcalde tendrán carácter de autoridad en el cumplimiento de sus cometidos.

Su regulación vendrá determinada el Reglamento Orgánico u otro Reglamento Municipal y, en defecto del mismo o de regulación en el mismo, serán de aplicación las disposiciones de la LALA:

  • En cada uno de los barrios separados del casco urbano que no estén constituidos en entidad local menor, el Alcalde podrá nombrar un representante personal con la denominación tradicional de Alcalde de barrio.

  • El nombramiento habrá de recaer en persona que resida en el barrio de que se trate.

  • La duración del cargo estará sujeta a la del mandato del Alcalde que lo nombró, quien podrá removerlo cuando lo juzgue oportuno.

3.2.- Las Juntas de Distrito o Barrio.

Su regulación está prevista en la normativa local aragonesa para municipios de más de 5.000 habitantes, si bien la Ley de bases de Régimen local prevé su constitución en los denominados municipios de gran población.

El Pleno podrá acordar su creación, como órganos territoriales de gestión desconcentrada, con el fin de facilitar la participación ciudadana en la gestión

municipal, en los términos previstos en su Reglamento Orgánico o de participación.

En ausencia de regulación especifica y con carácter supletorio, dichas Juntas integrarán a Concejales y representantes de las asociaciones vecinales de acuerdo con las siguientes reglas:

  1. Los Concejales serán designados por el Alcalde a propuesta de los grupos políticos.

  2. Los representantes de las asociaciones vecinales serán designados por el Alcalde a propuesta de las mismas y de acuerdo con su efectiva implantación.

  3. Presidirá la Junta el Concejal en quien el Alcalde delegue o el Alcalde de barrio.

3.3.- Consejos sectoriales.

También podrán crearse por el Pleno órganos colegiados de participación sectorial en relación con los ámbitos de actuación pública municipal, con la finalidad de facilitar y fomentar la participación de las asociaciones y colectivos interesados.

3.4.- Organización de los núcleos separados de la capitalidad: las Juntas de vecinos

Podrán constituirse Juntas de Vecinos, como órganos territoriales de participación, en los núcleos de población separados de la capitalidad del municipio, siendo su constitución obligatoria cuando lo solicite la mayoría de los vecinos interesados.

En el caso de que el núcleo de población tenga menos de cien habitantes, la Junta de Vecinos estará integrada por la totalidad de los electores, presidiéndola el Concejal que a tal efecto designe el Alcalde.

Cuando el núcleo de población tenga cien o más habitantes, la Junta de Vecinos se formará por representación, de acuerdo con los criterios establecidos para las entidades locales menores, presidiéndola el concejal que a tal efecto designe el Alcalde.

En ambos casos, su funcionamiento se ajustará a lo previsto en el Reglamento Orgánico Municipal y, en su defecto, en las normas supletorias que apruebe la Diputación General de Aragón.

En todo caso los acuerdos y resoluciones adoptados por la Junta de Vecinos y su Presidente serán susceptibles de impugnación mediante recurso ordinario ante el Alcalde.

La Junta de Vecinos podrá ejercer las siguientes funciones:

  1. De consulta, propuesta e informe en relación con todas las actuaciones municipales que afecten específicamente al núcleo de población, y

  2. De gestión y administración en relación con los equipamientos públicos locales y la organización de actividades festivas, culturales y sociales.

Las competencias de estos órganos de gestión desconcentrada se ejercerán en relación con el territorio o sector de la acción pública correspondiente, formulando propuestas o emitiendo informes a iniciativa propia o del Ayuntamiento, sobre los diversos aspectos de las competencias municipales y el funcionamiento de sus servicios y organismos.

En el Reglamento Orgánico o en el de participación ciudadana podrán también encomendarse a dichos órganos facultades de gestión.
3.5.- El Consejo Social de la Ciudad

En los municipios denominados de gran población existirá un Consejo Social de la Ciudad, integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas.

Corresponderá a este Consejo, además de las funciones que determine el Pleno mediante normas orgánicas, la emisión de informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos.

4.- Reglamentos y Ordenanzas en el ámbito local.
El instrumento normativo típico de las entidades locales es la potestad de ordenanza, si bien, es necesario distinguir entre ordenanza y reglamento; así, las disposiciones aprobadas adoptarán la denominación de reglamento si


tuvieran por objeto regular la organización y funcionamiento del municipio; en otro caso, adoptará la denominación de ordenanza.
No obstante, en la práctica, no resulta nítida tal distinción pues la gran mayoría de normas reglamentarias en el ámbito local son a la vez normas de organización y de actividad.
Podemos destacar el Reglamento Orgánico, por su importancia y por las numerosas referencias que a él hemos hecho a lo largo de estas líneas. Su fundamento es adecuar y regular la organización y funcionamiento de la Corporación atendiendo a sus peculiaridades.
Sus efectos, a diferencia de las ordenanzas, son ad intro, pues vinculan, únicamente, a la Corporación local en su organización interna, a diferencia de las ordenanzas, cuyos efectos son ad extram, es decir, vinculan a los ciudadanos y son, por ello, exigibles, pudiendo establecer infracciones y sanciones a las obligaciones impuestas.
En la actualidad, es frecuente la aprobación de ordenanzas de buen gobierno en terminología anterior, al objeto de establecer normas de convivencia, sancionando determinados comportamiento incívicos.
La iniciativa para la formación o modificación de los reglamentos y ordenanzas corresponde a los órganos de las Entidades locales. Los vecinos podrán instarla, bien individualmente o integrados en las entidades o asociaciones legalmente constituidas para la defensa y protección de los derechos de los ciudadanos.
Con ocasión de su aprobación inicial y con anterioridad al trámite de información pública, se concederá audiencia previa a las asociaciones vecinales y de defensa de los consumidores y usuarios establecidos en su ámbito territorial que estén inscritos en el Registro correspondiente de asociaciones vecinales y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la disposición.


5.- La Administración o gobierno electrónico

Las entidades locales y, especialmente, los municipios, deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas.
Ley de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y la directiva comunitaria en materia de servicios:


  • Ventanilla única

  • Catálogo de procedimientos a disposición de los ciudadanos para su tramitación telemáticas.






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