Informe alternativo






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3. Garantizar a los migrantes el acceso a la información sobre sus derechos


(Artículos 33 y 37 de la Convención)

El artículo 33 señala el deber del Estado de origen, el Estado de empleo o el Estado de tránsito, según corresponda, proporcione información a las y los inmigrantes acerca de sus derechos, los requisitos para su admisión, sus derechos y obligaciones con arreglo a la ley y la práctica del Estado interesado y cualesquiera otras cuestiones que les permitan cumplir formalidades administrativas o de otra índole en dicho Estado. Para ello, se indica que los Estados Partes adoptarán todas las medidas que consideren apropiadas para difundir la información mencionada o velar para que sea suministrada por empleadores, sindicatos u otros órganos o instituciones apropiados. Según corresponda, cooperarán con los demás Estados interesados.

Mientras, el artículo 37 indica que “antes de su partida, o a más tardar en el momento de su admisión en el Estado de empleo, los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a ser plenamente informados por el Estado de origen o por el Estado de empleo, según corresponda, de todas las condiciones aplicables a su admisión y, particularmente, de las relativas a su estancia y a las actividades remuneradas que podrán realizar, así como de los requisitos que deberán cumplir en el Estado de empleo y las autoridades a que deberán dirigirse para que se modifiquen esas condiciones”.

3.1 Situación en Chile


En Chile, la población inmigrante tiene insuficiente acceso a la información sobre sus derechos y responsabilidades en tanto inmigrante. El Estado chileno no ha implementado campañas regulares de información hacia los y las inmigrantes ni tampoco les hace entrega de información detallada a su arribo al país. La población inmigrante debe acceder obligatoriamente a la página web del Departamento de Extranjería y Migración para informarse, lo que dificulta el conocimiento de sus derechos a muchas personas extranjeras que viven en lugares en los que no se tiene acceso a Internet.

Por ejemplo, las y los inmigrantes no saben cuáles son las características de los distintos tipos de visa a los que pueden acceder18 y, por lo general, desconocen los beneficios del Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte del Mercosur, Bolivia y Chile (en vigencia en Chile desde el 4 de diciembre de 2009), que permite a ciudadanos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay obtener una visa de residencia temporaria por un año, prorrogable por igual período, y que se encuentren en Chile, independiente de la actividad que vengan a realizar, lo que les exime de la obligación de tramitar una visa sujeta a contrato. En la práctica, los funcionarios de Inmigración no aplican este Acuerdo a ciudadanos y ciudadanas de los países mencionados a menos que la persona lo solicite expresamente, sobre todo en el caso de ciudadanos bolivianos a quienes se les exige, si quieren permanecer en el país, una visa sujeta a contrato.

Otra situación que vulnera el acceso a la información sobre los derechos de las inmigrantes, es el desconocimiento por parte de funcionarios gubernamentales y del personal de consultorios y hospitales acerca de la normativa nacional que estipula que las mujeres en estado de gravidez, incluso en situación irregular, pueden obtener la visa de embarazo para lo cual basta presentar un certificado médico ante las autoridades de Extranjería. Lo mismo sucede con la norma que establece acceso de niños y niñas menores de 18 años a la educación y a servicios de salud.

Aun cuando el Estado chileno señala algunos esfuerzos para la difusión de información (Informe Inicial de la República de Chile, Apartado 20, párrafos 197 y 198), las organizaciones de la sociedad civil que trabajan constantemente con la población inmigrante en Chile han constatado que dicha información es escasa y esporádica. Un sondeo realizado a migrantes latinoamericanos en Chile constató que ante la pregunta: ¿Cree que debería existir mayor información sobre sus derechos?, un 91,7 % afirma que es muy necesario, un 6,9% tal vez y solo un 1,4% señala que no.19

La difusión de los derechos a los que hasta ahora puede acceder la población inmigrante la ha asumido, en los hechos, la sociedad civil a través de diversas organizaciones. Se han elaborado y distribuido gratuitamente guías, panfletos, dípticos, entre otros, y realizado campañas informativas en las regiones del norte del país y en la Región Metropolitana.20 También se han realizado numerosas charlas y talleres sobre los diferentes tipos de visas, el acceso a la salud y a la educación, así como campañas de sensibilización sobre el tema migratorio. Además, organizaciones de la sociedad civil han trabajado directamente con funcionarios/as a nivel local (municipios), regional y nacional para sensibilizarlos sobre el tema.21

En este trabajo se ha constatado que muchos funcionarios no manejan de manera homogénea la información sobre las normativas y las interpretan de variadas formas. Por otra parte, algunos de los funcionarios de las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS), implementadas por el Departamento de Extranjería y Migración, desconocen la normativa nacional y la aplicabilidad de derechos respecto de servicios específicos o bien manejan información confusa, dispar y en algunos casos errónea. En otro ámbito, algunas universidades han formado clínicas jurídicas y psicológicas para migrantes.22 Además, se han creado algunos sitios web en los que se difunde información hacia la población inmigrante, tales como www.somosmigrantes.cl23 y www.insmujer.cl/soymigrante24 donde se da respuesta a las dudas en forma online, en el primer caso, y a través de la consulta de la Guía de Apoyo Soy Migrante, Tengo Derechos, en el segundo. Sin duda, un esfuerzo realizado por la sociedad civil para responder a la creciente demanda de información.

Sin embargo, es el Estado chileno, que cuenta con recursos y mayor alcance territorial que las organizaciones de la sociedad civil –debiendo responder a sus compromisos internacionales–, el que debe actuar como principal actor de la difusión de los derechos de los y las inmigrantes y de su ejercicio una vez que ellos y ellas llegan al país, para prevenir la vulneración de derechos y la fragilización social de las personas inmigrantes y de sus familias.
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