Grup parlamentari català (convergència I unió)






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fecha de publicación01.06.2015
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GRUP PARLAMENTARI CATALÀ (CONVERGÈNCIA I UNIÓ)


A LA MESA DE LA COMISIÓN

DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

DON JOSEP ANTONI DURAN i LLEIDA, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), PRESENTA, mediante el presente escrito, el siguiente VOTO PARTICULAR AL INFORME DE LA SUBCOMISIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL SISTEMA SANITARIO Y DE LAS PRINCIPALES REFORMAS QUE DEBEN ACOMETERSE PARA GARANTIZAR SU SOSTENIBILIDAD. (Expediente 154/000003).

Palacio del Congreso de los Diputados, a 11 de diciembre de 2013

Josep Antoni Duran i Lleida

Portavoz del Grupo Parlamentario

Catalán (Convergència i Unió)

VOTO PARTICULAR:

El Grupo Parlamentario Catalán (CiU) considera que las propuestas recogidas en el Informe de la Subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deben acometerse para garantizar su sostenibilidad no dan respuesta al objetivo que el mismo informe plantea de: renovar y poner al día el Sistema Nacional de Salud (SNS) para mejorar su situación actual y favorecer un futuro estable. Además entendemos que algunas de las propuestas planteadas suponen una injerencia en las competencias autonómicas en materia de sanidad, y en consecuencia una recentralización de competencias, la cual fácilmente alimentará la burocratización y rigidez del sistema, en perjuicio la calidad del mismo, hoy unánimemente reconocida, conseguida en un sistema descentralizado y gestionado desde la proximidad.

En las últimas décadas el sistema de salud ha sido capaz de adaptarse a las cambiantes necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas, integrando recursos públicos y privados, asimilando los nuevos recursos médicos y tecnológicos, integrando las buenas prácticas de cada territorio, con una enorme flexibilidad, gracias a la descentralización de responsabilidades y de gestión.

En las consideraciones y propuestas del Informe, el Grupo Parlamentario Catalán (CIU) echa en falta aspectos que deberían ser prioritarios e indiscutibles, como que el Sistema Nacional de Salud sea de cobertura universal, aseguramiento público, financiación pública por impuestos y su provisión se lleve a cabo plenamente de acuerdo con los principios establecidos en la Ley General de Sanidad de 1986 y la Ley de Cohesión y Calidad del SNS de 2003.

Asimismo, el Sistema Nacional de Salud debe basarse en principios de calidad, innovación, cohesión, equidad, lucha contra las desigualdades en salud y sostenibilidad; con una clara orientación hacia la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, así como un fuerte fundamento en la atención primaria de salud, factores que resultan clave para asegurar la protección de la salud que requiere nuestra sociedad.

Junto a ello, la capacidad demostrada por el sistema para incorporar las innovaciones científicas más eficaces en la práctica clínica ha permitido ofrecer una cartera de servicios de gran calidad que a nuestro parecer debe ser actualizada de manera continua haciéndola accesible en condiciones de igualdad efectiva a todos los ciudadanos con independencia del lugar en el que residan.

Al mismo tiempo, hay que reforzar la descentralización de la gestión de los servicios de salud a las Comunidades Autónomas dado que ha jugado un papel clave para hacer más cercano el acceso a las prestaciones y los servicios, así como en el mantenimiento de la calidad de atención.

En síntesis, nuestro sistema sanitario público así como los profesionales sanitarios que lo integran gozan de un gran prestigio internacional, no obstante, el sistema afronta una serie de retos que es preciso abordar en el corto y en el medio plazo para garantizar su sostenibilidad y sus características de accesibilidad, universalidad, equidad, cohesión y excelencia.

Conscientes que el sistema sanitario público es un patrimonio común que debe ser preservado,  nuestro grupo se compromete a trabajar para que estos problemas puedan ser superados con la colaboración de todos los agentes implicados (grupos parlamentarios, profesionales, pacientes, usuarios, sindicatos, empresas, gestores y administraciones sanitarias).


Para ello, el Grupo Parlamentario Catalán (CIU) se compromete a impulsar y desarrollar un Pacto por la Sanidad y a promover los cambios legislativos que, en su caso, sean pertinentes  para modernizar y consolidar un modelo de sistema nacional de salud capaz de adaptarse, con las reformas precisas, a las necesidades derivadas de los desafíos demográficos, asistenciales, tecnológicos y financieros a los que se enfrenta el sistema sanitario español.

Todo ello, reforzando el marco competencial de las Comunidades Autónomas que ha venido operando en los últimos años, al menos para las comunidades que deseen seguir gestionando sus competencias en el ámbito de la sanidad, de acuerdo con sus respectivos Estatutos de Autonomía.

En particular, y con carácter inmediato, el Grupo Parlamentario Catalán (CiU) propone las siguientes propuestas para su debate:

PROPUESTAS SUBCOMISIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL SISTEMA SANITARIO Y DE LAS PRINCIPALES REFORMAS QUE DEBEN ACOMETERSE PARA GARANTIZAR SU SOSTENIBILIDAD.


1.- Considerar titulares de los derechos de protección a la salud y a la atención sanitaria a todos los españoles, promoviendo las medidas normativas necesarias para ello y alcanzar así la plena universalidad en el acceso a los servicios sanitarios públicos.

También serán titulares de estos derechos los ciudadanos de la Unión Europea, de acuerdo con lo previsto en los Reglamentos de la misma y, en su caso, los de terceros países en los términos previstos en los Convenios suscritos por España.


Durante el tiempo que sea sanitariamente necesario y teniendo en cuenta  su situación como excepcional y transitoria,  los inmigrantes en situación irregular tendrán la atención sanitaria que precisen y la protección en el ámbito de la salud pública, garantizándose además la prestación de asistencia sanitaria a las embarazadas y los menores, todos ellos en las mismas condiciones que los españoles.
2.- Definir un nuevo modelo de financiación de la sanidad que, respetando el principio de estabilidad presupuestaria, asigne los recursos necesarios para asegurar la suficiencia, la equidad y la cohesión territorial del sistema sanitario público. Para ello, entre otras medidas, se analizarán las decisiones tomadas en diferentes países, a nivel internacional, para dotar de más recursos a sus sistemas de salud y, desde el consenso y la no instrumentalización política consensuar y aplicar aquellas que resulten adecuadas para nuestro sistema de salud.


3.- Se garantizará la naturaleza pública de la financiación del Sistema Nacional de Salud y la calidad asistencial necesaria, asegurando el respeto de los derechos de los pacientes en todos los casos.  La gestión y provisión de la asistencia sanitaria pública se acomodará a lo previsto en la Ley General de Sanidad de 1986 (en especial lo establecido en el artículo 90) y demás disposiciones de desarrollo. En caso de conciertos con medios ajenos, se cumplirán los requisitos y los estándares de calidad que determinen las Administraciones Sanitarias, las cuales establecerán en todo caso los necesarios procedimientos de control público, velando siempre por la optimización de los recursos sanitarios propios. La calidad será objeto de evaluación en base a los resultados en salud.


4.- Modificar el actual sistema de copago de tal forma que, manteniendo la exenciones actuales, incorpore nuevos criterios que aseguren el principio de equidad, considerando a estos efectos evitar las actuales barreras de acceso en determinados grupos vulnerables, en especial los pensionistas y pacientes crónicos o con patologías graves.


5.-  Establecer y desarrollar medidas y procedimientos que faciliten una eficiente coordinación entre los servicios sanitarios y sociales, que haga posible una atención sociosanitaria integral, de calidad y sostenible, tomando como referencia las experiencias autonómicas y las propuestas contenidas en el Libro Blanco de la coordinación socio sanitaria elaborado por el Ministerio de Sanidad y las CCAA en diciembre de 2011.
6.-  Establecer, con el conjunto de Comunidades Autónomas, un sistema de evaluación de las tecnologías sanitarias que contribuya a orientar la toma de decisiones sobre nuevas prestaciones y servicios en base a criterios de evidencia científica. A tal efecto se contará con el apoyo de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, con una orientación similar al NICE británico.


7.- Revisar la organización de los servicios de salud para orientarlos a las necesidades de los pacientes, con particular atención a las necesidades de los pacientes crónicos. Desarrollar mecanismos que permitan la participación profesional en el contexto de impulso a la autonomía y descentralización de la gestión, la potenciación de la calidad asistencial en el marco de la gestión clínica y la aplicación de la mejor evidencia disponible.


8.-  Potenciar los servicios de atención primaria y de salud mental comunitaria que se revisarán periódicamente para actualizar sus objetivos.

9.-  Mejorar los espacios de colaboración y de participación de los pacientes y de sus asociaciones, así como de los agentes sociales del sector en la orientación y prioridades del sistema sanitario.

10.- Definir un procedimiento de planificación de necesidades de recursos humanos para asegurar su  adecuada disponibilidad en términos cuantitativos y cualitativos, fomentar su desarrollo profesional y respaldar su reconocimiento social.


11.- Impulsar el desarrollo de la Ley General de Salud Pública, apostando por la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud y, en especial, la vacunación incluida en el calendario acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la educación sanitaria y los hábitos alimentarios saludables, y los problemas en materia de obesidad, drogas, salud sexual y reproductiva, entre otras prioridades.


12.- Fortalecer la posición política de España en materia sanitaria en el seno de la UE, estableciendo vías para que, en el ámbito parlamentario, se pueda alcanzar una posición común para facilitar el desarrollo y la aplicación de directivas.


13.- Definir medidas, incluidas las de carácter normativo, que permitan el fortalecimiento de la capacidad de coordinación y de cohesión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, dotando de mayor protagonismo a las Comunidades Autónomas, y de las políticas e instrumentos para la cohesión sanitaria.

14.- Promover un plan estratégico que, entre otros aspectos, contemple criterios y procedimientos para la incorporación de la innovación, la política de control de gasto y el impulso de los medicamentos genéricos y medicamentos fuera de patente, asegurando la calidad de la prestación farmacéutica.

15.- Reforzar la calidad asistencial y la viabilidad del modelo de oficina de farmacia con especial énfasis en la farmacia rural.
16.- Agilizar la puesta en marcha del mecanismo de compensación económica por atención a pacientes entre Comunidades Autónomas, aplicándose de forma retroactiva con fecha 1 de enero de 2013 para garantizar la compensación de los costes de atención a desplazados de todo el año en curso. Así como, introducir un sistema de gestión de derivación de pacientes aplicable y de utilización obligatoria que permita compensar la totalidad de los costes de la atención sanitaria a pacientes de otras Comunidades Autónomas.
17.- Proceder a finalizar el proceso de transferencia de bienes inmuebles vinculados a la prestación de servicios sanitarios a las comunidades autónomas y que en la actualidad siguen siendo propiedad de la Seguridad Social.


18.- Prever la constitución en el Congreso de los Diputados de una Comisión, similar a la del Pacto de Toledo para las pensiones, que permita en el futuro acordar recomendaciones y debatir medidas que contribuyan a la equidad, la eficiencia y la calidad del Sistema Nacional de Salud, en función de las nuevas necesidades sanitarias, la promoción de la salud y de la evolución del contexto tecnológico, económico y social de España.

A estos efectos, dicha Comisión deberá convocar periódicamente a los agentes sociales, económicos y profesionales para conocer el contenido y alcance de los acuerdos que, en su caso, se alcancen entre ellos, así como las iniciativas y propuestas que formulen para fortalecer el derecho a la protección de la salud y para mejorar el funcionamiento del sistema sanitario público.

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