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Análisis Estructural y Coyuntural. Primavera 2010. Crónica de La Jornada – Agente: Opinadores en La Jornada


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Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

Departamento de Filosofía y Humanidades

Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales


Análisis Estructural y Coyuntural – Primavera 2010

Agente: Opinadores en La Jornada, primera parte

Del 14 de julio al 24 de octubre de 2009
La Jornada, martes 14 de julio de 2009,

Tarifas eléctricas

Luis Hernández Navarro

En varios estados de la República existe inconformidad con las tarifas eléctricas que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Pobres urbanos, comunidades rurales, clases medias y agricultores de Campeche, Chihuahua, Nayarit, Tabasco, Chiapas y Veracruz (por citar algunas entidades) se han organizado para resistir lo que consideran un costo abusivo del fluido eléctrico que usan. Han hecho huelgas de pago y marchas, ocupado edificios públicos y reinstalado el servicio cuando los trabajadores de la paraestatal se lo desconectan.

Por ejemplo, los tabasqueños tienen un conflicto de varios años con la CFE. El movimiento de no pago empezó allí en 1996. Sus dirigentes aseguran que cerca de 250 mil usuarios siguen en resistencia civil, cuando el padrón de usuarios es de 568 mil. De acuerdo con el gobierno del estado, quienes no pagan la luz son 82 mil.

El problema no es privativo de una zona o colonia. A barrios residenciales y casas de colonias populares llegan recibos con montos de 8 mil y 10 mil pesos. Los negocios más modestos pueden recibir una factura de 40 mil pesos. El acuerdo solidario compensatorio (ASC), firmado en octubre de 2007 entre los gobiernos federal y estatal, según el cual bajarían las tarifas eléctricas en la entidad y se condonarían los adeudos a usuarios morosos, definitivamente no resolvió el conflicto.

La presión social ha provocado conductas políticas inusitadas. En septiembre de 2008, la diputada del Partido Acción Nacional Dolores de María Manuell Gómez realizó una breve huelga de hambre en protesta por las altas tarifas de luz en Sonora y Baja California. Dijo que en algunos casos éstas representan entre 70 y 100 por ciento de los salarios de los trabajadores. Aseguró que suspendería su ayuno cuando la CFE reconociera su error en la lectura de los kilovatios y se restructuraran las tarifas para evitar el manipuleo en los precios del servicio. El ayuno terminó siendo una parodia.

El último eslabón de esta cadena de inconformidad aconteció en Candelaria, Campeche. El pasado 9 de julio fueron detenidos allí, sin orden de aprehensión, cinco integrantes del Movimiento de Resistencia Civil del No Pago a la Luz Eléctrica. Elementos policiacos derribaron las puertas de sus casas, encañonaron a sus familiares y golpearon a los activistas. Cuatro de ellos son acusados de cometer delitos federales, entre los que figuran: robo a la riqueza de la nación, impedimento para la realización de un servicio público y privación ilegal de la libertad de un funcionario público. Sus compañeros aseguran que éstos fueron fabricados por la autoridad como un medio de presión política.

El pasado 30 de junio los miembros del movimiento hicieron pública su decisión de no permitir la instalación de casillas electorales en la jornada electoral del 5 de julio, como forma de protesta en contra de las demandas legales que la CFE interpuso contra varios de sus compañeros.

En diversas ocasiones, los inconformes se habían reunido con la paraestatal y el gobierno del estado para buscar una salida jurídica a las demandas. El 4 de julio el movimiento acordó con las autoridades locales encontrarse para buscar una salida al conflicto y se comprometió a no realizar ninguna acción que pudiera redundar en el normal desarrollo de la jornada comicial.

El movimiento está integrado por comunidades, rancherías y ejidos de Candelaria, municipio de 37 mil habitantes, con altas tasas de analfabetismo y pobreza. Es integrante de la otra campaña. Se fundó en agosto de 2006 en respuesta a las altas tarifas del fluido eléctrico y al deficiente servicio. Demanda una tarifa justa, adecuada al nivel adquisitivo de la población de la región.

En un primer momento el movimiento quiso negociar con la CFE una tarifa justa. Los funcionarios incumplieron los acuerdos y violentaron las pláticas. Sus integrantes se capacitaron para reparar y mantener el sistema eléctrico funcionando. La paraestatal respondió instrumentando cortes masivos de electricidad en la cabecera municipal y diversas comunidades. Los pobladores se defendieron. Más adelante aquélla presentó cargos penales contra varios de los voceros de la resistencia.

Como documentan Iris Cacho Niño y Antoine Libert Amico, el movimiento campechano explicó en el encuentro Agua, Energía y Alternativas Energéticas, por conducto de Sara López, las razones de su lucha. “Estamos en resistencia –dijo– por el mal servicio que da la CFE a nuestros pueblos. También estamos en resistencia porque las tarifas son injustas e impagables, con un salario mínimo de 49 pesos... El servicio eléctrico es del pueblo, no de los legisladores ni del gobierno. No pagar las tarifas injustas no es un fraude a la nación. El gobierno nunca nos ha consultado sobre las tarifas... No nos estamos negando al pago, pero hasta no tener una tarifa justa, tome los años que tome, no vamos a pagar...”

Varios gobiernos estatales y la administración de Felipe Calderón han respondido al descontento social hacia las tarifas eléctricas echando a caminar programas que conceden moratorias a las deudas y otorgan subsidios. El gobernante federal creó Oportunidades Energético, mediante el cual se entregan 50 pesos adicionales para el pago de la luz a las familias que forman parte del padrón de Oportunidades. Para muchos de los beneficiarios el importe representa apenas la cuarta parte de su gasto en electricidad. El gobierno condiciona la entrega de los recursos de Oportunidades a que las mujeres que lo reciben muestren el recibo de luz pagado.

A pesar de ello, las expresiones de malestar con las tarifas eléctricas no cesan. El encuentro y la coordinación nacional de los movimientos en resistencia a favor del no pago crecen. Su alianza con los afectados por la minería a cielo abierto, la construcción de grandes presas y los damnificados ambientales muestra cómo al México de abajo se le prendió el foco. Un nuevo sujeto social ha comenzado a irrumpir en el escenario político.
La Jornada, sábado 1 de agosto de 2009,

EDITORIAL

Tarifas eléctricas: indolencia criminal

El gobierno federal anunció ayer, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su intención de reducir gradualmente el subsidio al consumo doméstico de electricidad, lo que en los hechos implicará que los usuarios tengan que desembolsar más dinero para saldar el costo de la luz. De tal forma, la presente administración pretende hacer frente a la pérdida de ingresos fiscales por concepto de la baja en los precios internacionales del petróleo y de la disminución en la recaudación tributaria, que ha llevado a las autoridades a anunciar recortes por 85 mil millones de pesos en el gasto público.

La medida, en sí misma ofensiva para la economía de millones de familias, constituye un agravio adicional para la población en su conjunto en una circunstancia como la presente, en la que convergen índices crecientes de desempleo (este año se perderán alrededor de 735 mil plazas formales, según estimaciones oficiales), caídas en las remesas desde Estados Unidos, inflación, carestía y condiciones generalizadas de desastre que se suman a las desigualdades económicas y sociales de siempre. Adicionalmente a esos aumentos habrá que añadir otros, como los que se deriven del retiro de subsidios en las gasolinas –también anunciado por las autoridades hacendarias– y los incrementos que registrarán las cuotas de las carreteras administradas por Caminos y Puentes Federales a partir del próximo 4 de agosto.

Los elementos mencionados confirman que, ante un escenario particularmente devastador en lo económico y lo social, el gobierno no tiene más receta que continuar los dictados de un modelo en manifiesta bancarrota: sacrificar a los sectores mayoritarios de la población, eludir a toda costa el déficit público, tranquilizar a los grandes capitales e instar a la gente común a apretarse el cinturón. Las medidas oficiales, que debieran constituir factores de tranquilidad ante la crisis, se han vuelto, en cambio, indicadores contundentes de la insensibilidad gubernamental, de la falta de previsión de las autoridades y del alejamiento de la realidad en que viven los funcionarios de la presente administración.

Por si fuera poco, la pretensión de recortar subsidios ocurre en el momento menos propicio en términos políticos, habida cuenta que al día de hoy se desarrolla, en distintos puntos del territorio nacional, un amplio movimiento de protesta por los elevados cobros que hace la Comisión Federal de Electricidad por consumo de luz (los cuales se han disparado en casi 54 por ciento en los nueve años de administraciones federales panistas). Estas expresiones de inconformidad han derivado ya en actos de represión y persecución oficial, que son, a su vez, potenciadores del descontento social: baste mencionar, como botón de muestra, la detención injustificada de activistas del Movimiento de Resistencia Civil del No Pago a la Luz Eléctrica, ocurrida en el municipio de La Candelaria, Campeche.

La ostensible indolencia del gobierno calderonista podría resultar muy costosa en términos políticos y sociales, y derivar en nuevos escenarios de inconformidad en todo el país. Es necesario, por tanto, que las autoridades atiendan las voces de disgusto que ya han comenzado a configurarse y a cobrar fuerza, que entiendan la pertinencia y la necesidad de emprender un viraje profundo en las medidas anticrisis adoptadas y que desistan, por lo pronto, de asestar nuevos reveses a la economía popular, como los que implicarían los aumentos referidos.
La Jornada, domingo 23 de agosto de 2009,

EDITORIAL

Tarifas de luz: cobros indebidos y descontento social

En meses recientes se han multiplicado las quejas ciudadanas a raíz de las tarifas indebidas que, por concepto de suministro eléctrico, son aplicadas a los estratos medios y bajos de la población. Hoy, por ejemplo, se da cuenta en estas páginas del testimonio de una persona jubilada, habitante de un departamento de interés social y cuya percepción mensual asciende a mil 800 pesos, a quien, sin embargo, Luz y Fuerza del Centro (LFC) impuso un cobro bimestral de más 67 mil pesos por consumo de energía eléctrica.

El caso que se comenta es sólo un botón de muestra de una problemática que enfrentan miles de usuarios de los servicios eléctricos, quienes han llegado a observar en sus recibos cobros del todo desproporcionados, los cuales no se explican sino como producto de la arbitrariedad y la falta de transparencia en el establecimiento de los montos a pagar.

La situación ha suscitado un comprensible malestar tanto en el centro del país –región que es abastecida por LFC– como en los distintos puntos del territorio donde el suministro de luz depende de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ante ello, sin embargo, las autoridades han respondido de manera por demás indolente: han mantenido los cobros indebidos, han avanzado medidas que significarán nuevos incrementos en el costo que pagan los usuarios –como el retiro del subsidio a las tarifas eléctricas anunciado hace unas semanas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público–, y han reprimido y hostigado a los inconformes, como pudo observarse en julio pasado en Campeche, con la detención injustificada de activistas del Movimiento de Resistencia Civil del No Pago a la Luz Eléctrica.

La política de encarnizamiento contra los ciudadanos que el gobierno practica a instancias de las compañías paraestatales de electricidad, así como el estado de indefensión en que se encuentran los consumidores cautivos, contrasta con la obsecuencia que muestran para con las grandes empresas. Según ha denunciado el Sindicato Mexicano de Electricistas (La Jornada, 25/3/2009), decenas de centros fabriles gozan de cuentas y tarifas especiales que les permiten diferir o incluso omitir el pago correspondiente por el usufructo del fluido eléctrico, lo que representa una sensible disminución en los ingresos de LFC, empresa que, según sus propios datos, perdió el equivalente a un tercio del total de la energía en distribución en el primer cuatrimestre de este año. Este doble rasero pone en evidencia, por enésima ocasión, la propensión del actual grupo gobernante por cargar a los sectores desprotegidos los costos y las pérdidas en tiempos de crisis, y reservar los apoyos y subsidios a un puñado de privilegiados.

En un momento en que la recesión económica se expresa en toda su crudeza en forma de desempleo, carestía y pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios, la ostensible indolencia del gobierno calderonista y la ausencia de cauces institucionales para la defensa de los usuarios ante las elevadas tarifas eléctricas podrían significar, en meses próximos, un costo importante para el país en materia de gobernabilidad.

Es pertinente y necesario, pues, que el gobierno cancele, en lo inmediato, los injustificables cobros aplicados hasta ahora, que transparente y corrija el esquema de las tarifas de luz, a fin de hacerlo adecuado y equitativo, y que revierta, de esa manera, una circunstancia por demás injustificable y ofensiva para amplios sectores de la población.
La Jornada, viernes 11 de septiembre de 2009,

Sempra Energy: trasnacional del fraude

Jaime Martínez Veloz

La crisis energética estadunidense, en particular la del estado de California, y las duras normas ambientales de ese país encontraron en tierra bajacaliforniana la posibilidad de solucionar sus necesidades de energía. De esta manera se entregaron concesiones, territorio, activos, costas y recursos de Baja California a compañías trasnacionales para instalar plantas de generación eléctrica y regasificadoras con el objeto de abastecer los requerimientos energéticos de Estados Unidos en California. Sin regateos ni recato los gobiernos de Vicente Fox y Eugenio Elorduy facilitaron las políticas para convertir nuestro estado en el cuarto de máquinas del coloso del norte.

Se entregaron así concesiones que permiten la instalación de plantas de generación de energía en territorio mexicano para exportar su producción eléctrica al sur de California. Al mismo tiempo, las costas bajacalifornianas han sido entregadas en concesión a las mismas trasnacionales responsables del fraude energético en California, para que monten plantas regasificadoras, donde almacenen gas natural licuado (GNL) cuyo destino será el sur de Estados Unidos, lo cual generará daños al sistema ecológico regional y pondrá en riesgo la soberanía nacional, la salud y la seguridad física de los habitantes de Baja California.

Durante el sexenio de Fox se entregaron siete permisos para instalar plantas de generación eléctrica de exportación con capacidad de producción de 3 mil megavatios y cuatro permisos para instalar depósitos de almacenamiento de gas natural licuado en territorio y costas bajacalifornianos, cuyos productos finales son para abastecer la demanda de la California estadunidense. Las empresas beneficiadas con estas concesiones son: Sempra Energy-Shell, Chevron, Maraton Oil y Phillips Petroleum. En conjunto los proyectos autorizados por la Comisión Reguladora de Energía pueden generar utilidades de 600 millones de dólares al año.

Hoy que se habla de falta de liquidez presupuestal cabría preguntar por qué un negocio tan rentable fue entregado a manos extranjeras y no a Pemex o a la Comisión Federal de Electricidad.

Es ridículo suponer que las plantas extranjeras surtirán el mercado nacional. Al contrario, atenderán las necesidades de California, cuya sola economía es la quinta más grande del mundo. Pero como las regulaciones ambientales californianas impiden a los corporativos envenenar impunemente es mejor una zona de amortiguamiento donde se pueda arriesgar, ensuciar, descargar, desechar y almacenar energéticos. Y si a estos siniestros intereses se añade la complicidad de gobernantes, más propios de una república bananera, el negocio es redondo.

Desde que se empezó a producir este boom de construcción de plantas energéticas y almacenamiento de gas en Baja California quedó claro que durante el gobierno de Eugenio Elorduy se implementó un esquema para favorecer a Sempra Energy, lo cual le permitió instalar su regasificadora sobre las demás competidoras.

Este corporativo privado informó que estaría en condiciones de recibir y distribuir 365 mil millones de pies cúbicos de gas al año, que es igual a 10 mil 335 millones de metros cúbicos y representa la tercera parte del consumo anual en gas natural de nuestro país, representando 1.6 por ciento del consumo estadunidense anual. Es decir, Sempra Energy, utilizando el territorio de Ensenada como cochinero, estaría en condiciones de surtir 10 por ciento de lo que provee Canadá al país del norte.

Con este jugoso negocio el gobierno de Elorduy puso a disposición del consorcio trasnacional todo el aparato del Estado para hacer lo necesario a fin de que esta empresa fuera la usufructuaria y beneficiaria de este gran mercado. En el colmo de la burla y la violación de cualquier disposición legal permitió que las fuerzas del Estado desalojaran a propietarios de los terrenos, que la Sempra Energy se ha tratado de apropiar mediante compras fraudulentas.

Ramón Eugenio Sánchez Ritchie fue acusado de despojo de su propio terreno, que supuestamente Sempra Energy adquirió el 31 de enero de 2006, mediante una operación de compraventa a Elodia Gómez Castañón, quien había fallecido el 10 de octubre de 2004. Parece mentira, pero así es, y lo más lamentable es que el Estado se preste a estas maniobras. Cabría preguntar, ¿esta actitud facciosa del gobierno de Elorduy fue sólo por insensibilidad o mala fe? Lo triste es que el ciudadano se entere no sólo del dolo, sino de que hay intereses reales, como los de la hija del ex gobernador: Erika Elorduy Blackaller, quien ha sido representante de DGN Servicios, S de RL de CV, empresa asociada de Sempra Energy en negocios energéticos. Es decir, el gobierno al servicio de intereses familiares.

Hoy existe un conflicto que parece tendrá un escalamiento mayor y de carácter internacional. El reparto de espejitos, limosnas y caridades de Sempra Energy no podrá esconder el conjunto de arbitrariedades, daños y perjuicios cometidos en contra de ciudadanos bajacalifornianos, en colaboración y complicidad con el ex gobernador del estado, Eugenio Elorduy.
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