Colección Cuadernos para el debate






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Colección

Cuadernos para el debate
Edita : Dirección General MSF-E

c. Nou de la Rambla, 26

08001 - BARCELONA -

Diseño Portada : Diego Feijóo

Compaginación : Núria Picallo

Fotomecánica : Grafitex, S.A.

Imprime : Gràfiques APR
D.L.: B51864-2001

1ª edición : diciembre del 2001

El objetivo de Cuadernos para el debate es la difusión de ar­­tí­­culos, estudios y ensayos sobre temas relevantes en el campo de la Acción Humanitaria.

Las obras, elaboradas por miembros de MSF o personas cercanas a la organización no comparten necesariamente las opiniones ni reflejan la posición de MSF.


Desterrados.
Desplazamiento forzado
en Colombia.



Mabel González Bustelo

Agradecimientos
El término “desterrados”, que titula este informe, ha sido aplicado en ocasiones por Alfredo Molano a los desplazados de Colombia. Con su permiso se utiliza aquí y con mi agradecimiento a su generosidad. Dos de las acepciones que esta palabra tiene en el diccionario, “echar a alguien de un territorio o país”, y “quitar la tierra”, reflejan las verdaderas implicaciones del desplazamiento forzado. Ninguna otra palabra define de manera más exacta la dimensión de despojo y múltiples pérdidas que implica esta expulsión.

Quiero agradecer su paciencia y colaboración a todos los miembros de los equipos de MSF-E en Colombia, en especial al coordinador Armando Jaular. Sin las valiosas aportaciones y sugerencias de todos ellos, y sin el apoyo y tiempo que me prestaron, la realización de este trabajo no hubiera sido posible. Mi agradecimiento también a Orlando Vaca por sus lúcidos comentarios y a Posky por recordarme algunas realidades de este país.
Mabel González Bustelo

Asistente de Testimonio Operacional para Colombia

Santafé de Bogotá, septiembre de 2001


SUMARIO

En los últimos quince años, más de 2 millones de personas han sido expulsadas de sus hogares y tierras en Colombia. Pero caracterizar este desplazamiento forzado como un efecto del conflicto armado o de “la violencia” es desconocer los intereses económicos y políticos que están detrás y que lo convierten en una estrategia económica, de homogeneización social y de ampliación de la gran propiedad. La violencia es sólo el instrumento de la expulsión, las verdaderas razones son más profundas.

El desplazamiento suele estar asociado a masacres, amenazas y otras prácticas violentas dirigidas a la población civil y en él participan todos los actores armados, incluido el Estado. La motivación de los responsables varía dependiendo de las regiones y de sus alianzas e intereses en cada una de ellas. Se generan desplazamientos para controlar áreas estratégicas desde un punto de vista militar o político (en regiones con fuerte implantación de movimientos sociales o donde se pretende desarticular la base social del adversario), pero también por el control de la tierra y los recursos, y esto está produciendo una violenta recomposición de las estructuras de tenencia de la tierra. Hay desplazamientos ligados a la expansión de explotaciones de ganadería extensiva o de monocultivos agrícolas para la exportación (palma africana, banano); allí donde hay una perspectiva de megaproyectos (canal interoceánico Atrato-Truandó) o de inversiones extranjeras que provocarán una valorización de las tierras; en zonas de extracción de recursos naturales (oro en la Serranía de San Lucas) y energéticos (petróleo en los territorios U’wa, presas hidroeléctricas en el Chocó) y por el control de cultivos ilícitos.

Los campesinos son expulsados de sus tierras u obligados a venderlas a precios muy bajos. Sólo en la última década se abandonaron 1,7 millones de hectáreas de tierras agrícolas. Esta “contrarreforma agraria” está ligada al modelo económico neoliberal que impone monocultivos agrícolas para exportación y apertura de fronteras a los productos y la inversión extranjera. En este marco se ligan la crisis socioeconómica del campo y el desplazamiento forzado.

La mayoría de los desplazados son campesinos pobres, minorías étnicas, mujeres y niños, y proceden de las zonas de Colombia más ricas en recursos pero donde hay mayores niveles de pobreza. Las cifras nunca son exactas por las características de este desplazamiento: es un fenómeno silencioso, diario, cotidiano, que se produce de familia en familia y en sucesivos avances, retornos o estabilizaciones que pueden durar años. Además los desplazados tratan de no declararse como tales, debido a la estigmatización que sufren y a que las amenazas a su seguridad pueden continuar en el lugar de llegada. A su llegada a los barrios periurbanos de las grandes ciudades, estas personas pasan a engrosar el contingente de los pobres y excluidos. Los servicios públicos, débiles o inexistentes en estas zonas, se colapsan, los niveles de desnutrición son alarmantes y el acceso al sistema de salud muy difícil o imposible.

El Estado colombiano no aborda el desplazamiento como una cuestión de derechos humanos sino que ofrece una respuesta restrictiva y asistencialista. El registro oficial da cuenta de una mínima parte de los desplazados por la violencia, los únicos que acceden a la atención de emergencia que por 3 meses establece la ley (la “certificación” es requisito previo para acceder a la condición de desplazado). Tampoco se plantea la reparación de los derechos vulnerados ni la prevención o protección. Aunque hay abundancia de leyes y normas, la política presenta una importante descoordinación institucional, retrasos burocráticos, falta de recursos y ausencia de formación y sensibilización de muchos funcionarios, que mantienen una percepción negativa sobre los desplazados. Muchos no se acercan a las instituciones por temor a filtraciones y porque ven al Estado como una parte más del conflicto, lo que explica en parte el gran subregistro existente. Aún cuando se acerquen, el proceso puede tardar de uno o dos meses a años.

Las leyes no se cumplen porque los recursos dependen en su inmensa mayoría de la financiación internacional pero también porque no hay voluntad política para ponerlas en práctica. El desplazamiento forzado, un crimen contra la humanidad según las leyes internacionales y un fenómeno continuado en la historia de Colombia, no fue delito en aquel país hasta el año 2000. No hay nadie condenado por esta causa.
0. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El objetivo de este informe y de la investigación previa que dio lugar al mismo era realizar una aproximación a la cuestión del desplazamiento forzado en Colombia, tanto en sus causas y motivos como en su evolución histórica, características, la situación que afronta la población desplazada y las respuestas que desde distintos frentes (Estado colombiano, ONG colombianas y organizaciones de desplazados, organismos internacionales y ONG de distintos países) se ofrecen al mismo.

La investigación combinó la consulta de fuentes secundarias (bibliografía, documentos inéditos y seguimiento de medios de comunicación) con el trabajo de campo en las zonas del país donde MSF-E tiene proyectos en este momento. Éste incluyó conversaciones con desplazados y sus organizaciones, visitas a ONG de distinto ámbito y origen y a organismos internacionales, oficinas de la Red de Solidaridad Social en los niveles local y departamental, personeros, oficinas locales de la Defensoría del Pueblo, hospitales y clínicas privados y públicos y organismos de carácter nacional como la propia Red de Solidaridad Social y el Ministerio del Interior.

El resultado quiere ser una aproximación al desplazamiento forzado que lo liga con procesos históricos aún en marcha en Colombia, agudizados en las circunstancias actuales por el modelo neoliberal y la política económica que éste induce. En este marco, y como primera precisión, hay que aclarar que no se trata de desplazamiento “por la violencia” ni tampoco se debe al conflicto armado, o al menos no principalmente. La violencia es sólo el instrumento utilizado para inducirlo. El desplazamiento es utilizado como arma de guerra pero sobre todo es —y lo ha sido siempre en Colombia— una herramienta de acumulación económica y de expansión de la gran propiedad. Sus razones entroncan con un modelo de profunda exclusión en la propiedad de la tierra, con la ausencia institucional en grandes zonas del territorio, con la explotación de los recursos naturales orientada a los mercados externos y con el uso de la violencia como herramienta para lograr recomposiciones sociodemográficas y económicas acordes con los requerimientos de las elites del país y el mercado mundial. La única diferencia entre el momento actual y el proceso histórico es la ampliación de los circuitos de acumulación de capital y la extensión de la geografía del conflicto, que “cierran” las salidas y dejan sin alternativas a los campesinos expulsados de sus tierras.

1. PRIMERA APROXIMACIÓN

Para el análisis del desplazamiento forzado en Colombia no son válidos los modelos ni las categorías aplicables a otras experiencias contemporáneas como los Balcanes, Timor Oriental, África Central o Chechenia, ya que tiene características muy específicas y particulares como la continuidad histórica del proceso, el carácter multipolar del conflicto y las dinámicas bélicas, la heterogeneidad de los desplazados y la ausencia de identidades preexistentes entre ellos.

Los desplazados de Colombia no pertenecen a una etnia, nacionalidad, partido político, religión o colectividad ideológica específica. Es decir, no tienen ningún tipo de identidad preexistente. El colectivo está compuesto por personas de todas las etnias, religiones, adscripciones políticas y clases sociales (aun cuando afecta mayori-tariamente a los campesinos). Pero la razón del desplazamiento no es su pertenencia a un grupo sino que responde a motivaciones diferentes.

Las particularidades que presenta este desplazamiento masivo son, entre otras:

- Es un proceso extensivo y continuo a lo largo del tiempo, donde se combinan desplazamientos individuales y familiares (la mayoría hasta ahora) con algunos éxodos masivos, y con procesos sucesivos de huida y retorno que suelen culminar con el abandono definitivo del lugar de origen.

- Debido a la multiplicidad de los escenarios bélicos, actores involucrados, intereses y alianzas de los mismos, no es un fenómeno simultáneo en las regiones sino que presenta destiempos muy acusados.

- Precisamente por el factor anterior, el desplazamiento es mayoritariamente interno y apenas ha rebasado las fronteras: normalmente, basta con salir de la región para salvar la vida sin tener que huir del país. Aunque el refugio en países limítrofes se ha incrementado en los últimos años, sigue siendo marginal en relación con el proceso que ocurre dentro de las fronteras.

Una característica del conflicto interno en Colombia es la multiplicidad de actores involucrados y la dispersión de la violencia. Es una guerra irregular de larga duración, multipolar y muy diferenciada regionalmente. Por parte estatal se trata de una guerra contrainsurgente de baja intensidad (recurso al uso limitado de la fuerza o amenaza de uso, para conseguir objetivos políticos pero sin la inclusión plena de recursos y voluntad que caracteriza a otras guerras, como las de supervivencia o conquista de territorios). En estas guerras, características ya en Centroamérica en los años ochenta o en Chiapas, la intensidad puede ser baja pero la duración puede ser muy larga y se combinan herramientas militares con otras de carácter económico, de información y propaganda, etc.

En Colombia existen, por otra parte, varios grupos guerrilleros que en ocasiones luchan entre sí, multiplicidad de grupos paramilitares (no sólo las AUC sino grupos regionales de distinto tipo, pequeños ejércitos privados, etc), y organismos estatales de seguridad que no sólo son Ejército y Policía sino cuerpos especializados diversos, con una diferenciada presencia regional y que a veces “compiten” entre ellos y manifiestan rivalidades. A esto hay que unir milicias y bandas urbanas, organizaciones de los cárteles de la droga, etc. Por ello la dinámica del conflicto armado es muy específica según las regiones y los tiempos, y aquellos que son aliados en un lugar o tiempo determinado pueden ser enemigos en otro, dependiendo de factores coyunturales.

Los distintos grupos paramilitares que han actuado en Colombia han justificado su existencia por la de las guerrillas, como forma de contenerlas o eliminarlas ante la incapacidad del Estado, y para ello han sido muchas veces financiados por terratenientes y sectores sociales poderosos, que veían en los grupos insurgentes una amenaza a su posición. Por su parte, éstos se justifican a sí mismos por la existencia de grandes masas de población excluidas y por la ausencia de justicia social. Cabría decir, por tanto, que la desigualdad en la distribución de los ingresos y la existencia de una oligarquía que controla todos los resortes del poder político y económico, y que ha recurrido históricamente a la violencia para mantenerlos, están en el origen de la violencia en este país.

Con respecto a las percepciones acerca del desplazamiento, durante muchos años (y aún hoy en gran medida) se ha venido percibiendo de dos formas: en primer lugar como una catástrofe natural, impredecible e imposible de prevenir. De esta concepción, del “desplazado-víctima”, se derivan respuestas estatales asistencialistas que, al no poder —o querer— abordar las causas, vienen a introducir un elemento de “legalización” o legitimación del desplazamiento. Al abordar los éxodos forzados como un fenómeno casi natural, se invisibilizan sus dimensiones políticas. Entrelazada con la anterior existe, y está muy extendida, la otra cara de la moneda: la figura del “desplazado-bandido”. El desplazado habría llegado a esta situación como consecuencia de sus propias acciones, de su vinculación a actores armados u opciones políticas determinadas, y viene a ser en sí mismo una fuente potencial de conflictos y violencia y un factor de deterioro de las condiciones de vida en las zonas receptoras (ya que ejerce demandas imposibles de asumir). Desde esta perspectiva, de “algo habrá hecho”, nadie se siente aludido por su suerte ni asume la responsabilidad sobre lo que sucede.

Estas dos concepciones estereotipadas, muy extendidas en la opinión pública colombiana, están presentes también en la respuesta institucional. Antes de la Ley 387/1997 sobre desplazamiento forzado, que marca un punto de inflexión, el desplazamiento fue asimilado a los “desastres y calamidades” y puesto bajo la protección del Fondo Nacional de Calamidades. Aun cuando la ley cambió esa concepción, sigue teniendo un enfoque coyuntural y asistencialista y no prevé protección ni reparaciones para los afectados. Lo mismo puede decirse acerca de su inclusión en las áreas de actuación de la Red de Solidaridad Social, que se ocupa de los colectivos vulnerables y pobres en general: supone una invisibilización de las variables características que tiene este proceso.

El desplazamiento forzado no obedece únicamente a las acciones de actores armados al margen de la ley, sino que está ligado a los procesos de construcción nacional y es la base de la actual configuración sociodemográfica y económica de la sociedad colombiana. Se relaciona con la aplicación de un modelo económico que privilegia la industria, el comercio y la acumulación de capital en detrimento de la economía campesina, y que para su desarrollo requiere obras de infraestructura como vías, transportes y energía. Estas obras demandan mano de obra barata y dominio territorial, y producen una valorización diferente de los territorios y los recursos naturales: tierras que durante años habían sido utilizadas por el pequeño campesino, en zonas de colonización, ahora tienen otro valor derivado de proyectos de distinto tipo y el campesino debe abandonarlas o venderlas a precios muy bajos, presionado por la violencia. A su vez, se relaciona con un sistema político estructurado históricamente sobre la exclusión de las mayorías pobres de los ámbitos de decisión económica y política y de sus beneficios (aunque formalmente se trate de la democracia más antigua de América Latina), y se sustenta en una visión excluyente del “otro”, típica en la historia de Colombia.

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