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CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

TRABAJO SOCIAL

ENSAYO “LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL EN COLOMBIA”

PRESENTADO POR:

ANGELA PATRICIA SIERRA SANDOVAL ID212223

5 DE SEPTIEMBRE DE 2013

INTRODUCCIÓN

Al hablar de criminalización de la protesta social en Colombia, no se debe hacer referencia a lo vivido en los meses de mayo a lo corrido de septiembre del año en curso a lo ancho y largo del territorio nacional, ni a un evento aislado, ya que no es solo en este gobierno ni por efectos del paro nacional agrario que se da esta problemática, tendría pues que hacerse una revisión a la historia de las protestas, rebeliones, movilizaciones y huelgas no solo de estudiantes que son las más estigmatizadas, sino de diferentes agrupaciones sociales,así como el actuar de los actores involucrados (Gobierno, Fuerzas Militares y el pueblo colombiano) y ante ello preguntarse, ¿Qué es y desde cuando se da la criminalización de la protesta social en Colombia? ¿Qué consecuencias trae sobre la población civil? ¿Existe un marco jurídico que la prohíba o le de legitimidad? En el desarrollo de éste ensayo, se pretende contestar las preguntas enunciadas, revisando detalladamente algunas páginas de la historia y plantearnos posibles respuestas o dar luces para la comprensión de esos eventos que examinaremos, a partir de lo hallado en la Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango y otros textos.

DESARROLLO

Inicialmente, podemos hacer referencia a la revuelta de los comuneros, llamada por algunos historiadores como rebelión, turbulencia o sublevación, que a fin de cuentas fue una manifestación popular, realizada por el pueblo, compuesto por campesinos, indígenas, afros, labriegos, arrieros, mineros, artesanos… todos reconocidos bajo el nombre comuneros. El 17 de Agosto de 1780, una orden real alzaba el costo del tabaco y del aguardiente, justificado en la guerra que libraba España con Inglaterra,se puso en ejecución en Marzo de 1781, la reacción de los comuneros no se hizo esperar, quedó en la historia el acto de Manuela Beltrán, quien arrancó el edicto, que estaba fijo en una tabla de madera, junto a la residencia del Alcalde. ¡Muera el Rey de España! , fue la “arenga” de la multitud que recurrió a las vías de hecho, cansados de los abusos a los que eran sometidos. ¡Viva el rey y muera el mal gobierno!, era el eco en poblaciones como Pamplona, Neiva, Pasto, entre otros, lugares a los que llego esta oleada de inconformismo en la que todos caminaban con un mismo propósito: La Independencia (Aunque otros autores llaman a este acontecimiento revuelta y no revolución, porque los comuneros no buscaban un derrocamiento del gobierno, sino la respuesta a sus peticiones). Se hizo pública la intención de no pagar tributos, y más personas se añadieron a la protesta que partió desde el Socorro, a la cual más personas se adhirieron, sumando más de 20.000 comuneros quienes llegaron a Zipaquirá, allí con delegados de la ciudad de Tunja y después de conversaciones, se redactaron las capitulaciones. En ellas, se concretaron básicamente la suspensión de tributos, entre otros puntos, pero esta fue una trampa y fueron traicionados, se anularon las capitulaciones, la movilización llamada “protesta de violencia”, fue desmovilizada, se desató una gran represión que desencadeno la ejecución de José Antonio Galán, Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz y Manuel Ortiz, y se sembró el terror a todos aquellos que intentarán sublevarse con un acto cruel: Galán luego de ser fusilado y colgado en la horca, sus manos, cabeza y piernas fueron llevadas a diferentes plazas públicas.

Otros sucesos, en los que la represión y el horror sobresalen, son los ocurridos en 1928 y 1929 en los que las víctimas fueron sindicalistas de la UnitedFruitCompany y estudiantes de la Universidad Nacional. Los primeros, asesinados por las balas de los fusiles del ejército en la llamada masacre de las bananeras, cuya historia tiene pinceladas tan similares a las de los paros de campesinos, mineros, camioneros, y demás que se han presentado en este 2014.

Los huelguistas bananeros fueron estigmatizados por el gobierno conservador Miguel Abadía Méndez, quien acusaba de “comunistas” y manipulados por la subversión a los trabajadores que exigían mejores condiciones laborales, lo hacían porque no tenían un salario en dinero, trabajaban 12 horas, no tenían asistencia médica alguna, dormían amontonados en malas condiciones y eran contratados por un sistema de contratistas intermediarios. En octubre de 1928, poco antes de la masacre, se promulgó la Ley de Defensa Social más conocida como Ley Heroica, de carácter represivo que “…Inscribía como “subversiva” la acción reivindicativa, política y social de los sindicatos y organizaciones populares nacientes.” (Calvo Ospina, 2010), prohibía la fomentación de lucha de clases, no reconocía el derecho de promover huelgas, y fueron declarados ilícitos los escritos o publicaciones que se consideraran subversivas, o relacionadas con el bolchevisquismo.

Bastos territorios de la geografía colombiana, habían sido entregados a multinacionales norteamericanas e inglesas para la explotación de petróleo, oro, platino, banano, cacao, tabaco y caucho, estas empresas ejercían un gran poder político en la nación y sometían a pésimas condiciones de vida a los trabajadores, que en el caso de la UnitedFruitCompany llegaban a 25.000. Tras un estancamiento en las negociaciones de los sindicalistas y la promulgación de la “Ley Heroica”, los trabajadores declararon la huelga en 12 de Noviembre, la madrugada del 6 de diciembre, fue la fecha en la que a petición de la compañía norteamericana de presencia militar, ocurrió este lamentable, cruel y repudiable hecho que marco la historia colombiana: Cerca de 3000 trabajadores, muchos acompañados por su familia se habían instalado en la plaza de Ciénaga, supuestamente para negociar con el gobernador, fueron acribillados por el ejército liderado por el Gral Carlos Cortés Vargas, quien fue elogiado y felicitado por el gobierno, lo más cínico de este acontecimiento, fue lo que el diplomático estadounidense Jefferson Caffery, declaró el 16 de enero de 1929 “Tengo el honor de informar que el representante de la UnitedFruitCompany en Bogotá, me dijo ayer que el número de huelguistas muertos por las fuerzas militares colombianas pasa de un mil”, (Pérez Silva, (2005). La Masacre de las Bananeras. Revista Credencial Historia. 190). Investigaciones paralelas descubrieron decenas de fosas comunes, persiguieron que a quienes no murieron por las ametralladoras, los remataron, y que muchos cadáveres fueron lanzados al mar como banano podrido.

Quedo más que claro, con estos hechos lo que más adelante diría el caudillo Jorge Eliecer Gaitán “…Dolorosamente sabemos que en este país el gobierno tiene la metralla homicida para los hijos de la patria y la temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano”.

Casi un año después,en Bogotá otro crimen y acto de represión brutal se llevó a cabo en el centro de la ciudad, las llamadas brigadas estudiantiles, cansadas de que un puñado de políticos y militares manejaran tráfico de influencias, fueran autores de malversación de fondos públicos y de persecución al cualquiera que fuera piedra en el zapato en actos de corrupción, de las medidas represivas contra los huelguistas de la Tropical y de la UnitedFruitCompany, el seis de junio realizaron una masiva movilización, la policía detuvo arbitraria y violentamente a los manifestantes, pero comerciantes, obreros y demás civiles se adhirieron y no permitieron un fatal desenlace. Lamentablemente al día siguiente asesinaron al estudiante Gonzalo Bravo Pérez, muerte que causó la destitución del Gral Cortés Vargas, ya que el asesinado era hijo de un familiar del Presidente Abadía, pero que tiempo atrás había sido ascendido por el “magnífico resultado” del trágico 6 de diciembre.

En conmemoración a estos hechos, el 1954, bajo el gobierno del Gral Gustavo Rojas Pinilla, con el mismo sistema represivo, más estudiantes cayeron víctimas de las fuerzas militares colombianas, “(…) Pero el movimiento estudiantil iniciaba entonces una nueva era de luchas y combates. Lo que una vez fue protesta contra camarillas corrompidas, ahora era cuestionamiento de todo el orden social, integración a las luchas generales del pueblo y creciente toma de conciencia para organizarse y participar en la transformación revolucionaria de la sociedad colombiana. A pesar de los golpes, la represión y la muerte, la universidad sigue siendo una reserva del pueblo en el largo camino de la liberación definitiva.”(www.movimientodevictimas.org).

Estos son solo unos cuantos de muchos actos represivos en contra de la ciudadanía, ejercidos a través de la policía y el ejército para evitar el crecimiento de la movilización, crímenes de lesa humanidad, genocidios, torturas y más violaciones a la integridad de colombianos, que persiguen justicia, reivindicación de derechos, alzar la voz frente a la corrupción y el mal gobierno que pisotea a la población civil y se enriquece vendiendo territorio y recursos naturales, que día a día entierra a quienes se oponen abiertamente a la arbitrariedad del estado colombiano, son sometidos a señalamientos, estigmatización y represión; esa represión hizo nacer a grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Movimiento 19 de Abril (M-19), Ejército Popular de Liberación (EPL) y Quintin Lame (QM), y hasta el día de hoy el estado le responde a estos grupos con violencia, agravando día a día el conflicto que lleva ya más de 50 años.

El que no se garantice este derecho al pueblo, trae consigo un malestar social generalizado, más cuando es una larga lista de derechos que en Colombia el estado incumple y esa inconformidad viene a ser como una olla a presión, que generalmente estalla con actos violentos, vandálicos, y una tendencia a la descomposición del tejido social, y en respuesta se criminaliza el derecho a la protesta social en un estado democrático, agravando el fenómeno. Como resultado, la población asume varias posturas: una, cuando la misma gente pierde la fe en las movilizaciones o formas de resistencia civil, porque según ellas nada va a cambiar y por el contrario le temen a las represarías, otra en la que la impotencia se convierte en rabia hacia el “sistema” y deseo de reclamar justicia, unos por vías jurídicas y políticas y otros por métodos más extremos, como las armas, lo ideal sería en este caso, lo que el sociólogo argentino Roberto Gargallera nos explica(2005, pág 19): “El derecho debe dar especial protección a quienes reclaman por ser tratados como iguales, es decir, debe proteger en lugar de acallar a la protesta. El derecho a protestar aparece así, en un sentido importante al menos como el primer derecho: el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos”

Revisando la el marco jurídico frente a esta problemática, sobresale una dicotomía y se polariza la aceptación y legalidad de la protesta social. En la constitución de 1886, se reconocía el derecho a la reunión pacifica, pero no se contemplaba la manifestación y otorgaba la autoridad para “disolver toda reunión que degenere en asonada o tumulto, o que obstruya las vías públicas” (Art 46, Constitución 1886), bajo esta premisa se consideraba un delito ejercer la protesta social. Los expresidentes López Michelsen y Turbay, con el decreto 2195 del 76 y el Estatuto de Seguridad del 78, restringieron por completo cualquier indicio por pequeño que fuera de llevar a cabo una movilización, no se interpretaba como derecho sino como delito. En teoría a partir de la nueva Constitución Política de 1991, estos conceptos cambiaron drásticamente, pues ya se concebía como derecho la protesta social pacífica, y “…consagraron como derecho fundamental el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, y dispusieron que la limitación al ejercicio de este derecho sólo pude establecerse mediante la ley (art 37, CN). Además la Constitución también incorpora el derecho a la libertad de expresión (art 20, CN), íntimamente vinculado al derecho a la protesta.” (¿Es legitima la criminalización a la protesta social?, Eduardo Bertoni, pág 47, 2010).

Al parecer, todo estaba dado para que todo sujeto que estuviera en desacuerdo alguno con el estado o tuviera algún grado de inconformidad, ejerciera su derecho a la protesta social, pero el hecho de que estuviera vigente el conflicto armado interno desde la década del sesenta, le dioal gobierno formas de deslegitimizarla, bajo las siguientes “figuras jurídicas”:

El delito de asonada, el delito de terrorismo y los delitos cometidos con fines terroristas, otros tipos penales que pueden comportar un riesgo, el delito de rebelión, y el delito de concierto para delinquir.

Hemos sido testigos de cómo la ley se aplica solo a unos, de cómo la estructura social, política y económica se amanguala para regir los destinos del país y hacer pagar solo a unos por sus delitos, cómo el ejecutivo incrimina a estudiantes, activistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, docentes, líderes sociales y crea todo un show con pruebas incluidas para judicializar y condenar a quien represente un peligro para la estabilidad social, un ejemplo de ello es el caso dellíder David Rabelo Crespo, “quien se encuentra condenado a 18 años de prisión en la cárcel La Picota, acusado de un crimen que no cometió. Enfrenta cargos por el asesinato en 1991 de David Núñez Cala, entonces secretario de Obras Públicas de Barrancabermeja. El montaje judicial que sindica a Rabelo Crespo se basa en los testimonios de paramilitares, a quienes su trabajo como académico, comunicador y defensor de derechos humanos ha afectado” (http://www.pacocol.org/index.php/comite-regional/santander/5906-foro-en-bucaramanga-judicializacion-de-la-protesta-social-y-los-derechos-humanos).

Los computadores de Luis Edgar Devia Silva, alías Raúl Reyes, se han convertido en la fuente de pruebas en contra de sindicados por el estado de ser incitadores, manipuladores y de tener nexos con “los terroristas de las FARC”, y son acusados de ser colaboradores de estos grupos, y así son sacados del camino, como se dice popularmente. En el caso de estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Colombia, basta ver como el Esmad (Creado en 1999 con la llegada del Plan Colombia) y la Policía violan la autonomía universitaria, y bajo cualquier pretexto ingresa a sus instalaciones en búsqueda de pruebas para involucrar a más supuestos guerrilleros, los grafitis, panfletos y propaganda “subversiva” son prueba suficiente para judicializar y condenar a quienes consideren amenaza. El paro nacional agrario que está en curso, ha sido también blanco de criminalización: Según el Presidente Santos y el Ministro de Defensa, los campesinos no protestan por sí mismos, sino que son amedrentados, obligados y manipulados por la omnipresente guerrilla de las FARC, y se ha encargado el mismo estado de minimizar y deslegitimizar la protesta con infiltrados que causan agresiones y violencia en las movilizaciones, esto denunciado por el movimiento Marcha Patriótica (Acusado por Juan Manuel Santos de estar detrás de las protestas para desarrollar su agenda política y sin ningún interés en los problemas de los campesinos), el alcalde de Bogotá Gustavo Francisco PetroUrrego, y el senador del Polo Democrático Alternativo Jorge Enrique Robledo Castillo, bancada que junto a sindicalistas de todo el país es hoy día blanco de amenazas, aclarando que dichas infiltraciones responden a más de un interés particular no generalizado.

Dentro de las herramientas estatales de represión, hay una bastante criminal contra la población, se trata del EscuadrónMóvil Antidisturbios (Esmad), quienes son felicitados por el cumplimiento de su deber, cuando en realidad cometen todo tipo de atropellos contra los manifestantes.Y es que hay un agravante en toda esta situación aquí plasmada, una controvertida reforma al fuero militar que fue recientemente aprobada en el Congreso en tiempo record, lo cual genera más impunidad y da más libertad a los militares para atacar a quienes consideren blancos legítimos, y en caso de ser investigados por irregularidades, solo pueden ser procesados por la Justicia Penal Militar, ante el rechazo de Amnistía Internacional, ya que "podría permitir que los autores de abusos contra los derechos humanos eludieran la acción de la justicia" (Diario El Colombiano, Mayo 23 de 2013).

A pesar de que en el discurso y en la ley se respeta el derecho a la protesta social, esta sigue siendo después de muchos años de repetir la misma historia, criminalizada, bajo los intereses del gobierno y políticas corruptas, y como lo señalan Rodrigo Uprimny y Luz María Sánchez Duque (Pag. 73, 2010) “Tanto la investigación dogmática como la empírica ponen de manifiesto que aún hay muchas tareas pendientes en aras de garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la protesta. La primera de ellas consiste en posibilitar que la perspectiva constitucional penetre en todos los niveles del sistema penal. Todos los policías, fiscales, jueces, legisladores están en mora de asumir plenamente que protestar es un derecho y que quienes protestan deben ser tratados como ciudadanos, no como delincuentes, ni mucho menos como enemigos. Tal perspectiva no implica que todo lo que se realice en el curso de una manifestación es válido y no debe ser permitido. Lo que implica es introducir parámetros de racionalidad constitucional tanto en los actos de control policial como de control penal, de tal modo que se protejan adecuadamente todos los intereses y derechos en juego”.

CONCLUSIONES

La Constitución Política de 1991, establece que Colombia es una República democrática y participativa: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.(Art 1, CN). En la práctica no lo es, el ejecutivo utiliza su posición para beneficiarse y pasar por encima de lo establecido en la Carta Magna, los colombianos debemos trabajar por el cumplimiento de las leyes y dejar la indiferencia en el escenario de arbitrariedad y abuso, utilizar los mecanismos de participación ciudadana para hacer frente a un estado opresor y represivo, y así llegar a ser una verdadera nación democrática en la que prime el bien común, no es una tarea fácil y requiere de la intervención de toda una nación, las grandes revoluciones en el mundo han sido movidas por el pueblo inconforme con la finalidad de derrocar un mal gobierno, en la mentalidad de cada colombiano debería estar grabado lo dicho por el inolvidable Jorge Eliecer Gaitán “El pueblo es superior a sus dirigentes”.

BIBLIOGRAFIA

  • Bertoni, Eduardo Andrés (2010). ¿Es legítima la criminalización de la protesta social?: Derecho Penal y Libertad de Expresión en América Latina –compilado-.

Buenos Aires, ARGENTINA. Universidad de Palermo UP.

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