Infracción normativa procesal del inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado y articulo 720 del Código Procesal Civil






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fecha de publicación18.09.2015
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CAS. N° 1667-2010 LIMA.
Lima, doce de mayo del dos mil once.-
LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; Vista la causa número mil seiscientos sesenta y siete guión dos mil diez, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, y luego de verificada la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia:
1.- MATERIA DEL RECURSO:
Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas doscientos treinta y nueve por la entidad demandante Banco Continental en el cuaderno de apelación sin efecto suspensivo, contra la resolución de vista de fojas doscientos dieciséis, su fecha ocho de marzo del dos mil diez, que confirmando el extremo del auto apelado, deniega la ejecución respecto de los dos créditos solicitados por la entidad financiera ejecutante, en el proceso iniciado contra Creaciones Industriales Medrano Importación y Exportación SRL, sobre ejecución de garantías;
2.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE DECLARO PROCEDENTE EL RECURSO:
Mediante resolución de fecha diez de setiembre de dos mil diez, que corre glosada en el cuadernillo de casación, esta Sala Suprema ha concedido el recurso de casación por la causal de Infracción normativa procesal del inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado y articulo 720 del Código Procesal Civil, al referir que se niega admitir en vía de ejecución de garantías, la recuperación de los créditos negocios No. 1011910000000000443821 y No. 1011910000000000408054, pese a que contrariamente a lo sostenido por las instancias de mérito si se encuentran garantizados con la hipoteca otorgada a su favor, señalándose que partir de una interpretación errada del numeral 720 del Código Procesal Civil, la Sala sostiene que la cláusula 2.3 del testimonio de hipoteca en la' que se describen las obligaciones garantizadas no comprende los referidos créditos, por hacer referencia de modo genérico a las obligaciones que también son garantizadas con la hipoteca, y al ser esto así, no consagra de modo alguno obligaciones que puedan ser consideradas ciertas, expresas y exigibles conforme al artículo 689 del Código Procesal Civil, por lo que se determina que con tal motivo, no han cumplido con la exigencia contenida en el aludido dispositivo, aplicando la sanción contenida en el artículo 690-F del mismo cuerpo normativo: sin embargo, cuando la norma procesal refiere que la "obligación garantizada se encuentre contenida en el documento" no implica que el contrato individualice a una obligación en especial, sino que el documento contenga de manera general pero específica a la vez la amplia gama de contratos que se puedan celebrar con las entidades bancarias, por ende, no se trata de que en el contrato imperativamente tenga que describir a detalle la obligaciones garantizadas, sino que indique qué tipo de contratos u operaciones son las que resultan cubiertas con la hipoteca. Agrega que en la hipótesis negada de que el sentido del articulo 720 del Código Procesal Civil fuese el que indica el juez, la exigencia sólo debe recaer a aquellos contratos redactados a partir de la entrada en vigencia de la modificación y no aquellos contratos existentes, porque implicaría la aplicación retroactiva de las leyes a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia afectando contratos existentes y elaborados al amparo del artículo 172 de la Ley 26702, agregando que las obligaciones demandadas si contienen una obligación expresa, cierta y exigible.

3. CONSIDERANDO:

Primero:
Que, según lo establecido en el artículo 384 del Código Procesal Civil modificado por el artículo 1 de la Ley 29364, el recurso extraordinario de casación tiene por fines esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; por tanto, este Tribunal Supremo sin constituirse en una tercera instancia procesal, debe cumplir su deber de pronunciarse acerca de los fundamentos del recurso, por la causal declarada procedente;
Segundo:Que, antes de ingresar al análisis de los fundamentos del recurso de casación conviene precisar que el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, establece como principio de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, el cual es exigible a todos los órganos jurisdiccionales y en todas las instancias del proceso; el debido proceso está referido al cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales, en tal sentido, el debido proceso comprende a su vez un haz de derechos que forman parte de su estándar mínimo: el derecho al Juez natural, el derecho de defensa, la pluralidad de instancia, la actividad probatoria, la motivación de las resoluciones judiciales, la economía y celeridad procesales, entre otros; por tanto el debido proceso, no sólo puede ser analizado desde una dimensión estrictamente formal, sino también, y en esencia, este derecho debe ser analizado desde una dimensión sustancial, pues sólo a partir de éste análisis se garantiza que las resoluciones judiciales estén adecuadamente fundamentadas; es lo que la doctrina ha venido a llamar como la tutela del debido proceso procesal y del debido proceso sustancial.
Tercero:
Que, por su parte el numeral 720 del Código Procesal Civil, modificado por el Decreto Legislativo. 1069 establece que: "procede la ejecución de garantías reales, siempre que su constitución cumpla con las formalidades que la ley prescribe y la obligación garantizada se encuentre contenida en el mismo documento o en cualquier otro título ejecutivo".
Cuarto:
Que, a fin de establecer si se ha incurrido en las infracciones denunciadas, corresponde en primer término efectuar una reseña de lo ocurrido en el presente proceso, debiendo advertirse en primer lugar, que si bien éste Supremo Tribunal, conoce del presente cuaderno de apelación sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, ello tiene lugar en atención a que el recurso de casación ha sido interpuesto respecto de la resolución número cuatro de fecha ocho de marzo del dos mil diez (corrientes a fojas doscientos dieciséis), expedida por la Sala Civil, que confirma el extremo del auto recurrido resolución número uno, su fecha diecinueve de mayo del dos mil nueve (que en copia corre a fojas ciento cuarenta y cuatro), mediante el cual Denegó la ejecución respecto de los créditos siguientes:1)No. 1011910000000000443821 y 2) No. 1011910000000000408054, auto que pone fin al proceso respecto a dichos extremos, y que al ser materia de apelación por la parte ejecutante, ha sido concedido sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, mediante resolución número dos, de fecha diez de julio del dos mil nueve, que en copia corre a fojas ciento cuarenta y cuatro del presente cuaderno. Quinto:Que, de la demanda copiada a fojas ciento veintidós, fluye que el Banco Continental, ha promovido el presente proceso de ejecución de garantías, exigiendo el pago de las siguientes obligaciones: i) saldo deudor al diez de febrero de dos mil nueve por el importe de quince mil quinientos setenta y cuatro dólares americanos con cuarenta y tres centavos dólar, que corresponde a la liquidación del crédito efectivo N°101-191- 0000000000446448; i) Saldo deudor al diez de febrero de dos mil nueve de cuatro mil siete dólares americanos con cincuenta y cuatro centavos de dólar, que corresponde a la liquidación del crédito efectivo N°101-191-0000000000443821; y iii) Saldo deudor al diez de febrero de dos mil nueve de nueve mil ciento setenta y seis nuevos soles con noventa y dos céntimos de nuevo sol, que corresponde al Contrato de Crédito efectivo N ° 101- 191-0000000000408054, exigiendo un pago total ascendente a diecinueve mil quinientos ochenta y uno dólares americanos con noventa y siete centavos de dólar y nueve mil ciento setenta y seis nuevos soles con noventa y dos céntimos de nuevo sol; bajo apercibimiento de que se ejecute la hipoteca constituida a su favor por Creaciones Industriales Medrano Importación y Exportación SRL, representada por Cirilo Medrano Romero, respecto del inmueble ubicado en la Av. Jhon F. Kennedy 400 — 402 de la Urbanización Valdiviezo del distrito de San Martín de Porres, provincia y departamento de Lima; y en forma accesoria solicita el pago de intereses compensatorios y moratorios pactados devengados y los que se devenguen, constituyéndose en fiador solidario Cirilo Medrano Romero de las citadas obligaciones;
Sexto:
Que, el Juez de Primera Instancia, mediante resolución número uno, que copiada corre a fojas ciento cuarenta y cuatro su fecha diecinueve de Mayo del dos mil nueve, Deniega la ejecución respecto de los créditos No. 1011910000000000443821 (solicitud de crédito 00181391) y No, 1011910000000000408054 (solicitud de crédito 028), basado en que de las condiciones pactadas no se encuentran contenidas en título ejecutivo, toda vez, que la escritura pública del uno de marzo de dos mil siete no hace referencia a la misma, sino de manera general enunciativa señala en su cláusula segunda que garantiza las deudas y obligaciones del cliente ante el banco que consten en contratos y títulos valores, letras de cambio, etc; siendo que la nueva regulación procesal requiere que dichos créditos se encuentren contenidos en títulos ejecutivos, que determinen obligaciones ciertas, expresas y exigibles; Asimismo, en relación al otro crédito declara Inadmisible, el cual finalmente ha sido admitido conforme fluye de la resolución número dos, que copiada corre a fojas ciento sesenta y cinco, ordenándose la ejecución por la suma de catorce mil ochocientos diez dólares americanos con cuarenta y cuatro centavos de dólar americano, más intereses, costas y costos, bajo apercibimiento de remate.
Sétimo:
Que, el banco ejecutante apela únicamente de los extremos que deniega la ejecución, sustentado principalmente su recurso en que la cláusula segunda del contrato de hipoteca no contiene una cláusula genérica, sino que por el contrario, en su apartado 2.3 refiere de manera expresa y precisa cuáles son las obligaciones garantizadas, entre ellos a los contratos o líneas de crédito, por lo que resulta erróneo que se haya denegado la ejecución para el cobro de la totalidad de las obligaciones adeudadas, resultando innecesario que estén representados en algún otro título ejecutivo; agrega que dicha exigencia va contra lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley 26702, razón por la que considera se interpreta de modo erróneo el numeral 720 del Código Procesal Civil; a lo que agrega, en todo caso, la ejecución sólo puede efectuarse respecto de aquellos contratos redactados a partir de su vigencia de la modificación y no a los ya existentes.
Octavo:
Que, la Sala Civil, absolviendo el grado, ha confirmado el auto apelado en el extremo impugnado, bajo los mismos términos, considerando que los créditos denegados, no se hayan comprendidos en la cláusula 2.3 del contrato de hipoteca, toda vez, que en ella se hace referencia de modo genérico a las obligaciones que también son garantizadas con la hipoteca en litis, pero no se consignan obligaciones ciertas, expresas y exigibles conforme prevé el numeral 689 del Código Procesal Civil, razón por la que concluye resulta de aplicación lo previsto en el primer párrafo del artículo 690-F del código acotado.
Noveno:
Examinada la Escritura Pública de Contrato de Préstamo Dinerario y Constitución de Hipoteca antes citada, fluye que efectivamente en el mismo se pacta un mutuo ascendente a dieciocho mil dólares americanos otorgado por el Banco de Crédito del Perú a favor del cliente (Creaciones Industriales Medrano Importación y Exportación SRL, representado por Cirilo Medrano Romero) el cual sería pagado en el plazo de setenta y dos meses (ver cláusulas primera, segunda y décimo primera del aludido contrato de mutuo); constituyéndose en el mismo instrumento, primera y preferencial hipoteca ascendente a treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y seis dólares americanos con dos centavos de dólar (ver cláusula primera) el cual según los términos de las cláusulas primera y segunda, tuvo por efecto garantizar el pago de sus obligaciones y/o deudas con el banco y detalladas en la cláusula segunda figurando entre ellas: "2.2 Las deudas y obligaciones asumidas por el cliente ante el banco que consten en contrato o en títulos valores como letras de cambio, pagares, facturas conformadas, título de crédito hipotecario negociable, warrants, etc,. 2.3. Las deudas u obligaciones que sean o resulten de careo de el cliente frente al banco provenientes de contratos, líneas de créditos, créditos en cuenta corriente, adelantos, descuentos, mutuo, préstamos, advance, warrants, cartas de crédito simples o documentarios, factoring, arrendamiento financiero y otras modalidades de crédito directo o indirecto y financiamientos".
Décimo:
Que, el artículo 720 del Código Procesal Civil modificado por el Decreto Legislativo N° 1069, publicado el veintiocho de Junio del dos mil ocho, dispone expresamente: " Procede la ejecución de garantías reales, siempre que su constitución cumpla con las formalidades que la ley prescribe y la obligación garantizada se encuentre contenida en el mismo documento o en cualquier otro título ejecutivo.
Décimo Primero:
Que, de la lectura de dicho dispositivo se observa que la obligación que se demanda, debe estar contenida en el ' documento que contiene la garantía hipotecaria, en este caso, la Escritura Pública de Hipoteca del uno de marzo de dos mil siete, ó en cualquier otro título ejecutivo; sin embargo, cuando la Sala de mérito arriba a la conclusión de que los créditos denegados, no se hayan comprendidos en la cláusula 2.3 del contrato de hipoteca, al considerar que se precisan de modo genérico en dicha cláusula, no efectúa una correcta interpretación del artículo 720 del Código Procesal Civil, toda vez que de lo que se trata, es que en dicho instrumento se establezca el tipo de obligación que garantiza, sin que ello implique individualizar una obligación específica.
Décimo Segundo:
Que, aunado a ello, no se pude dejar de destacar que tratándose la ejecutante de una entidad del sistema financiero, que se rige por la Ley General del Sistema Financiero N° 26702 y sus modificatorias, se encuentra facultada a efectuar distintas clases de operaciones crediticias, bastando que éstas se precisen en sus contratos, sin que necesariamente se individualicen cada una de ellas, lo que no obsta, a que estén obligadas a recaudar a su demanda, los instrumentos que acrediten o reflejen los créditos impagos y que son materia de cobro, por tanto, es evidente que la interpretación que efectúan las instancias inferiores, resulta incorrecta a lo dispuesto en el artículo 720 del Código Procesal Civil, máxime que los créditos que han sido denegados lo constituyen los contratos denominados Contrato de Crédito de Negocio N° 101-191-443821 corriente a fojas cuarenta y ocho, cuyos términos del contrato se insertan en los folios cincuenta a cincuenta y cuatro, y el Contrato de Crédito de Negocio N° efectivo 101-191-408054 corriente a fojas setenta y tres, cuyos términos del contrato se insertan en los folios setenta y cinco a setenta y nueve.
Décimo Tercero:
Que, en tal sentido, la interpretación errónea efectuada por las instancias de mérito del aludido artículo 720 del Código Procesal Civil, afecta el derecho al debido proceso del impugnante, que conlleva la nulidad de lo actuado en el presente cuaderno de apelación a tenor de lo previsto en el artículo 171 del acotado cuerpo adjetivo, debiendo el juez de la demanda expedir nueva resolución tomando en cuenta las consideraciones precedentes, y fundamentalmente efectuar las acciones necesarias, teniendo en cuenta que sólo ha sido admitida en el proceso principal una de las obligaciones demandadas, siendo de aplicación lo previsto en el inciso 3 del artículo 396 del Código Procesal Civil. 4. DECISIÓN: Por las razones anotadas y en aplicación del artículo 396 del Código Procesal Civil, declararon: a) FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas doscientos treinta y nueve por el demandante Banco de Crédito del Perú, en consecuencia, NULA la resolución de vista de fojas doscientos dieciséis, su fecha ocho de marzo de dos mil diez; INSUBSISTENTE el auto apelado que en copia corre a fojas ciento cuarenta y cuatro, fechado el diecinueve de mayo del dos mil nueve, en el extremo que deniega la ejecución respecto de los créditos No. 1011910000000000443821 y No. 1011910000000000408054. b) ORDENARON que el Juez de la causa expida nueva resolución teniendo en cuenta las • consideraciones precedentes. c) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por el Banco de Crédito del Perú con Creaciones Industriales Medrano Importación y Exportación S.R.L. y otro sobre ejecución de garantías; Interviene como ponente el Juez Supremo Castañeda Serrano.
SS. ALMENARA BRYSON, DE VALDIVIA CANO, VINATEA MEDINA, CASTAÑEDA SERRANO, MIRANDA MOLINA C-885913-419

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