Colonia, nación y monarquía






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Colonia, nación y monarquía.

El concepto de colonia y la cultura política de la Independencia

Francisco Ortega1

Los vastos y preciosos dominios que España posee en las Indias no son propiamente Colonias o factorías, como las de otras naciones sino una parte esencial e integrante de la monarquía española….

Real Orden de la Junta Suprema de Sevilla (1809)

  1. Paradigmas: La nueva historia social, la nueva historia política

Hasta finales de la década de los setenta el término colonial tenía la indiscutible virtud de dotar el análisis histórico de las relaciones sociales en América durante el periodo de dominación española con una contundencia que era a la vez llena de finalidad y engañosa. Advirtiendo esta situación, Enrique Tandeter señalaba en 1976 en un breve artículo titulado “Sobre el análisis de la dominación colonial” la urgente necesidad de pensar la especificidad del “hecho colonial” americano, es decir “el carácter colonial de la formación social” durante los trescientos años de dominación española (Tandeter, 1976: 155). En ese artículo, Tandeter señalaba cómo el análisis social del periodo había sufrido un estancamiento producto de la adopción acrítica de los modelos de análisis sobre el fenómeno de expansión imperial anglosajona y francesa y propone, en cambio, “construir para cada formación -en este caso la americana- el objeto teorico correspondiente”. Más concretamente Tandeter propone “trabajar en la elaboración del concepto de explotación colonial como clave para producir los conceptos propios de las formaciones sociales coloniales americanas de la época de la acumulación originaria” (1976: 156).

El llamado de Tandeter ocurre en el umbral de una nueva historia que abordaría con energía y brillantez la elucidación de los factores económicos y de las fuerzas sociales que definieron la naturaleza conflictiva de las sociedades americanas y su inserción en la economía mundo desde el siglo XVI. En efecto, desde la década siguiente historiadores como el mismo Tandeter, Carlos Sempat Assadourian, John Lynch, Germán Colmenares, Heraclio Bonilla y muchos más, han revelado los contornos cada vez más precisos de aquello que precisamente podríamos llamar, siguiendo a Juan Carlos Garavaglia, la relación colonial “sea que lo asumamos desde el punto de vista político, sea que lo estudiemos desde una mirada estrictamente económica” (Garavaglia 2005): la inserción, a través de la conquista y sujeción, de los territorios americanos en un emergente sistema económico global; la extracción de bienes primarios -esencialmente oro y plata- como fundamentos mercantilistas de la relación con España y Europa; la reorganización de las sociedades indígenas y la creación de un mercado interno americano inicialmente supeditado a la economía de extracción de bienes primarios; el repartimiento, la mita, la esclavitud y otras modalidades de trabajo forzado, como los modos establecidos de participación en dicha economía mundo de los indígenas americanos, los esclavos africanos y otros grupos subordinados en América; el monopolio comercial y las estructuras tributarias como modalidades de presión fiscal que producían un flujo de valores constante de las colonias a las metrópolis; el aparato evangélico como modalidad de control social; las reformas administrativas, fiscales y militares del siglo XVIII que buscaban optimizar la rentabilidad de las colonias de acuerdo a las nuevas condiciones geo-políticas.

Por otra parte, y como corolario de lo anterior, la historia económica y social hacía evidente una serie de tensiones que habían transformado las sociedades americanas para finales del siglo XVIII y operaban como factores de preparación para la Independencia: el surgimiento de elites locales cuyos intereses paulatinamente americanizaron la economía imperial y la empujaron -por lo menos para el caso de importantes sectores productivos- en dirección de una creciente autonomía frente a España y sus agentes oficiales o comerciales; la presión fiscal de un imperio en bancarrota y comprometido en delicados escenarios internacionales, resentida -esa presión- cada vez con más vehemencia por las elites americanas; la penetración del aparato administrativo por redes clientelares tan o incluso más fieles a las lógicas locales que a las metropolitanas; el vertiginoso crecimiento de poblaciones mestizas urbanas y rurales y el concomitante surgimiento de una cultura popular cuya simbología -por ejemplo, la Virgen de Guadalupe- era de profundo arraigo americano y local; las oleadas de revueltas populares a lo largo del siglo XVIII en contra de las reformas implementadas por la Corona; la aparición del caudillaje como modalidad de solidaridad social que vinculaba efectivamente el ámbito rural y urbano y constituyo la forma de ingreso de amplios sectores sociales a las guerras revolucionarias; la llegada de nuevos lenguajes políticos e ilustrados que facultaban a la elite para desarrollar una crítica a las relaciones coloniales; y muchos otros factores más, todos los cuales parecían explicar las guerras de la independencia y la ruptura del vínculo colonial.

A mediados de los noventa comienza con fuerza otro proceso de renovación de la historiografía del periodo, esta vez de la mano de François Guerra y, en menor medida, Antonio Annino y Jaime Rodríguez. Como la anterior, que cobra impulso a partir de un deficit notable en la teorización del hecho social, la nueva historia de lo político (por darle un nombre no necesariamente aceptado de manera unánime por todos los que en ella se ven englobados) introduce un correctivo a nuestra acostumbrada percepción de lo político como un fenómeno estrechamente institucional y de carácter instrumental. Para Guerra y otros la comprensión de las acciones individuales y colectivas no es reducible a causalidades socio-económicas y la reproducción social no depende exclusivamente de las estructuras sociales sino que debe contar con la participación de los sujetos -en tanto actores sociales-. Por lo tanto, una comprensión de estas acciones y sus significado social sólo se hace posible a partir de una atención especial al lenguaje del periodo, las representaciones y sus contenidos simbólicos, los verdaderos fundamentos de lo político (Guerra, 1989). El objetivo, por lo tanto, será entender mejor las motivaciones e intenciones de los protagonistas.

El ejercicio revisionista ha replanteado la centralidad de las tensiones sociales arriba detalladas en tanto factores causales del proceso de las independencias. Para sus prácticantes el llamado de Tandeter a teorizar “las formaciones sociales dependientes” (Tandeter, 1976: 152) resulta, en el mejor de los casos, enigmática; en el peor, anacrónico. Para entender mejor este argumento, veamos su desarrollo en un artículo que publica Annick Lempérière, colega y colaboradora cercana de Guerra, en el número 4 del 2004 de la revista Nuevo Mundo, Mundos Nuevos de la Escuela de Altos Estudios de Paris2. Lempérière impugna el término “colonial” como uno de esos conceptos anacrónicos que responde más a un uso ideológico que a una descripción científica del periodo y, por lo tanto, cuestiona la eficacia de esa condición relativamente “objetiva” que la historia social había identificado como colonial con relación a los hechos que marcaron el comienzo de la Independencia.

Lempérière señala que desde las primeras fechas de la llegada de los europeos a América hasta -por lo menos- principios del siglo XIX, el término “colonia” significa –siguiendo la antigua convención romana—un asentamiento que se establece fuera de su comunidad política original. Colonizar, escribe Lempérière, significa ante todo poblar; una migración y una fundación que no implicaban la dominación de un pueblo sobre otro, sino la toma de posesión de un territorio” (2004: 114). Esta visión de poblaciones que son extensiones de la matriz europea habría facilitado, en parte, la evolución de una institucionalidad y cuerpo jurídico en el que las provincias americanas hacían parte integral de la Corona española. A su vez, a esa institucionalidad le correspondía una adhesión que no era impuesta ni el resultado de la fortaleza militar de la Corona, sino de la común implicación en el ideario monárquico, católico, corporativista y pactistas, en suma, una sincera pertenencia por largo tiempo elaborada y que contaba con la participación de amplios sectores sociales, desde los Criollos hasta las castas y los indígenas.

Esa común implicación en un ideario compartido -evidente en las motivaciones y aspiraciones de los actores, de sus lenguajes y prácticas, sus sistemas de asociación y sus modalidades de reclamo- llevará a Lempérière, siguiendo a Guerra, a identificar el contexto euroamericano como el conjunto geo-social y cultural mínimo de análisis dentro del cual estas acciones se vuelven inteligibles. La adopción de Euroamerica como unidad de análisis, dentro del cual las provincias americanas adquieren su singularidad, constituye un abandono del “marco nacionalista y la interpretación ‘colonialista’ tradicionalmente imperantes en la historiografía” (Lempérière, 2004: 407). Por eso, es más apropiado comparar a la Nueva Granada con Aragón o incluso Nápoles que con Haití, las posesiones británicas en el Caribe o, lo que se considera aun más desatinado, con la dominación colonial impuesta por Inglaterra sobre la India a finales del siglo XVIII3.

Para Lempérière el proceso de fragmentación decisiva de esa comunidad hispánica a partir de 1810 será consecuencia de una situación inesperada -la crisis de legitimidad que emana de la vacatio regis y la invasión napoloeónica de 1808-. Aun más, dirá siguiendo a François Guerra, la reacción inicial, unánime e idéntica a ambos lados del Atlántico, será la de jurar lealtad al Rey (Guerra, 1993; Guerra, 2005)4. En ningún momento los americanos, criollos o de otros estamentos, en 1808 se presentaron como sujetos colonizados enfrentados en una lucha por la liberación nacional. Y, de ese modo, para Guerra y Lempérière no se puede decir que existía un fermento social local que propiciara e hiciera inevitable el rompimiento con España.

El futuro rumbo de las sociedades americanas estará marcado por las lentas “mutaciones” políticas que ocurren durante una buena parte del siglo XIX y que son el producto -no del nacionalismo americano violentamente reprimido por siglos- sino de la corrosiva y convulsa penetración de la modernidad política europea en las sociedades tradicionales americanas5. Las guerras civiles no son más que la disputa por el poder de españoles de ambos lados del Atlántico en un escenario donde la nueva lógica política se va a desarrollar de manera inexorable. En todo caso, en palabras de Lempérière, “he aquí el punto medular, en aquel entonces y hasta bien entrado el siglo XIX, ‘colonia’ y ‘colonial’ no tenían ningun contenido ideológico” (2004: 115).

La condición colonial es un mito del periodo de la independencia: “Los patriotas criollos, señala Lempérière, renegaron de su pasado de colonizadores y colonos para hacer suya la condición de ‘colonizados’” y crear la valoración negativa del periodo de pertenencia a la monarquía hispánica (2004: 110). Un mito cuya genesis se puede ubicar entre 1810 y 1820 como efecto calculado de los criollos americanos para desplazar las autoridades virreinales y poner en marcha sus propios proyectos políticos de autonomía. “La adopción, por parte de los criollos -señala Lempérière en otra parte- de la apelación ‘colonias’ para calificar lo que fueron hasta 1808 los ‘reinos’ americanos de la monarquía española fue contemporánea del cambio de identidad de ‘españoles americanos’ a ‘americanos’” (Lempérière, 2004: 411). Lempérière remata señalando que “De colonia a colonial, se pasó, en el siglo XIX, a ‘colonialismo’, con lo cual ‘la cuestión colonial’ entró de plano en el campo de la ideología y de la política” (Lempérière, 2004: 108). Por lo tanto, para el historiador apelar al concepto de colonia y a la categoría colonial implica un uso acrítico y maquinal, tendencioso y deificado (2004: 107).

Ahora bien, si aceptamos esta conclusión, de orden no sólo conceptual sino también social, nos vemos obligados a preguntar ¿es posible aun hablar de la cuestión colonial, como tan incisivamente se anunció en el título del simposio que dio pie a esta comunicación?. ¿No tendríamos que renunciar a la convocatoria que nos hacía Tándeter en 1976 y nos renueva Heraclio Bonilla en el 2009?

  1. Colonia: de palabra a concepto

Pero antes de profesar cualquier renuncia examinemos con mayor cuidado el argumento de Lempérière. Aun más, hagámoslo desde su premisa fundamental -que creo correcta- de la utilidad y necesidad de -para decirlo con palabras del historiador alemán Reinhart Koselleck, fundador de la escuela conceptual y más o menos afin al grupo de Guerra y Lempérière- “investigar los conflictos políticos y sociales del pasado en el medio de la limitación conceptual de su época y en la autocomprensión del uso del lenguaje que hicieron las partes interesadas en el pasado” (Koselleck, 1993: 111).

Una mirada a las definiciones tempranas del vocablo colonia parece confirmar el argumento de Lempérière. Según el Diccionario de Autoridades de 1729, el término Colonia significa “población o termino de tierra que se ha poblado de gente extrangera, trahida de la Ciudad Capital, u de otra parte”, definición que es prácticamente una repetición de la que aparece en el diccionario de Covarrubias (1611) e incluso en Las Etimologías romanceadas de San Isidoro (c. 630; re-editado 10 veces en el siglo XVI) y que da cuenta de una estabilidad semántica de largo plazo. Corroborando esa larga duración, el Diccionario de Autoridades añade, “Los Romanos llamaban tambien assi a las que se poblaban de nuevo de sus antiguos moradores. Es voz puramente latina. Colonia… En toda España fueron en aquel tiempo veinte y cinco las colonias, que se deben entender de Ciudadanos Romanos…”. Notemos que en esta definición, asignarle el término colonia a un territorio tiene connotaciones positivas al ser un reconocimiento que el senado romano le otorgaba a las poblaciones reconocidas como notables en el dominio imperial. Los habitantes de las colonias hacían parte de la república y eran reconocidos como ciudadanos, miembros partícipes de la comunidad política del imperio, inclusión que ya aparecía explícita en el Vocabulario español-latino de Nebrija en 1495. El colono, decía el Vocabulario de Nebrija, es el ciudadano de la colonia6.

Ciertamente, la noción de colonia como asentamiento tiene una pre-eminencia en la literatura neo-clásica del siglo XVIII. Un ejemplo distinguido, pero de ninguna manera único, es Medallas de la colonias, municipios y pueblos antiguos de España (Madrid: Oficina de Antonio Marín, 1758) del agustino Fray Henrique Florez, tratado de numismática que examina los antiguos sellos y blasones de los pueblos de España, con particular atención a los otorgados por Roma. Ese uso es relativamente extendido y compartido en América, como lo hace evidente el sermón de Nicolás Moya de Valenzuela, presbítero de Bogotá, en el que fustiga la revolución francesa y conmina a las colonias -las provincias americanas- a demostrar su patriotismo contra la herejía francesa7. Aun más diciente, en plena crisis que terminará con el colapso del imperio, Camilo Torres, el llamado ideologo de la revolución neogranadina (Gómez Hoyos, 1962: vol. II, 44), aceptará el término de colonia en la “Representación del Cabildo de Santafé a la Junta Central” (noviembre de 1809) para referirse a las provincias americanas como parte integral e inalienable de la nación española. Su uso es ciertamente polémico y ya tendremos oportunidad de regresar a la “Representación”. Sin embargo, todo esto parece prestarle apoyo al argumento de Lempérière sobre el anacronismo del adjetivo “colonial” para describir las relaciones de América para con España y Europa.

Esa definición correspondía, no sin tensiones y ambigüedades, con el estatuto jurídico de los dominios americanos. Los territorios adquiridos por la conquista en el siglo XVI ingresan -por Real Cédula de Carlos I- en condición de reinos de Castilla y su enajenación queda expresamente vetada8. El término de colonia, cuando presente en las codificaciones legales -por ejemplo, la Política Indiana (1647) de Juan de Solorzano, las Leyes de Indias (1680) o las Notas a la Recopilación hechas por Manuel Josef de Ayala (c 1795)- designan y reglamentan las varias formas de poblar, es decir de hacer nuevos asentamientos en los territorios ya integrados9. Es, por lo tanto, cierto que desde el punto de vista jurídico, América no tenía una condición legal inferior, como aquella que caracteriza las posesiones coloniales durante el siglo XIX y XX. Sin embargo, es igualmente cierto que la existencia de las dos repúblicas -de indígenas y españoles- con todas sus connotaciones evangélicas y sociales introducía una subordinación efectiva de la población indígena que se expresaba en obligaciones impuestas, entre las que se contaban las ya mencionadas formas de trabajo forzado y la tributación10. Por otra parte, su aparato administrativo -por ejemplo, la Casa de Contratación, el Consejo de Indias- la dotaba de un estatuto administrativo particular con relación a otros reinos de la Corona y con una función económica muy precisa. Digamos, por lo tanto, que los reinos americanos -aun si incorporados en el sentido romano- eran una colonia particular cuya participación en la Monarquía ocurría precisamente gracias a esa calidad diferenciada11.

En 1780, el diccionario modifica ligera pero sustancialmente la definición de Colonia ofrecida por el diccionario de 1729. Veamos, Colonia: “Cierta porción de gente que se envía de orden de algun príncipe, ó república á establecerse en otro país: llámase también así el sitio, ó lugar donde se establecen” (RAE 1780). Dos son los cambios que nos importa remarcar. En primer lugar, la omisión completa en el diccionario de fin del XVIII de la referencia a Roma y al colono como ciudadano (recordemos que esas referencias habían sido componentes esenciales de la definición de colonia por casi 1000 años). Señalemos que es un borramiento doblemente peculiar, pues borra el carácter republicano de las colonias precisamente en el momento en que un fuerte neo-republicanismo se pone en boga en el mundo hispánico. En segundo lugar, la emergencia de una finalidad (es el principe quien envía) completamente ausente en las definiciones previas del vocablo. Ahora bien, una vez que los diccionarios son fuentes poco indicadas para explorar alteraciones y transformaciones semánticas (su carácter es esencialmente conservador), no parece fácil ni muy docto inferir mucho de estas leves variaciones. Sin embargo, en estos casos una alteración, por leve que sea, nos debe alertar sobre la posibilidad de transformaciones más profundas en la experiencia histórica y remitirnos a otros tipos de fuentes que nos permita comprender su significado social.

Digamos aun más, siguiendo a Koselleck, que esa turbulencia semántica a lo largo del siglo XVIII -en el contexto geopolítico de una renovada expansión colonial europea- es un fuerte indicio que el vocablo “colonia” deja de ser una simple palabra y adquiere el estatuto de concepto político fundamental. Recordemos que para Koselleck los conceptos (a diferencia de las simples palabras) son estructuras semánticas que adquieren su condición estructurante de la experiencia histórica debido a su capacidad de comunicar significados diversos y adversarios, es decir a su condición polisémica. En efecto, una palabra se convierte en concepto si “la totalidad de un contexto de experiencia y significado sociopolítico, en el que se usa y para el que se usa una palabra, pasa a formar parte globalmente de esa única palabra” (Koselleck, 1993: 117). Un concepto constituye simultáneamente índices de las luchas socio-políticas y factores de esas luchas al constituir horizontes de acción futura y “límites para la experiencia posible y para la teorización concebible” (1993: 118).

Esa calidad de índice y factor significa que el concepto -en este caso el concepto de colonia- identifica las “diferentes capas de la economía de la experiencia de la época que entran en la frase” (1993: 108). Sin embargo, la polisemia no es suficiente. La calidad de concepto, señala Koselleck, sólo se adquiere cuando una palabra es disputada como estrategia de enunciación de intereses contrarios, es decir cuando el mismo se convierte en el objeto de la política. He ahí la razón fundamental -con la que coincido plenamente con Guerra y Lempérière- por la cual toda descripción histórica debe tomar en serio el lenguaje de sus actores. Y esto es importante porque la objeción de Lempérière no es lexical -objeción que, como bien indica Koselleck, no es óbice para la labor del historiador (1993: 124-125)-, sino fundamentalmente conceptual y social.
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