Patrimonio: ¿resignificación cultural ó económica?






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fecha de publicación07.06.2016
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Patrimonio: ¿resignificación cultural ó económica?

Rosa Ma. García Téllez

El sitio se convierte en el lugar del ejercicio de la libertad, donde el disfrute y el goce le cierran el paso a la enajenación y la frustración. Donde el hombre puede sentirse libre porque sus sensaciones, emociones y percepciones son únicas. Eso lo individualiza y le permite socializar sus experiencias frente a otros individuos. Esto es el encuentro y el reencuentro donde la convivencia y la solidaridad se vuelven tangibles, se tocan, se observan, se miden.

R.G.T.
A partir de la década de los setenta de manera sistemática, se empezó a tratar la relación entre turismo y patrimonio; creándose en 1975 la Organización Mundial del Turismo (OMT), organismo intergubernamental dependiente de Naciones Unidas cuyo propósito fue promocionar y desarrollar tal actividad.1

En el mismo año de 1975, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS)2 adoptaba las Resoluciones sobre Conservación de Pequeñas Ciudades Históricas, derivadas de la celebración de un coloquio internacional en la ciudad de Brujas. Ahí se consideró que el turismo podía ser un medio legítimo para la revitalización económica de estas ciudades, pero también alertó acerca de la posibilidad de un impacto negativo en su estructura e imagen urbana.  

Inquieta la comunidad internacional por el desarrollo extraordinariamente fuerte de las actividades turísticas en el mundo fue convocada al Seminario Internacional de Turismo Contemporáneo y Humanismo realizado en Bruselas, el 8 y 9 de noviembre de 1976.3 La postura adoptada fue la siguiente: el turismo es un hecho social, humano, económico y cultural irreversible y su influencia en el campo de los monumentos y sitios es particularmente importante, dados los conocidos factores de desarrollo de tal actividad.

El turismo aparece, así, como uno de los fenómenos propicios para ejercer una influencia altamente significativa en el entorno del hombre en general, y de los monumentos y sitios, en particular. Por lo que se requieren estudios cuidadosos para ser objeto de una política concertada y efectiva a todos los niveles.

El turismo cultural se ha planteado que tiene como objeto, entre otros fines, el conocimiento de monumentos y sitios histórico-artísticos, ejerciendo un efecto realmente positivo en tanto que contribuye a su propio mantenimiento y protección. Esta forma de enfocar al turismo pretende justificar, de hecho, los esfuerzos que tal mantenimiento y protección exigen de la comunidad humana, ante los supuestos beneficios socio-culturales y económicos que podría reportar a la población implicada. Sin embargo, cualquiera que sea su motivación y los beneficios que entraña, el turismo no puede considerarse desligado de los efectos nocivos y destructivos que acarrean el uso masivo e incontrolado de los monumentos y sitios patrimoniales. Situación que no se puede negar y sobre la que se debe actuar.

Por ello, no es gratuito que en Bélgica se hiciera un llamamiento a los Estados-Parte de la Convención Internacional para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural adoptada el 16 de noviembre de 1972 para que éstos aseguraran una rápida y enérgica aplicación. Confiando a la OMT (en cumplimiento de sus fines) y a la UNESCO, el que realicen el mayor esfuerzo posible para que, en colaboración con los organismos signatarios y con todos aquellos que en el futuro se adhieran, aseguren la aplicación de la política que dichas entidades han definido como la única capaz de proteger al género humano de los efectos del incremento de un turismo anárquico.

Lo que siguió fueron diversos encuentros y resolutivos. En 1985, apareció la Carta del Turismo y Código del Turista, cuya importancia fue constituirse en la primera referencia a un código de conducta, tanto para los agentes turísticos como para los propios turistas,

En 1995 en Buenos Aires, con motivo de la reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT, se aprueba el documento denominado Declaración de Buenos Aires donde se menciona la contribución del turismo a la conservación de los atractivos culturales y naturales mediante una planificación adecuada y su función como vehículo para el reconocimiento de la cultura y el conocimiento de los pueblos. Sugiriendo que el turismo forme parte como actividad específica de las políticas y decisiones de los gobiernos.

Así es como distintos organismos, en diferentes latitudes, se avocaron a emitir recomendaciones e incluso resoluciones respecto a la importancia del turismo para las ciudades históricas.4

Reunidos en Santiago de Chile en 1999, miembros de la OMT, representantes del sector turístico mundial, delegados de Estados, empresas, instituciones y organismos, afirmaron el derecho al turismo y a la libertad de desplazamientos internacionales. Expresaron su voluntad de promover un orden turístico equitativo, responsable y sostenible, en beneficio mutuo de todos los sectores de la sociedad y proclamaron los principios del Código Ético Mundial para el Turismo, entre los que destaca el respeto mutuo entre hombres y sociedades. Lo que aquí no abordan es el orden económico mundial inequitativo, generador de pobreza y marginación, que ha sido una preocupación expresada por la propia Organización de Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales.5

Bajo el actual orden económico mundial es obvio que la pobreza continuará yendo en aumento, y contamos con documentos para sostenerlo. El Banco Mundial en su informe sobre “Desarrollo Mundial en el año 2001”, da la cifra de no menos de 1,200 millones de pobres en el mundo. Mientras que para América Latina y el Caribe entre 1970 y el 2000, la pobreza se duplicó y la indigencia creció en un 60%.6

Ante ello, resultan significativas las iniciativas que se emprendan tomando en consideración los beneficios que la población ha de recibir. En el año 2000, con motivo de la VII Conferencia de la Liga de Ciudades Históricas celebrada en Montpellier, los representantes ahí reunidos establecieron una serie de compromisos, plasmándolos en la llamada Declaración de Montpellier. Aquí se indican las medidas a seguir en beneficio de la población residente, de modo que la riqueza derivada de las actividades económicas sea distribuida equitativamente, a fin de proporcionar un incentivo a la población que le compense la presencia del turismo.

Nuevos escenarios, nuevas reflexiones

Frente a un proceso de reflexión que plantea de raíz los cambios sociales que redefinen los escenarios en que actúan los agentes socioeconómicos de fines del siglo XX, los sitios históricos han de reencontrar la función de dinamización social que tuvieron en antaño. Lo verdaderamente importante es encontrar los caminos que los resitúe en el lugar influyente que tuvieron; tejer, en pocas palabras, un sitio donde puedan concurrir turistas, lugareños y comerciantes.7

Así que sería un buen principio para la ejecución de acciones y medidas resueltas en distintos foros, crear un órgano de gestión eficaz a fin de implementar en cada monumento y sitio histórico proyectos de desarrollo con impacto regional.

Para finales del siglo XX, había quedado señalada la alerta sobre la ambivalencia de la intervención turística, así como la referencia continua a contemplar la planificación y la gestión integrada al turismo. El siglo XXI mantendrá esta particular preocupación.

El 11 de julio de 2002 en Cartagena de Indias con la colaboración de UNESCO, PNUD y los gobiernos de varias ciudades, se creó la Red que hermanaría a las casi cuarenta ciudades declaradas Patrimonio Histórico de la Humanidad en América.8 Para tal efecto, se establecieron compromisos con las sociedades entre los que se incluyen: promover proyectos y procesos conducentes al logro de ciudades sostenibles; e incentivar políticas de orientación de recursos en favor de la eliminación de la exclusión social y el alivio de la pobreza.

La RED ha señalado que es urgente construir enfoques integrados sobre la gestión de la ciudad con vistas al desarrollo del turismo y de otros medios de vida sostenibles y una estrategia para que las ciudades patrimonio se conviertan en instrumento para disminuir los niveles de pobreza de sus áreas circunvecinas. Donde el intercambio de experiencias en el manejo e incorporación del patrimonio a la dinámica económica y social de las diferentes ciudades es importante.

Sabemos que al abordar los centros históricos y las intervenciones en ellos, es condición remitirnos a diversos instrumentos que es necesario reconocer pero, sobre todo, resignificar a la luz de las condiciones específicas de nuestros sitios patrimoniales. Ahora bien, en los tiempos presentes de creciente globalización, la protección, conservación e interpretación del patrimonio y la diversidad cultural de cualquier sitio o región, es un importante desafío para cualquier pueblo. Por lo que cada comunidad en concreto, o grupo implicado en la conservación, es responsable de la gestión de este patrimonio; tomando en cuenta las normas internacionalmente reconocidas para aplicarlas de forma adecuada y en lo que corresponda.

De ahí la importancia de ir construyendo un marco referencial de actuación en los centros históricos. Al delinear parámetros, estamos estableciendo las posibilidades de una mejor intervención para que, cuando instrumentemos acciones, lo hagamos bajo planteamientos previamente definidos. Veamos algunas propuestas:

1º. Asumir que los centros históricos (c.h.) son un espacio multidimensional. Evadir esa realidad conduciría a un escapismo que anquilosa, frena y aquieta. En los llamados c.h. tenemos que hablar de la recuperación de experiencias y emociones que permitan el “vivir” y “convivir”, para que el “lugar” se convierta en un contenedor de ciertas particularidades y características “circunscribibles” que lo hagan “paseable”, “vivible”, “habitable”.

Por ello, es importante contar con reglamentaciones actuales que protejan el patrimonio histórico y, a la vez, promuevan la apropiación de grupos sociales (con nuevas funciones humanas y con nuevas actividades) en estos espacios.

2º. En estos sitios existe una simbiosis entre sujeto y entorno; una ínter- actuación dialéctica que es, al mismo tiempo, creación y producción. De lo observado podemos decir que el sustento nodal que mantiene una obra es la consideración de la escala, esto es, la dimensión humana; lo cual significa colocar al individuo y su cosmogonía en el centro de cualquier producción-intervención. Por tanto, uno de los trabajos que han de emprender los arquitectos, los conservadores, los economistas, los sociólogos, los antropólogos, es encontrar lo que ha permitido mantener el “lugar” a través del tiempo. Hallar esos valores que lo hacen trascender del pasado al presente pero, además, conmina a enfrentar el futuro.

3º. La conservación de estos “lugares” tendrá que considerar esa relación sujeto-entorno. Existiendo la necesidad de una nueva visión que considere no sólo las formas y funciones urbano-arquitectónicas sino, sustancialmente, las formas y funciones humanas. Con ello estamos hablando de la salvaguarda, no sólo de aspectos tangibles de la cultura (sitios y monumentos) sino también de los no tangibles, ampliando este término no sólo para las expresiones culturales sino también a las expresiones sociales que nos remiten a las funciones que desarrollan diferentes grupos de población.

4º. La identidad del “lugar” está tejida en torno a las relaciones establecidas en el mismo y donde edificios, plazas, jardines, son espacios copartícipes de la vida cotidiana. Por lo que las obras de los siglos XVI al XIX no pueden seguirse abordando únicamente en lo formal; también es menester apreciarlas en torno a las actividades que en sus espacios internos y de entorno se desarrollan. Los estudios de los Centros Históricos no pueden dejar de exhibir los cambios en las funciones humanas, en las actividades generadas dentro y fuera de estos espacios; cómo los diversos usuarios se lo apropian, lo identifican, lo viven y lo hacen suyo.

5º. El “lugar” es un espacio dinámico, sensible a los cambios económico-sociales, cuyas formas y funciones dan cuenta –para bien o para mal- de esas variaciones. Por tanto, cuando se hable de acciones en los c.h. no podemos quedarnos con el pensamiento nostálgico del pasado, de lo que fue y no volverá. Tenemos que precisar, que una cosa es la defensa de los c.h. en cuanto memoria colectiva que muestra una cultura que pervive; y, otra, evocar sitios y edificios de épocas que ya no responden a nuestra realidad.

Con lo mencionado, creemos que en los nuevos escenarios las acciones para la recuperación de los c.h. serán una meta a alcanzar bajo nuevas dimensiones, no sólo con la intervención del conservador sino con la del hacedor. Cuando el poblador con la acción se trastoca en sujeto, construye y enfrenta, es cuando decide comprometerse con el entorno que contiene su colectividad.

Por consiguiente, cuando hablemos de acciones encaminadas a la salvaguarda del patrimonio no es con el decreto, ni con el anuncio oficial, sino con el compromiso. Es, entonces, cuando el espacio cobra territorialidad, temporalidad, constructividad y el sujeto entra en comunicación con el sitio, en cuanto lugar de la memoria, de la cotidianeidad, del hacer.

Aquí sostenemos que el patrimonio y su valoración sólo serán posibles en la medida en que exista una toma de conciencia del gran significado que cobran los hechos, las cosas. Así, cuando hablemos de la recuperación de los c.h. necesitamos pensar en una propuesta acerca de las acciones a promover para su conservación. Desde luego, implicando la intervención de organizaciones vecinales donde la toma de decisiones sea conjunta y participativa, donde la participación ciudadana no sólo sea formal, sino real, concreta, específica y comprometida.

Ante estas reflexiones se requieren nuevas actuaciones y regulaciones que no sólo favorezcan los intereses particulares de sectores económicos como el turístico e inmobiliario, sino que también sirvan para coadyuvar en la solución de demandas sociales.

Necesitamos construir un Gran Proyecto Social bajo el cual se erija un espacio privilegiado para el desempeño de la vida democrática, para el ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía. Contar, en pocas palabras, con instrumentos que garanticen la prestación de servicios que redunden en elevar la calidad de vida de las mayorías y no sólo de unos cuantos.

Sabedores que el patrimonio natural y cultural, la diversidad y las culturas vivas constituyen atractivos para el turismo, nuestra posición es que hemos de prestar especial atención en evitar el turismo excesivo o mal gestionado. Pues si no son tomadas a tiempo medidas preventivas se puede poner en peligro el patrimonio natural y cultural, su integridad y sus características identificativas.9

El entorno ecológico, la cultura y los estilos de vida de las comunidades anfitrionas se pueden degradar, al mismo tiempo que la propia experiencia del visitante. Por lo que se deben proporcionar importantes medios y motivaciones para cuidar y mantener su Patrimonio y conservar sus tradiciones vivas.

Con el compromiso y la cooperación entre representantes locales y/o comunidades indígenas, conservacionistas, operadores turísticos, propietarios, responsables políticos, encargados de elaborar planes de desarrollo y los gestores de los sitios, se puede llegar a una industria sostenible del turismo y aumentar la protección sobre los recursos del patrimonio en beneficio de las presentes y futuras generaciones.

Las actividades turísticas en los sitios patrimoniales se han difundido en el mundo promocionado la herencia cultural que poseen. El atractivo ha resultado especialmente beneficioso a los inversionistas al utilizar soportes materiales e infraestructura preexistente que les permite invertir capitales con riesgos y gastos mínimos, reportándoles considerables utilidades. No obstante, desconocemos ejemplos en el área latinoamericana (exceptuando a Cuba) que reporten ventajas para los lugares que han recibido inversiones.

La afluencia de capitales, tecnología y recursos en estos sitios no ha conllevado un impacto positivo en la relación medio ambiente/individuo. Mucho menos, ha generado beneficios colaterales a las ciudades, ya que en los proyectos no se ha hecho hincapié en contemplar la interacción que ejercen los centros históricos en sus ámbitos de influencia urbana. Cuando se llega a mencionar algo de los beneficios, se les relaciona con las bondades de otorgar empleo, señalando que el turismo tiene efectos detonadores de desarrollo por la industria alimenticia, restaurantes, hoteles, agencia de viajes, consultoras de publicidad, transporte turístico, comercio, educación, informática, etc. Sostenemos que esos efectos tendrán que contener, necesariamente, una visión sustentable que permita ofrecer a la generación presente y futura, condiciones que confluyan hacia una vida digna.

Los proyectos de inversión que se den en los centros históricos han de contemplar este espacio de manera integral con el resto de su territorio y considerando a la población; reglamentando, además, la participación de los diferentes agentes involucrados. Sabemos que existen sectores interesados en invertir y escuchamos que su inversión, pretendidamente, es para hacer prosperar los centros históricos y sus ciudades. A fin de hacer esto una realidad, tendrá que regularse la intervención de los sectores público, privado y social.

La conservación del patrimonio natural y edificado se entrelaza en el camino con la participación comunitaria y un buen gobierno; lo cual coadyuva a alcanzar metas y objetivos permisibles. Ante ello, sostenemos que las políticas de conservación que la administración pública diseñe tendrán que partir de privilegiar a la ciudad y su identidad cultural, otorgando predominio al interés público sobre el privado.

Deberán revalorarse estos espacios denominados centros históricos, otorgándoles una importancia que vaya más allá del plano económico que otorga beneficios a discreción. Su importancia social, cultural es innegable, compartámosla, inicialmente, con sus propios habitantes.
Caso México

La “planeación” instrumentada en nuestras ciudades durante veinticinco años, ha sido implementada con el fin de justificar una intervención económica en el territorio que de ninguna manera ha impactado en una mejora del ingreso familiar que posibilite una elevación en los índices de bienestar. Esta realidad no puede dejar de ser considerada por los gobiernos, máxime cuando su responsabilidad es mantener la gobernabilidad en sus respectivos territorios, así como lograr la legitimidad en las acciones que emprenden.

Ha de buscarse una mejor interacción entre los distintos niveles de gobierno que interactúan en la gestión de los sitios patrimoniales sobre las bases de una planeación armónica, buscando los equilibrios con el medio ambiente y sentando las bases para el pleno desenvolvimiento de la presente y futuras generaciones. Las intervenciones parciales que se han dado en los c.h. no han conducido hacia proyectos de desarrollo, pues éstos requieren de un manejo integral que no ha sido asumido.

Ante ello, aquí afirmamos que las políticas de intervención no pueden ser coyunturales, con cortes trienales para el caso de los gobiernos municipales, ó sexenales para los gobiernos estatales y federales. La continuidad de programas, obras y acciones diseñadas (independientemente del signo partidista de las autoridades en turno), renueva la confianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes.

Los planes han de servir para orientar las inversiones y mediar entre los intereses de los agentes participantes. Contamos con todos los elementos y recursos para lograr que el patrimonio natural y edificado siga perviviendo, manteniendo funciones vitales para el desarrollo del ser humano en su hábitat y procurando la relación que establece el hombre con su entorno en estos espléndidos sitios. Pero si perdemos de vista la concepción hombre-espacio no podemos hablar de sustentabilidad, menos si nos olvidamos de diseñar políticas que contemplen el mejoramiento en la gestión de estos sitos.

Cuando hablemos de la necesidad de financiamiento para el desarrollo de los centros históricos no debemos olvidar lo ya apuntado. El llamado turismo sustentable está siendo hoy una alternativa, por lo que los planes y programas de desarrollo urbano de los centros históricos deben dejar esto establecido con objetivos claramente enunciados y estrategias previamente analizadas, jerarquizadas y evaluadas. No olvidando lo apremiante de la necesidad de promover una cultura de evaluación en planes y programas.

Lo anterior nos lleva a la discusión del tipo de ciudad que queremos y las actividades que de ella se derivan. El valorizar la ciudad de negocios, promoviendo el mercado y la productividad urbana para atraer inversiones y usuarios solventes, es parte de las consideraciones, pero no la única. El principio guía es cómo restituir a la propia ciudad y sus pobladores beneficios como parte de las ganancias obtenidas al explotar un sitio. Con esto, estamos tomando posición respecto a apostarle a la equidad, a la erradicación de la pobreza y a la participación ciudadana, como dimensiones esenciales de la democracia.

Creemos que parte de la superación del conflicto de intereses prevaleciente en un espacio depende, justamente, del grado de eficiencia y transparencia de la gestión urbana. Ello permite explorar caminos en los cuales se estimule la inversión privada y los grandes proyectos pero, a la vez, se exija a las empresas que se benefician de estos negocios que contribuyan a sufragar los costos sociales o ambientales que ellas mismas generen.

Cuando llevamos esta consideración al terreno de generar propuestas nos remitimos inmediatamente al campo de las acciones, como parte de un compromiso donde la participación ha de descubrir los beneficios y el establecimiento de intereses en común. En la llamada “nueva era de la cooperación”, se espera que las organizaciones comunitarias participen activamente desde su ámbito local.

Cabe señalar, además, que cuando se discute el tema de financiamiento sin un plan previo que involucre las distintas variables requeridas para hablar de la sostenibilidad de un sitio, está soslayándose el incidir en el desarrollo comunitario. A menos que sólo nos refiramos al crecimiento financiero de los empresarios y dejemos de lado la propuesta que considere una parte de esas ganancias –un porcentaje específico-, para beneficio social.

Al participar, debatir y confrontar, los sujetos sociales están construyendo y legitimando una sociedad aún con muchas carencias. En su ejercicio de participación, están haciendo posible la gobernabilidad al mantener la estabilidad que el sistema requiere. El orden social, tan requerido en el ejercicio de la gobernabilidad, se consigue cuando el gobierno responde a las preferencias de sus ciudadanos sin distinciones políticas.

La política se ejerce en la plaza, por tanto, la democracia está por hacerse en estos espacios públicos, permitiendo e incluso conduciendo la actuación de los diversos participantes. Al revalorizar las ciudades, asignándoles el carácter de motores del progreso económico y social, se les considera un eje importante de desarrollo al constituirse en espacios de cooperación entre el Estado y la sociedad civil.

Sin embargo, la interrogante que subsiste es: ¿a la hora de tomar decisiones políticas cuál enfoque habrá prevalecer? El que pone énfasis en un verdadero compromiso económico y político de los gobiernos con los procesos democráticos y con la planificación participativa. O bien, el que da prioridad al mercado y a la búsqueda de la productividad bajo el imperativo de inserción de las ciudades en la nueva configuración económica mundial.

Lo hemos dicho, la superación del conflicto de intereses dependerá, en parte, del grado de eficiencia y transparencia de la gestión urbana, en donde aún hay mucho por hacer. Sin olvidar, que la tensión entre los imperativos de la productividad y la equidad es de naturaleza política.

Hablar de gestión urbana y de participación social no es tarea fácil. No obstante, en estos momentos en que a nivel mundial existe la convicción de avanzar en el tema debido a la gran inquietud por erradicar la pobreza del planeta, creemos existen las condiciones y espacios para tratar de vincular a los habitantes de la zona con su entorno.

Esta es una propuesta interesante en cuanto pretende llegar a acuerdos de políticas de las administraciones que intervienen en actividades comunitarias y culturales, deportivas y lúdicas. Con la colaboración activa de las entidades en su trabajo de organización, encaminado hacia la construcción de una propuesta de gestión territorial participativa.

Nuestra postura es que no habrá planeación ni gestión en los centros históricos ni en ninguna otra población, si no existe un Plan de Participación Ciudadana y Articulación Social, mismo que -como todo plan- pueda ser evaluado de manera continua. Con todo, debemos considerar que revertir los procesos de conformación territorial que han establecido relaciones de inequidad entre el espacio construido y las funciones cotidianas de la sociedad, se vuelve una empresa titánica.

A manera de conclusión

Ese lugar de encuentro (como conceptuamos al centro histórico) con sus carencias aún reinantes, obliga a concretar la propuesta de consolidar las ciudades históricas como un factor de desarrollo y al patrimonio cultural como un recurso estratégico. La protección al sitio no puede quedar sólo referida a la restauración o conservación de edificios, sino también a la valoración de las funciones logradas en sus espacios circundantes a través de las conexiones e interrelaciones resultantes entre individuo y medio ambiente (natural y construido).

De ahí la urgencia en delinear una estrategia acorde a las condiciones específicas de nuestra realidad. Una nueva estrategia que apuntale las debilidades y detone las fortalezas locales y regionales, entendiendo que en la organización social del espacio de nuestras ciudades subyacen los elementos constitutivos del sistema capitalista. Haciéndose necesario colocar la problemática urbana en su justa dimensión económico-política, donde los procesos actuales forman parte de un orden económico mundial que dificulta revertir la situación que arroja contrastes y desequilibrios regionales.

Bajo este marco conceptual es posible entender por qué pese a la proliferación de planes y proyectos de desarrollo urbano no se ha consolidado la economía, ni detonado las regiones y sí siguen gravitando nuestros países dependientes en la reconformación de ciudades en el sistema mundial, con su correspondiente “especialización”.

El enfoque aportado es que mientras se consideren los efectos urbano-espaciales (deterioro en la vivienda, hacinamiento, degradación en los barrios, contaminación, despoblamiento de lugares, falta de animación socio-cultural) como la problemática en sí y se oculten las causas, estaremos sin dar una alternativa apropiada. Ocuparse de la problemática de una zona con valor patrimonial mediante programas derivados de ella sin indagar las causas de la degradación, son meramente ejercicios que sirven para los informes y las estadísticas pero que impiden una reconversión en la situación al adolecer del enfoque que permite una visión estratégica.

Con lo apuntado, afirmamos que es necesario ligar el paradigma de la planeación con el paradigma de la gestión. Esta consideración debe ser tomada en cuenta en el ejercicio de la gobernabilidad, para lo cual se requiere incluir mecanismos en la gestión urbana que permitan la participación representativa en una autogestión capaz de incidir en la toma de decisiones mediante consultas, audiencias públicas, cabildos abiertos y plebiscitos. Con lo cual se estarán construyendo las propuestas integrales necesarias para un real desarrollo.

Para ello, hemos de aprovechar el discurso de organismos internacionales promoviendo una política social urbana que favorezca el desarrollo de proyectos sociales que tengan a las ciudades como principales bases de actuación. Recuperar la organización social como un capital social importante, es particularmente imperioso para que los grupos más vulnerables de la población hagan frente a sus dificultades.

F U E N T E S


-Banco Mundial, “Ciudades en Transición”, Resumen de “World in Transition: World Bank Urban and Local Government Strategies”, Nueva Publicación del Banco Mundial, enero-febrero 2001.
-Borja, Jordi, “El gobierno del territorio de las ciudades latinoamericanas” (resumen) en: Revista Instituciones y desarrollo #8 y 9, Instituto Internacional de Gobernabilidad, Cataluña Barcelona, España, 2001, pp. 83-142.
-García Téllez, Rosa María, Políticas de intervención en los centros históricos. Caso Puebla (1982-2001), ed. BUAP, 2006.
-Lobo Montero, Pilar, “Turismo y ciudades históricos en los documentos de organizaciones internacionales”, Instituto de Estudios Turísticos, en: www.iaph.junta-andalucía.es
-Munster Infante, Blanca y Pérez García, José Ángel, “Desigualdad y pobreza en América Latina: Crítica al enfoque de los organismos internacionales”, en: Revista Temas de Economía Mundial, Nueva Época (II), No. 3, enero 2003, Centro de Investigaciones de Economía Mundial, La Habana, Cuba, pp.48-59.
-ONU, “Guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio", Naciones Unidas, 2001.
-www.nu.org
-www.ovpm.org


1 El director general de la UNESCO en 1966 presentó al comité ejecutivo un documento titulado: “La conservación de los monumentos y otros bienes culturales asociada al desarrollo del turismo”. Las naciones Unidas muestran una activa labor en el tema al incorporar el concepto de turismo cultural como proyecto susceptible de ser financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

2 El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) es un organismo "A" no gubernamental de la UNESCO que agrupa a personas e instituciones que trabajan en la conservación de monumentos, conjuntos y sitios de interés arqueológico, histórico o artístico. Su eficiencia e influencia dependen del dinamismo de sus miembros, quienes lo dirigen tanto a nivel nacional como internacional. Reunidos en la asamblea general, eligen al Comité Ejecutivo, cuyos integrantes, a su vez, se responsabilizan por la gestión del Consejo, orientan las tareas del Secretariado y ejecutan los programas adoptados trienalmente por la asamblea general. ICOMOS tiene como objetivo promover los medios para salvaguardar y garantizar la conservación, realce y apreciación de los monumentos y sitios que constituyen una parte privilegiada del patrimonio de la humanidad. Con este propósito procura agrupar a todas las personas y organismos, oficiales y privados, que concurren en tal conservación. El Comité Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) congrega a más de 200 expertos en proteger y conservar el patrimonio cultural inmueble de los Estados Unidos Mexicanos.

3 ICOMOS adoptaría la Carta de Turismo Cultural, con la cual se sentiría directamente involucrado por los efectos -tanto positivos como negativos- que podrían recaer sobre el patrimonio.





4 En 1996 ICOMOS organizó en Jerusalén una Conferencia sobre Patrimonio con el tema “Making Historic Cities Liable”, evidenciando la responsabilidad que debe existir al darse la relación entre estas ciudades y el turismo. La actividad turística, indefectiblemente, compromete parte del patrimonio cultural -bienes tangibles e intangibles-, al someterlo a una utilización y aprovechamiento fuera de su ciclo de recuperación natural.

5 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), realizó en el 2001 un estudio con una muestra de 18 países, intitulado “Hacia el objetivo del milenio de reducir la pobreza en América Latina y el Caribe”. Las conclusiones del informe, provenientes de la evolución histórica de los países, son inquietantes. Si los países de la muestra siguieran comportándose como en el decenio de 1990, en 2015 sólo 7 de los 18 cumplirían sus metas de reducción de la pobreza (respecto de la línea internacional de pobreza, 1 dólar por día). Ellos son Argentina (antes de la crisis), Chile, Colombia, Honduras, Panamá, la República Dominicana y Uruguay. En otros seis países seguiría disminuyendo la incidencia de la pobreza extrema, pero demasiado lentamente (Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua). En Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela los niveles de pobreza se elevarían, ya sea por un aumento de la desigualdad, por la merma del ingreso per cápita, o por ambas cosas. (ONU, “Guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio", Naciones Unidas, 2001).

6 Citado por Blanca Munster Infante y José Ángel Pérez García, “Desigualdad y pobreza en América Latina: Crítica al enfoque de los organismos internacionales”, en Revista Temas de Economía Mundial, Nueva Época (II), No. 3, enero 2003, Centro de Investigaciones de Economía Mundial, La Habana, Cuba, pp.48-59.

7 El foro internacional “Los Centros Históricos Urbanos ante la periferización de las ciudades”, celebrado en Bilbao el 6 y 7 de noviembre de 1997 y organizado por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, se inscribió en la preocupación por avanzar en la gestión integral de una zona multifuncional. De este encuentro, salio la propuesta de dos estrategias fundamentales: la apuesta por centros comerciales abiertos, soportados sobre el comercio tradicional; y la apuesta por el impulso vital del casco histórico, mediante una vivienda digna, un urbanismo de calidad, unos servicios suficientes, y una oferta de ocio enriquecedora (cultura, turismo, deporte y recreación al día).

8 Esta Red de Hermandad de Ciudades Americanas patrimonio de la humanidad y observatorio de ciudades, busca la implementación de un proyecto de desarrollo humano sostenible en la región. Convertir al patrimonio cultural en el verdadero líder de los procesos de integración de las ciudades y regiones. Los beneficiarios previstos son:

1. Área Andina: Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela

2. Área Centroamericana-México

3. Área MERCOSUR

4. Área Caribe y Suramérica

5. Área Norteamérica

9 La preocupación por los posibles efectos negativos del turismo (sin dejar de reconocer su importancia económica así como ser un factor de intercambio entre los pueblos), ha quedado documentada. Prueba de ello lo constituyen los múltiples testimonios surgidos de los Coloquios Internacionales realizados por la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial (OCPM).

La OCPM tiene su antecedente con la celebración en Québec del I Coloquio Internacional de las ciudades del patrimonio mundial, concretándose su constitución en 1993 en Fez, Marruecos. En 1995, como consecuencia de la II asamblea a general de la OCPM, surgió el protocolo de Bergen en el cual se recogieron los objetivos de colaboración para el intercambio de información y la difusión de actividades entre las ciudades que formen parte de la organización.




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