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malls o shopping centres que proliferan en nuestras ciudades principales e intermedias, en las grandes cadenas de supermercados, de banca, de hoteles, de empresas de seguridad, etc. los que forman parte medular de las modalidades que adopta el capitalismo global en el siglo XXI.
Partiendo de las nuevas fuentes tecnológicas que hoy determinan las ganancias de productividad, se trata de detectar el monto y destino del excedente reinvertible por parte de aquellas empresas (sean o no originadas en Latinoamérica) que operan a escala internacional (vía comercio) o transnacional (vía inversión directa o vía transacciones financieras), y de averiguar cuáles son los mecanismos concretos a través de los cuales esa reinversión tiene lugar.
Los criterios de asignación de los recursos de inversión controlados por las empresas transnacionales, exigen ciertos comportamientos de las naciones receptoras, algunos de los cuales son razonables, tales como certeza jurídica para los contratos y compromisos, estabilidad de las instituciones básicas, y estabilidad macroeconómica. Otras de las demandas corporativas transnacionales para invertir en las naciones latinoamericanas suelen entrar en colisión con el funcionamiento de los poderes judiciales internos, con los intereses ambientales, o con los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de sus habitantes. (Di Filippo 2008).
Estos puntos focales de análisis son una parte del tema que nos ocupa y corresponden a la esfera de la economía. Ellos expresan lo medular de la visión centro-periferia planteada por la Escuela Latinoamericana del Desarrollo bajo las pautas fundacionales de la CEPAL y se focalizan en el problema de la distribución y utilización social de las ganancias de productividad inherentes al formidable poder expansivo de los sistemas capitalistas.
El tema de la propiedad transnacional de los activos controlados por las corporaciones globales, merece una pequeña reflexión. En rigor la estructura de la propiedad de los factores productivos y de los mercados en que éstos se transan depende en alto grado de la red de instituciones (reglas del juego) que regulan las posiciones de poder de empresas, personas y familias que controlan dichos factores de la producción. La fuente generadora de esas reglas de juego son las instituciones permanentes de los estados (no los gobiernos transitorios) nacionales o los acuerdos intergubernamentales con los organismos de allí derivados. De aquí entonces la proposición, con alto contenido económico y político, sostenida por el estructuralismo latinoamericano, de que la dinámica de los mercados y de los precios en las sociedades capitalistas depende de las posiciones de poder de las partes contratantes en las instituciones que componen el tejido de la estructura social.
Esta verificación básica de naturaleza transhistórica, adquiere una concreción específica en el mundo global actual. Entre los recursos reales cuyos derechos de propiedad determinan en alto grado los precios de los mismos, merecen citarse los, así denominados, naturales (tierra cultivable, bosques, manantiales o fuentes de agua potable, ecosistemas compartidos, riquezas mineras, fuentes de energía no renovable, estabilidad de la biosfera, etc.) cada vez más condicionados por factores ambientales y tecnológicos que determinan su oferta. La integridad de la biosfera forma parte de un derecho humano fundamental que es gravemente vulnerado cuando se convierte en una mercancía operada con criterios fundamentalmente microeconómicos.
Los protagonistas de esta nueva era son las empresas transnacionales (ET) y sus derechos de propiedad que quizá podríamos denominar “derechos transnacionales” por la facilidad con que se transfieren a través de mecanismos financieros y bursátiles, y por el control de las tecnologías de punta que acrecientan sus ganancias de productividad, a través de sus propios departamentos de investigación y desarrollo.
La apropiación transnacional de ganancias de productividad se efectúa en parte creciente a través de filiales y subsidiarias corporativas instaladas en el interior de las sociedades periféricas, para la elaboración de productos (bienes o servicios) globales. El mecanismo de captación transnacional del excedente radica, precisamente en generar niveles (y ganancias) de productividad “céntricos” obtenidos con niveles salariales “periféricos” (Di Filippo 1998).
La idea de que el proceso de globalización ha generado autonomías de comportamiento en las ETS con independencia del poder político y cultural de sus países de origen, es un espejismo. Primero porque la ciencia y tecnología en que se fundan sus departamentos de investigación y desarrollo es un fruto cultural de los países hegemónicos, y segundo porque las ET siguen necesitando de reglas de juego institucionalizadas que posibiliten su actuación a escala mundial. Los códigos de inversiones, de servicios, de propiedad intelectual, etc. aprobados en la OMC son un ejemplo de estos marcos institucionales. También lo son las condicionalidades macroeconómicas y financieras que emanan del Fondo Monetario Internacional.
Las frecuentes crisis experimentadas durante los últimos 20 años, han sido una consecuencia de una ausencia de una adecuada “arquitectura financiera” que regule el comportamiento de los grandes actores transnacionales. Dicho sea de paso, el fracaso de las negociaciones orientadas a instalar la Agencia Multilateral de Inversiones (AMI/OCDE 1995), dio lugar a un vacío institucional que quizá haya contribuido al desastroso colapso actual (2009) de los bancos de inversión en Estados Unidos y a su contagio al resto de la feble arquitectura financiera mundial.
La necesidad de las ETS de contar con instituciones “propias”, adecuadas a las corporaciones y a los mercados transnacionales, que trasciendan los marcos políticos y culturales de los estados nacionales, ha conducido también a la proliferación de normas que fijan estándares de calidad no sólo en cuestiones procedimentales, sanitarias o medioambientales (ISO) sino también en ámbitos políticos y culturales. Estos organismos así como las agencias de calificación de riesgo, deberían estar sometidas a una estricta regulación por parte de agencias intergubernamentales globales en las que exista una adecuada participación de todos los países o regiones del mundo.
Paralelamente, y esto es lo más grave, han proliferado otros estándares que incursionan en el ámbito de los poderes del Estado o de las instituciones culturales.
En materia de solución de controversias entre inversores globales y autoridades gubernamentales, los acuerdos, tanto multilaterales como regionales, suelen evitar los poderes judiciales y las normas nacionales, otorgando jurisdicción a paneles de expertos que dictaminan en materias ambientales, sanitarias, e incluso laborales, por afuera y por “encima” de las normas nacionales y locales (Di Filippo, 2008). Nuevamente aquí se requieren de instituciones y organizaciones intergubernamentales que fiscalicen sus comportamientos y eviten sesgos contrarios a la equidad en el funcionamiento de los mercados o atentatorios contra los derechos y garantías ciudadanas.
En el ámbito cultural han proliferado estándares en materia de calidad, o de “nivel” de las universidades, con criterios de medición que se propagan desde los centros. En la esfera tecnológica y productiva es indudable que esos estándares están avalados por la tremenda eficacia de los métodos pragmáticos de la ciencia occidental. Sin embargo, también se pretende trasladar similares estándares “objetivos” a la esfera económica, social y política, confundiendo los dogmas neoliberales de mercado con los fundamentos teóricos de la economía, de la política y de la cultura. Este campo resulta especialmente peligroso por su impacto sobre diferentes formas de exclusión y dependencia cultural.

La gradual imposición de estándares y normas provenientes de los centros hegemónicos, y, en particular para América Latina, desde los Estados Unidos, contribuye a generar una cultura de extrema dependencia donde predomina unilateralmente la transmisión de calificaciones técnicas. Se formulan planes educacionales, con una medida de éxito que depende de su productividad, y de los ingresos a que pueden acceder los educandos. Es una filosofía educacional orientada fundamentalmente a formar técnicos, no necesariamente a formar ciudadanos, y mucho menos a formar personas capaces de legitimar, frente a sus prójimos, sus comportamientos éticos. La compartimentalización de los conocimientos conlleva el riesgo de una desintegración de los valores culturales locales y nacionales. (Sunkel 1970).
Esta concepción mercadista de los valores puramente instrumentales (productividad, eficacia, eficiencia, competitividad), afecta la asignación de recursos, tanto naturales como humanos. Esta reflexión es aplicable a la significación cultural de ciertos productos agropecuarios básicos (por ejemplo la agricultura del maíz en México o Perú, o de la papa en Perú y Bolivia). A escala transnacional, se generan variedades híbridas o transgénicas de masiva oferta global. Estos procesos afectan la oferta preexistente de las especies originarias, con base en criterios de rentabilidad determinados por las empresas que producen dichos transgénicos sin tomar en consideración otros aspectos, no sólo culturales sino también económicos, tales como la rentabilidad de un turismo que rescate y ofrezca los valores éticos, estéticos, gastronómicos, etc., de culturas originarias.
No sólo la educación deja de ser un bien público esencial y se convierte en una mercancía, lo mismo acontece con otros bienes públicos como la seguridad (barrios residenciales segregados dotados con vigilancia privada), o con la privatización de parques, playas, y autopistas cuyo uso exige el pago de derechos o peajes. El conjunto de reglas de juego que fijaron los modelos de crecimiento integrados al capitalismo global, penetró en todas las instituciones (políticas, económicas y culturales) fijando nuevas posiciones de poder institucionalizado que terminaron afectando la distribución del ingreso personal o familiar, la localización geográfica de las clases y estratos en los distintos barrios de las grandes metrópolis, la distribución de las oportunidades educacionales en esos mismos espacios, etc.
La formación de las democracias periféricas en América Latina

El otro tema de gran importancia es de naturaleza sociopolítica, y alude a la interacción que, en nuestras sociedades periféricas, se establece entre las reglas de juego del capitalismo y las de la democracia. Dicho de manera ultra simplificada se trata de la interacción entre los derechos patrimoniales (de propiedad) de las personas jurídicas que operan como los jugadores económicos más importantes vis-a-vis los derechos humanos, (civiles, políticos, y socioeconómicos) de los ciudadanos que se ven afectados por el impacto del capitalismo global.
En esta esfera sociopolítica también cabe expresar otra tesis central de este trabajo: solamente el fortalecimiento de la democracia política social y económica puede preservar los intereses ciudadanos de una manera que sin anular la enorme capacidad de crear riqueza (expandir la productividad) de las organizaciones e instituciones propias del capitalismo transnacional, logre controlarlas socialmente para la preservación del bien común.
Históricamente, el capitalismo, como realidad tangible en la cual estamos inmersos se desenvolvió en interacción dinámica con la democracia, al menos en las sociedades más desarrolladas del mundo occidental. De hecho ambos sistemas se configuraron conjuntamente. Sin embargo la evolución de la democracia en América Latina siguió sus propios derroteros que son inherentes a la condición periférica de sus economías.
Los factores de la herencia colonial, consolidados durantes el siglo XIX en el funcionamiento de las formas periféricas del capitalismo y de la democracia, todavía hoy generan un impacto negativo sobre las oportunidades de desarrollo de nuestros países.
Respecto de la estructura social rural, y a pesar de los movimientos campesinos o agraristas, y de las reformas agrarias efectivamente llevadas a cabo por algunos gobiernos en los años cincuenta y sesenta del siglo XX, la sociedad rural latinoamericana sigue signada por la desigualdad. El tema social rural ha perdido parte de su relevancia directa porque las migraciones rural urbanas han reducido de manera decisiva la proporción de población rural, con lo que los problemas de empleo y de desigualdad social se han transferido a las ciudades. Sin embargo la concentrada apropiación de la tierra es un tema que ahora asume ribetes diferentes y se expresa, precisamente en las formas sociales de apropiar el excedente global derivado de las ganancias de productividad de las empresas transnacionales y/o locales que operan en la agricultura latinoamericana.
Respecto de la estructura del poder político el carácter presidencialista de los sistemas políticos democráticos latinoamericanos expresa formas de centralización del poder que han modelado nuestras sociedades desde sus orígenes. Esta centralizada forma de poder que es característica de los sistemas políticos latinoamericanos se ha visto desafiada por el impacto de la globalización. Se han generado condiciones económicas que han transferido hacia “arriba” es decir hacia el nivel global, muchos instrumentos de política pública que eran privativos de la capacidad de maniobra de los gobiernos centrales. Esto ha reducido los grados de soberanía efectivamente detentados por los estados latinoamericanos.
Evidentemente la situación en que se encuentran las sociedades latinoamericanas en el siglo XXI tiene una historia reciente y bien conocida. Los procesos políticos turbulentos de los años cincuenta y sesenta, vinculados a las revoluciones violentas, y a los movimientos guerrilleros, dieron lugar a los gobiernos militares autoritarios de los años setenta. Finalmente la década de los ochenta presenció el retorno gradual a la democracia política de todas las naciones latinoamericanas. De hecho existe una coincidencia histórica significativa: a partir de comienzos de los noventa todos los países latinoamericanos no sólo habían aceptado las reglas de juego del capitalismo global, sino que además habían retornado a las reglas de juego de la democracia política. Se trata de una democracia inestable, con frecuentes crisis que derrumban gobiernos, pero con mecanismos constitucionales que se auto-reparan a si mismos sin intromisión (al menos por ahora) de los tradicionales cuartelazos militares.
Formularemos dos preguntas. Primera: ¿Qué grado de perdurabilidad histórica cabría pronosticar para esta nueva oleada de redemocratización que hoy presenciamos en América Latina? Y segunda: ¿Qué acciones estratégicas conjuntas podrían ensayar los estados latinoamericanos para tratar de consolidar su flamante cultura democrática?
Un intento de respuesta a estos interrogantes exige introducir los vínculos que existen entre el capitalismo global, la democracia latinoamericana y la necesidad de promover la integración regional de nuestras naciones. La integración de las sociedades nacionales latinoamericanas no debe confundirse con la integración tanto global como regional de los mercados que estamos presenciando en la actualidad. Esta última forma de integración opera bajo la lógica microeconómica del capitalismo global en tanto que la primera sólo es concebible bajo la lógica política de la democracia.
No se trata de eliminar ninguno de los dos componentes de la ecuación capitalismo-democracia, sino de establecer las reglas que permitan el encuadramiento de los derechos de propiedad de las grandes transnacionales, sean éstas latinoamericanas y/o de otros orígenes, dentro de los marcos reguladores que defienden los derechos y libertades ciudadanos propios de los sistemas políticos democráticos. Esos derechos y libertades que tanto trabajo le costó a América Latina reconquistar a partir de los años noventa.
Entrando ahora sí, en el terreno de la filosofía política y con el sólo objetivo de lanzar una constructiva provocación intelectual, distinguiré entre dos vertientes ideológicas que hoy discuten en diferentes foros el tema de la naturaleza de la democracia. Me refiero a las vertientes
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