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7.2 Salud


Existen casos en los que en consultorios y hospitales se requiere
el pago o la firma de un pagaré para la atención a niños y niñas”
(Asistente Social ONG, Arica).


Consultorios tienen rechazo a los extranjeros”
(Asistente social, ONG, Antofagasta).


Hospitales niegan atención a refugiados”
(Refugiado colombiano, Iquique).


No atienden si no tienen RUT”
(Profesional ONG, Calama).


Si las cosas se hicieran como se ha hablado, la realidad de los migrantes sería otra. Especialmente la gente de Salud es la que más discrimina a la gente”
(Institución de Iglesia, Calama).


Por la implementación de Agenda Digital, ningún paciente puede atenderse si no tiene Rut, en consultorios se le da número ficticio sólo para consultorios”
(Asistente Social Consultorio de Salud, Calama).
33

El año 2007, el Ministerio del Interior celebró un Convenio de Colaboración con el Ministerio de Salud (Ministerio del Interior, Resolución exenta N° 1914, 13 de marzo 2008; Ministerio de Salud, Resolución exenta N° 512, 30 de noviembre de 2007). De acuerdo a este Convenio, ambos ministerios acordaron generar los procedimientos necesarios para: “Proporcionar a todos los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años extranjeros, atención de salud en los establecimientos de la red pública de salud en igualdad de condiciones de sus pares chilenos. Lo anterior será válido para todos los menores de 18 años, independiente de su situación migratoria en Chile, y la de sus padres, tutores o representantes legales”. Este convenio permite la entrega de un permiso de residencia temporaria a los niños migrantes, independientemente de su condición migratoria. En lo reglamentario, el Convenio cumplió con las recomendaciones hechas por el Comité de Derechos del Niño solicitando al Estado chileno que Vele por que se garantice a los niños refugiados, solicitantes de asilo y migrantes la tramitación expedita de sus documentos de registro e identidad y por que durante ese período no se vean privados de acceso a los servicios de salud y educación” (CRC/C/CHL/CO/3 del 23 de abril de 2007). Sin embargo, en su aplicación aún se encuentra pendiente establecer las garantías para que niños y niñas migrantes accedan a servicios de salud.

Para obtener la visa, los padres o tutores de los niños(as), deben pagar una cantidad de dinero determinada, por cada hijo(a), la que varía de acuerdo al país de origen. Los niños(as) migrantes que obtienen la visa, pueden luego acudir al Servicio de Registro Civil y solicitar su cédula de identidad, adquiriendo un RUN. Posteriormente, teniendo RUN, pueden ser inscritos en FONASA (Fondo Nacional de Salud), y acceder al sistema público de salud, quedando clasificados en los tramos A (carencia de recursos), B, C o D, de acuerdo al nivel de ingresos.

En la práctica, los niños y niñas en situación migratoria irregular, que aún no han obtenido su visa, tienen la posibilidad de atenderse en urgencia en los establecimientos públicos de salud, pero pagando la atención. Asimismo, pueden atenderse en forma privada, pagando el valor de las prestaciones médicas u hospitalarias, tanto en el sistema público como privado. Esta es una interpretación restrictiva del Convenio que ha realizado el Ministerio de Salud. Posibilita a los niños obtener una visa, pero no garantiza en los hechos que los niños en situación migratoria irregular puedan acceder al sistema público de salud. Se requiere, en estos casos, los medios económicos para acceder a la atención en salud, sea pública o privada (Fuente: Información entregada por el Ministerio de Salud, enero de 2011).

Los hijos(as) de los solicitantes de la condición de refugiado se encuentran en la misma situación, en el lapso de ingreso de la solicitud de asilo y la entrega de la visa temporaria que contempla la ley mientras dura el trámite (Ley sobre protección de refugiados N° 20.430, artículo 32). Asimismo, los hijos(as) de las personas que solicitan protección internacional, pero no logran acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado (a través de la aplicación de las prácticas de “pre-admisibilidad” o “reorientación”), tienen los mismos obstáculos mencionados en el ejercicio del derecho a la salud. Al ser rechazado el ingreso de la solicitud, quedan en condición migratoria irregular.

En cuanto al derecho a la salud de los adultos extranjeros en condición migratoria irregular, al no existir reglamentación específica, tienen derecho a atención en urgencia en los establecimientos públicos de salud, lo que no significa gratuidad. Asimismo, se pueden atender en forma privada pagando el valor de las prestaciones médicas u hospitalarias, tanto en el sistema público como privado. La normativa ya mencionada rige para los niños(as) y para las mujeres embarazadas, pero no para los adultos en general, por lo que los padres de los niños que no tienen regularizada su situación migratoria no tienen la posibilidad de obtener una visa de residencia temporaria.

Los avances normativos en materia de salud se aplican deficitariamente debido al desconocimiento, interpretaciones restrictivas, negligencia y/o prácticas discriminatorias de funcionarios de distintos sectores (Salud, PDI, FONASA, Extranjería, municipios, otros), además de la ausencia de la coordinación necesaria con otras instancias clave, como FONASA.34

Aun cuando existe una normativa específica sobre atención de salud a mujeres embarazadas en situación irregular (Oficio circular 1179 del 20 de enero de 2003, complementado en Oficio circular 6232, del 26 de mayo de 2007), se han detectado casos en que los consultorios ponen trabas para atender a una mujer embarazada y entregarle un certificado de control de embarazo, documento indispensable para optar a una visa por embarazo.

El caso más extremo sucedió en Arica, en el año 2010, donde un consultorio negó la atención a una joven peruana embarazada de seis meses que sufría de diabetes gestacional, porque carecía de cédula de identidad. Personal del consultorio le exigió presentar un “certificado de residencia” emitido por Carabineros o por la Junta de Vecinos de su barrio. Cercana a los ocho meses de embarazo, la joven llegó a la urgencia del Hospital Juan Noé, con síntomas de pérdida irreversibles. Muy probablemente este embarazo de cuidado hubiese tenido un mejor pronóstico y manejo médico si la joven hubiese sido integrada a los protocolos de atención en salud materno-infantil (Sistematización Proyecto Ciudadanía y protección de los derechos humanos de la población inmigrante en Chile, enero 2011). En comunas como Independencia y Santiago de la Región Metropolitana, se han incrementado los casos en los que Juntas de vecinos o instancias policiales se han negado a emitir certificados de residencia. Estos certificados son obligatorios en el caso de los consultorios, ya que estos atienden con un criterio de territorialidad, es decir, la persona debe comprobar que vive en la comuna donde se encuentra el consultorio, ya que este depende de la subvención de salud por parte del municipio.

Otro caso de falta de atención oportuna a una mujer embarazada ocurrió en Santiago, en abril de 2008. Bernardita Vega, de origen peruano, llegó a las dependencias del Hospital San José, en la comuna de Independencia (Región Metropolitana), con dolores de parto. Sin embargo, el personal de salud se negó a atenderla diciéndole que todavía no estaba preparada para el parto y que debía esperar. Bernardita, con fuertes dolores, acudió a un baño público del hospital, lugar en el que comenzó a sangrar. Su marido entró al baño y se dio cuenta que su esposa estaba pariendo. El caso provocó gran cobertura de prensa y dos autoridades se disculparon públicamente. Sin embargo, en junio de 2011, el 18º Juzgado Civil de Santiago rechazó la demanda de indemnización de la pareja contra el Servicio de Salud Metropolitano Norte (del cual depende el hospital), argumentando que la afectada incurrió en un riesgo imprudente al ir al baño (La Cuarta, 23 de junio 2011).
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