Informe alternativo






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1. Prevenir condiciones de vida y de trabajo inhumano, abuso físico y sexual y trato degradante


(Artículos 10-11, 25, 54 de la Convención)

Datos relevantes:


1. Insuficiente información laboral a las personas migrantes por parte del Estado, la que, además, es escasa y dispersa, lo cual no facilita la autogestión y la corresponsabilidad de las personas migrantes. La falta de información o su poca accesibilidad en los temas laborales deja a las personas migrantes en una situación de vulnerabilidad ante los empleadores y el tipo de empleo.

2. Visa sujeta a contrato de trabajo. Las diferencias en el tipo de contrato entre inmigrantes y chilenos no fomentan la competencia laboral en igualdad de condiciones. Perder el trabajo significa para la persona inmigrante transitar desde la regularidad a la irregularidad absoluta y a la desprotección social. Además, cuando la cesantía se mantiene por un tiempo prolongado, el inmigrante pierde su continuidad comprobable como trabajador (pierde el tiempo acumulado) para poder optar a una visa de residencia definitiva y debe pagar una multa, según el tiempo, si quiere postular nuevamente a este tipo de visa.

3. Tanto hombres como mujeres inmigrantes se insertan, por lo general, en trabajos precarios o mal pagados que la propia población chilena ha desestimado desempeñar. Este aspecto incluye incluso a las personas inmigrantes que tienen alto grado de calificación, tanto a nivel técnico o superior, dada la complejidad para la convalidación de títulos profesionales y técnicos obtenidos en sus países de origen. Lo anterior imposibilita la movilidad social del trabajador inmigrante.

1.1 Percepciones de los inmigrantes sobre las condiciones laborales


En las percepciones de los y las inmigrantes de tres comunidades estudiadas,2 se advierte un consenso en la dificultad de la integración laboral, dada por el dificultoso y complejo proceso de consecución de un contrato de trabajo –con cláusulas especiales para las personas inmigrantes– y un contratante que pueda facilitar la regularidad al sistema chileno de los trabajadores/as migrantes. En este sentido, un gran obstáculo es la distinción realizada en la cláusula de contrato de trabajo para trabajadores inmigrantes, que incluye el “pago del viaje de retorno al país de origen del trabajador” por parte del contratante, lo que empuja a una práctica de competencia desigual de las personas inmigrantes con respecto a los nacionales. A lo anterior se suma la flexibilidad laboral existente en el país, condición que inhibe la generación de contratos. En efecto, el inmigrante, al perder su trabajo y no contar con un nuevo contrato laboral después de un determinado tiempo, puede transitar con facilidad desde la regularidad a la irregularidad, forzando el propio sistema vigente chileno a la existencia de una comunidad de migrantes irregulares, quienes quedan en un estado de vulnerabilidad y desprotección social (Art. 25). En algunos casos, ello redunda claramente en abusos laborales en función del poder que obtiene el empleador al conceder al inmigrante un contrato de trabajo que le asegure su regularidad en el país. Similar situación se constata en el caso de las mujeres inmigrantes madres solteras, quienes deben asumir el cuidado de sus hijos; al cumplir jornadas laborales completas para contar con un contrato de trabajo que les permita estar en condición regular, este régimen afecta el proceso de cuidado de los niños y niñas migrantes.

Por un lado, encontramos malas prácticas por parte de algunos empleadores hacia sus empleados inmigrantes, a los que suelen manipular con la amenaza de la deportación. Los hacen trabajar sin contrato, hecho que condiciona y perpetúa en muchos casos la situación de irregularidad y precariedad de las personas migrantes:

“Soy ciudadano peruano, radicado en Chile desde el año 2000. Ese mismo año presenté mi contrato de trabajo y obtuve visa sujeta a contrato que después finiquité y me quedé en forma ilegal, porque no pude conseguir otro contrato de trabajo. El año 2007 fui detenido por comerciar CD’s piratas y me sentenciaron a un año de firmas. Ese mismo año fui nuevamente detenido por la misma infracción y la policía me quitó mi pasaporte y estuve firmando por unos meses hasta que me salió la orden de abandono del país. En ese lapso estuve cumpliendo una condena de reclusión nocturna por la causa que fui detenido, la cual cumplí” (Carlos, peruano, consulta al sitio web somosmigrantes.cl).

“Cuando a ella la han empleado, le han dicho que su trabajo es este y esto y este, pero cuando ya cumple el mes o al final del mes, le han dicho, no pues, es que tiene que quedarse. Si el horario es de ocho horas, le meten diez horas o doce horas, y como es una persona que no conoce mucho el tema de aquí, y se lo pagan como si fueran ocho horas (María Amparo, 52 años, Colombia, dos meses en Chile)”.

“Hasta el día de hoy tenemos algunos problemas, pero igual trato de no pensar... el temor de si me deportan, me pueden hacer cualquier cosa, eso es lo que me da miedo. Me aguanto todas esas cosas (Lidia, 26 años, Bolivia, un año y medio en Chile)”.

“Por el momento, no tengo contrato de trabajo. En otras partes me decían que si no tenía un carnet de identidad, no me daban trabajo. Y si para poder obtener el carnet de identidad tengo que tener un contrato de trabajo, ¿dónde lo voy a conseguir? (Luis, 28 años, de Colombia, dos años en Chile)”.

Fuente: Somos Migrantes, Experiencias de Integración a la ciudad de Santiago, Fundación Ideas/AECID, 2011.

Según los antecedentes recabados por RedMI en el trabajo diario con la población migrante, la situación de la visa sujeta a contrato no genera una integración efectiva de la población migrante, ámbito que es esencial para su reproducción social y de sus familias. La cláusula especial para el contrato de trabajo del trabajador inmigrante disminuye su integración laboral de manera sustancial.

En conclusión, la discriminación es explícita cuando aún permanece en vigencia la cláusula de contrato especial para todo trabajador migrante y las consecuencias se muestran en los casos anteriormente citados. Frente a este contexto, se hace urgente actualizar esta legislación, anacrónica con los tiempos de intercambio global e integración regional existentes. Más aún, existen claroscuros en esta normativa vigente, que condicionan la ciudadanía del migrante y su acceso a servicios sociales, haciendo depender de un contrato el acceso a la permanencia legal en el país. No se puede hablar de integración efectiva, si aún existen deficiencias en la legislación vigente, lo cual genera finalmente ciudadanos que no gozan de plenos derechos.
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