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Casos identificados a través de la prensa


Uno de los casos que recientemente ha generado mayor interés mediático ha sido el de 55 ciudadanos paraguayos, incluyendo dos personas menores de edad, que denunciaron y solicitaron públicamente protección considerando las condiciones denigrantes y de explotación laboral a las que fueron sometidos en dos fundos agrícolas de la Región de O’Higgins, de propiedad de Francisco Javier Errázuriz13, conocido empresario que ocupó también algunos puestos políticos en el pasado.

La mayoría de las víctimas fueron contactadas en Ciudad del Este, Paraguay. Ofrecían excelente trabajo, buenas condiciones laborales, 3 millones de guaraníes por mes (cerca de 750 dólares, unos 350.000 pesos chilenos). Las víctimas ingresaban a Chile como turistas y con una carta de invitación del empresario para conocer y capacitarse en el trabajo de los viñedos y empresas vitivinícolas. Se calcula que fueron alrededor de 12 grupos, de aproximadamente 25 a 40 personas, que no se conocían entre sí. Las condiciones laborales reales eran muy diferentes a las mencionadas inicialmente: a la llegada al país se les comunicaba que el sueldo sería solo de 180.000 y que debían cancelar la deuda de pasajes, habitación, alimentación, vestuario. Algunas de las vulneraciones referidas por las víctimas: la mayoría no recibió su sueldo; trabajaban 14 horas diarias de lunes a lunes; vivían en total hacinamiento (60 personas en un lugar para un máximo de 30 personas); deficiente alimentación, y trabajo extremadamente pesado para las personas menores de edad.

A raíz de la denuncia de explotación laboral en los predios de Francisco Javier Errázuriz en Chile, presentada por tres ciudadanos paraguayos14 (17 de mayo 2011), , la Unidad I Especializada en Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños/as y Adolescentes del Ministerio Público Paraguayo imputó a dos de los responsables del reclutamiento por el delito de “trata de personas con fines de explotación personal y laboral y tráfico ilícito de personas”, ambos actualmente detenidos en Ciudad del Este, Paraguay. Por su parte, en Chile, la Gobernación inició el procedimiento policial por “Infracción a la ley de extranjería”. La Fiscalía Regional de O’Higgins se encuentra en la fase de investigación coordinándose con la Fiscalía Paraguaya. La Dirección del Trabajo confirmó que en una fiscalización realizada en los mencionados predios se detectaron 34 trabajadores extranjeros sin contrato ni visa de trabajo. El Ministerio del Trabajo cursó una multa de más de 14 millones de pesos al empresario (alrededor de US$ 30.500), susceptible de ser ampliada, pues aún falta calcular las sanciones por otros 16 trabajadores que se encontraban en situación irregular en uno de los fundos, además de los meses que estuvieron allí laborando.

Otros casos similares mencionados en la prensa (2011), que demuestran que muchos trabajadores inmigrantes son efectivamente víctimas de tratos vejatorios y abuso laboral:

  • La Radio Bío-Bío informó, el 19 de julio del 2011, que tres jóvenes indonesias, en Punta Arenas, huyeron de casas de sus empleadores, denunciando tratos inhumanos, extensión de horario laboral y el no pago de sus remuneraciones e incumplimientos de contrato laboral. La diputada Carolina Goic señaló que, “de acuerdo a los antecedentes recogidos, estamos frente a un caso de absoluta irregularidad en torno a su contratación, por el no pago de sus sueldos –a pesar que le hacían firmar sus liquidaciones de sueldos– malos tratos y abusos que son inaceptables en este siglo, más aún en un país en donde existe una legislación laboral que debería proteger a todos sin distinción”.

  • La Agencia UPI, el 26 de mayo del 2011, informa que el Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales (OS-9) de Carabineros detuvo a 14 personas al desbaratar a dos bandas dedicadas a la “trata de personas” con fines de prostitución. Las redes delictuales traían preferentemente mujeres desde República Dominicana, a quienes les ofrecían trabajo de camareras y garzonas, con sueldos ascendentes a los tres mil dólares. Escuchas telefónicas y un agente encubierto lograron establecer las redes dedicadas al comercio sexual. En Santiago fueron detenidos cinco dominicanos, cuatro chilenos y una ecuatoriana; en Caldera se detuvo a una dominicana; en el puerto de San Antonio se detuvo a dos chilenas; y en Concepción se arrestó a una dominicana y a un chileno. A los imputados extranjeros se les dieron a conocer los derechos que les asisten por la Convención de Viena y se informó a los respectivos consulados de sus países.

  • Un medio de la ciudad de Chillán (La Discusión de Chillán, 14 enero 2011) informó que una niña ecuatoriana de 15 años, “invitada” a vacacionar a Chillán (ciudad del sur de Chile) por una pareja de ecuatorianos que vendía artesanía, fue obligada a trabajar en tareas domésticas y venta de artesanía por 100 dólares al mes, impidiéndole volver a su país, hasta que devolviera los gastos de su estada y pasaje. La niña se presentó a la Policía de Investigaciones solicitando ayuda, manifestando maltrato y degradación, quedando finalmente bajo la custodia del Servicio Nacional de Menores hasta el retorno a su país.

En definitiva, la evidencia de trato degradante e inhumano, así como el sometimiento a condiciones laborales –en algunos casos cercanas a la esclavitud– ha sido registrada en un número importante de casos en los últimos tres años en Chile. Ante a la frecuencia de estas situaciones, resulta insuficiente que el Informe Inicial del Estado de Chile solamente refiera la formalidad de la ley, considerando que, evidentemente, se trata de situaciones en que han sido violadas. Frente a estas ilegalidades, sin embargo, las fiscalizaciones emprendidas y mencionadas no han resultado suficientemente eficientes.
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