Informe alternativo






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4.1 Igualdad ante los tribunales y cortes de justicia


Si bien la legislación procesal nacional contempla la institución del intérprete, no los hay disponibles en número suficiente, y tampoco cubren todas las lenguas más usadas (por ejemplo, el creole, tratándose de los inmigrantes procedentes de Haití).

Este hecho afecta no sólo el ejercicio de sus derechos en juicio, sino que muchas veces les impide comprender las explicaciones entregadas por los funcionarios de la Administración del Estado, o las disposiciones legales y reglamentarias que les son aplicables.

4.2 Expulsión


Por regla general, en el ordenamiento jurídico chileno los actos de la administración del Estado admiten control por varios órganos de naturaleza diversa (Tribunales de Justicia, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República), así como el empleo de diversas acciones procesales (por ejemplo, Acción de nulidad de derecho público, Recurso de Protección). Además, en los procesos jurisdiccionales rige el principio de la doble instancia, de modo que toda decisión admite un segundo pronunciamiento por un tribunal superior.

Sin embargo, tratándose de los inmigrantes, el Decreto Ley N° 1.094 de 1975 (Ley de Extranjería) contempla como única acción de reclamo contra un decreto de expulsión,28 el recurso ante la Corte Suprema, el que debe interponerse dentro de las 24 horas de notificado el decreto y debe resolverse por dicha Corte en un plazo máximo de cinco días. El plazo de 24 horas con que se notifica el decreto de expulsión al afectado es un plazo extremadamente breve y, en consecuencia, muchas veces hace ilusoria esta acción.

Por lo tanto, no se trata –como ha sostenido alguna autoridad del Estado– de un proceso largo e infundado, en el que los inmigrantes irregulares hagan uso y abuso de los recursos y procedimientos como una manera de extender su estadía. Muy por el contrario, se trata del único procedimiento que contempla la ley y que tiene como única instancia la presentación ante la Corte Suprema.

Pero, donde más evidentemente se demuestra que los inmigrantes no se encuentran en situación de reclamar sobre los procedimientos de expulsión, por la vía legal, es en el número de recursos de esta naturaleza que se han presentado en los últimos tres años ante la Corte Suprema. Según cifras entregadas por la propia Corte, en el año 2008 se ingresaron cinco recursos, el año 2009 hubo 14 y el año 2010 se presentaron 18 recursos. Ello evidencia que se trata de una acción legal utilizada sólo en condiciones excepcionales por aquellos inmigrantes que pueden acceder a un abogado que los represente.

En consecuencia, esta no es una vía efectiva para ejercer su derecho a un debido proceso, pues resulta tan costosa, difícil y de tan breve plazo de interposición que ni siquiera constituye una alternativa real para los inmigrantes.

5. Garantizar el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal


(Artículos 9, 14 y 16 de la Convención)

Si bien la Constitución Política del Estado de Chile (Artículo 19, Nº 1) asegura a todas las personas, también a los extranjeros, el derecho a la vida, y a la integridad física y psíquica, esta sola consagración jurídica no puede bastar para entender cumplida la obligación que la Convención impone al Estado de Chile.

Conforme a los datos aportados por el Observatorio de Control Interamericano de los Derechos de los Migrantes (OCIM), “en Chile, cada 22 días muere un migrante, principalmente peruano, por actos de violencia relacionados con xenofobia o discriminación”.29 Nótese que esta cifra se refiere sólo a las muertes y, por tanto, no refleja el número de agresiones sin resultado de muerte, con lo que puede suponerse que existe una periodicidad menor tratándose de lesiones, amenazas o violencia verbal o psicológica.

El derecho a la vida supone que los trabajadores migrantes y sus familias también tengan acceso a la alimentación adecuada, así como a las prestaciones de salud que les sean necesarias. Más aún si la Constitución Política de la República afirma que el Estado debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías30 que ella misma establece.

Respecto del Artículo 14 de la Convención, referido a la protección de la ley ante injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia u otras comunicaciones, así como ante ataques ilegales contra su honor y buen nombre, la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes ha presentado, en julio de 2011, una denuncia al Consejo Nacional de Televisión en contra del programa “En la mira”, transmitido por el canal Chilevisión, por el reportaje “Invasión Silenciosa” (difundido el 22 de junio de 2011), el que exhibió una serie de imágenes con un fuerte contenido de carácter negativo, que, en definitiva, fomentan la exclusión de un tipo de extranjeros por parte de la sociedad chilena. Califica al fenómeno migratorio de invasivo y silencioso, asociándolo de forma injustificada y apresurada a una serie de problemáticas que dicen relación, principalmente, con el aumento en los niveles de delincuencia, precisamente en aquellas ciudades con mayor presencia de inmigrantes (por ejemplo, la ciudad de Iquique). Con esto se caracteriza de manera negativa a toda la población inmigrante.
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